Revista_Investigacion_y_Analisis_No.4.pdf

3 EDITORIAL
5 CRIMEN ORGANIZADO EN CENTROAMÉRICA Y CARIBE:
UNAS CUANTAS PROPUESTAS (EFICACES) DE ACCIÓN
Ignacio Miguel De Lucas Martín
11 LA ESTRATEGIA DE COMBATE DEL CRIMEN ORGANIZADO:
ALGUNAS REFLEXIIONES A LA LUZ DE LA EXPERIENCIA
ITALIANA
Ottavio Sferlazza
28 Post-Modernidad y mega-criminalidad
¿Hacia una anomia globlal
ricardo nieves
53 EL DELITO DE TRATA
DE PERSONAS EN REPÚBLICA DOMINICANA
Jonathan Baró
62 EL DELITO DEL CRIMEN ORGANIZADO
Y EL CASO COMPLEJO: EL ANÁLISIS
Claudio Cordero
NOTAS INSTITUCIONALES
72 PROGRAMA DE PASANTÍA PARA MIEMBROS DE REFCO
74 DISEÑO MANUAL DE CAPACITACIÓNSOBRE EL DELITO DE
TRATA DE PERSONAS
ENMP-ENJ
76 ENTREVISTA AL FISCAL CARLOS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Fiscal Especial de la Sub-Procuraduría
Especializada en Delincuencia
Organizada de México, D.F.

Consejo ACADÉMICO
Dr. Francisco Domínguez Brito
Procurador General de la República
Dr. Jesús María Fernández Vélez
Procurador General Titular de la Corte de Apelación
del Departamento Judicial de San Cristóbal
Dr. Pedro Mateo Ibert
Procurador Fiscal del Distrito Judicial
de San Juan de la Maguana
Dr. José Fernando Pérez Vólquez
Presidente del Colegio de Abogados de la República
Dominicana (CARD)
Dr. Antonio Medina Calcagno
Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)
Pedro Domínguez Brito
Jurista
Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán
Vicepresidente Ejecutivo
Fundanción Institucionalidad y Justicia (FINJUS)
Wilson Camacho Peralta
Secretario
equipo ENMP
Director General
María Olivares Paulino
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Orlidy Inoa Lazala
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MINISTERIO
PÚBLICO
Escuela Nacional
del Ministerio Público
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del Ministerio Público Iberoamericano
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y Democracia (ILSED). Argentina
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República Dominicana
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[3]
EDITORIAL
Este cuarto número de nuestra revista está dedicado a uno de los temas
más preocupantes para las sociedades modernas, el que tiene que ver con la
amenaza del crimen organizado.
Para analizar el fenómeno, desde el punto de vista de la investigación y
persecución, contamos con los aportes de destacados juristas y miembros del
Ministerio Público, quienes a través de distintas visiones y acercamientos doc-
trinarios, contribuyen a facilitar una mejor comprensión de este tipo de delito.
Debe ser una preocupación para la sociedad, y en especial para la comuni-
dad del sistema de justicia penal, el hecho de que la criminalidad organizada en
los últimos años nos venga afectando de manera tan abrumadora, implicando
unos costos sumamente altos, al generar no sólo un clima de inseguridad en la
población, sino también afectando en gran medida el crecimiento económico
de nuestros países, sin contar las marcadas consecuencias sobre las víctimas.
Las estadísticas de homicidios violentos en la región caribeña reportan que
el problema de la violencia en esta parte del mundo constituye un record mun-
dial importante. En el Caribe insular, por ejemplo, la media es de 30 asesinatos
por cada cien mil personas, siendo las mujeres y los jóvenes los más afectados.
Es por esto que el combate al crimen organizado y la violencia se ha converti-
do en el desafío más importante para aumentar los niveles de desarrollo en la
región.
Por tanto, en aras de lograr mayor eficiencia en la investigación y persecu-
ción de estos crímenes, y así contribuir a generar un clima de mayor seguridad
Revista de la Escuela Nacional del Ministerio Público, No. 4, julio-diciembre 2012

[4]
y bienestar, es imprescindible que los actores llamados a ejercer estas funcio-
nes, entre ellos y de los más importantes, el Ministerio Público, cuenten con las
capacidades, recursos y herramientas necesarias y adecuadas. Este número
apunta precisamente a eso, a generar la discusión sobre estos aspectos y a
proponer propuestas concretas.
Agradecemos a cada uno de nuestros colaboradores, en especial a Dn. Ig-
nacio de Lucas, Fiscal Antidroga de la Audiencia Nacional del Reino de Espa-
ña, también coordinador de la Red de Fiscales contra el Crimen Organizado,
quienes a su vez han contribuido para la publicación de esta edición. Muchas
gracias por el apoyo brindado, y solo esperamos que estos relevantes aportes
sean de gran provecho y utilidad para nuestros lectores.
Director
Orlidy Inoa Lazala
Editora

«Crimen organizado en Centroamérica y Caribe: Unas cuantas propuestas...» [5]
I. CONTEXTO REGIONAL1
La transnacionalidad de la delincuencia
organizada es una de las notas más revela-
doras de la envergadura de sus acciones, de
los recursos que moviliza y de la ambición
que demuestra en cada una de ellas: todo
beneficioesinsuficiente,lasfronterasnoson
unobstáculo,lasinstitucionesnosonimper-
meablesnialacorrupciónnialasmanifesta-
cionesdeviolenciaoalasamenazas.
1 Artículoelaboradoapartirdeentrevistallevadaacaboenel
marcodelaSesiónOrdinariadelConsejoCentroamericano
ydelCaribedeMinisteriosPúblicos,celebradaenSanJosé,
CostaRica,el30deoctubrede2012.
Crimen Organizado en Centroamérica y Caribe:
Unas cuantas propuestas (eficaces) de acción1
Ignacio Miguel de Lucas Martín
Fiscal de la Fiscalía Especial Antidroga
de España (en excedencia) y Coordinador de
la Red de Fiscales contra el Crimen Organi-
zado (REFCO).
PALABRAS CLAVE
Crimen organizado, transnacionalidad, cooperación internacional,
narcotráfico, violencia, corrupción.
RESUMEN abstract
El presente artículo aborda cuáles son las notas
diferenciadoras del crimen organizado a nivel regional
y particularmente trata de formular unas propuestas
específicas de acción, con el objetivo de generar a corto
plazo una respuesta eficaz contra el fenómeno de la cri-
minalidad organizada que no sólo pone en peligro las
libertades y derechos de los individuos sino la propia
esencia de sus sistemas democráticos y sus institucio-
nes.
This article discusses what are the distinguishing
notes of organized crime at regional level and parti-
cularly tries to formulate specific proposals for action,
with the aim of generating in the short term an effective
response to the phenomenon of organized crime that
not only endangers freedoms and rights of individuals,
but the very essence of their democratic systems and
institutions.
datoS del autor
Revista de la Escuela Nacional del Ministerio Público, No. 4, julio-diciembre, pp. 5-10

[6] Revista de la Escuela Nacional del Ministerio Público, No. 4, julio-diciembre 2012
Esta nota diferenciadora de la criminalidad organizada, la transnacionali-
dad, frente a la delincuencia convencional, permite comprender que un espa-
cio como el que representa Centroamérica y el Caribe se transforma para estas
organizaciones en autopistas para el tránsito ilícito de todo tipo de mercancías,
cosificando a los seres humanos en los delitos de trata y tráfico de migrantes.
Es el denominador común de aquellas regiones que por su posición geográfica
se encuentran en la ruta hacia dos de los mercados más voraces en términos
económicos: Estados Unidos y la Unión Europea. No obstante, en el Caribe y
sobre todo Centroamérica, encontramos algunos indicadores que sin duda ha-
blan por sí solos de la fortaleza de estas organizaciones criminales, índices
de homicidios incomparables, episodios de crueldad extrema, inhumana, que
hacen de esta región una de las más violentas del mundo.
Si acudimos al tráfico de sustancias estupefacientes, en particular cocaína,
de acuerdo con los últimos análisis2
, se advierte una disminución en las inter-
venciones de cocaína en Europa, pese a que la aparente estabilidad de la oferta
en la región parece indicar un cambio en las modalidades de tráfico, recurrien-
do de forma más frecuente al tráfico a través de contenedores. Mientras, en
Estados Unidos, la menor disponibilidad de la cocaína ha generado un incre-
mento de precios desde 2007. La conclusión del informe es que el consumo de
cocaína en América del Norte ha declinado considerablemente mientras que
se percibe un creciente consumo en Europa y América del Sur. Pese a estas
conclusiones que debieran proponernos un escenario bajo control, el crecien-
te poder de las organizaciones criminales en Centroamérica, en particular en
el Triángulo Norte, ha elevado significativamente los índices de violencia3
. De
igual forma, la relación entre el tráfico de drogas y el tráfico de armas contri-
buye a esa escalada de violencia que coloca la región en una situación crítica.
En este escenario, abordemos tres cuestiones claves para formular pro-
puestas eficaces:
• La indudable ecuación crimen organizado-narcotráfico-violencia.
En el debate acerca de crimen organizado y las estrategias para com-
batirlo se incorporan naturalmente a la ecuación elementos como vio-
lencia y narcotráfico. De esta forma parece que la identidad entre estas
tres entidades, crimen organizado, violencia y narcotráfico, nos conduce
2 Informe mundial sobre drogas 2012.
3 Informe mundial sobre homicidios 2011 (UNODC): “hay evidencia de un aumento de tasas en
Centroamérica y Caribe que están cerca de un punto de crisis”.

a concluir que si eliminamos, por ejemplo, el narcotráfico, resolvemos la
ecuación, privamos al crimen organizado de un requisito indispensable.
Entiendo que se trata de un argumento legítimo, que responde a la sen-
sación de agotamiento y de frustración cuando los resultados de las múl-
tiples iniciativas de persecución penal no se corresponden con los que
deseamos. Sin embargo, identificar crimen organizado con narcotráfico
nos impide visualizar todas aquellas otras áreas de acción criminal en
que estos grupos actúan bajo criterios de beneficio económico y riesgos,
desde los delitos vinculados a la falsificación, hasta los de trata, pasando
sin ninguna duda por los relacionados con el medioambiente y la explo-
tación de los recursos naturales. Y en todos ellos, y sí forman parte como
elementos inherentes a la ecuación del crimen organizado, la corrupción
y el lavado de activos.
• La estructura jerárquica de las organizaciones criminales. Si que-
remos profundizar en estas verdades incuestionadas, otra reflexión se
merece la estructura jerárquica que se predica con carácter general de las
organizaciones criminales con un líder, sus lugartenientes y una pirámide
desarrollada a través de una “red de reemplazos”, en la que los indivi-
duos son perfectamente sustituibles si se da el caso de que son arres-
tados. Pues bien, estas estructuras piramidales perfectamente jerarqui-
zadas han dado paso a otros modelos más flexibles, en los que ganan
importancia los intermediarios, que brindan un servicio esencial para
penetrar en las instituciones y corromper sin miramientos a políticos,
policías, jueces y a la sociedad en general. De esta forma, sin perjuicio del
liderazgo del jefe de la organización, son los intermediarios, que mane-
jan la información y disponen de los contactos, quienes permiten a estas
organizaciones criminales conectar la ilegalidad con la legalidad.
• El papel de la sociedad y los ciudadanos en la persecución de la de-
lincuencia organizada. En último término, nos queda examinar el papel
de la sociedad y sus ciudadanos: podemos ser indulgentes con la socie-
dad, con los ciudadanos que viven atemorizados, objeto de extorsión o
chantaje, pero ante el desafío que representa la delincuencia organizada,
entiendo que ha llegado el momento de la movilización social, de exi-
gir a los gobiernos una acción decidida, sometida al imperio de la ley y
transparente frente al crimen organizado pero también de adoptar una
posición responsable frente a fenómenos como la corrupción bajo pará-
metros de tolerancia cero.

