1. Seguridad Pública en los
Estados Unidos Mexicanos
Dip. Fed . Liev Vladimir Ramos Cárdenas
LXI Legislatura de la Cámara de Diputados
México

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Liev Vladimir Ramos Cárdenas
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1. Introducción
A través de estas líneas se pretende dar una idea general Hoy, el Estado Mexicano hace frente a tal situación, y
sobre la legislación nacional específica en materia de aunque ha dado como resultado una situación difícil para
seguridad pública, de la situación actual que se observa los ciudadanos, la salvaguarda de las garantías
en nuestro país desde esta perspectiva y de los grandes constitucionales de los mexicanos es compensatoria. En
retos que se vislumbran, así como de las soluciones que este apartado, cabe resaltar que la Estrategia Nacional de
el Estado Mexicano está realizando actualmente para Seguridad ha logrado resultados significativos en cuanto
hacer frente a las circunstancias. a la desarticulación de las estructuras directivas, financieras,
logísticas y operativas de la delincuencia organizada.
La posición geográfica de México, ha generado a lo largo Ejemplo de ello es la detención de importantes líderes del
de los años, una relación compleja tanto con los países al crimen organizado. Del 1º de diciembre de 2006 al 19 de
sur como con los Estados Unidos de Norteamérica. Esta agosto de 2010 se ha logrado la detención de 117 mil 283
última relación, la de la frontera norte, guarda en si una presuntos delincuentes, entre ellos más de 82 mil vinculados
particularidad: la demanda y oferta de drogas y los al narcotráfico.
efectos colaterales que ésta genera. Dentro de dichos
efectos está la organización criminal que para satisfacer En esta etapa que se inaugura en México a partir del año
la demanda generó en México una dinámica inconcebible en 2006, se deja sentir la imperante necesidad de revitalizar
otros países. La actual administración federal, consideró las leyes, dotarlas de instrumentos que les permitan encarar
necesario emprender una lucha frontal y decidida contra de manera más eficiente la lucha contra el crimen
el crimen organizado; y no ha sido fácil pues los sexenios organizado, y es en este sentido, que esta ponencia pretende
acumulados de impunidad y la falta de decisión de las dar un panorama general de lo que estamos haciendo en
autoridades en turno crearon un marco adecuado materia legislativa desde la Cámara de Senadores, y la de
para que la delincuencia organizada pudiera operar Diputados, así como desde el Ejecutivo Federal.
lesionando intereses de la población.
1.1 Naturaleza del Estado Nación
El Estado se forma por una necesidad de los seres humanos para pasar del Estado de naturaleza, de venganza privada y
absoluta libertad a un estado más organizado, que permitiera dominar los impulsos primitivos y salvajes de las personas, y
que con ello se diera paso a la vida armónica de los hombres en sociedad.
En este sentido, Kant consideraba respecto de la organización social que era menester salir del estado natural en el que
cada cual obra a su antojo y convenir con todos los demás, someterse a una limitación exterior, acordada públicamente y
por consiguiente, entrar en un estado en que todo lo que debe reconocerse como suyo, de cada cual, es determinado por la
ley y atribuido a cada uno por un poder suficiente, que no es el del individuo, sino un poder exterior. En otros términos, es
menester ante todo entrar en un estado civil.
Mientras que para Rousseau el problema radicaba en encontrar una forma de asociación capaz de defender y proteger con
toda la fuerza común a la persona y los bienes de cada asociado, y en la cual, cada uno, mientras se mantiene unido al todo,
pueda obedecerse a sí mismo, y continuar tan libre como antes.
Así entonces, el surgimiento del Estado nace como una respuesta al problema que representaban las disputas al interior de
los grupos humanos, como una instancia para resolver esos conflictos a través de la mediación y el arbitraje de un tercero: el
gobierno. De ahí que Gilberto Calderón diga que la sociedad misma acepta que parte de ella tenga la función de gobernar,
generalmente apegada a las leyes, normas, usos y costumbres que impiden que ahora esta nueva armonía -ya no natural sino

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estipulada, establecida y regulada- se rompa. En la realidad social la libertad individual da paso a la libertad en el conjunto.
