1. Educación superior: la privatización
sofisticada
ECONOMIA Y SOCIEDAD
Domingo, 29 de Mayo de 2011 20:00
Las cifras financieras prueban que el Estado ha venido abandonado a
sus universidades, y el proyecto de reforma no hace más que agravar
esta tendencia, sumándole los riesgos de que éstas asuman la lógica
de los simples negocios y de abrirles la puerta a multinacionales de la
educación de baja calidad.
Un debate accidentado
Al tiempo que avanza el debate sobre el proyecto de ley presentado por el
gobierno Santos para reformar la Ley 30 de 1992 "Por el cual se regula el
servicio público de la educación superior", se acrecienta el acervo de
manifestaciones de rechazo, por su contenido y por la forma inconsulta
como fue elaborado:
 La mayoría de los rectores de las universidades, públicas y privadas,
y sus organizaciones -la Asociación Colombiana de Universidades
(ASCUN) y el Consejo de Rectores del Sistema Universitario Estatal
(SUE)- han expresado sus reparos y preocupaciones;
 Los miembros de la comunidad académica -investigadores, docentes
y estudiantes- abundan en argumentos que ponen en entredicho sus
bondades;
 Columnistas y organizaciones sociales llaman la atención sobre lo
perverso que sería adoptar una legislación que promueve el
afianzamiento de la mercantilización de la educación superior y el
abandono de su financiación por el Estado.
Mientras el Ministerio de Educación ha intentado involucrar a la comunidad
universitaria y a la sociedad en general en modificaciones puntuales a
algunos artículos del proyecto "para mejorarlo", la verdadera discusión ha
venido focalizándose en aspectos de fondo, que se orientan más bien hacia
un rechazo pleno del proyecto.
Con el pasar de los días aumenta el número de voces exigiendo que las
reformas partan de reconocer que la educación superior es un derecho
fundamental y un bien público.
Se subraya la conexión existente entre la financiación estatal de la

2. educación superior y derechos fundamentales como las libertades de
cátedra, de aprendizaje, de enseñanza y de asociación, por la vía de un
reconocimiento pleno de la autonomía universitaria [1].
Las razones que el gobierno invoca para modificar la Ley 30 son las mismas
que se expusieron para aprobarla en 1992: aumentar la cobertura, mejorar la
calidad y diversificar la oferta.
Bajo estas premisas se estableció un sistema basado en los principios de
equidad, calidad, eficiencia y pertinencia. Todo apuntaba a que el mercado
sirviera como regulador del sistema, basado en una estructura cuyos
componentes centrales son:
 el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior
(SNIES),
 el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad

o Registros Calificados,
o Créditos Académicos,
o Acreditación de Alta Calidad,
o Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior Saber
Pro (antes ECAES),
 un modelo de financiación basado en el congelamiento, en pesos
constantes, de la asignación presupuestaria estatal a las
universidades públicas [2],
 la introducción del sistema de indicadores de gestión para asignar
recursos que no eleven la base presupuestal [3];
 la generación de recursos propios, y
 el fortalecimiento del crédito:

o para las instituciones, a través del Fondo de Desarrollo de la
Educación Superior (FODESEP) [4] y de la Financiera de
Desarrollo Territorial (FINDETER) [5].
o para los estudiantes, mediante el ICETEX [6]
Estas transformaciones tuvieron su sustento en postulados de la
Constitución de 1991:
 La educación dejó de ser un derecho fundamental, para convertirse

