Deixon Romero C.I.: 20144703 Prof: Juan Capote. Informatica Juridica: SAIA-A

1. UNIVERSIDAD FERMÍN TORO
VICE RECTORADO ACADÉMICO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
ESCUELA DE DERECHO
Integrante
Deixon Romero
C.I: 20.144.703
Escuela de Derecho
SAIA “A”
Barquisimeto; junio 2015

2. Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico
Toda la iniciativa a dicha carta se profundizo el 31 de Mayo y 1 de Junio
del 2007, cuando los Ministros de Administración Pública y de la Reforma del
Estado y los Jefes de Delegación de los Gobiernos iberoamericanos se
reunieron para dar apertura a la IX conferencia en Pucon Chile, donde se
hablaron de temas de ámbito social y político, buscando el fortalecimiento de
sus instituciones públicas y la modernización de sus mecanismos de gestión,
teniendo en cuenta que la calidad de los organismos públicos es fundamental
para el desarrollo, la igualdad de oportunidades y el bienestar social,
apegándose a los diferentes tratados y convenios internacionales antes
fundamentados por los países iberoamericanos, teniendo en cuenta la
desigualdad social que ha creado la evolución tecnológica dejando muchos
atrás, por lo que se busca también la igualdad social en cuanto al conocimiento
de los avance tecnológico manejando la información en tiempo y espacio.
Dentro de todo esto el objetivo principal es formular la presente Carta
Iberoamericana de Gobierno Electrónico que contiene un conjunto de
conceptos, valores y orientaciones de utilidad para su diseño, implantación,
desarrollo y consolidación como herramienta coadyuvante de la mejora de la
gestión pública iberoamericana, donde hará protagonismo el ciudadano y sus
derecho ante el uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC) que
se lleven a cabo.
Las personas tanto naturales como jurídicas que tenga que relacionarse
con la administración pública y su gestión, poseyendo el derecho aunque este
fuera de dicho país, tal derecho le abre múltiples posibilidades de acceder
fácilmente a las administraciones pública como conocer, con la facilidad que
implican los medios electrónicos, lo que están haciendo tales Administraciones,
hacerlas más transparentes y, por ello mismo, más controlables contribuyendo
a luchar contra la corrupción y generando la confianza de los ciudadanos,
eliminar las barreras que el espacio y el tiempo ponen entre los ciudadanos y
sus Administraciones y que alejan al ciudadano del interés por la cosa pública,
promover la inclusión y la igualdad de oportunidades de forma que todos los
ciudadanos puedan acceder, cualquiera que sea su situación territorial o social

3. a los beneficios que procura la sociedad del conocimiento, participar
activamente emitiendo opiniones, sugerencias y en general en el seguimiento
de toma de decisiones, así como sobre el tipo de servicios que el Estado
provee y el modo de suministrarlo.
Se trata también de aprovechar el potencial de relaciones de las
Administraciones Públicas para impulsar el desarrollo de la sociedad de la
información y del conocimiento, existen dos objetivos que trabajan de la mano
un objetivo final y directo que reconoce a los ciudadanos un derecho que les
facilite su participación en la gestión pública y sus relaciones con las
Administraciones Públicas de manera transparente y respetuosa bajo el
principio de igualdad y el otro que es un objetivo estratégico e indirecto sirve
para promover la construcción de una sociedad de información y conocimiento,
inclusiva, centrada en las personas y orientada al desarrollo, esto permite el
reconocimiento de la multiculturalidad existentes, la diversidad lingüística, y el
conocimiento entre los pueblos, fortaleciendo así, el desarrollo cultural y
lingüístico.
Se insta a los Estados que, en la construcción de la Sociedad de la
Información y el Conocimiento eviten adoptar medidas y decisiones unilaterales
contrarias al Derecho Internacional, realizando acciones tendentes a contribuir
a la plena consecución del desarrollo económico y social de la población de los
países afectados y al bienestar de sus ciudadanos.
Por último, la Carta reconoce el rol insustituible que le corresponde a los
Estados en estas materias, para garantizar la universalización a toda la
población y la continuidad de los servicios electrónicos y el fortalecimiento de la
democracia.