El documento presenta observaciones de la sociedad civil boliviana en el exterior al Informe Nacional de Bolivia ante la 34 Sesión del Grupo de Trabajo UPE. Expresa insatisfacción con la forma en que el gobierno simplifica la información y maquilla hechos. También señala la grave situación de violación de derechos humanos en Bolivia producto de irregularidades electorales y la reelección indefinida de Evo Morales, pese al referéndum del 2016. Solicita que estos comentarios sean canalizados ante el Consejo de Dere

1. Ginebra, noviembre 4 de 2019
A la señora
Michelle Bachelet
Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Palais des Nations 8–14, avenue de la Paix
CH–1211 Ginebra 10 - Suiza
Ref: CARÁCTER DE URGENCIA: Observaciones de la sociedad civil al
Informe Nacional de Bolivia ante la 34 Sesión del Grupo de Trabajo UPE
Distinguida señora:
Somos ciudadanos bolivianos radicados en el exterior -que desde más de 50 ciudades del mundo,
hemos decidido articularnos en una sola voz, en lo que hemos denominado “Cabildo Internacional de
Ciudadanos Bolivianos en el Exterior, CIBE“- para defender la democracia, los derechos humanos y la
paz, valores puestos en riesgo en Bolivia los últimos años.
Nos dirigimos a usted, al amparo de la Resolución 60/251 de la Asamblea General -que reconoce la
importante función que desempeñan las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los demás
actores de la sociedad civil, en los planos nacional, regional e internacional, para promover y
proteger los derechos humanos- habiéndonos enterado que dentro del marco del “Examen
Periódico Universal – EPU”, mecanismo establecido a través de la Resolución 5/1 del Consejo de
Derechos Humanos, le toca a Bolivia presentar su Informe Nacional en la 34 Sesión del Grupo de
Trabajo UPE, a celebrarse el día 5 de noviembre de 2019, a partir de horas 14 y 30.
Ante este acontecimiento, pretendemos que su digna autoridad, así como los países representados
en el Consejo de Derechos Humanos, nos puedan escuchar, tanto en relación al contenido del
Informe que está presentando Bolivia, como respecto a los graves sucesos que actualmente se están
dando en el país, que implican una clara violación de los derechos humanos.
Sobre el Informe, en términos generales, debemos señalar nuestra insatisfacción e indignación por
la forma en que el Gobierno boliviano simplifica la información que presenta, maquilla los hechos,
así como dice verdades a medias. Esta apreciación, que se queda corta ante la realidad, vemos por
conveniente respaldarla con comentarios y observaciones a partes de este Informe, que figuran en
anexo a la presente nota.
Más allá de esto, si bien estamos conscientes que el Informe se circunscribe al período 2018 – primer
trimestre 2019, nos parece que su examen pierde total sentido, si no se lo hace en congruencia con
lo que está pasando en Bolivia en estos días.
Resultaría hasta anecdótico, y de impacto a la imagen del Consejo de Derechos Humanos y sus
órganos subsidiarios, que en momentos en los que en Bolivia se está viviendo una clara violación de
los derechos humanos, el mecanismo de Examen Periódico Universal (EPU) realice un examen

2. totalmente desfasado de la situación actual, máxime si esta situación es fruto de irregularidades que
se fueron produciendo en el plano político desde hace algunos años.
En tal sentido, es importante hacer referencia a algunos antecedentes que fueron configurando un
clima conflictivo y que tienen su raíz en las ambiciones de poder indefinido del actual Gobierno.
Inicialmente, se debe puntualizar que la actual Constitución boliviana, promovida precisamente por
el Gobierno de Morales y aprobada en Febrero de 2009, en su artículo 168, da la posibilidad de una
sola reelección continua, conforme al principio de alternancia como base del sistema democrático.
Sin embargo, - forzando la interpretación de este marco constitucional y manipulando al Tribunal
Constitucional- el Presidente Morales y su Vicepresidente, García Linera, lograron ser reelegidos en
dos ocasiones, siendo las elecciones de 2019 un nuevo intento para ejercer un cuarto período de
Gobierno.