II. COOPERACIÓN INTERNACIONAL: ESTRATEGIAS HEMISFÉRICAS Y
REGIONALES
Atendiendo a esta situación crítica que no es desde luego patrimonio ex-
clusivo de Centroamérica y el Caribe, desde mayo de 2012 se han venido ce-
lebrando distintas reuniones de naturaleza técnica, encaminadas a definir un
Esquema Hemisférico contra la delincuencia organizada, a resultas de la
Cumbre de las Américas (Cartagena, Abril 2012) y del mandato de los Presi-
dentes emanado de esta reunión.
Al mismo tiempo, la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos
(AIAMP) ha lanzado (Recife, 20-21 septiembre) la Red de fiscales especiali-
zados en la persecución del delito de trata de seres humanos, a través de
la cual se persigue, de una parte, profundizar en la especialización y, de otra,
fomentar la cooperación internacional como herramienta para combatir este
delito de marcada naturaleza transnacional.
Si nos detenemos a reflexionar acerca de estas iniciativas, que se suman sin
duda a las acciones que REFCO4
viene desarrollando desde marzo del pasado
año, resulta evidente que hay vientos de cambio en la lucha contra el crimen or-
ganizado. No podemos desconocer que esta corriente que nos trae diversas ini-
ciativas, sin duda, cada una con un perfil distinto y con un valor propio, responde
a situaciones regionales y continentales de extrema urgencia. A veces la frecuen-
cia con que lamentablemente ocurren hechos vinculados a la delincuencia or-
ganizada genera en muchos de nosotros una reacción parecida a la anestesia:
estamos tan acostumbrados a ver, escuchar o leer estas noticias que es difícil que
nuestra atención se detenga en ellas. A veces es preciso que el acontecimiento
sea particularmente cruel o se trate de cifras –de dinero, de muertes, de tonela-
das de droga- tan elevadas que hagan del suceso algo excepcional.
Esta extrema urgencia a la que aludíamos nos demuestra que necesitamos
articular estrategias coordinadas, bien a nivel regional bien sub regional, por-
que nos encontramos ante una situación límite. Hemos llegado al límite que
pueden soportar nuestros conciudadanos, tanto en la presión que sufren por
preservar su integridad física como sus libertades. Hemos alcanzado el lími-
te que pueden soportar los Estados, que tratan una y otra vez de identificar
estrategias que sean capaces de responder eficazmente a los cambios que los
delincuentes y sus organizaciones introducen en su actividad criminal para
4 Red de Fiscales contra el Crimen Organizado, Agencia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito.

dificultar la acción de las instituciones. Las Fiscalías, y los fiscales como ser-
vidores públicos, están próximos a agotar los recursos que destinan para este
combate desigual, y probablemente, cuando hablamos de recursos, no sean los
recursos económicos los más determinantes.
III. ALGUNAS PROPUESTAS DE ACCIÓN
En el marco de estas estrategias, es necesario aterrizar con iniciativas concre-
tas, enfocadas al mismo tiempo a fortalecer la investigación transnacional y las
estructuras nacionales que permitan trabajar a nivel regional. En este sentido,
quiero compartir algunas propuestas que participan de esa doble perspectiva:
1. Se evidencia la necesidad de combatir las redes criminales a través
de redes, de policías, de fiscales o de otras instituciones con responsabilidad
en este ámbito. No vamos a ser nosotros quienes cuestionemos la importancia
de trabajar en red, pero sí de subrayar el valor añadido de las redes regionales
como herramienta eficaz para perseguir la delincuencia organizada.
A través de las redes, y las redes especializadas de ámbito regional, es posi-
ble ajustar no sólo individualmente a cada país (respuesta nacional) sino a la
propia región (estrategia regional) las políticas y estrategias que demanda el
combate a las organizaciones criminales presentes en la región. Entendemos
desde la experiencia que, para que estas redes regionales alcancen sus obje-
tivos, es preciso que dispongan de mecanismos flexibles que permitan a sus
miembros, puntos de contacto, reaccionar con agilidad y eficacia.
En este contexto, resulta crucial recordar la importancia de la coordinación,
trabajando a partir de lo que ya existe y está en marcha. Se trata desde lue-
go de reivindicar la complementariedad, no basta con evitar duplicidades, la
complementariedad es algo más y exige identificar mecanismos para trabajar
juntos. Y ése es sin duda uno de los desafíos que todos los que trabajamos en la
persecución de la delincuencia organizada debemos afrontar.
2. Brindar institucionalidad a los responsables de la investigación y
persecución de la delincuencia organizada a través del fortalecimiento de
las instituciones nacionales, representadas por las policías, las Fiscalías y los
jueces. Desde un comienzo REFCO ha tenido presente, como un mantra que se
repite, que sólo desde Fiscalías sólidas se puede trabajar en red, y por eso, nues-
tro trabajo se orienta en dos niveles, el regional, promoviendo la cooperación y
las investigaciones transnacionales, y el nacional, fortaleciendo y apoyando las

estructuras nacionales de cada una de las Fiscalías. Por ello, aprovechamos este
espacio para subrayar la necesidad de disponer de estructuras sólidas en las Fis-
calías y en las policías, bien coordinadas, tanto institucionalmente como desde
el punto de vista de las competencias de las respectivas unidades especializadas.
Frente a otros puntos de vista, favorables a la incorporación a las activi-
dades de investigación de la criminalidad organizada de terceros ajenos a las
instituciones nacionales, entiendo que, en el cruce de caminos que resulta de,
bien legitimar a estas instituciones nacionales bien recurrir a la experiencia de
terceros expertos, es sin duda la primera la que fortalece el concepto de Esta-
do. No sólo consideramos que es la mejor elección desde el punto de vista del
equilibrio de poderes sino también desde la necesaria confianza que los ciu-
dadanos deben depositar en ellas, pues una cosa es recurrir al asesoramiento
de expertos, otra es hacerles titulares de una facultad, el ejercicio de la acción
penal, que es manifestación soberana de los Estados.
3. Como elemento inherente a la idea de red regional y al fortalecimiento de
estructuras nacionales, la especialización de sus miembros, los puntos de
contacto deben gozar de estabilidad y, especialmente, ser fiscales operativos,
adscritos a cualquiera de las unidades relacionadas con la investigación de la
delincuencia organizada.
4. Actuar con severidad frente a la corrupción de los funcionarios a
través de estrictos códigos éticos aplicables a todos los servidores públicos,
particularmente los altos cargos, con estricta aplicación de la legislación en
materia de lavado de activos.
5. Adoptar las medidas necesarias en los establecimientos penitenciarios
que impidan que éstos se conviertan en verdaderos centros de operaciones para
los líderes de las organizaciones, desde los cuales, con total impunidad, dirigen
una red de extorsiones y otros delitos vinculados a la criminalidad organizada.
6. Vincular a la sociedad civil en particular al sector privado en la lucha
contra la delincuencia organizada. Éste no es un desafío exclusivo para las
instituciones, lo es para toda la sociedad, para la democracia y para la propia
estabilidad de los países. Los funcionarios se corrompen porque hay quien les
ofrece la dádiva que les corrompe, los capitales se lavan a través de empresas
que se lucran con un porcentaje. De especial relevancia son las operadoras de
telefonía móvil, que además del deber legal que se desprende de las regulacio-
nes de su actividad empresarial y de aquellas otras que establecen el deber de
colaborar con las autoridades que dirigen una investigación, tienen un deber
respecto a la sociedad en la que establecen sus negocios y sus beneficios.

«La estrategia de combate del crimen organizado: algunas reflexiones...» [11]
La estrategia de combate del crimen organizado:
algunas reflexiones a la luz de la experiencia italiana
Conferencia dictada por el Sr. Ottavio Sferlazza, Fiscal Regente de la Fiscalía
Antimafia de Reggio Calabria, Italia, en el marco de la Sesión Ordinaria del
Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos, celebrada en San
José, Costa Rica, el 30 de octubre de 2012.
Cuando en el año pasado la UNAM me invitó a participar en un seminario
internacional sobre el tema de “Democracia y seguridad pública en México”,
pidiéndome un análisis de la grave situacion de violencia en aquel pais, la pri-
mera reflexión que hice fue que los fenómenos criminales en los distintos paí-
ses difieren profundamente por raíces históricas, políticas y socio-económicas,
por lo menos en un sector de operatividad criminal, o sea el que se conecta con
el narcotráfico.
También el tema de las estrategias de combate del crimen organizado es
muy amplio y complejo y aunque las técnicas de investigación de la policía
judicial, por lo menos en lo que se refiere a las reglas elementales y de sentido
común, sean comunes a las policías de todos los países del mundo, lo cierto es,
sobre todo en relación a la tipología específica de la criminalidad, en particular
el crimen organizado, que pueden variar en relación a la normativa procesal
vigente en cada país, y esto tanto con referencia a la estructura organizativa de
los aparatos de investigación y a sus relaciones con las fiscalías, como en rela-
ción al marco normativo que regula los criterios de evaluación de las pruebas
y su utilización en el proceso.
Revista de la Escuela Nacional del Ministerio Público, No. 4, julio-diciembre, pp. 11-27