El Estado tendrá una función política básica, consistente en mantener la estabilidad y el control, pero además realizar otras
actividades que incluyan aspectos sociales, económicos, educativos, culturales, de impartición de justicia, etcétera; esto es,
gobernar atendiendo a las necesidades.
Para poder realizar las funciones relativas a la estabilidad y el control, el Estado se reserva de manera exclusiva la utilización de
la fuerza pública institucionalizada, cuyo uso se justifica en preservar un interés superior como lo es la tranquilidad y sana
convivencia de la mayoría de los habitantes, de igual forma la búsqueda de estos objetivos es lo que hace surgir el derecho
que tiene el Estado para ser el único que imponga sanciones y provea lo necesario para su ejecución, el ius punendi (derecho
de castigar).
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 17 recoge todo el fundamento anterior al establecer que:
“Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.”
De estos dos últimos párrafos y de artículos constitucionales que serán expuestos más adelante es de donde se desprende con
mayor particularidad el tema de la Seguridad Pública, tema central del presente documento.
1.2 Constitución del Estado Mexicano
De acuerdo con la doctrina Porrúa Pérez, los elementos integrantes del Estado son tres, a saber: la población, el gobierno
y el territorio.
La Constitución Mexicana se encarga de estos tres elementos constitutivos del Estado de manera general, la Carta Magna
contempla dos grandes apartados. El primero de ellos, la parte dogmática que tiene que ver con los derechos fundamentales
de los individuos y, la parte orgánica que trata sobre la forma en la que se organizan los poderes en nuestro país.
El capítulo II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que comprende los artículos 30 a 38, habla de
las formas de adquirir la nacionalidad mexicana, por nacimiento o por naturalización (30), de las obligaciones de los
mexicanos en el 31, de la ciudadanía (34), de los derechos y obligaciones de los ciudadanos (35 y 36) y de las formas en las
que se pierden la ciudadanía y sus derechos (37 y 38).
En lo que al gobierno respecta, la CPEUM1 establece en su artículo 40 que México es una República, representativa,
democrática y federal, que se compondrá de Estados libres y soberanos pero unidos en una federación, y en cuanto al territorio, en
el artículo 42 se definen las partes que comprende el territorio nacional.
La soberanía de México es ejercida a través de los poderes de la Unión, y de los poderes de los Estados, en los términos
que marca la Constitución en su artículo 41, y las constituciones particulares de los Estados sin contravenir el pacto federal,
existiendo tres niveles de gobierno que interactúan entre sí en los términos señalados:
• Federación
• Estados
• Municipios
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Todo el título tercero de nuestra CPEUM se encarga de regular el funcionamiento de los órganos de gobierno en México y de
sus relaciones entre sí; de esa forma el artículo 73 habla sobre las facultades del congreso, el 74 de las facultades exclusivas
de la cámara de diputados y el 76 de las facultades exclusivas de la cámara de senadores.
Por su parte el artículo 89 otorga las facultades al poder ejecutivo de la unión y los artículos 99 y 105 establecen la competencia
del poder judicial de la federación.
2. Responsabilidades del Estado Mexicano
Constituido el Estado, éste debe cumplir con las funciones para la cuáles fue pensado. En México, al momento de aterrizar
esos objetivos teóricos que justifican la creación del Estado, encontramos entre otros, los artículos 25, 26 y 21 que establecen de
manera muy clara las responsabilidades a cargo del Estado.
2.1 Rectoría económica
Por su parte los artículos 25 y 26 otorgan al Estado la rectoría en el desarrollo de la nación, para garantizar que éste sea
integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía y su régimen democrático y que mediante el fomento del crecimiento
económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la
dignidad de los individuos.