El agravante es que para el periodo 2020-2025, viendo que ya no podían forzar más las sucesivas
interpretaciones inconstitucionales de la Carta Magna, trataron de encaminar una reforma parcial
de la misma en el Artículo 168, propósito que no tuvo éxito. Con el mismo objetivo, posteriormente,
convocaron a un Referendo, que tuvo lugar el 21 de febrero de 2016 (referendo 21F), en el que el
pueblo boliviano negó la posibilidad de reformar el Artículo 168 de la Constitución.
Ante esta clara derrota y pese al compromiso formal de acatar la decisión del soberano y no
postularse nuevamente, el Gobierno de Morales acudió a otra vía para lograr su nueva reelección, al
Pacto de San José de Costa Rica, instrumento jurídico sobre derechos humanos del Sistema
Interamericano. El Tribunal Constitucional invocando la supremacía de este Pacto frente a la
Constitución, declaró la no aplicabilidad del Art. 168, dejando con esto la vía libre para una nueva
postulación de Morales y su vicepresidente, con el argumento forzado que les asistía “el derecho
humano” de ser nuevamente elegidos.
Por su parte, la opinión generalizada en Bolivia calificó la nueva pretensión, esta vez de carácter
indefinido, como inconstitucional e inmoral, pasando este binomio a ser considerado como un
“binomio ilícito” que no debía tener la posibilidad de una nueva postulación, dado el carácter
vinculante de los resultados del Referendo del 21 F.
En este contexto se llevaron a cabo las elecciones generales, el 20 de octubre de 2019, jornada en la
cual la población boliviana acudió masivamente a votar. El computó comenzó a realizarse a través
de dos vías: un cómputo rápido mediante el procesamiento de las actas, remitidas al centro de
cómputo vía internet (TREP) y una verificación de acta por acta, en su versión física, de manera más
lenta, en función de la llegada de éstas desde todos los puntos del país.
Aproximadamente a las dos horas del cierre de las mesas, a través del cómputo rápido se llegó a
procesar el 83.76 % de las mesas electorales, mostrando una tendencia en la que los dos primeros
candidatos, Evo Morales y Carlos Mesa, guardaban una distancia de unos 6 a 7 puntos, lo que hacía
prever una segunda vuelta. Sorpresivamente, el Tribunal Supremo Electoral dejó de emitir
información, suspendiendo el cómputo rápido (similitud con el “apagón” experimentado en las
elecciones ecuatorianas de mayo de 2017). Hubo un silencio de 24 horas, al cabo de las cuales las
cifras electorales eran diferentes de las tendencias registradas el día anterior, favoreciendo desde ya
a los candidatos gobernantes. Hasta ahora no existe una clara y única explicación sobre la
interrupción del cómputo rápido y sobre el cambio de la tendencia.

3. Con estas acciones, se agravaron las preocupaciones, sospechas y reclamos de la gente que ya
desde el período pre electoral denunciaba y destacaba varias irregularidades. Lo cierto es que fueron
surgiendo, gradualmente, muchos hechos que mostraban indicios de manipulación y de fraude
(traslado irregular de ánforas, encuentro de actas en domicilios particulares o abandonadas ya
llenadas en apoyo al binomio gubernamental). Estas circunstancias fueron objeto de observaciones
por parte de Organización de Estados Americanos, de la Unión Europea y de algunos países
observadores.
En los días siguientes, durante los cuales reiteradamente Morales fue declarándose vencedor, se
volvió a retomar el conteo rápido del voto, que fue arrojando una tendencia diferente, con un
despegue notorio del primer candidato. Al cabo de los 4 días de cómputo y estando procesado el
99.9% de las actas, se mostró como ganador de las elecciones a Evo Morales, con un 47.07% de los
votos, seguido de Mesa, con un 36.52%, con lo cual se descartó la segunda vuelta electoral.