Al recibir la amable invitación de participar en este seminario de estudio
sobre el tema, enseguida me pregunté cuáles aspectos de nuestro sistema ju-
ridico y sobre todo procesal penal podrían interesar a los estudiosos de otros
países, como los que están aquí representados, los cuales tienen una tradición
y sensibilidad jurídica para los estudios procesales.
Ahora bien, según mis limitados conocimientos de la realidad social y po-
lítica de Costa Rica, me parece que a partir del año 1998 la legislacion costa-
rricense varió sustancialmente su proceso penal con una reforma que eligió el
sistema acusatorio - en lugar de lo anterior de tipo mixto – es decir, una trans-
formación del sistema judicial penal en un sentido más acusatorio a través
del juicio oral, juzgado más ajustado a los principios de un moderno Estado
democrático de derecho.
Sin embargo, ya que también la más reciente realidad social de este país
empieza a ser caracterizada por la presencia de una difundida criminalidad
organizada, persisten las interrogantes sobre la compatibilidad y la idoneidad
de tal sistema -con muchas más garantías- para contrarrestar un fenómeno
tan peligroso, y son las mismas que han caracterizado la discusión en mi país.
La primera ocasión de reflexión que el tema de nuestro encuentro ofrece,
está constituida por la consideración de que, en mi opinión, un modelo de sis-
tema procesal penal no puede ser uno exportado de forma mecánica de un país
a otro, porque las peculiaridades socio-culturales y políticas de cada realidad
imponen oportunas adecuaciones que, en el ámbito del modelo teórico eligido,
pueden causar no sólo signifícativas modificaciones con respecto a la concreta
aplicación del mismo modelo en otro país, sino desnaturalizar o traicionar las
premisas teóricas que servían de base a la opción original, y ello porque in-
tervenciones legislativas a menudo condicionadas por exigencias contingentes
(por ejemplo, recrudescencia de la criminalidad organizada) pueden traicio-
nar la inspiración original.
En mi país las necesidades prácticas que el código dejaba insatisfechas no
podían no ser advertidas por los técnicos judiciales; de manera particular las
dificultades de ajuste cultural y estructural eran evidentes con respecto a los
procesos de delitos de criminalidad mafiosa en los que las necesidades ga-
rantistas, fundamento del nuevo modelo procesal, entraban en conflicto con
las exigencias, igualmente merecedoras de aprecio y tutela, de eficiencia del
proceso y, pues, de eficacia de la acción de combate de un fenómeno muy grave
y muy peligroso para la convivencia civil y la democracia.
En Italia la historia judicial de los años noventa está llena de gravísimos

atentados a funcionarios públicos (vg. Falcone y Borsellino), considerados
“peligrosos” por ser muy preparados en el terreno de la investigación, rea-
lizados en momentos históricos en los que las organizaciones criminales se
encontraban en dificultades, percibiendo la exigencia de afirmar su poder he-
gemónico en el territorio recurriendo al asesinato de quienes, con su diario
compromiso y el rechazo de cualquier forma de condicionamiento, demostra-
ron haber elegido, claramante e irreversiblemente, en favor de los valores de
la legalidad y de la justicia.
En este marco, obviamente no se puede dudar que las masacres de Capaci y
de Via D’Amelio en 1992, por su asombrosa y cruel modalidad ejecutiva y por
las figuras emblemáticas de las víctimas, marcaron el más alto nivel de ataque
militar al Estado por parte de “Cosa Nostra” y el momento más dramático de
una lúcida estrategia terrorista articulada en el curso de los últimos tiempos
por dicha organización para reafirmar la primacía y la intangibilidad de su po-
der criminal, tanto respecto de la sociedad civil y de las instituciones estatales,
como al interior de la misma asociación.
La enormidad misma de la violencia de los estragos antes recordados, pro-
dujo hechos nuevos y relevantes:
• La conciencia de las dimensiones de la gravedad del fenómeno mafioso.
• Una movilización sin precedentes de la sociedad civil.
• Una capacidad de renovación de la magistratura.
• Un crecimiento de éxitos en la acción represiva.
El Estado ha respondido con los grandes procesos, seguido con sentencias
de condena y con una legislación articulada en los siguientes puntos principa-
les:
1. Instauración de un régimen carcelario duro y distinto para los mafiosos
(art.41 bis).
2. Introducción de una legislación que prevé premios para los colaboradores
de justicia, con una orgánica disciplina de los sistemas de protección.
3. Introducción por la ley n.356/1992 de casos específicos de confiscación
(art.12, D.L n.399/1994), además de aquellos ya previstos por la ley Ro-
gnoni-La Torre en temas de medidas de prevención, art.416 bis, incisos 7
c.p., con la posibilidad de formas concretas de agresión a los patrimonios
ilegales.

4. La institución de las fiscalías del distrito antimafias y luego de aquella
nacional (L.29/1/1992 n.8), y de la correspondiente figura del G.I.P (Juez
de garantía para la investigación preliminar) del distrito.
5. Previsión de específicas y más rigurosas disposiciones procesales aplica-
bles sólo a los procesos de delincuencia organizada.
Sobre esto hay que destacar que aunque el recrudecimiento de la criminali-
dad organizada de tipo mafioso no haya comprometido nunca la estabilidad de
nuestro sistema democrático y no haya producido peligrosos arredramientos
en el plan de la tutela de las libertades fundamentales, debe sin embargo reco-
nocerse que la especificidad y la gravedad del fenómeno mafioso han impuesto
elecciones legislativas orientadas hacia una regulación distinta de las disposi-
ciones procesales aplicables a los crímenes atribuibles a la criminalidad orga-
nizada, introduciendo en el sistema procesal una legislación especial -que es
cosa diferente de la legislación excepcional- articulada en la previsión de toda
una serie de disposiciones derogatorias con respecto a la normativa ordinaria.
Esto se ha concretizado en una norma más rígida cuyos efectos pueden ser
esquemáticamente sintetizados:
1. Posibilidad de adoptar medidas limitativas de la libertad personal, pen-
sadas en términos de duración de la custodia cautelar, es decir, la prisión
preventiva, que se justifica con imprescindibles exigencias de tutela de
la colectividad, a pesar de la presunción de no culpabilidad del acusado
hasta tanto una sentencia definitiva no haya reconocido su responsabili-
dad.
2. Previsión de un nivel probatorio de menor gravedad indiciaria para la
adopción de medidas que incidan en el ejercicio de derechos constitucio-
nalmente garantizados.
3. Previsión de disposiciones procesales relativas a la fase del debate, que
permiten derogar la obligación de examinar un testigo o un colaborador
de justicia, cuando se presentan ciertas condiciones, para evitar fenóme-
nos como la así llamada usura del testigo y el peligro de contaminación,
cuando la oralidad no sea absolutamente necesaria.
4. Previsión de un término más largo de duración de las investigaciones
preliminares, es decir, de aquel término dentro del cual el Fiscal tiene
que concluir las investigaciones a pena de no poder utilizar los resulta-
dos adquiridos caducados a tal término (dos años en vez de 18 meses
-art.407 c.p.p.).

5. Derogación al principio de la obligación del Fiscal de notificar a la perso-
na objeto de las investigaciones, y de la solicitud de prórroga del término
de duración de las investigaciones preliminares en el ámbito de los pro-
cedimientos para los delitos atribuidos a la competencia de la Fiscalía
del Distrito Antimafia, atribuibles al concepto de criminalidad organiza-
da mafiosa o política con finalidad de terrorismo y subversión del orden
constitucional, y por otros delitos juzgados particularmente graves, con
la evidente finalidad de tutelar el secreto de las investigaciones que por
su complejidad no pueden ser concluidas dentro del término previsto
por la ley o bien dentro de aquél prorrogado por el juez.
6. Regulación distinta en tema de valoración, en orden a la existencia de las
exigencias cautelares que la ley requiere para emitir una medida restric-
tiva de la libertad personal, cuando se procede por algunas categorías de
crímenes expresamente previstas.
El legislador ha caracterizado al imputado de criminalidad organizada en ti-
pos definibles como “crímenes de mafia”: la pertenencia a una asociación ma-
fiosa o el obrar a beneficio de ella o el delinquir valiéndose de sus instrumentos
típicos; son las conductas que crean una mayor alarma social y se cree (se opina)
que quien se hace responsable de este tipo de delitos es portador de un cargo de
peligrosidad social difícilmente refrenable con formas diferentes de cárcel.
En los crímenes de mafia hay pues una tasa mayor de peligrosidad social
que justifica una intervención cautelar más eficaz y penetrante. Se entiende
que quien los comete es más capaz de reiterarlos, de condicionar el proceso o
de sustraerse a la pena; por eso, obra un mecanismo de “facilitación probato-
ria” sobre las exigencias cautelares y sobre la idoneidad de la medida cautelar
de cárcel; las circunstancias de hecho que están en la base de tales valoracio-
nes son supuestas hasta prueba contraria.
Es oportuno notar que la jurisprudencia de la Corte Europea de los Dere-
chos Humanos ha tenido en cuenta la disposición contenida en el art.275, III
co. c.p.p. y no ha denegado la legitimidad de tal disposición; además, la misma
Corte Europea ha demostrado aceptar el principio de experiencia relativa a la
peligrosidad de la mafia, conexo a su poder de intimidación y su capacidad de
controlar el territorio y de influenciar la vida pública (cfr. Corte Europea de los
derechos del hombre, sent. del 24 de agosto de 1998, Comisión Europea de los
derechos humanos c. Gobierno italiano).
También la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Casación han en-
tendido que el régimen distinto sobre lo indicado no es constitucionalmente

ilegitimo en cuanto conforme a los principios de razonabilidad y balance entre
valores y principios constitucionalmente tutelados.
Ahora bien, la incidencia de las intervenciones correctivas del Tribunal
Constitucional para ajustar el nuevo modelo procesal a las concretas y espe-
cíficas necesidades de defensa social, ha sido algo emblemático, tomando en
cuenta el delicado equilibrio existente entre “eficacia” y “garantía” y las difi-
cultades de conciliar estas necesidades a nivel procesal en el respeto de los
principios fundamentales que constituyen el fundamento del Estado Constitu-
cional de derecho.
La segunda reflexión preliminar es que, a la luz de la experiencia italiana
en el tema del combate a la mafia, debo confirmar previamente la necesidad
de rechazar con firmeza el intento mistificador de hacer creer que la respuesta
judicial a la delincuencia organizada de tipo mafioso, y a todas las formas de
delincuencia en general, pueda constituir una solución taumatúrgica y exclu-
siva del problema.
Creo que la acción de combate debe exteriorizarse en un nivel doble:
La prevención y represión a nivel investigativo y judicial;
El viraje ético que requiere un crecimiento cultural y político global de la
sociedad civil y de las instituciones.
Es evidente que uno de los valores básicos de la democracia es justamente
la legalidad: el nexo estructural entre legalidad y democracia depende del he-
cho de que la falta de legalidad determina necesariamente imposición, opre-
sión y poder de una parte sobre el otro.
• Creo que uno de los problems más graves de algunos países es la descon-
fianza en las instituciones y en las fuerzas del orden.
• Creo también que el fuerte redimensionamiento del poder corruptor
del narcotráfico y de sus enormes capacidades de infiltración constituye
la precondición para una eficaz acción de combate.
En Italia una de las especificidades de la criminalidad de tipo mafioso está
constituida verdaderamente por sus relaciones con el contexto socio –eco-
nómico legal, vale decir con las instituciones políticas, administrativas y las
instituciones económicas del país, con las cuales obra (actúa) recíprocamente
estableciendo relaciones de variada naturaleza, que pueden asumir aspectos
del tipo parásito, pero también orgánico o a menudo simbiótico con los grupos
y los centros de poder político-económico.

