Este documento describe las diferentes jurisdicciones que existen en España además de la jurisdicción ordinaria. Menciona el Tribunal Constitucional como intérprete supremo de la Constitución, el Tribunal de Cuentas como órgano fiscalizador, y tribunales consuetudinarios y militares como jurisdicciones especiales. Finalmente, señala que España acepta la jurisdicción de tribunales supranacionales en virtud de tratados internacionales.