Estos artículos establecen lo que se conoce como rectoría económica del Estado y que tiene como finalidad garantizar el
crecimiento económico del país, que se cumple cuando el Estado toma medidas para alentar la producción, conceder
subsidios, otorgar facilidades a empresas de nueva creación, estimular la exportación de sus productos, organizar el sistema de
planeación democrática del desarrollo nacional y el sistema nacional de desarrollo social, entre otras acciones. En
estos preceptos constitucionales se establece la responsabilidad del Estado de organizar y conducir el desarrollo nacional,
mediante el establecimiento de un sistema de planeación democrática que sea sólido, dinámico, permanente y equitativo al
crecimiento de la economía para la independencia y democratización política, social y cultural de la nación.
En ese sentido, la planeación debe llevarse a cabo como un medio para el desempeño de la responsabilidad del Estado sobre
el desarrollo integral y sustentable del país atendiendo a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales
y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por tanto, la planeación nacional de desarrollo es la ordenación racional y sistemática de acciones que, con base en el
ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social,
política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene como propósito la
transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y
las diversas leyes que las desarrollan establecen.

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2.2 Seguridad Pública
La responsabilidad del Estado para otorgar seguridad pública a su población se establece en el artículo 21, al respecto la
Constitución dice que: “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los
Municipios…”
Esta función de seguridad pública comprenderá, de acuerdo al propio texto de nuestra CPEUM:
• Prevención de los delitos
• Investigación de los delitos y persecución de los delincuentes
• Sanción de las infracciones administrativas
En el desempeño de estas tareas, las instituciones encargadas de la seguridad pública se guían por los principios de:
Legalidad.- Todo acto que viene de la autoridad debe estar apegado a derecho, debidamente fundado y motivado.
Objetividad.- Realizar las funciones propias de seguridad pública de manera imparcial sin distingos, aplicación
irrestricta de la ley a todos los que la infringen o cometen algún delito.
Eficiencia.- Cumplir los objetivos y las funciones de seguridad pública.
Profesionalismo.- Preparación y capacitación en el personal dedicado a las funciones de seguridad pública a tra-
vés de las instituciones encargadas para ello.
Honradez.- En los servidores públicos que tienen encomendada esta importante labor.
Respeto a los derechos humanos.- Los derechos fundamentales reconocidos en la CPEUM conducen y sustentan las
políticas de seguridad pública. Por ejemplo, el artículo 22 de la CPEUM prohíbe las penas de muerte, mutilación,
azotes, palos, tormentos, etc.
En ese orden de ideas las instituciones del Estado Mexicano que tienen encomendada la tarea de realizar las acciones
tendientes de proveer la seguridad pública son el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes
de gobierno que deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública.
Para mayor precisión diremos que el Estado Mexicano a nivel federal cuenta con el Ministerio Público, es decir, la
Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública. A nivel estatal las procuradurías de cada Estado
y las policías estatales; y a nivel municipal con las policías municipales.
Todas estas instituciones deben coordinarse por mandato constitucional para proveer la seguridad pública y por ello se crea
el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
“El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) es la instancia que sienta las bases de coordinación, así como la distribución
de competencias, en materia de seguridad pública, entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, bajo la

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directriz del Consejo Nacional de Seguridad Pública, siendo este último la instancia superior de coordinación y definición
de políticas públicas.”
El sistema nacional de seguridad pública se integra de la siguiente manera:
• Conferencia nacional del sistema penitenciario
• Conferencia nacional de secretarios de seguridad pública
• Los consejos locales e instancias regionales
• Consejo nacional de seguridad pública
• Secretariado ejecutivo
• Conferencia nacional de seguridad pública municipal
La base rectora de la política de los Estados Unidos Mexicanos respecto de la Seguridad Pública se encuentra en el Plan
Nacional de Desarrollo 2007-2012, dónde Estado de Derecho y Seguridad constituyen el Eje 1.
Ahí ponemos de manifiesto que el progreso de toda nación se funda en la justicia efectiva que brinda el Estado de Derecho,
y que el desarrollo humano precisa del respeto irrestricto a la ley, porque solo a través de esta, las personas pueden acceder
a mejores oportunidades de vida, bajo esta concepción, se garantiza la participación libre y responsable de la democracia y
el disfrute de una vida y patrimonio seguros.