Lo que es cierto es que las organizaciones criminales de tipo mafioso –como
la mafia siciliana, la ‘ndrangheta de Calabria, la camorra napolitana y la sagra-
da corona unida de Puglia- producen graves distorsiones en el libre mercado
en el cual se mueven y actúan con sistemas desleales que alteran las reglas de
la competencia, ahorrando sobre los costos y agravando los precios.
Por lo tanto uno de los más importantes objetivos es una fuerte acción de
combate contra la economía illegal y los patrimonios illicitos.
En Italia hemos alcanzado resultados significativos en la acción de lucha
contra la criminalidad organizada a través de una eficaz estrategia de agresión
a los patrimonios ilícitos y al lavado de dinero.
Efectivamente se han introducido leyes especiales que preven casos especí-
ficos de confiscación, por ejemplo la así dicha “confiscación por equivalente”
que permite, cuando no es posible confiscar el precio del crimen de corrup-
ción, la confiscación de bienes de valor equivalente a ese precio, del cual el
culpable dispone también por interpósita persona.
Disponemos además de una importante legislación en lo que se refiere a
la gestión y al empleo de patrimonios confiscados, con la implementación
de una “Agencia Nacional para la administración y el destino de los bienes
secuestrados a la criminalidad organizada” que tiene la función de adminis-
trar los bienes mencionados, dirigiéndolos hacia finalidades institucionales
y sociales.
La ley consiente encomendar gratuitamente, por ejemplo, a cooperativas
sociales, sobre todo juveniles, terrenos agrícolas y construcciones rurales con-
fiscadas a la mafia para realizar actividades en el sector del turismo rural,
zootécnico y de los cultivos biológicos.
Es demasiado evidente el sentido simbólico que a los ojos de la sociedad
civil puede adquirir la transformación de una vivienda donde tenían lugar las
reuniones operativas de los narcotraficantes en una estructura para el trata-
miento y la reintegración de los drogatictos o una escuela; es impresionante el
valor pedagógico del mensaje de educación a la legalidad que se puede trans-
mitir a través de la reutilización de bienes confiscados para finalidades socia-
les. En este sentido, la famosa organización que se llama “Libera” del prete don
Luigi Ciotti, representa un nuevo frente del Estado y de la sociedad civil en la
lucha contra la criminalidad organizada.
Para dar una idea de los resultados es conveniente citar unos datos esta-
dísticos. En conjunto se han confiscado a las organizaciones mafiosas 9,857

bienes inmuebles por un valor total de 730.000.000 euros (setecientos treinta
millones) y 1,377 (mil trescientas setenta y siete) empresas.
Es absolutamente necesario en los países de Centroamérica y El Caribe que
los extraordinarios recursos financieros y la relevante liquidez de las organi-
zaciones dedicadas al narcotráfico así como sus patrimonios inmobiliarios y
las empresas en las que se reinvierten, sean incautadas y decomisadas, inclu-
yendo también las empresas en aparencia lícitas en las que se han infiltrado
grupos criminales que de esa manera pueden financiar también campañas
electorales políticas.
Bajo este último perfil, es de fundamental importancia luchar contra la
infiltración de la criminalidad organizada en las instituciones y en el tejido
económico; por igual, contra el gravísimo fenómeno de la corrupción del cual
depende en gran medida la pérdida de credibilidad de las instituciones, y la
desconfianza de los ciudadanos por la falta de una ética pública.
Creo que Italia tiene el mérito de ser a lo mejor el único país que cuenta
con una ley (art.143, texto único de los entes locales L.18/8/2000, n.267) que
prevé la disolución de los consejos comunales y provinciales, o sea los órganos
elegidos por los ciudadanos de cada una de las municipalidades, encabeza-
das por el alcalde y el presidente de la provincia, en caso de infiltraciones de
la criminalidad organizada de carácter mafioso cuyo objetivo prioritario es la
adulteración y el control del mercado de las contratas públicas.
A su vez, está en vigencia una ley anti lavado de dinero muy severa y la
constitución de la U.I.F (Unidad de Información Financiera) que ha propor-
cionado una serie de indicadores y criterios para la identificación de opera-
ciones sospechosas bajo el perfil (desde el punto de vista) subjetivo y obje-
tivo; obligación de identificación que incluye también a los profesionales
(abogados, asesores fiscales, y notarios) con respecto a las operaciones de
sus clientes. Pero la acción de combate al lavado de dinero no será eficaz y
completa si no se sanciona penalmente también la conducta del así llamado
autoblanqueo.
Otro sector de intervención es el que se refiere a las fuerzas de Policía. Un
primer nivel de profunda reestructuración es el que tiene que ver con el reclu-
tamiento de los agentes de policía. De hecho, a mi parecer éstos últimos tienen
que ser seleccionados ante todo entre sujetos de segura fiabilidad moral, te-
niendo en cuenta no sólo su procedencia de familias honestas, sino también
su título de estudio, que tiene que ser de cierto nivel mínimo, la contratación
a través de oposiciones públicas, una preparación profesional adecuada a su

cargo adquirida a través de eficaces cursos, todo esto antes de incorporarlos a
los diferentes sectores para el desempeño de sus funciones.
Pero sobre todo se necesita una Policía que esté fuertemente motivada, que
tenga un profundo sentido del Estado, capaz de conjugar respeto de los dere-
chos humanos, altísima profesionalidad y verdadera competencia: solo de esta
manera será posible conquistar la confianza de los ciudadanos y su colabora-
ción.
Además, todo eso no puede prescindir de un tratamiento económico ade-
cuado que (les) permita un nivel de vida decoroso capaz de desincentivar la
corrupción, no siempre debida /atribuible a avidez sino también a dificulta-
des económicas y al limitado poder adquisitivo del sueldo, constituyendo un
impulso a la violación de sus propios deberes a cambio de “favores”.
Una mención particular merece el papel fundamental de la Coordinación
interna y de la cooperación internacional.
Por lo dicho hasta ahora, emerge claramente que no debe y no puede existir
una neta separación y autonomía entre las investigaciones de la policía judicial
y de la procuraduría sino una estrecha y constante conexión, una sinergia in-
vestigativa en un contexto de confianza recíproca y colaboración, en el cual la
profesionalidad y las competencias de la una se integran a la otra, valorizando
las experiencias y también la memoria histórica, por ejemplo, de los policías
que han operado por largo tiempo en un territorio dado y sector investigativo
y de los magistrados más expertos de la procuraduría.
La experiencia italiana en la lucha contra la criminalidad organizada de ca-
rácter mafioso ha podido aprovecharse de la previsión de una estructura or-
ganizativa que garantice el máximo nivel de coordinación entre las fuerzas de
policía que actúan en las diferentes comunidades locales.
En otras palabras, a la fuerte presencia de las fuerzas del orden en los te-
rritorios de todos los ayuntamientos- en Italia, por ejemplo, el cuerpo de los
Carabineros asegura una cobertura capilar hasta en los centros más pequeños
con sus “Jefaturas de zona”, tiene que corresponder una eficaz red de conec-
ción y coordinación a nivel regional y central y no solo dentro de cada cuerpo
de Policía. A todo eso hay que añadir una coordinación entre las diferentes
fuerzas de los distintos cuerpos que sirva para prevenir conflictos, duplicacio-
nes y superposiciones de investigaciones.
Efectivamente se necesita una visión unitaria de los fenómenos criminales
dado que las investigaciones en los hechos delictivos no se pueden llevar a

cabo de manera aislada y fragmentaria sino considerándolos como teselas de
un gran mosaico; por otro lado, el conocimiento y la comprensión del “todo”
ayuda a comprender el episodio aislado.
En Italia no hubiésemos podido alcanzar los notables éxitos contra las organi-
zacionesmafiosasnormalmenteconocidascomomafia,ndranghetaycamorra,sin
un Ministerio Público independiente del ejecutivo- que accede a la carrera solo a
través de una pública oposición muy difícil y selectiva-, una acción penal obligato-
ria y una relación de dependencia funcional entre fiscalías y policía judicial.
En este marco se insertan los nuevos y más eficaces instrumentos de inves-
tigación: ante todo los colaboradores de justicia y las interceptaciones telefó-
nicas y ambientales, instrumentos que dependen directamente del fiscal, aun-
que, en lo que se refiere a éstas últimas, hay que pedir la autorización al juez de
las investigaciones preliminares (es decir el juez de garantía), con excepción
de las resoluciones adoptadas directamente en caso de urgencias particulares,
con su posterior convalidación por parte del juez.
Quede claro que sin una ley que asegure una adecuada protección a los
arrepentidos/colaboradores de justicia y sin un alto nivel de credibilidad y fia-
bilidad de las instituciones- ante todo de la magistratura y policía- no se pue-
den incentivar las colaboraciones de los criminales.
La dimensión del fenómeno del narcotráfico y las estrechas relaciones ope-
rativas entre las organizaciones mafiosas (en primer lugar la ‘ndrangheta y
las que actúan en países que producen o distribuyen la droga) imponen una
cooperación de investigación internacional cada día mayor.
Considerando la situación desde este punto de vista, hace falta una armo-
nización entre los tipos penales, previstos en los diferentes países (con parti-
cular referencia a la “asociación delictiva de tipo mafioso”), con la finalidad de
favorecer el mutuo reconocimiento de las sentencias y la ejecución de disposi-
ciones restrictivas, simplificando los procedimientos de extradición y rogato-
rias activas y pasivas, por ejemplo en asunto de interceptaciones telefónicas y
ambientales que tienen que realizarse en el extranjero.
Por demás, la infiltración de la policía dentro del crimen organizado es bá-
sica pues para lograr desmembrar estas células primero hay que conocerlas y
por eso es necesario tener una “voz adentro” que declare cómo son los car-
teles, como están organizados, quiénes son los jefes y sus actividades ilícitas;
esos instrumentos son fundamentales, al igual que las interceptaciones telefó-
nicas y ambientales

Hay que rechazar en la lucha contra el narcotráfico una estrategia fundada
en una lógica fundamentalmente militar, como si se tratare de una verdadera
guerra: este tipo de orientación/elección conlleva el peligro de producir una
espiral perversa de violencia y acaba por legitimar a los grupos criminales,
implicados en esta guerra, a recurrir al asesinato sistemático.
La pretensión de solucionar el problema de la violencia sistemática a través
del mero recurso a la fuerza puede originar una gradual reducción de los espa-
cios de democracia.
A eso se añade que no se puede subvalorar el hecho de que este tipo de
gradual reducción de los espacios de democracia, de estrategia militar, puede
implicar el recurso a sistemas represivos poco respetuosos de los derechos
humanos por parte de las fuerzas de seguridad, mientras que se necesita re-
afirmar la fuerza del estado de derecho la cual consiste en la destreza de in-
vestigar con profesionalidad y eficiencia, adquiriendo pruebas suficientes que
permitan la adopción de medidas restrictivas de la libertad personal para so-
meter a los imputatos a un justo proceso, garantizando, en caso de condena, la
efectiva ejecución de las penas.
Todo eso legitima la credibilidad en las instituciones, aumenta el sentido
de seguridad y de confianza de los ciudadanos, acerca estos últimos a las ins-
tituciones, animándolos a la participación democrática y al ejercicio del poder
a través de una elección consciente de sus representantes en las asambleas
electivas.
El respeto de las reglas es un valor fundamental e imprescindibile. Una vic-
toria conseguida por sistemas antidemocráticos sería solo aparente, pero en
realidad (es) una derrota real, con graves consecuencias en la credibilidad de
las instituciones puesto que los ciudadanos ya no reconocerían la diferencia
entre el Estado y la criminalidad organizada.
No descuidar la lucha contra la corrupción y al reciclaje (lavado) de dinero,
también es importante, pero sobre todo, una eficaz acción de prevención social
comprometiendo (en dicha lucha) instituciones como las escuelas, cuya tarea
es la de formar las conciencias de los jóvenes y de todas las comunidades polí-
ticas del territorio/locales.
El Estado tiene que recuperar la soberanía del territorio ayuntamiento por
ayuntamiento y resanar el tejido social.
Está claro que el control agobiante del territorio –como pasa en Sicilia y
en Calabria, por ejemplo a través del sistema de las extorsiones- y de buena