Estas circunstancias han generado movilizaciones inéditas del pueblo boliviano en defensa de su
voto, que enfrentadas a actos de violencia fomentados y hasta organizados por el Gobierno, están
produciendo un enfrentamiento fratricida de consecuencias impredecibles, del que ya se tiene que
lamentar la pérdida de vidas, un incremento día a día de personas que son heridas y una violación
constante de los derechos humanos.
Se suman a todo esto amenazas explícitas del propio Presidente y de otras autoridades
gubernamentales. Entre las mismas se puede destacar con preocupación las amenazas del propio
Presidente Morales, de cercar las principales ciudades y evitar de esta manera el ingreso de
alimentos y suministros mientras se mantengan los paros y movilizaciones; las amenazas de un
diputado oficialista y operador político activo; y, las declaraciones de un ministro de Estado en una
entrevista de una agencia de noticias Rusa: “Bolivia se va a convertir en un gran campo de batalla, un
Vietnam moderno”.
Es importante destacar que el Gobierno, en un acto que fue anunciado como pacificador, concertó
un acuerdo con la OEA para que realizara una auditoría, de carácter vinculante. No obstante, la
ciudadanía rechaza tal auditoria, dada la pérdida de credibilidad que tiene este organismo, por el
apoyo dado por su Secretario General, Luís Almagro, a la repostulación de Morales y la visita que hizo
a Bolivia en mayo de 2019, en oportunidad del lanzamiento de su candidatura. En esta ocasión
Almagro emitió una polémica declaración: “Decir que Evo no puede participar, eso sería
discriminatorio”, a pesar de la solicitud realizada por la misma OEA, en 2018, de un informe a la
Comisión de Venecia, que dictaminó que la reelección no es un derecho humano.
Cabe señalar que sobre esta situación no ha estado ausente la manifestación de Naciones Unidas a
través de su Representante en Bolivia, quien ha señalado: “en esta esta fase del proceso electoral,
instamos a todos los líderes políticos y sus seguidores a reducir las tensiones, abstenerse de actos de
violencia y seguir medios legales para resolver disputas electorales. En este sentido, estamos
seguros, que otras instancias de la ONU, como el Consejo de Derechos Humanos, actuarán en
coherencia.
Por todo esto, Excmo. Señor Embajador, los bolivianos en el exterior le solicitamos tenga a bien
canalizar nuestra disconformidad con el Informe presentado por el Gobierno de Bolivia, para que los
países representados en el Consejo de Derechos Humanos, estén informados de nuestras
observaciones y de la grave situación por la que atraviesa nuestro país.

4. Debemos también informarle que muchas de las acciones del “Cabildo Internacional de Bolivianos
en el Exterior” están orientadas a denunciar al mundo sobre lo que está pasando en Bolivia y a
solicitar el inmediato apoyo de la comunidad internacional para encontrar vías de solución
democráticas.
Con este motivo, tenemos a bien expresarle las seguridades de nuestra consideración más
distinguida.
CABILDO INTERNACIONAL DE BOLIVIANOS EN EL EXTERIOR

5. ANEXO
COMENTARIOS AL INFORME
En el apartado IX. Derechos civiles y políticos, literal B, transparencia y lucha contra la corrupción:
El Gobierno de Bolivia simplifica su información haciendo referencia a hechos formales (Ley de
Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Plan de Lucha contra la Corrupción 2017-
2002, Manual Metodológico de Participación y Control Social). Con esto pretende tapar una verdad
contundente, cual es que la corrupción está siendo uno de los factores que más ha afectado al poder,
legalidad y legitimidad del Gobierno de Evo Morales. En estos 14 años de gobierno, la lista de actos y
escándalos de corrupción que involucran a altas autoridades, militantes del partido de gobierno, así
como instituciones es interminable.
