La Procuraduría considera constitucional el derecho de las víctimas de violencia sexual a no ser sometidas a pruebas repetitivas. El pasado 18 de junio se aprobó la Ley 1719 de 2014, que modifica artículos de las leyes 559 de 2000, 906 de 2004 y adopta medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial con ocasión del conflicto armado.

1. Víctimas de violencia sexual no deben ser sometidas a
pruebas repetitivas
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La Procuraduría considera constitucional el derecho de las víctimas de violencia
sexual a no ser sometidas a pruebas repetitivas
El pasado 18 de junio se aprobó la Ley 1719 de 2014, que modifica artículos de
las leyes 559 de 2000, 906 de 2004 y adopta medidas para garantizar el acceso a la
justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial con ocasión del conflicto armado.
La ley colombiana
La Ley 1719 de 2014 pretende la generación de mecanismos que posibiliten y
certifiquen el derecho de accesoa la justicia de las víctimas de violencia sexual. Se hace
especial hincapié en aquellas que hayan sufrido delitos de esta índole en el marco del
conflicto armado interno.
La aprobación de la ley está orientada a priorizar la atención a mujeres, niñas,
niños y adolescentes afectados por estos delitos. Se considera que, si el Estado no procura
facilitar el acceso a la justicia a estas víctimas, se incurre en un caso de doble
victimización, porque no sólo padecen el delito sino que se les imposibilita

2. su reconocimiento como víctimas y la captura y condena de los delincuentes
responsables.
Esta Ley fue demandada por un particular, por lo que la Procuraduría General
de la Nación ha emitido un concepto ante la Corte Constitucional defendiendo la
constitucionalidad del derecho de las víctimas de violencia sexual a no ser sometidas a
pruebas repetitivas, norma que consagra la Ley demandada.
El caso en cuestión
Según la Procuraduría General de la Nación, la demanda contra la Ley se basa
en la errónea creencia de que la denuncia penal ya constituye una prueba. Esta
consideración supondría la inobservancia de conceptos básicos del derecho penal y del
objeto mismo de la norma acusada.
Con estas bases, concluye que la Ley 1719 no infringe el derecho de
contradicción de los elementos materiales probatorios dentro del proceso penal, por lo
que considera constitucional el derecho de las víctimas de violencia sexual a no ser
sometidas a pruebas repetitivas.
Al considerar que los argumentos presentados por el demandante contra un
aparte de la Ley “carecen de certeza”, el Ministerio Público ha solicitado a la Corte
Constitucional que se declare inhibida para pronunciarse frente a la demanda.
El concepto que presentó la Procuraduría ante la Corte Constitucional, señala
que la declaración de una víctima de violencia sexual poniendo en conocimiento de las
autoridades un hecho delictivo, no constituye una prueba en el proceso penal
Se precisa que prueba y denuncia son conceptos jurídicos diferentes, con distintas
funciones y consecuencias jurídicas.
La denuncia inicia el proceso e informa a las autoridades de la conducta
posiblemente delictiva junto con las circunstancias de tiempo, modo, lugar y presuntos
autores y partícipes.
En cambio, la prueba es la justificación de la verdadde los hechos objeto de
investigación, justificación que ha de realizarse en el juicio y mediante los medios
reconocidos y autorizados legalmente.
Conclusiones legales
La Procuraduría General de la Nación ha considerado en su concepto
presentado ante la Corte Constitucional, que la consagracióndel derecho de las víctimas
a no ser sometidas a pruebas repetitivas no implica quiebra de los principios procesales
de publicidad, oralidad, inmediación, contradicción y concentración de la prueba, y

3. además representa una garantía para las víctimas de violencia sexual para que el
procedimiento judicial no suponga agravar el daño padecido por el delito.
Finalmente, la Procuraduría solicita de manera subsidiaria que en el caso de que
la Corte Constitucional decida estudiar la demanda, la Ley 1719 de 2014 sea declarada
exequible, es decir, acorde a la Constitución y de efectiva aplicación y cumplimiento.