Este documento discute los desafíos de lograr una comunicación democrática en México. Señala que el acceso a la tecnología de la información es inequitativo y que es necesario ampliar el acceso para todos. También destaca que los medios electrónicos están altamente concentrados en pocas manos y que la legislación existente es obsoleta, por lo que se requieren reformas para asegurar la diversidad, pluralidad y acceso público a los medios de comunicación. Asimismo, plantea la necesidad de proteger la comunicación e información como bienes

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Comunicación democrática
La revolución comunicacional en curso, cuyos alcances y consecuencias aún no pueden ponderarse
plenamente, trae consigo la multiplicación de las posibilidades de interconexión, intercambio de
información e interactuación. Pero al mismo tiempo hace más profunda y amplia la brecha entre los
que tienen y los que no tienen, los que poseen y controlan los medios tecnológicos y los que quedan
subordinados.
Al tiempo que los grandes conglomerados económicos incrementan sus posibilidades de
control y hegemonía, los pueblos pueden disponer de un instrumento que potencia sus capacidades de
organización, proposición y desarrollo. Sin embargo, la accesibilidad a la tecnología de la
información es diferenciada e inequitativa, a escala nacional, regional y mundial.
La construcción de una comunicación democrática debe tener como objetivo ampliar a todos
los habitantes el acceso a la tecnología de la información, cambiar las condiciones para el desarrollo
y operación de los medios de comunicación y buscar un mayor equilibrio en los intercambios con los
países desarrollados, en particular de los productos vinculados a la cultura y la educación.
La tecnología de la información debe ser una de las herramientas principales para la
inclusión social y el desarrollo, en función de lo cual debe conseguirse que todos los ciudadanos
tengan acceso a los bienes o medios y a la obtención de capacidades; es decir, extender el
conocimiento y la utilización de la tecnología de la información a todas las actividades, en todo el
territorio, en los distintos niveles de gobierno y con todos los habitantes.
Debe estimularse el involucramiento de la comunidad científica, ámbitos educativos,
instituciones especializadas y empresas privadas en la investigación y producción de tecnología
propia, con el propósito de obtener una progresiva independencia en el desarrollo comunicacional.
Una forma de multiplicar esta posibilidad es la adopción y promoción del uso de software
libre, cuyo desarrollo es una base importante para tener mayor libertad y autonomía en el mundo
digital, con participación interactiva de los ciudadanos.
Los medios electrónicos de comunicación constituyen hoy un serio problema para el
desarrollo de la democracia. En la actualidad, existen en México 1142 concesiones de radio en AM y
FM (aprox. 60% en AM), 195 permisos de radio en AM y FM, 461 concesiones de televisión

2. (Televisa controla el 66% y TV Azteca el 31%), 169 permisos para televisión (82% en gobiernos
estatales, 4% en asociaciones civiles, 3% en universidades y municipios 1%).
Su control está sumamente concentrado y con intereses ligados históricamente a los gobiernos
de turno: las cinco redes nacionales de televisión están en manos de dos personas que, en última
instancia, son las que deciden qué ven y oyen cien millones de mexicanos. La radiofonía tiene la
mayor parte de las concesiones en las manos de diez grandes grupos. Aunque hay mayor apertura y
pluralidad, sobre todo en el ámbito estatal y local, su control en el ámbito nacional es muy
concentrado.
Como si ello no fuera suficiente el actual gobierno les regresó por decreto a los medios
electrónicos, en octubre de 2002, el 12.5% de tiempo aire de que disponía el Estado. Desde entonces
estos medios se fueron convirtiendo en un verdadero poder político, distorsionando severamente su
función y alterando la relación entre instituciones y sociedad.
Los medios que controla el gobierno no son suficientes y carecen de recursos adecuados para
establecer algún equilibrio. Las iniciativas independientes carecen de marco legal y son combatidas
por el interés privado. Por su parte, internet, el más abierto de los medios y el de mayor capacidad
revulsiva es, al mismo tiempo, el de acceso más limitado para la mayoría.
Esta realidad señala que el derecho a la información y la democratización de la comunicación,
es todavía un objetivo a conseguir. En la médula de la cuestión se encuentra una legislación obsoleta,
un legislativo paralizado y temeroso de abordar el tema, un gobierno que no tiene voluntad política ni
le interesa un cambio de fondo y una oposición subordinada al poder mediático. En noviembre de
2004 se anunció la presentación pública, para su discusión, de un anteproyecto de nueva Ley de radio
y televisión, elaborado por la subcomisión respectiva del Senado de la república, pero no hay
garantías de que el resultado sea una norma legal que responda a las necesidades de la sociedad
mexicana en este campo.
Es necesario rescatar el carácter de interés público de los medios de comunicación,
hacerlos accesibles a distintos sectores de la sociedad, diversificar concesiones y permisos, establecer
acuerdos sobre el desarrollo de contenidos en función de necesidades culturales y educativas e
instrumentar mecanismos de vigilancia y control.
Los medios, en tanto concesiones, deben atender a necesidades de las políticas de Estado, no
de gobierno, y estas, a su vez, establecerse desde las necesidades del conjunto de los habitantes. Los
medios que son permisionados deben definirse claramente como medios públicos, de Estado, con el
marco legal correspondiente y claras políticas de financiamiento. Los medios comunitarios o surgidos
de iniciativa social deben tener protección legal y facilidades operativas.