Para nosotros, ningún Estado democrático puede lograrse de la plena vigencia de la legalidad, de ahí que nuestras acciones
estén encaminadas a la salvaguarda de nuestros principios consagrados en nuestra Carta Magna.
Para nosotros, el respeto a la ley constituye un factor determinante para el desarrollo del país. El desarrollo económico es
un reflejo sin la plena vigencia del Estado de Derecho pues a lo que conlleva, entre otros, es a la generación de confianza en
los factores económicos, variable determinante para elevar el nivel de vida de los ciudadanos ya que contribuye a reducir la
brecha de desigualdad.
Por ello, como obligación, el Estado debe promover la adecuación constante cuando necesaria, del marco legal para que
éste sea justo y responda a la realidad nacional, de manera tal que la ciudadanía esté convencida de que su interés está mejor
protegido dentro de la legalidad que al margen de ella.
Nuestro país ha dado pasos importantes para consolidar un verdadero régimen de libertades producto de la democracia,
aunque nos queda pendiente la enorme tarea de garantizar a todos los mexicanos la misma seguridad en sus personas y en
sus bienes.
Para el mantenimiento vigente del Estado de Derecho y Seguridad, los Estados Unidos Mexicanos, en el Plan Nacional de Desarrollo
consideramos trece variables que deben ser revisadas constantemente para mantener sus características, y de ser necesario, modificarlas.
A saber, certeza jurídica, procuración e impartición de justicia, información e inteligencia, crimen organizado, confianza
en las instituciones públicas, cultura de la legalidad, derechos humanos, defensa de la soberanía, seguridad fronteriza, cooperación
internacional, prevención del delito, cuerpos policiacos y participación ciudadana. Todas son igual de importantes, ninguna descarta a
la otra ni se antepone, éstas son abordadas con la misma prontitud y determinación por parte de las instituciones correspondientes.

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No obstante, de los diferentes estudios realizados para conocer la percepción de la ciudadanía respecto de sus leyes, una
cantidad importante las considera cómo medios para defender los intereses de gente poderosa o como una simple excusa
para cometer arbitrariedades. Aunado a ello, solo el veintiocho por ciento de los ciudadanos piensa que se puede confiar
en la mayoría de las personas, y otras refieren un quince por ciento en esa misma área. Este clima de desconfianza es
preocupante puesto que la predisposición negativa sobre el comportamiento de los demás inhibe la formación de redes
ciudadanas y de capital social.
En el PND se plantea la importancia de revertir el Índice de Percepción de la Corrupción, el cual no ha tenido cambios
significativos en muchos años, y el gran paso rumbo a ello ha sido el reconocimiento por parte del Gobierno de la República
de la existencia de lagunas en la legislación que abren espacios al abuso y a la violación de los derechos fundamentales. Por
otra parte, se ha determinado y puesto el empeño en reducir la corrupción y la violación a los derechos humanos, hechos
considerados como merma al Estado de Derecho y sobre todo porque impiden que la legalidad sea un verdadero instrumento
para que nuestro país avance en materia de equidad social, justicia, seguridad y progreso económico.
Por otra parte, respecto al sistema jurídico, se están generando acciones para fortalecer la persecución del delito y la impartición
de justicia mediante la eliminación de espacios que dan pie a la discrecionalidad; asimismo, el fortalecimiento del Poder
Judicial, el cual, en materia de independencia es en donde más avances ha tenido. Seguido, otro tema que destaca en el
rubro del marco jurídico es el relativo al Sistema Penitenciario Federal, el cual, ante la falta de una legislación adecuada, se
encuentra distante de su objetivo natural.
