En marzo de 2011, en un momento en que ya existía un alto el fuego de ETA, la Guardia Civil practicó una redada en Bizkaia que concluyó con gravísimas denuncias de torturas. Sobresalía la de Beatriz Etxebarria, que incluía una violación en los calabozos. Aquel caso fue denunciado por las organizaciones habituales y por algunos medios como GARA, pero no hubo respuesta del Gobierno español y tampoco mereció la atención de la práctica totalidad de partidos e instituciones vascas. Ahora, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) ha recogido ese caso en el informe relativo a la visita al Estado español que mantuvo dos meses después. Sitúa el testimonio como «creíble y consistente», igual que otros nueve más

1. TORTURAS EN EUSKAL HERRIA
El Comité Europeo recoge que Beatriz Etxebarria fue violada en los
calabozos en 2011
Publica su informe de la visita realizada dos meses después, en el que
destaca como «creíbles y consistentes» los testimonios de torturas de
diez detenidos durante la primera mitad de ese año
Ramón SOLA | DONOSTIA
En marzo de 2011, en un momento en que ya existía un alto el fuego
de ETA, la Guardia Civil practicó una redada en Bizkaia que concluyó
con gravísimas denuncias de torturas. Sobresalía la de Beatriz
Etxebarria, que incluía una violación en los calabozos. Aquel caso fue
denunciado por las organizaciones habituales y por algunos medios
como GARA, pero no hubo respuesta del Gobierno español y tampoco
mereció la atención de la práctica totalidad de partidos e instituciones
vascas. Ahora, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura
(CPT) ha recogido ese caso en el informe relativo a la visita al Estado
español que mantuvo dos meses después. Sitúa el testimonio como
«creíble y consistente», igual que otros nueve más.
Se trata de personas que fueron detenidas, siempre por la Guardia
Civil, en los seis primeros meses de 2011. El CPT remarca que los
testimonios son coincidentes en detalles como que recibieron golpes y
que «les colocaron una bolsa de plástico en la cabeza, provocándoles
sensación de asfixia, una práctica conocida como `la bolsa', y que
simultáneamente les obligaron a realizar ejercicios físicos
prolongados». Refiere también amenazas y abusos sexuales.

2. Entre estos últimos, la delegación europea se detiene en el caso de
Etxebarria (aunque el informe no incluye nombres concretos en
ningún momento y tampoco cita que se trata de ciudadanos vascos).
«Una tercera persona -explica en su página 16- alegó que había
recibido bofetadas y puñetazos durante el traslado a Madrid a cargo
de la Guardia Civil, y que en el curso del primer interrogatorio en la
calle Guzmán el Bueno la mantuvieron desnuda, la envolvieron en
una manta en el suelo y la golpearon repetidamente. También dijo
que en el curso de otro interrogatorio, mientras llevaba puesta `la
bolsa', le aplicaron vaselina en la vagina y el ano y le introdujeron un
palo en el recto, al tiempo que le amenazaban con más abusos
sexuales si se negaba a hablar. Además, dijo que la mantuvieron
desnuda durante todos los interrogatorios y que continuó recibiendo
amenazas de abusos sexuales a ella y a su pareja: en particular, dijo
que después de haberla mojado con agua, le ataron electrodos al
cuerpo y le amenazaron con aplicarle electricidad».
«El maltrato cesó una vez que decidió prestar declaración el último
día de su detención en régimen de incomunicación -sigue diciendo el
Comité Europeo-. Las alegaciones de malos tratos, incluido el abuso
sexual y las amenazas de aplicarle electricidad, fueron registradas en
los informes del médico forense en el tercer y cuarto examen»,
concluye.
Tras resumir todos estos testimonios, el CPT indica que «a la vista de
la información recopilada, parece que el objetivo de los malos tratos
alegados era el de conseguir que la persona detenida firmara una
declaración (es decir, una confesión) antes de que acabara la
detención en régimen de incomunicación y confirmar dicha
declaración antes de la vista oral».
Este informe del CPT ha sido publicado ahora junto a las alegaciones
correspondientes emitidas por el Gobierno español. Curiosamente,
pese a que estas últimas ocupan más del doble de espacio que aquel
(205 páginas frente a 102), no hay réplica alguna contra los párrafos
que recogen estos testimonios de detenidos vascos.
Sí se efectúa una consideración general posterior, tras enumerar
quiénes fueron los detenidos incomunicados durante esos seis meses
(incluida Etxebarria). Madrid asegura que «las personas detenidas
fueron tratadas de forma correcta durante su estancia en las
dependencias de la Guardia Civil y, en concreto, no se les tomó
declaración esposadas, ni encapuchadas ni con los ojos vendados.
Tampoco permanecieron de pie durante largo rato. No se realizaron
tomas de declaración sin la asistencia de abogado de oficio».
«Todas las declaraciones se tomaron siguiendo las prescripciones
legales y en las diligencias instruidas constan las horas de comienzo y
finalización de los interrogatorios, queda constancia de los agentes

