Este documento establece las bases del sistema nacional de seguridad pública en México. Asigna la responsabilidad de investigar delitos al Ministerio Público y a las policías bajo su mando. Determina que la imposición de penas corresponde a la autoridad judicial. También establece los principios de legalidad, objetividad y respeto a los derechos humanos que deben regir a las instituciones de seguridad pública.