Para nosotros, considerado dentro del Plan Nacional de Desarrollo de 2012, el narcotráfico es una de las manifestaciones
más lesivas de la delincuencia organizada, no sólo por los altos niveles de violencia que implica, sino también por la amenaza que
representa a la salud física, emocional y moral de un importante número de mexicanos. Un factor que se ha identificado ha
sido el fenómeno del narcomenudeo, el cual se ha convertido en una nueva modalidad al atomizar los puntos de venta y el
contacto directo con los consumidores.
Ante este fenómeno, el actuar del Estado Mexicano ha sido encomiable, la desarticulación de bandas dedicadas al narcotráfico
muestra un incremento importante en años recientes según la información proporcionada por la Procuraduría General de la
República. En este sentido, uno de los retos planteados es el de eliminar los obstáculos que impiden el flujo dinámico de la
información especializada en la materia entre las instituciones que lo requieren.
Los objetivos 4 y 8 del Plan Nacional de Desarrollo son los principales motores y articuladores de las políticas públicas
encaminadas al fortalecimiento del Estado de Derecho, la salvaguarda de la integridad de los mexicanos y su derecho al
disfrute de sus garantías previstas en la Constitución.

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3. Acciones Legislativas en Materia de Seguridad Pública
3.1 Reforma a la Ley de Seguridad Nacional
Ante el reclamo de la sociedad por soluciones al problema de inseguridad pública para vivir sin temor o sufrir
algún menoscabo en su integridad personal o en su patrimonio a manos de la delincuencia, y por ser ésta una responsabilidad
del Estado, y ante las modificaciones que los delincuentes han realizado respecto de sus patrones de operación, donde empezaron
a vincular redes entre la delincuencia organizada y la delincuencia común, para ampliar las conductas delictivas en las que
incurren, el Estado Mexicano ha realizado acciones para contrarrestar el avance del crimen organizado.
Por ello, el Ejecutivo, considerando sus responsabilidades y la importancia de tener un marco jurídico que le permita
cumplir con sus obligaciones tal cual lo estableció en su Plan Nacional de Desarrollo, presentó al Senado de la República
un proyecto de decreto por el que pretende modificar la Ley de Seguridad, para que se regule la participación del Ejército
Mexicano en las calles cuando se considere que existe una afectación a la seguridad interior, a petición de ayuntamientos,
entidades federativas y legislaturas locales.
Entre otras consideraciones, las Secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y la Procuraduría General de
la República, posterior a la recepción de la Minuta de Ley de Seguridad Nacional por parte de la Cámara de Diputados y
misma que fue turnada a las Comisiones de Gobernación, Justicia y Defensa Nacional, mediante acuerdo, emitieron la opinión
única del Ejecutivo Federal al respecto y la cual establece que:
Existen obstáculos graves que imposibilitan el correcto cumplimiento de las responsabilidades del Ejecutivo en cuestiones
de salvaguarda de la Seguridad Nacional y por ello es importante delimitarlos. Por lo que es importante se dote a las
instituciones encargadas de tal tarea de ciertas atribuciones en materia de comunicaciones para tareas de preservación de la
seguridad interior. De aquí, y el poder sacar al Ejercito a las calles obliga a establecer de manera clara cuando se cumplen las
condiciones para poder emitir una declaratoria de afectación a la seguridad interior, rubro que ha llevado al establecimiento
de mesas de trabajo al seno de la Cámara de Diputados para su apropiado análisis.
Ahí mismo, se establece la importancia de tener medidas secundarias que puedan ser tomadas previo a la declaratoria de
afectación interna o para la defensa exterior, se señala lo oportuno de ampliar las facultades de investigación, dar a la Secretaría de
Gobernación atribuciones para tomar decisiones en cuestiones locales lo cual establece un punto medular a discutir puesto
que nuestra estructura como federación tiene precisiones muy claras respecto a ello.
