El derecho a una vivienda adecuada fue reconocido como un derecho humano fundamental en 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde entonces, varios tratados internacionales han reafirmado la obligación de los estados de promover y proteger este derecho. El derecho a la vivienda no se limita a un techo y cuatro paredes, sino que también incluye el derecho a vivir con seguridad, dignidad y salud física y mental.