parte de las actividades económicas, favorece el desarrollo de relaciones entre
las organizaciones criminales y sujetos que pertenecen a otros sectores de la
sociedad civil y de las instituciones.
Es evidente que las organizaciones mafiosas para gestionar esta inmensa
riqueza -eso vale también para los carteles del narcotráfico- necesitan la cola-
boración de personas dotadas de las necesarias destrezas profesionales, como
abogados, mercantilistas, financieros, banqueros, administradores públicos,
funcionarios, políticos, periodistas, etc.
Ahora bien, una de las principales causas de la dificultad actual en que se
halla la mafia siciliana, o sea la organización denominada “cosa nostra”, con-
siste en la capacidad del pueblo siciliano de expresar una clara y firme oposi-
ción a una de las principales manifestaciones de las prevaricaciones mafiosas,
las extorsiones, el pago del “pizzo”, que constituyen por tradición el principal
factor de control social a través del perverso, y en cierta medida parodójico,
mecanismo de la “protección impuesta”.
Han influído en este crecimiento cultural de la sociedad civil, por un lado,
el sacrificio de muchas víctimas, sobre todo las de los estragos de 1992 ( Fal-
cone, Borsellino, los hombres y las mujeres de la escolta), y asimismo muchos
otros, a veces desconocidos (curas, periodistas, empresarios), que han permi-
tido la toma de conciencia de la crueldad de aquella asociacion, y por otra, una
renovada confianza en las instituciones basada en los éxitos de la acción de
combate de la magistratura y de las fuerzas de policía gracias a un uso eficaz
de las interceptaciones telefónicas, una correcta evaluación probatoria de las
declaraciones de los colaboradores de justicia y luego la emisión de rígidas
sentencias de condena.
En Calabria, donde trabajo, uno de los principales objetivos de la dirección
del distrito antimafia de Reggio Calabria es identificar y perseguir a nivel judi-
cial la así llamada “zona gris”, constituida por exponentes de la política, de las
instituciones, profesiones y empresariado que proporcionan a la criminalidad
organizada oportunidad de enriquecimiento y, a veces, garantías e impunidad.
Aunque si bien repito, se trata de fenómenos que tienen raíces históricas y so-
ciales diferentes, es muy concreto el peligro de las organizaciones de narcotrafi-
cantes, gracias a la inmensa riqueza y luego a la capacidad corruptiva de la que
disponen, pudiendo integrarse en las clases dirigentes entrando en contacto
con el sistema bancario y la clase política, utilizando el primero para el recicla-
je de dinero y la segunda (la clase política) para lograr protección e impunidad.

Sumado a esto, las graves desigualdades sociales y económicas que caracte-
rizan algunos países de Centroamérica, en cambio de favorecer la solidaridad
de clase y la cohesión social, pueden representar un fuerte impulso en las jó-
venes generaciones que viven en los barrios más degradados de las ciudades,
no solo hacia la interiorización de modelos de vida distorcionados, sino a la
glorificación de la riqueza perseguida a costa del involucramiento en las acti-
vidades criminales, y a la exaltación de estos modelos, considerados positivos
como para emular y cuyas hazañas criminales hay que exaltar.
El narcotráfico ha acabado por constituir un elemento fundamental de la
economía de ciertas áreas geográficas, capaz de producir bienestar, gracias al
reciclaje de relevantes flujos financieros reinvertidos en actividades lícitas que
sin duda producen empleo y consecuentemente consenso social por efecto
de una forma del reparto de la renta, así que las familias que controlan el nar-
cotráfico con razón entran a formar parte de poderosos grupos de presión
político-financieros.
Un sistema social y económico injusto es un productor excepcional de dis-
torsiones e injusticias, en cuanto puede arraigar la convicción de que la única
manera para responder a la violencia social es el recurso a la violencia perso-
nal alimentando por consiguiente el clima de inseguridad.
II
La delincuencia organizada en Italia y el contraste
político institucional: la cultura de la legalidad
Las organizaciones mafiosas no solo se han ido adecuando paulatinamente,
al mismo tiempo condicionándolos, a ciertos mecanismos torcidos de desarro-
llo con la finalidad de crear espacios de intermediación parasitaria, sino que
se han ido imponiendo y arraigando progresivamente en el tejido social, sobre
todo en las áreas geográficas en las que con mayor sensibilidad se manifestó
la crisis ético-social de las instituciones, como estructura de poder político y
económico que suele vivir en simbiosis con el poder político oficial.
No obstante, sobre las mistificaciones culturales dirigidas a relegar a la mafia
como un fenómeno delictivo externo al sistema institucional, creo que defi-
nitivamente ya se ha hecho conciencia colectiva sobre la especificidad de la
criminalidad de tipo mafiosa, respecto a otras formas de crimen organizado.

La indiferencia y la incapacidad de los poderes públicos, al menos hasta un
pasado reciente, han acreditado a la mafia como un sujeto temible, pero tam-
bién creíble y confiable para la población siciliana, capaz de movilizar recursos
e incluso garantizar trabajo y ocupación.
Lo que terminó por favorecer el desarrollo del caldo de cultivo de la “omer-
tá”, se resume en el rechazo incondicional y absoluto a colaborar con los órga-
nos estatales, no sólo por miedo a las represalias, sino también por la tenden-
cia a negar toda legitimación de cualquier interferencia por parte del Estado.
El sociólogo Nando Dalla Chiesa, hijo del llorado General, agudamente notó
que la omertá es una forma de oposición pasiva a las instituciones de-
mocráticas que se difunden en el tejido social en la medida en que el do-
minio mafioso impone su asimilación con el recurso al terror y a la inti-
midación y con una obra capilar de educación a la desconfianza en las
instituciones.1
Sin duda el desarrollo de la delincuencia de tipo mafioso ha sido favoreci-
do también por un aparato público incapaz de establecer y de hacer cumplir
normas autoritarias, incapacidad a la cual los ciudadanos responden con una
difundida actitud de indisciplina y de resistencia a la observancia de la ley.
Dicha actitud cultural, que implica una arraigada desconfianza en las ca-
pacidades de las instituciones en auto-legitimarse también a través de un co-
rrecto y transparente ejercicio del poder, no se manifiesta solamente hacia los
“hechos de mafia” sino que se refleja también en cotidianas arrogancias y co-
tidianos hechos de intimidación y opresión respecto a los cuales se ha creado
aceptación, casi como si se tratara de eventos ineluctables que forman parte
de la fisiología del ejercicio de los poderes públicos.
No cabe duda que la ilegalidad constituye un freno al desarrollo y que la
debilidad de las instituciones repercute también en las tasas de crecimiento y
en la misma colocación de inversiones que, como ha sido suficientemente acla-
rado, se concentran en las áreas geográficas donde las instituciones públicas
son consideradas más creíbles.
A menudo se habla de legalidad con referencia a las conductas o a las acti-
tudes de cada ciudadano, sin embargo se olvida que la legalidad tiene que ver
con el ejercicio del poder coercitivo de los aparatos públicos cuya ineficiencia
produce a su vez ilegalidad.
1 N. Dalla Chiesa, Il potere mafioso, Milano,1976.

En mi opinión solo la credibilidad ética de las instituciones podrá favorecer
la legalidad, no solo y no tanto como concreta observación de la norma, sino
como actitud psicológica de quien obedece a la norma porque siente el deber
de hacerlo; en este sentido sería más apropiado hablar de sentido cívico o de
ética pública que constituyen el verdadero capital social a contraponer al con-
senso social con el cual la mafia ha podido contar.
Fue extremadamente significativo el consenso social que se registró en
1992 después de las investigaciones de “tangentopoli” contra la corrupción
política –que en Italia marcó la caída de la así llamada primera república - y
eso constituyó una señal evidente de una nueva primacía de la legalidad.
Si no se crean las condiciones para la formación de dicho capital social en-
tonces se tendrá lo que los sociólogos llaman la “legalidad débil” la cual ocu-
rre cuando en la colectividad se genera, respecto a las normas jurídicas vigen-
tes, “una expectativa o previsión de ineficacia, aplicación distorsionada,
particular, impuntual y no fiable” (cfr. Antonio la Spina, “mafia, legalità de-
bole e sviluppo del mezzogiorno” ed. Il Mulino).
El poder no es dueño de la norma, más bien al contrario, es su guardián.
Estrictamente inherente al principio de legalidad es entonces una mayor in-
transigencia hacia los que disponen de dosis crecientes de poder.
Estoy profundamente convencido que educar hacia la legalidad significa sobre
todo promover y fomentar a diario en los ciudadanos esta sensibilidad de intran-
sigencia hacia los poderes: esta intransigencia es elethos difundido de la legalidad.
Solo la práctica de esta intransigencia hacia los poderes podrá promover la
conciencia en cada ciudadano de sus propios deberes individuales.
Es impensable que se pueda combatir/obstaculizar con éxito una sangrien-
ta y peligrosísima Criminalidad Organizada sin comprometer y movilizar a la
sociedad civil y sin una capacidad de renovación de la magistratura y de la
policía.
Más que nada se necesita tomar conciencia de la insuficiencia de la sola
respuesta judicial, la cual no puede constituir una solución taumatúrgica y ex-
clusiva del problema. El control judicial es en realidad un control de patología
y dentro de un sistema la patología tiene que ser una excepción.
Los filtros deben quedarse arriba: en la política (que debe llegar a ser ella
misma objeto de control y no, como hoy, tierra de distorsiones y de polución),
en la opinión publica, en los medios de información, en los controles adminis-
trativos eficaces y preventivos.

Los sujetos como la Iglesia Católica o la escuela, que en pasado habían de-
mostrado cierta indiferencia respecto a la cuestión mafia, tienen que ejercer
un papel activo de importancia primaria para la formación de una conciencia
colectiva contra la Delincuencia Organizada.
Hace falta sobre todo, como premisa indefectible, un cambio profundo en
las conciencias de la cultura de masa, de los comportamientos medios, junto a
una honda trasformación política e institucional.
El concepto de legalidad necesita, en primer lugar, una carga de promoción
social y de solidaridad; un contenido propositivo y promocional porque una
elección conciente hacia este valor ético significa operar elecciones valientes a
favor de las clases subalternas y de los marginados.
Es principalmente necesario que los jóvenes adquieran la conciencia del
hecho de que no se puede entender la legalidad sólo como respeto formal
de la ley sino sobre todo como “habitus mentale” que ante todo quiere de-
cir:
• Rechazo de los privilegios y conciencia de sus propios derechos y de-
beres;
• Disponibilidad para sacrificar el egoismo personal si el objetivo que se
quiere perseguir puede conllevar la lesión de un derecho de los demás;
• Significa sobre todo en mi tierra de Sicilia saber resistir a la sugestión de
las ventajas que la convivencia con el sistema mafioso y la Delincuencia
Organizada ha consentido.
Únicamente en base a estas condiciones es posible conjurar el peligro de
los jóvenes de los barrios más degradados de las grandes ciudades y que el
Estado no siga pareciéndoles una entidad enemiga o de todas formas distante
y desinteresada.
Así como es derecho de cada ciudadano esperar un extraordinario empeño
del aparato estatal en la lucha contra el fenómeno mafioso, el narcotráfico y
la corrupción, igualmente es deber de cada uno dar su aporte incluso a costa
de sacrificios personales. A los estudiantes de las escuelas donde a menudo
me invitan a dar charlas, en el marco de un proyecto educativo sobre legalidad
parte de un protocolo ministerial, les digo siempre que sólo a través de estas
condiciones podrá arraigarse en cada uno de nosotros - operadores del dere-
cho y simples ciudadanos- la conciencia de sentirse partícipes de un esfuerzo
colectivo para la refundación del Estado y de la sociedad civil basada en una
nueva ética colectiva.

