El sindicato de trabajadores mineros de Bolivia declara un estado de emergencia nacional ante el conflicto surgido por la nueva Ley de Minería. Exige al sector cooperativo que respete la Constitución y las decisiones soberanas de la Asamblea Legislativa. Rechaza los intentos de desestabilización al gobierno de Evo Morales y pide que se aprueben las modificaciones a la ley de acuerdo a la Constitución.