3. Para ello, hay cambios profundos e integrales planteados desde la sociedad que los gobiernos
han eludido sistemáticamente. Durante la actual administración, se ha promulgado la Ley de
transparencia y acceso a la información pública gubernamental que constituye un avance importante
a pesar de las resistencias en distintos niveles de gobierno, pero siguen congeladas las iniciativas para
reglamentar los artículos 6° y 7° de la Constitución, las propuestas para reformar la Ley de radio y
televisión (hoy en discusión), que data de 1960 y deja a discreción del ejecutivo el otorgamiento de
concesiones y permisos, y las correspondientes a la Ley de imprenta de 1917 que afecta a la libertad
de expresión.
Otros rezagos normativos urgentes de atender tienen que ver con transparencia publicitaria,
derecho de réplica, código de ética periodística, cláusula de conciencia, y secreto profesional.
Asimismo, debe legislarse sobre gastos de campañas electorales y precampañas, prohibición de venta
de espacios publicitarios a los partidos políticos y creación de un consejo ciudadano de regulación
y control.
Una ciudadanía bien informada y crítica requiere de espacios mediáticos diversos, plurales y
abiertos, alineados con el interés público no con el éxito en el mercado, sea político o comercial. La
diversidad cultural y étnica que son parte indisoluble de nuestra identidad nacional, deben tener
expresión plena a través de los distintos medios de comunicación y en el intercambio informativo. Es
parte de una política de Estado.
Esto requiere apoyar y ampliar las experiencias alternativas, fortalecer el sistema radiofónico
indígena, impulsar la radio y televisión comunitarias, recuperar la presencia oficial a través de medios
locales, estatales y federales y transformar integralmente la legislación existente desde los
planteamientos efectuados por la sociedad.
El intercambio comunicacional con otros países es desventajoso para México y América
Latina, desventaja apenas matizada con el esfuerzo de la sociedad en la construcción de redes
alternativas. Según los países hegemónicos la información debe circular como mercancía, no como
instrumento para enriquecer la formación y el conocimiento de las personas. La selección,
tratamiento de contenidos, producción y difusión a escala mundial, está en manos de unos pocos
mega-grupos de multimedia que simplifican los acontecimientos y los presentan como espectáculos
de alto impacto sensorial, sin rigor, descontextualizados, fraccionadamente, sin análisis. Los medios
locales reproducen funcionalmente el mismo esquema.
México está desprotegido, aun en el ámbito de tratados comerciales, porque esta materia, al
igual que la producción cultural, no ha sido de la preocupación de sus gobiernos. La actual
administración considera que los productos de las industrias culturales son de esparcimiento y
comercio, en tanto sobre la cuestión comunicacional carece de posición.

4. La comunicación y la información no son una mercancía, son una cuestión cultural y
educativa con impacto en el desarrollo de nuestra propia identidad. Esto significa que en las
relaciones de intercambio deben constituir una "excepción cultural", figura que en los tratados
comerciales protege los bienes y servicios con contenido cultural y evita su tratamiento como
mercancía. La "excepción cultural" es una cláusula que se utiliza en la OMC y permite que bienes
relacionados con la producción cultural y la propiedad intelectual no sean tratados como mercancías
en el mercado mundial. En América Latina sólo Brasil tiene propuestas de protección de su industria
cultural. No está claro que la "excepción cultural" incluya a la comunicación y la información.
Este enfoque requiere de políticas articuladas con el resto de América Latina para fortalecer
posiciones al momento de negociar con los países hegemónicos y de revisar los apartados
correspondientes del TLCAN y de todos los tratados comerciales presentes y futuros.