Si así no fuera, Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, serían derrotados una
vez más.
Me gusta siempre finalizar mis encuentros con los estudiantes con esta ora-
ción/cita de un poeta calabrés, Corrado Alvaro, porque constituye un mensaje
de significativo valor pedagógico: “La desesperación más grande que pueda
apoderarse de una sociedad es la duda que vivir rectamente sea inútil”.
A esta enumeración de puntos significativos y ampliamente compartidos
hay que añadir los nudos problemáticos y fundamentales de carácter predo-
minantemente político que interesan a la profesionalidad de la magistartura,
tanto de los jueces como de los Ministerios Fiscales, y de la policía judicial,
cuya autonomía, preparación y motivación ideal no sólo tienen que ser ade-
cuadamente implementadas a través de calificados cursos de formación profe-
sional y un adecuado presupuesto, idóneo para prevenir el grave y difundido
fenómeno de la corrupción que transmite deconfianza en los ciudadanos (en
Italia el fenómeno en relación a la policía y la magistratura es absolutamente
marginal), sino hay que insertarlos en un proceso más amplio de crecimiento,
mejora cultural y política de la sociedad civil y de sus instituciones.
Pero, sobre todo, es necesario que se corten de una vez los enlaces, los
vínculos entre política y delincuencia organizada, lo que constituye un nudo
todavía no resuelto en mi país, así como en otros países.
Nosotros en Italia hemos alcanzado resultados que hace veinte años pare-
cían imposibles, pero todavía nos queda mucho por hacer en la lucha por la
liberación de la opresión mafiosa; sin embargo, estamos intentando vencerla
con un esfuerzo colectico, sobre todo cultural, a través de la refundación del
Estado y de la sociedad civil sobre la base de una nueva ética colectiva.

I. A MODO DE INTRODUCCIÓN1
A contracorriente del poder hegemó-
nico centralizado, cada vez más polari-
zado y hermético, las categorías mega-
delictivas florecen como por arte de
birlibirloque en todo el planeta sin repa-
ros de la ubicación geográfica o cultural,
la condición socioeconómica ni el desa-
rrollo político de lo países. El aparato es-
tatal de control, atareado en los menes-
teres de los delitos domésticos, sucumbe
1 El presente texto corresponde al libro Criminología y globalización del mismo autor, en elaboración.
Post-Modernidad y mega-criminalidad ¿Hacia una
anomia globlal?1
Ricardo Nieves
Revista de la Escuela Nacional del Ministerio Público, No. 4, julio-diciembre 2012, pp. 28-52
Médico, abogado y periodista.
Especialista en Pedagogía. Posee un
doctorado por la Universidad del País
Vasco, bajo el programa “Sociedad De-
mocrática, Estado y Derecho”, así como
una maestría en Investigación, tam-
bién por dicha Universidad. Es profesor
de postgrado en Derecho Penal y Pro-
cesal Penal, en la UASD, y en UNIBE de
otra materias. Actualmente, coordina
en la Escuela de Formación Electoral
el Programa de Formación Ciudadana.
datos del autor
PALABRAS CLAVE
Criminología, Derecho Penal, racionalismo económico,
globalización, exclusión social, marginación.
RESUMEN abstract
El artículo parte de un análisis exhaustivo de los
postulados de la criminología clásica para ahondar en
el discurrir filosófico de esta ciencia que hoy se empe-
ña más que nunca en criminalizar las conductas que les
son propia a la cruda realidad de los excluidos y margi-
nados sociales. Al mismo tiempo, crece desmedidamen-
te una élite criminal cuyas acciones quedan impunes
ante la mirada impávida de un sistema penal selectivo.
The article begins with a thorough analysis of the
postulates of classical criminology to delve into the
philosophical discourse of this science wich today
more than ever strives to criminalize the conducts that
belong to the harsh reality of the marginalized and so-
cially excluded. At the same time, it grows dispropor-
tionately a criminal elite whose actions go unpunished
before the unflinching gaze of a selective penal system.

«Post-Modernidad y mega-criminalidad ¿Hacia una anomia globlal?» [29]
en la rueda crucial de un repetitivo círculo vicioso de delincuencia tradicional,
entremezclada ahora con la gama fenomenológica de las nuevas y escarpadas
entidades delictivas globales, adscriticas al mundo tecno-económico, marca-
das por el globalismo postmoderno.
Quizás entonces se entienda que la neutralización y la autodestrucción fí-
sica y cultural de los excluidos se entroniza como una consecuencia política
del “segurismo interno” --del que nos habla Zaffaroni (2007:05)--, cuando se
enfoca en las secuelas directas del globalismo. Para ello, el penalista latinoa-
mericano patentiza y registra una valoración brutal que a la altura de la semió-
tica postmoderna adquiere la denominación de endocidio: De la ilusión de las
leyes penales –dice Zaffaroni-- se pasa a la alucinación funcional que traduce
la crisis del Estado social de Derecho, y su transformación creciente hacia un
estado elitista de policía que en la periferia remata la inclinación perversa de
la eliminación de los excluidos. Las leyes punitivas, reservadas para la clientela
de la delincuencia común y tradicional, vuelven a ser remedio en un panorama
complejo que por razones estructurales se habilitan en forma selectiva sobre los
disidentes y vulnerables.
Antes aun Zaffaroni (2000:35) se preguntaba y auscultaba en los fieros ata-
ques y sin control al medio ambiente, y sobre los turbios escarceos del campo
financiero, que para él son los lugares originarios de la mayor y más activa me-
ga-criminalidad global en la actualidad. Según este catedrático y magistrado
de la suprema corte argentina, existe aquí un paralelismo histórico: así como
el industrialismo creó la antropología racista (lombrosiana), la cual se fragua
en el discurso legitimante del neocolonialismo, originó también a su vez, la so-
ciología para legitimar el control social interno. Hoy, el globalismo tecnológico
se encampana en el más poderoso aparato de poder jamás conocido. Frente
a las eventualidades de tantos mega-tipos penales universales, las socieda-
des periféricas son las más proclives a sucumbir (¿México es un ejemplo?) sin
remedios ante la embestida esquizofrénica de las sociedades del crimen que
actúan fuera de control, y con pérdidas cuantiosas del orden humano, social
económico y cultural. Veamos.
a) Narcotráfico. La globalización del crimen (el de la droga más), le tiende
otra trampa a esta era, y desdibuja y altera una buena parte de la función y
credibilidad del sistema punitivo haciéndolo patético y evanescente. Decir que
solamente un 2% de los asesinatos que se producen en México por causa del
narcotráfico son alcanzados por la justicia penal, y, del otro lado, afirmar que
en la República Dominicana “el 90 por ciento de los casos de crimen organiza-

do queda impune” (Presidente Leonel Fernández, 2011), deja muy mal parado
al aparato punitivo de nuestro margen y, de paso, cuestiona hasta qué punto
vale la pena seguir creyendo en el lenguaje y contenido del Derecho penal la-
tinoamericano.
b) Delitos financieros. La globalización, a diferencia de la Revolución In-
dustrial, es menos creativa y de paso no inventa ciencias, sino que acude a ideo-
logías de siglos pasados, apelando a los mitos, en los que el equilibrio natural de
los mercados, a nivel global y nacional, adquiere mayor balotaje, de cara a la
eficacia preventiva del poder punitivo interno (Zaffaroni, 2003:43).
Desde esta realidad --en armonía con la propedéutica critica de Zaffaroni--,
prescripta y avalada por el pensamiento único, el neoliberalismo, los que an-
tes se consideraban delitos contra la economía nacional (alteración artificial
de los mercados, evasiones impositivas, monopolios y oligopolios; conductas
delictivas internas como la extorsión, la estafa, etc.), hoy se funden en el la-
berinto misceláneo de un sinfín de conductas lícitas en la economía global. A
veces se deslizan sin ser notados y otras tantas implosionan en la esfera públi-
ca mundial cuando ya los daños provocados son insalvables, o han lesionado
irreversiblemente a muchos, verbi gracia, la crisis inmobiliaria del 2008 en
EE.UU y los efectos catastróficos del desfase financiero de Grecia, España, y la
zona euro.
Ante la ausencia notable de un poder regulador (criminalizante) global, las
conductas impunes con caracteres macroeconómicos se explayan a escala glo-
bal y local.
c) Los delitos ecológicos. Bastaría examinar los cuadros patéticos, en el ni-
vel supranacional, de la destrucción permanente de la eco esfera por el calen-
tamiento global y el aniquilamiento sistemático de los pulmones del planeta,
las selvas tropicales. Los más graves y desastrosos “ecocidios” del planeta son
cometidos por el propio poder económico monopolizado por la globalización.
Para el caso latinoamericano, encontramos en la Amazonía brasileña el odioso
designio de la degradación y explotación económica de un ecosistema global.
Versión sucinta de lo ocurrido con la capa de ozono, la selva tropical y las cons-
tantes emisiones de gases, fenómeno que orienta a comprender que el poder
económico global es capaz de crear leyes y financiar propuestas que posterior-
mente terminará pulverizando en su propio beneficio.
En la República Dominicana, por ejemplo, la empresa minera Falconbridge
(ahora suizo-canadiense Xtracta Niquel), produce otra violación ostensible a las
normas ambientales del planeta, acometiendo la más impune degradación al eco-