En el apartado IX. Derechos civiles y políticos, literal C Acceso a la Justicia: Independencia Judicial y
buen funcionamiento del Órgano Judicial
El Informe remite a la Constitución Política del Estado, que establece el principio de la separación
de poderes, para señalar que en cumplimiento de este principio, se ha establecido la autonomía
presupuestaria del Órgano Judicial y la carrera judicial. También destaca los dos procesos electorales
de altas autoridades del órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional por voto popular,
precedidos de una preselección de postulantes elegidos por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Con esta forma de maquillar sus acciones, el Gobierno no deja entrever que estos dos procesos
electorales han carecido de legitimidad en tanto mayoritariamente el pueblo votó en blanco, ante
candidatos que habían sido preseleccionados usando su mayoría parlamentaria. Como consecuencia
de esto y violando el precepto constitucional que dispone la independencia de poderes, se aseguró
de colocar en el Órgano Judicial a sus partidarios y logró un escenario en el que puede perseguir a la
oposición, en una clara judicialización de la política. Y aún más, fomentar el funcionamiento del
Órgano Judicial, bajo su mando, de la manera más corrupta e inescrupulosa que se pueda describir.
En el apartado IX. Derechos civiles y políticos, literal C Acceso a la Justicia: medidas adoptadas para
mejorar el acceso a la justicia
De la larga relación de medidas que contiene el Informe, la única que podría destacarse es la
realización de la “Cumbre Nacional de Justicia Plural para Vivir Bien”, realizada en junio de 2016,
respecto a la cual señala que tuvo una amplia participación social.
Esta verdad a medias, no se completa con el reconocimiento que, pese a esta Cumbre, no se ha
avanzado en mejorar la justicia, hecho que ha sido reconocido por el propio Presidente Morales en
muchas intervenciones públicas. Sobre la amplia participación social, cabe apuntar que habrá sido
una amplia participación de las bases sociales del partido gobernante, toda vez que los sectores
directamente involucrados, como ser los gremios profesionales en abogacía, así como sectores
académicos, no tuvieron la posibilidad de aportar ningún criterio, puesto que no fueron invitados a
participar.
En el apartado IX. Derechos civiles y políticos, literal E Lucha contra el racismo y toda forma de
discriminación
El Informe hace hincapié en temas operacionales, respecto a la aplicación de la normativa vigente.
Nosotros queremos poner en relieve el hecho que ha sido política del Gobierno, durante todos estos
años, exacerbar las diferencias étnicas de nuestro país y enfrentarnos entre bolivianos, en una clara
tendencia a discriminar a sectores de la población que considera privilegiados. Esto se ha hecho

6. evidente inclusive en intervenciones públicas del Presidente Morales y de otras autoridades
gubernamentales.
En el apartado IX. Derechos civiles y políticos, literal F Libertad de expresión
El Informe menciona preceptos constitucionales o hace enunciados que maquillan la situación.
Nosotros denunciamos que la libertad de expresión en Bolivia está limitada. Haciendo uso de las
ingentes cantidades de recursos que emplea en propaganda oficial, el Gobierno chantajea a los
medios de comunicación con no contratar espacios publicitarios si no se sujetan a sus condiciones.
De esta manera, es continua la prescindencia que estos medios tienen que hacer de destacados
profesionales del periodismo que, con ética profesional, se expresan objetivamente frente a la
noticia.
En el apartado X. Derechos económicos, sociales y culturales, literal B Derecho humano a la salud
En el Informe se destaca el incremento presupuestario de 2.7% respecto al PIB para la salud entre
2006 y 2016 así como una serie de medidas que en su mayoría son de poca importancia frente a las
grandes necesidades del país en materia de salud.
Bolivia está caracterizada por tener uno de los peores sistemas de salud en la región, lo que es
inexplicable si se considera que el país en estos 14 años de gobierno ha tenido una bonanza
económica –como resultado de los altos precios de las materias primas en los mercados
internacionales- con ingresos antes no vistos en su economía y tasas de crecimiento que han estado
en los primeros lugares de Latino América.