Plantea acciones necesarias a consecuencia del contexto crítico de nuestro país, algo que sin lugar a dudas busca establecer
mínimos de igualdad de condiciones para poder vencer al crimen organizado, y como tal, el alcance de esos mínimos
solicita que los ciudadanos cedamos una parte más de nuestras libertades y derechos y ahí, en ese entramado de hasta donde
es necesario y hasta donde se convierte en exceso, la revisión de tal proyecto en la Cámara de Diputados busca apoyar y
fortalecer lo propuesto en caso de considerarlo viable o, restringir ciertas consideraciones de considerarlo apremiante, y es
que la idea del Ejército en las calles representa ir en contrario de uno de los conceptos más arraigados en la idiosincrasia
nacional externada en las opiniones de los legisladores, la asistencia del fuero militar.

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3.2 Mando Único
A pesar de los esfuerzos encabezados por el ejecutivo de la unión, la seguridad pública en el país representa uno de los
principales reclamos de la ciudadanía que requiere vivir sin temor de sufrir menoscabo en su esfera de derechos, en su
patrimonio y en su integridad personal.
Para ello, es preciso acompasar nuestras leyes con las necesidades actuales que vive México, si bien, se han dado grandes
pasos en ese renglón aun es necesario continuar con los esfuerzos que garanticen la vida, la libertad, la tranquilidad y la
seguridad de las personas. En este sentido y con la finalidad de lograr mayor eficiencia en el cumplimiento de la función
estatal de seguridad pública, el Ejecutivo Federal en días pasados presentó al congreso de la Unión una iniciativa de ley para
lograr un mando único policial.
Para comprender lo anterior, es necesario tener en cuenta que la mayor parte de los delitos cometidos en nuestro país en la
última década corresponden a los delitos del fuero común, esto es, aquellos delitos que se encuentran contemplados en los
códigos penales de los Estados y que son perseguidos por autoridades locales. Entre 1994 y 2009 del 100% de los delitos
cometidos, los delitos del fuero común significaron un porcentaje entre el 92 y 95%. Esta tendencia va en aumento y se
constituye por delitos como el robo por citar un ejemplo y que además constituye el delito más cometido en México.
Las instancias que deben perseguir estos delitos son las locales y se encuentran rebasadas ante el aumento de esas cifras, y
si bien las instancias federales se orientan a la prevención, investigación y persecución de los delitos federales como
la delincuencia organizada, cada vez se hace más evidente la necesidad de valerse de su capacidad organizativa y de sus
estructuras para atender el problema de seguridad pública en los municipios, pues la delincuencia organizada se orienta a
controlar y sistematizar a la delincuencia del fuero común como un primer eslabón en la cadena delincuencial.
A esto debe sumársele los años pasados en los cuales no se tomaron acciones policiales claras que permitieran articular los
esfuerzos de los cuerpos policiacos en nuestro país y que abonó en un deterioro de las instituciones policiales, sobre todo en
las locales que son las más cercanas a la población.
En nuestro país existen alrededor de 2000 cuerpos policiales municipales, y cada uno cuenta con procedimientos específicos,
variados, difusos y subraya esta heterogeneidad policial la desproporción que existe de municipio a municipio, respecto de
cuestiones estructurales y presupuestales y de equipamiento.
Cuestiones que revisten una gran dimensión cuando se traducen en desequilibrios de ingresos, prestaciones sociales,
recursos materiales, procesos de reclutamiento y selección, de formación y de escalafón; pues al momento de
evaluar los desempeños de las fuerzas policiales, la calidad de los resultados varía significativamente.
Otra de las causas de los desempeños deficientes que presentan los cuerpos policiales municipales y que es importante
evaluar, tiene que ver con la falta de homologación en materia de ingreso, capacitación y de operación, lo que en algunas
ocasiones se ve acentuado por el reducido número de integrantes que conforman el cuerpo policiaco, esta misma situación
vuelve a los cuerpos policiacos municipales más vulnerables y con mayores probabilidades de ser corrompidos por el
crimen organizado.
La consecuencia es muy sencilla, en primer lugar una falta de crédito ante la sociedad en quienes se suponen deben
cuidarlos, y en seguida la inseguridad que genera la falta de eficacia en los cuerpos municipales. Para reforzar la idea
anterior, baste observar los eventos recién acontecidos en México donde se demuestra la colusión de las policías municipales con
el crimen organizado para perpetrar ejecuciones, en algunos casos, de personajes públicos.