3. en "un derecho de la persona y un servicio público",
 La educación dejó de ser una obligación exclusiva del Estado y se
dictaminó que "El Estado, la sociedad y la familia son responsables
de la educación".
 La Constitución dispuso además que "La educación será gratuita en
las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos
académicos a quienes puedan sufragarlos" [7]
El retiro paulatino del Estado
Con este último "articulito", se abrió la puerta para el abandono paulatino del
Estado de la financiación de la educación superior. Al mismo tiempo se inició
la transformación de las instituciones en "empresas prestadoras de
servicios", para generar recursos, mientras que se anidaba el "estudie ahora
y pague después", recurso mediante el cual se traslada a la familia y al
estudiante, ahora "cliente", la responsabilidad de cubrir una buena
proporción de los costos.
El Plan de Apertura Educativa (PAE) [8] estimaba que en un plazo de 10
años (o sea para finales del siglo pasado) los estudiantes cubrirían con sus
matrículas un 33 por ciento, los recursos producidos en las universidades
por venta de servicios otro tanto y los aportes del presupuesto estatal el
tercio faltante.
Mientras que en la década de los 80 el promedio de los aportes de la Nación
para las universidades públicas alcanzaban al 0,52 por ciento de PIB [9], en
la primera década del presente siglo solo llegaron al 0,46 por ciento [10].
Entre 1993 y 2008, el aporte promedio anual del Estado por estudiante, en
pesos constantes de 1998, cayó de 5.690.000 a 3.670.000 pesos, una
drástica reducción del 35,5 por ciento.
En términos de la composición del presupuesto de las universidades, las
transferencias del Estado pasaron de representar el 86 por ciento en 1990 a
51 por ciento en 2.008. [11]
"Racionalización" es deterioro
Como consecuencia y complemento del retiro paulatino del Estado, se han
registrado otras transformaciones críticas:
Las condiciones de selección, contratación y remuneración de los
docentes se han deteriorado al extremo.

4. Hoy día, solo cerca del 25 por ciento de los profesores en las
universidades públicas son de carrera y el resto trabajan a destajo,
contratados por períodos académicos o por horas, sin criterios claros
de selección ni permanencia, lo cual abrió las puertas de la
universidad a la politiquería y el clientelismo.
Las plantas de personal administrativo y de trabajadores se van
desmontando paulatinamente y la contratación precaria hace su
agosto con la proliferación de nóminas paralelas y la intermediación
de agencias de empleo temporal.
El hacinamiento en aulas, laboratorios y talleres es el pan de cada día
al lado de la eliminación de las visitas técnicas y las salidas de campo
como actividades financiadas por la universidad.
El bienestar estudiantil ha sido reemplazado por la institucionalización
de la caridad pública.
A todo lo anterior se le denomina racionalización del gasto y a sus ejecutores
se les califica de eficientes.
La privatización sofisticada
La autonomía universitaria tenderá a sucumbir ante la normatividad al detalle
y la sujeción de las decisiones a las directrices del Ministerio de Educación,
estimuladas con oportunos contratos o castigadas por la presencia de
pobres "indicadores de desempeño".
En términos relativos, seguirá disminuyendo la participación del Estado en la
financiación de la educación superior [12] y este vacío lo llenará encantado
el capital privado, a la caza de utilidades, bien sea mediante "inversiones" en
las instituciones públicas o mediante la operación directa de universidades
"con ánimo de lucro".
La privatización no consiste en que desaparezcan las universidades
estatales. Radica en que comiencen a operar en un modelo de negocio, con
la lógica de los negocios y que sean los estudiantes, por la vía del "estudie
ahora y pague después" o sus familias, quienes asuman los costos de la
educación universitaria.
El capital financiero ha identificado ya este filón de negocio: créditos
orientados hacia un mercado en expansión y líneas de redescuento con
intereses subsidiados por el Estado. Ese es el raponazo que se prepara y el
negocio gordo que hay tras la reforma.
Lo realmente nuevo radica en cumplir lo pactado en el capítulo de servicios

5. del TLC con Estados Unidos: crear una "forma de tipo específico de entidad
jurídica para los servicios de enseñanza superior" que transforme las
instituciones de educación en empresas comerciales para la oferta de
servicios educativos en un mercado abierto.
Se trata, pues, de eliminar cualquier cortapisa que pudiera existir al ingreso y
asentamiento en el territorio nacional de la oferta de las trasnacionales de la
educación, así como de dar facilidades para la inversión extranjera directa
en este importante sector, en consonancia con "las tendencias
internacionales" y la "globalización mercantil de la universidad" [13] .A mi
juicio, ese es el aspecto medular de la reforma.
* Profesor Asociado de la Universidad Tecnológica de Pereira.
Representante de los profesores en el Consejo Académico. Presidente
de la Federación Nacional de Profesores Universitarios.