sistema del valle de Bonao, (Cibao Central), tanto por la deforestación de las altas
montañas, cuanto por las emisiones de sus chimeneas y del vaciado final de la
“escoria” incandescente (más de mil 500 ºC), a cielo abierto, en las proximidades
del principal río de la república, el Yuna, veinticuatro (24) horas al día y por más
de cuarenta (40) años. No conforme con ello, se propone también incursionar y
explotar ferroníquel en “Loma Miranda”, Cordillera Central, pulmón forestal y san-
tuario de acuíferos estratégicos para la vida presente y futura de la nación.
En términos generales, existe una sostenida y acelerada práctica criminal
que destella en la destrucción de las condiciones de vida planetaria, sin que
ningún poder nacional o transnacional pueda detenerla en términos jurídicos
globales o en base a controles normativos locales.
Es indiscutible que el poder tecno-económico (global) sobrepasa todo mar-
co regulatorio (local) en el uso poco racional de los recursos naturales y que el
mismo no contempla en su agenda las previsibles consecuencias que plantea
el desequilibrio ecológico inducido sobre los hábitats lesionados que aún so-
breviven en el mundo.
d) Y un mercado criminal subterráneo, de muertes devaluadas, y que
funciona a escala global. En muchos casos y países pudiera aparentar invi-
sible o indetectable, pero los espantos de sus cifras y los extravíos de sus des-
garros desnudan la hipocresía terminal de un sistema-mundo desbocado y sin
control. Paralelo al sistema de justicia, que funciona saturado de las conflictivi-
dades visibles de la superficie, el modelo de control se muestra incapaz de hur-
gar en las profundidades intestinales del aquel inframundo de la criminalidad
global, tanto en el sistema punitivo local cuanto en el discurso criminológico
transnacional. La cuestión, por lo pronto, hace muy difícil la interpretación sin-
cera de una teoría criminal que traspase el grueso espesor de la criminalidad
planetaria, porque el asfixiante peso de las innumerables situaciones anómi-
cas globales dejarían muy mal parados a quienes se atrevieran a “explicar” las
razones etiológicas que revela el fenómeno delictivo de la era postindustrial.
Tráfico de seres humanos, mercado de órganos, narcotráfico, tráfico ilícito de
armas, devastaciones del ecosistema, delitos electrónicos, financieros globales
y locales o interconectados, tráfico de metales preciosos y peligrosos, corrobo-
ran un sin fin de actividades ilícitas que los sistemas de justicia apenas dudan
sospechar. Imposibilitados de actuar materialmente, para los Estados (perifé-
ricos mas) la única salida parece consistir en otorgarle el regimiento solapado
del control subterráneo al poder del crimen organizado que se extiende urbi et
orbi, desde el centro hasta la periferia.

La priorización y polarización de la seguridad interior, simulacro y promesa
del discurso penal populista, vuelve a recaer entonces sobre el delincuente or-
dinario, por una estigmatización deliberada, oficial, programada, que según la
rigurosidad del nuevo discurso criminológico hasta pudiera llegar a ser priva-
do de sus atributos de ciudadano (visto como enemigo de la sociedad) cuando
no, de sus derechos. Porque la otra razón del pensamiento criminológico, más
autoritario, despojado de toda aspiración benevolente, es amoral y tecnológi-
ca, evasiva a cualquier relación de valores. Imbuido de la utilidad costo/bene-
ficio, este discurso criminológico recepta la doctrina del constructo economía-
mundo a partir de la lex mercatoria y pondera en esa lógica el control actuarial
del riesgo sobrevenido por el delito, sin penetrar más allá de las causas o las
raíces que lo provocan.
II. Enfoque criminológico de la delincuencia tradicional
La meta narrativa del progreso que encaminaba a la modernidad confiere
al Estado un rol equiparable de protección y distribución. De hecho, la rule of
law y el Estado de Bienestar se rigen en los pilares gemelos que Young (2003)
ajusta al orden social en que se funda el Estado intervencionista.
El otro elemento que envuelve esta racionalidad comparte campo con el
libre consenso de los valores que abraza la gran mayoría de los ciudadanos que
se subsumen al orden social como el mejor de los mundos posibles.
El modelo bienetarista de Keynes agrupaba en occidente las principales ins-
tituciones del trabajo, la familia, la política democrática, el sistema legal y la
economía mixta, las que, en principio, fueron aceptadas sin grandes cuestiona-
mientos. Lo más interesante para este modelo, materia prima de nuestro en-
foque, es la valoración de la norma: las normas son contempladas en términos
absolutos: son obvias, claramente delimitadas y sin impugnar (Young, 2003:87).
Puede observarse que el fin de la ideología aludida está al alcance de la
mano y los valores occidentales representan el punto final de un progreso que
dejó a millones fuera de su alcance y beneficios. Desde el esquema planteado,
los delincuentes se expresan en una minoría de infractores profesionales, y un
determinado número de criminales y desviados, empujados por circunstancias
psicológicas y sociales. La visión primaria, tapiada del positivismo criminológico,
logra hacer entender que la gente, por lo general, no escoge la desviación (sino
que), es impulsada hacia ella.

La desviación busca, desde un postulado limitado, una explicación causal
que, después de todo, tiene lugar y se localiza con frecuencia dentro de la fa-
milia. En EEUU empieza a mencionarse, conmocionados, los broken homes. El
torrente causal-explicativo se decide por buscar, criminológicamente, un rol
individual: el individuo como un átomo, agenciándonos las palabras de Young,
o como un producto aleatorio con un pasado familiar inusual. Así (y en esta
parte hay una conexión académica que traba con la tesis de Pavarini y Baratta),
las clases peligrosas de la pre-modernidad se convierten (en la modernidad),
en el individuo desviado.
La criminología tradicional, de forma mono casual, intentaba dar una expli-
cación (causal) al delito y se aventuraba, no con pocos riesgos académicos, a la
realización de un enfoque sesgado y quizás quebrado de la realidad, ora desde el
ámbito biológico-antropocentrista, ora desde la orilla sociológica particularista.
Pero,enelvacíocriticodetalesindigenciasteoréticas,lacriminologíaexistía
para encontrar explicaciones, buscar respuestas más o menos fiables y genera-
ba un discurso contradictorio que, so pena de ser visto como ejercicio herme-
néutico de corte causalista, era concesionario de espacios de proyección que
propugnaban por reubicar al sujeto y al delito en la dimensión teleológica de
un marco social que demandaba de nuevos proyectos y de otra ubicación dia-
léctica del delito. Era la señal de un discurso criminológico que si bien adolecía
de una clara articulación científica, auspiciaba la generación de un debate, con
y en pos de la ciencia penal y la criminología, sobre una repisa de grandes pro-
porciones conceptuales. Hoy, en cambio, tanto el aparato penal cuanto la com-
plejidad del delito, son fagocitados en la garganta instrumental del globalismo;
las instituciones de la justicia penal, el desviado, el bien jurídico protegido, las
normas superabundantes, la víctima y las consecuencias finales de cualquier
conflicto (la pena) entrarán en la bolsa común que, de forma y manera actua-
rial, perfilarán los intereses de la economía-mundo, del globalismo.
La criminología, desde aquella ladera mencionada, operaba como una sub-
cultura del Derecho penal positivo (Baratta, 1989:40), enarbolando el enfoque
bio-antropológico o privilegiando los factores sociológicos. El fenómeno cri-
minal, vislumbrado por esta corriente, era concebido como un dato ontológico
pre-constituido a la reacción social y al Derecho penal; la criminalidad deviene
objeto de estudio en sus causas, independientemente del estudio de las reaccio-
nes sociales y el Derecho punitivo.
Sin embargo, con el discurrir del tiempo y ante la situación descrita, el Esta-
do de Bienestar acogía al desviado, desde las zonas limítrofes al cuerpo prin-

cipal de la sociedad, y aparece allí un nuevo lenguaje terapéutico para traba-
jadores sociales que envuelve a consejeros, psicólogos etc., quienes entran a
formar parte de otras disciplinas afines. El sujeto desviado, objeto de una san-
ción penal, dentro de esa tesitura, era motivo de interés para la criminología
tradicional. En el presente, a contrapelo de lo anterior, el razonamiento econó-
mico practica y pone en ejecución unos moldes que se alejan del viejo respaldo
social y, antes bien, contabilizan como un dato de la realidad al delincuente,
para reconocer que el delito se ha vuelto un hecho social normal, extraviado de
cualquier enfoque correccionalista, y, mal que bien, como resultado predecible
de las rutinas sociales normales y no como inclinaciones desviadas.
Consecuente a ello, la otra rama del mismo tronco se avoca a presentar un
análisis absolutista y moralizador del delito, por lo que toda acción delictiva
encaja con la voluntad del individuo quien, por malvado y peor elector, ha he-
cho una malograda elección de su vida. Así, toda persona proveniente de los
under class es inmoral y fuente del problema, razón por la que se deben refor-
zar la cultura del control (Garland, 2006: 302) y las formas de excluir y vigilar
a los más marginados. Es el discurso que ha resurgido para explicar las cues-
tiones sociales y se extiende, por igual mecanismo y lógica económica, a las
penales.
Aquí yace el componente ideológico que, para el delito y la desviación,
el modelo de economía-mundo les tiene reservado a la criminología y a la
política criminal del siglo XXI. A su vez, la criminología, que comienza a dar
los primeros pasos independientemente de su pasado darwinista y biologista,
y el mismo fenómeno criminológico se pueden explicar ahora desde otro pa-
rámetro social y desde otra vertiente político-criminal. La postmodernidad ha
dejado en franco desarme teórico a la criminología tradicional y, lo peor, sin
categorías de pensamiento ni ideas creíbles y sinceras al pensamiento crimi-
nológico del siglo XXI. Indemne y desorientado ante el fenómeno radical que
ha generado el tecno-globalismo, el pensamiento penal enmudeció sin más ni
más.
III. La nueva criminología y el desprecio por los extraños
Muchos de ellos encabezan las listas impiadosas de los nuevos enemigos
(globales y locales), para quienes estarán destinadas las leyes, la fuerza y la
misma guerra que por la seguridad global estará justificada siempre. Terro-
ristas y narcotraficantes e inmigrantes endosan los primeros lugares de la

clasificación regional de la enemistad, prohijada por el esquemático mundo
jurídico del globalismo y la joya más preciada de su corona, el derecho penal
del enemigo.
Garland (2006:63), que es un acucioso teórico y criminólogo británico, le
añade a esa criminología (del otro, del peligroso) un carácter anti moderno,
defensora del orden y la autoridad con la afirmación de estándares morales
absolutos. Un pensar abiertamente antiliberal, al dar por sentado que ciertos
delincuentes son simplemente “malvados” y, por ende, intrínsecamente dife-
rentes del resto de nosotros, visión tangencial con implicaciones ontológicas y
epistemológicas difuminadas, discriminatorias, excluyentes. Se reconstruye de
esta manera la versión más acabada de la criminología de factura lombrosiana,
una “mirada criminológica de clases”, inserta en el mismo espíritu posmoder-
nista del siglo XXI. Aquellos otros peligrosos, “perversos y malvados”, que ame-
nazan nuestra seguridad, nos alientan a estar preparados –como señalaba un
primer ministro inglés–, para condenar más y perdonar menos.
Gente así, de acuerdo al discurso de marras, debe ser excomulgada y expul-
sada, porque un detonante razonamiento criminológico, antípodas de las po-
líticas de solidaridad social, insinúa con regresar a la antropología metafísica,
de corte étnico-racial, absolutamente excluyente del otro. Es aquí donde entra
la marea crispada de una concepción abiertamente tecnocrática, funcionalista,
del poder punitivo global en base a la taxonomía penal y criminológica que,
por impulsos Jakobs (1999), gana amplios terrenos en occidente, el derecho
penal del enemigo (feindstrafrecht).
Se ha de reiterar que la primera modernidad caminó pareja con una so-
ciedad que había tolerado dos guerras mundiales, un horroroso holocausto
y el espectro ensombrecido y nada halagador de la guerra fría. Pese a ello, el
mundo contaba con un arsenal de corrientes del pensamiento que, al menos,
intentaban explicar la realidad inmersa dentro de un halo de falibilidad critica-
ble, comprensible. Hoy, los contornos invisibles de la nueva “sociedad del de-
seo”–como hemos sostenido más arriba– rivalizan con aquella forma de com-
portamiento tradicional que si bien no fue modélica y homogénea, al menos
permitía hacer una lectura de sus expresiones más puntuales y fidedignas. La
construcción postmoderna de un esquema de sociedad en la que el mercado
se incorpora a nuestras vidas como escenario social casi perfecto, provoca una
serie de reacciones que deben sopesarse concienzudamente, más allá de la
mera especulación o la carente sensibilidad crítica; la dinámica de una interac-
ción social que se reduce a relaciones mercantiles (principalmente) y que ubi-