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Por otra parte, otra de las grandes y graves asignaturas pendientes que se tiene en materia policial, es el bajo nivel educativo
de los integrantes de los mismos, pues la mayor parte de los policías sólo cuenta con la educación básica. (68.3%)
Por todo ello, y ante la notoria debilidad institucional de algunos municipios en cuanto a sus cuerpos policiales se refiere,
el mando único policial consiste en aquellos cuerpos policiales de los Estados o de los Municipios que acrediten cumplir
con los requerimientos mínimos necesarios podrán llevar a cabo por sí, las funciones de seguridad pública que les toca por
mandato constitucional y de conformidad a los establecido en las leyes de la materia.
Para aquellos municipios que presenten algunas de las dificultades de las que ya se ha hablado, los servidores públicos que
formen parte de sus corporaciones deberán ser integrados a los cuerpos estatales para sumarse a procesos de certificación y
profesionalización sin que puedan conservar unidades de policía o algún otro organismo que realice funciones de seguridad
pública. De esta forma, el Estado federal Mexicano respeta aquellos municipios que puedan prestar esta función de
seguridad pública y realiza esa función subsidiariamente (complementariamente) en aquellos órdenes locales que no
puedan realizarla. Este constituye una nota distintiva del federalismo, respetar los órdenes locales y darles libertad y
margen de acción pero para aquellos casos en los cuales el orden local se vea impedido el orden federal se acciona.
Un mando único policial tendría las siguientes características:
• Facilita el consenso político para la reforma, debido a que es más flexible
• Permite aprovechar policías municipales que funcionan
• Aprovecha las competencias de los municipios que han avanzado en seguridad
• Es consistente con unidad de mando por los gobernadores
• Homologa áreas metropolitanas
• Permite una participación más activa de alcaldes
• Resuelve los problemas de convenios
• No cierra la posibilidad a los municipios de contar con policía

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4. Conclusiones
La aprobación de ambas propuestas significa que será necesario realizar reformas a otras leyes para que puedan transitar
armoniosamente y fortalezcan el espíritu de la primera y no caer en inobservancia de los marcos jurídicos.
Han sido años muy difíciles para nuestro país, pero tenemos instituciones fuertes, y en lo personal y en mi carácter
de Representante Popular considero que los problemas en materia de Seguridad Pública no son otros que aquellos que se
agravaron por los años de pasividad con que las autoridades los manejaron, años en los que, el crimen organizado permeó
las instituciones y la afectación causada hoy deja sentir sus efectos con fuerza, principalmente en los gobiernos locales.
La lucha del gobierno contra el narcotráfico requiere que la ley se actualice a las circunstancias actuales, que genere mayores
condiciones y otorgue más y mejores instrumentos jurídicos que permitan al gobierno aumentar su eficiencia en la lucha
contra el crimen organizado.
Si bien el Estado hace uso de la fuerza pública, este uso no es irracional ni discrecional, sino que encuentra su fundamento
en la naturaleza ontológica del Estado, es decir, el uso de la fuerza es para preservar el orden, combatir el crimen y evitar
que se rompa la armonía entre la población y únicamente puede ser ejercido por el Estado y a ello no podemos renunciar,
bajo ninguna circunstancia, y tenemos en el Ejército una de las instituciones con mayor prestigio y niveles de confianza en
nuestro país.
Corresponde al Estado, entre otras, la función de la seguridad pública, dicha función estatal corre a cargo de los tres niveles
de gobierno, y para ello se ha creado el Sistema Nacional de Seguridad Pública que se encarga de coordinar y delimitar la
participación de los niveles antes mencionados por lo que el Mando Único bien podría ser considerado como un paso más
dentro de éste marco.
Puede concluirse que la legislación actual tal y como se encuentra no es suficiente para hacer frente a los graves problemas
nacionales, específicamente al que tiene que ver con la lucha contra el crimen organizado, para ello es necesario acudir a