El documento resume una resolución judicial que establece una medida cautelar de no innovar sobre ciertos espacios del edificio conocido como "Palacio Policial-D2" en Mendoza, Argentina. La medida busca preservar esos espacios como posible evidencia para causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar, mientras permite que otras dependencias sean reasignadas para nuevos usos.