3. que las realizaron, así como del instructor y secretario en cada una
de las diligencias y actos de instrucción policial realizados», añade.
Insta a investigar
El argumentario del Gobierno español ante el CPT se basa en
sostener que la incomunicación es una práctica poco frecuente pero
justificada debido a la presunción de vinculación con ETA de estos
detenidos. Asegura que es un régimen que cuenta con garantías. Y
recurre una vez más a afirmar que este tipo de denuncias de torturas
son habituales y forman parte de una maniobra orquestada.
Alega además que cada denuncia de torturas es trasladada a los
juzgados y que a los sumarios se incorporan los informes forenses
correspondientes. Sin embargo, tras reflejar los testimionios que
recabó, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura «solicita a
las autoridades españolas que lleven a cabo una investigación
rigurosa e independiente sobre los métodos utilizados por oficiales de
la Guardia Civil cuando retengan e interroguen a personas
detenidas». Y añade que «el CPT desea recibir dentro de un plazo de
tres meses un informe detallado sobre las acciones adoptadas para
aplicar estas recomendaciones».
Tras recordar al Estado que anteriormente ya le trasladó «los criterios
necesarios para que una investigación sobre malos tratos sea eficaz»,
el CPT lamenta que «parece deducirse que cuando se formulan estas
alegaciones son sistemáticamente consideradas como no fiables».
Indica que le consta que en estos diez casos se han emitido informes
forenses, pero desde los juzgados no se ha tomado medida alguna
para investigar los casos.
En este contexto, hay que recordar que Europa viene poniendo de
manifiesto su constancia de la negativa del Estado español a
investigar torturas. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo
ya ha dictado tres condenas por este motivo: Mikel San Argimiro,
Aritz Beristan y Martxelo Otamendi.
El caso de Etxebarria también será visto por Estrasburgo. TAT y
Behatokia anunciaron una demanda el pasado noviembre tras
constatar que las diferentes instancias españolas «se han negado a
proceder a cualquier tipo de investigación con el beneplácito incluso
del Constitucional».
«Sorprendente» que todas las redadas sean de un mismo juez:
Grande-Marlaska
El carácter periódico de estas visitas permite al Comité Europeo ir
viendo la evolución de la legislación y la práctica. Así, en este informe
de 2011 saluda positivamente que haya aumentado el número de
jueces de Instrucción que aplican un protocolo de «salvaguardias
específicas» para limitar los efectos de la incomunicación. La

4. delegación europea dice que en 2007 eran dos de los magistrados del
tribunal especial los que tomaban estas medidas y que ahora, cuatro
años después, son tres. Sin embargo, a continuación califica de
«sorprendente» que todas las detenciones en régimen de
incomunicación producidas en los cinco meses investigados de 2011
«fueron autorizadas por un juez que no aplica ninguna de estas
salvaguardias».
Aunque el informe evita detallarlo, se trata de Fernando GrandeMarlaska, que fue el que ordenó la redada de Bilbo en la que fue
detenida Beatriz Etxebarria junto a Daniel Pastor, Lorena López e
Iñigo Zapirain. Todos ellos fueron encarcelados. Pastor pasó por el
hospital durante el periodo de incomunicación; la versión oficial fue
que «se autolesionó».
En sus alegaciones, el Gobierno español reconoce catorce detenciones
incomunicadas durante ese periodo (siete en enero en Nafarroa
contra acusados de integrar Ekin, las cuatro citadas de Bilbo y dos
más en Legorreta y otra en Bera en abril). Niega cualquier caso de
maltrato.
En la actualidad, según afirmó recientemente en Bilbo el exjefe de lo
Penal de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, cinco de los
seis jueces de instrucción de la Audiencia Nacional están dispuestos a
aplicar eso que el CPT denomina «salvaguardias». Las últimas
denuncias de torturas producidas en Euskal Herria son las de Iñaki
Igerategi e Iñaxio Otaño, detenidos en Tolosa y Andoain en febrero
de 2012, hace catorce meses.
TAT y Behatokia, colectivos que lideran la lucha contra la tortura en
Euskal Herria, tomaron este informe como «un espaldarazo» a su
labor. Tras resumir las demandas del Comité Europeo, subrayan «la
falta de voluntad evidente que tiene el Estado español para modificar
su actitud». Así las cosas, invitan a Europa «a tomar medidas al
respecto, haciendo uso por ejemplo de la capacitación ofrecida por el
artículo 10, apartado 2 del Convenio: `Si la parte no coopera o se
niega a mejorar la situación a la vista de las recomendaciones del
Comité, este podrá (...) hacer una declaración pública al respecto».
Por su parte, Amaiur ha anunciado iniciativas tanto en las Cortes
españolas. En el Congreso ha pedido la comparecencia urgente del
ministro del Interior para que dé explicaciones. Y en el Senado, Iñaki
Goioaga ha presentado una pregunta dirigida a Mariano Rajoy para
que aclare si piensa hacer efectivas las recomendaciones de este
Comité Europeo. R.S.