Lamentablemente, el despilfarro de los recursos ha sido un hecho que ha caracterizado al actual
Gobierno, tal como se puede constatar con la construcción de la ostentosa sede de gobierno, que
costó 36 millones de dólares o la adquisición del avión presidencial a un precio de 38.7 millones de
dólares. El caso es que los recursos para la salud fueron marginales, sin embargo, y sólo con fines
electorales, en los últimos meses se implantó el seguro universal de salud, sin emplazar recursos
financieros suficientes y sin contar con los recursos humanos pertinentes. Esto ha llevado a que los
médicos se encuentren en un paro nacional no resuelto desde hace más de dos meses, que va en
perjuicio de la población, sobre todo para la de menores ingresos.
En el apartado X. Derechos económicos sociales y culturales, literal G Derecho humano a un medio
ambiente sano
La mención principal en esta materia, es a la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para
Vivir Bien y a las funciones de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra.
Nosotros queremos destacar el doble lenguaje del Gobierno en esta materia, mientras al mundo se
presenta como un defensor de la “Madre Tierra”, las políticas públicas que implementa dicen todo lo
contrario. Al respecto, solo baste hacer referencia a los sucesos desastrosos que se han dado en la
Chiquitania boliviana (una parte de la región del Chaco y otra de la amazonía boliviana) donde por
efecto de acciones orientadas a ampliar la frontera agrícola - para dar acceso a tierras a segmentos
poblacionales partidarios del Gobierno, que fueron trasladados del occidente al oriente boliviano,
así como para satisfacer intereses de una oligarquía empresarial aliada también del Gobierno- se
produjo un incendio de consecuencias catastróficas, que ha devastado más de 4 millones de
hectáreas, con la consiguiente pérdida de toda la biodiversidad de esa zona, que si se repone tardará
muchísimos años en hacerlo.

7. En el apartado XI. Derechos de población en situación de vulnerabilidad, literal G Derechos
humanos de naciones y pueblos indígena, originario campesinos y afrobolivianos (NPIOCA),
Derecho a la consulta
El Informe hace una relación de la normativa vigente respecto a la consulta, desde lo establecido por
la Constitución Política del Estado hasta lo que establecen leyes sectoriales (hidrocarburos, minera) y
con esto no es transparente frente a hechos que han sido divulgados tanto interna como
internacionalmente.
Por una parte, nos referimos a las áreas naturales del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro
Sécure (más conocido como TIPNIS) y del Madidi, ambas en la zona de la amazonía boliviana, cuyos
pobladores por salir en defensa de su hábitat han sido objeto de maltrato y sus líderes amenazados,
acosados y perseguidos. Uno de los episodios más dolorosos se dio durante la Octava Marcha
Indígena hacia la ciudad de La Paz, ocasión en la cual más de 100 indígenas que defendían el TIPNIS,
fueron violentamente reprimidos y amordazados por fuerzas policiales, en una zona conocida como
Chaparina.
Es así como viene tratando el Gobierno boliviano a estos pueblos indígena-originarios, para llevar
adelante, de una manera forzada y al parecer atendiendo intereses sectoriales (plantaciones de
coca), la construcción de una carretera, en el caso del TIPNIS, y la construcción de dos centrales
hidroeléctricas, en el caso de Madidi, que es uno de los parques más diversos del mundo.
Con similares características, recientemente, comunidades originarias han tenido que hacer frente a
planes del Gobierno que afectarían la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, del
Departamento de Tarija. El problema se inició cuando el Gobierno aprobó en abril de 2018 tres
contratos de exploración y extracción de hidrocarburos y se hizo evidente cuando la empresa
brasilera Petrobras, en sociedad con las subsidiarias de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB), trataron de ingresar a la zona para iniciar los trabajos de exploración. Ante estos hechos los
comuneros tuvieron que bloquear el acceso y movilizarse. Si bien fue suspendida la acción aún está
en pie tal posibilidad.
En resumen, antes que la consulta a los pueblos originarios, prescrita en la Constitución y leyes que
complementan, se ha venido reprimiendo y maltratando a los mismos y en muchos casos
desplazándolos de su territorio.
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