ca al individuo, per se, en el centro de una angustiante realización totalitaria,
arroja la categoría sociedad a un neutral agregado de personas distintas y en
el que cada quien deberá atender, como presagiaba Hayek (1975), fundamen-
talmente a sus propios fines. Hablamos de un escenario de arquitectura social
tan seductora y adherente donde, sin embargo, la diferencia campea travestida
de indiferencia sociopolítica, y con capacidad incluso de constituirse en factor
legítimamente de cualquier injusticia (Reigadas, 2002:71).
Un contexto para el que los derechos personales son categorías asignadas
a “derechos del mercado” y la libertad se define de forma negativa, es decir
como ausencia de coerciones, amerita de una reflexión mucho más exigente
que la valoración estética y el libertario optimismo que exuda el catálogo de
felicidades artificiales que oferta el mercado de la era global.
• La sociedad del consumo: abriendo las puertas a un sentimiento au-
tárquico y lujurioso
Un patrón cultural que nos precipita en la postmodernidad, sentimiento lú-
dico que sobrepasa el juego de la “normalidad”: el hiper-deseo. Inclinación casi
irracional, teledirigida por los signos, las imágenes y el lenguaje de los objetos,
y por las significaciones (virtuales) que en no pocos casos se introducen desde
afuera en las cosas reales (Quinelli, 2002:23). García Canclini (1992:81) en
“Consumidores y Ciudadanos”, desde México, detalla el fenómeno enunciado
con peculiaridad y sorpresiva preocupación, más en lo referente a la ciudada-
nía y la manera en que el consumo altera sus posibilidades en una democracia,
sobre todo cuando la descomposición política desdibuja la ciudadanía y a las
instituciones llamadas a protegerla.
A todo ello habría que sumarle la revolución digital que funde en una sola
señal e instante palabras, imagen y sonido, una catapulta poderosísima, la
acusada transformación y multiplicación (potencialidad transformadora) que
actúa banalizando espacio y tiempo en todo aquello que sea digitalizable. De
hecho, en el campo de la inteligencia artificial, predice Camino (2003:33), se
aspiraría ya a digitalizar los procesos mentales, conquista que si bien aumen-
ta el espectro de posibilidades del conocimiento, es tentadoramente riesgosa
si se la mira desde la corriente atormentadora del consumo manipulador. El
barullo que genera la revolución tecnológica acogota, a veces dejándolo sin
respuestas, al entronque tradicional de los sistemas normativos de control, a
los formalizados coercitivos y a los socioculturales.

• La imagen contrahecha de un espejo roto
El deseo, la más peliaguda obcecación individualista de este tiempo, afán
casi inaguantable por consumir, con frecuencia se devuelve fraccionado. Y una
crujiente sensación de insatisfacción personal abre compuertas y restablece
los límites de lo posible a lo largo y ancho de la aldea global. De modo que llega
y coquetea también en nuestra realidad contingente, periférica, convive den-
tro de los retablos de una funesta condición humana de desigualdad material
que puede alcanzar un grado desquiciante de insatisfacción y enojo. Ese hecho
cotidiano de “compartir” estos nuevos valores nos da, al menos virtualmente,
derechos legítimos de detentarlos o por mayor apetencia, el derecho de aspirar
a desearlos, porque el deseo de consumir, gracias a los mass media, se desliza
como un “bien” que se exporta sin mayores obstáculos y a raudales por todo el
globo terráqueo. Sin embargo, aquel individuo que tiene posibilidad o acceso
a los bienes ofertados por el mercado se convierte, ipso facto, en otra víctima
instantánea de su propia insatisfacción cambiante, o sea, haber consumido lo
anhelado no quita la fabricada necesidad de que llegue otro hiper-deseo mu-
tante, porque éste cambia de continuo, le acecha y atrae, infinitamente en cada
instante.
Mientras que, del otro lado, se nos presenta la muchedumbre pasiva (ex-
cluida), un amasijo vital apenas, de gente de vidas desperdiciadas, esos que
viven y mueren, como ha señalado Bauman (2005:82), sin deleites de ningún
tipo ni clase: Tras los coloridos telones de la libre competencia y el comercio
entre iguales, persiste el homo hierarchicus. En la sociedad de castas, solo los
intocables podían (y tenían que) manipular las cosas intocables. En el mundo de
la libertad y la igualdad globales, las tierras y la población se han dispuesto en
una jerarquía de castas.
En tanto que, ni la opulencia de los países ricos ni la rapidísima “occidenta-
lización” en todos los nichos y regiones del planeta han evitado ver la descon-
figuración palmaria, mundializada de la desigualdad aplastante que bordea
de polo a polo al planeta. La desigualdad proverbial que cruza la matriz de la
globalización, se proyecta semejante a la imagen fracturada que nos devuelve
un espejo roto: millones de seres humanos, básicamente en América Latina
y África, a penas contemplan el fenómeno virtualmente, sin llegar siquiera a
satisfacer sus necesidades primarias o fundamentales. Huelga reiterar aquí, el
peso redundante de la espantosa exclusión social que acusa América Latina,
donde poco más de 100 millones de personas subsisten con un dólar per cápi-
ta al día y 52 millones viven en condiciones de extrema subsistencia.

El proceso, que deviene mega placentero en las praderas del capitalismo
central (Europa, USA y Japón) se advierte fragmentado en los márgenes pe-
riféricos de nuestro subdesarrollo (cíclico), con un estatus histórico que hoy
refleja los síntomas notorios de una cronicidad envejeciente y brutal. Stiglitz
(2001), premio nobel de economía, ha elucubrado sobre los momentos tenden-
ciosos y dispares que, entre ricos y pobres, acentúa la globalización, y elabora
una de las interpretaciones más lacónicas y viscerales utilizada para desnudar
la intríngulis del fenómeno, y así, con un dejo irónico y cortante, la pinta sobre
un contexto hegemónico de exegética factual, porque para Stiglitz (2001:30),
esta es una globalización fragmentaria.
La mencionada fragmentación da impulso al modelo generador de una la-
cerante distancia social, planetaria, y cada vez más pronunciada en una Lati-
noamérica polarizada, naufragando todavía entre dos polos muy asimétricos,
divididos por la pobreza y la inequidad, dilemas que en pleno siglo XXI siguen
siendo los grandes retos políticos y humanos de la región. A grandes rasgos,
la debilidad de un Estado, en términos geopolíticos, sometido a relaciones de
dominación sensiblemente identificable, encuentra grandes obstáculos para
construir, en primer plano, canales germinales y vinculantes de cohesión so-
cial y, en segundo término, ve castrada la posibilidad de promover mercados
incluyentes, instituciones democráticas creíbles y una política social de nueva
generación: universal, solidaria, eficiente e integral.
En un mundo tan ambiguo como el latinoamericano, en el que los niveles
de polarización (crecimiento económico y aumento demográfico de la pobre-
za), entre 1990 y 2004, han aumentado sostenidamente (Kliksberg, 2007:24),
la fragmentación social, económica y política, nos ha enseñado que, al menos
empíricamente, la legitimidad y la gobernabilidad zancajean contraídas entre
los muros de la fractura política, y los indicadores robustos de la conflictivi-
dad social parecen columpiar en medio de la distracción colectiva. De los en-
tuertos sobrecogedores que se producen en una amplia franja de su colectivo
social, excluido o atomizado por las crisis, el Estado latinoamericano termina
criminalizando, desde el punto de vista punitivo, a un mar de compartimientos
que surgen, con propiedad, por estas fracturas del orden político con amplio
historial negligente. La criminalización de la pobreza no encuentra otra expli-
cación que los desequilibrios sociales, llevados por el legislador sin empacho
(siempre dispuesto a colocar penas sobre penas) hasta una carpeta de fórmu-
las criminalizantes que la cultura jurídica y popular se satisfacen en llamar un
código.

• El desviado y las nuevas formas de la criminalidad
Ese otro, desde siempre visto como problema o portador de la enemistad
interna, ha receptado los discursos políticos y mediáticos, y con los mismos
propósitos ideológicos, las prácticas administrativas y sociales dominantes
con relativa facilidad. De ahí la proclividad para criminalizar los migrantes, los
excluidos y los extraños. De todo ello resulta que los conceptos de migración,
ilegalidad, marginalidad y criminalización, hayan sido fuentes frecuentes de
estigmatización y, en casos extremos, de invisibilización social de raigambre
deshumanizante (Brandariz García, 2003).
Ahora bien, vale la pena traer a cuento que es la modernidad, muy a con-
trapelo de su exégesis criminológica de amparo causalista, la que observaba al
otro como un ciudadano carente de atributos (de civilización o socialización),
es decir, como alguien que se enfrentaba con barreras y por ello el discurso pe-
nal y criminológico de la modernidad adoptó un carácter terapéutico de inte-
gración, de rehabilitación o readaptación social que se inicia con el pago de sus
deudas con la sociedad, misma que, de ser posible, lo acogerá posteriormente,
o, como indicara Young (2003:89), intentará reinsertarlo.
¿Y qué ocurrió entonces? Que el mundo construido hasta entonces se des-
orientó y deslizó hacia la inestabilidad y la crisis (Hobsbawm, 1994:124). En
consecuencia, la postmodernidad entronizó e impuso otra mirada sobre la
desviación social; el referente de la pena resocializadora perdió efectividad. La
báscula predominante del costo/beneficio acabó por sentar bases y fincar in-
terés, con la fuerza inmanente del mercado y su turbión cultural de nuevas
formas y fondo de la civilización.
La más profunda revolución cultural del siglo XX se hizo acompañar de dos
procesos paralelos que --para Young-- resultan inseparables como fenómenos
explicativos de una conducta universal, la cual, aún al día de hoy, se expresa y
mantiene desde los centros del desarrollo y a escala global. Ellos son: la revo-
lución cultural que significó el individualismo y la crisis económica que siguió
los veinte años posteriores a 1973. En todo caso, estos dos parámetros anudan
el punto de inflexión que marca el mercado laboral del mundo industrial avan-
zado (Young, 2003:91).
El nudo académico que plantea esta coyuntura histórica, en niveles distin-
tos pero en franca convergencia hermenéutica, obliga a la coincidencia de pen-
sadores tanto de izquierda como de derecha, en ambas direcciones del orden
a la aceptación sin resabios de que: el cambio de rumbo de las fuerzas del mer-

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