1. DICTAMEN
Dictamen sobre diversos
proyectos de ley de Reforma
Constitucional referido a
facultades de los gobiernos
regionales. Proyectos de Ley
Nº 7717/2003-CR, 9492/2003-
CR, 9755/2003-CR y
9987/2003-CR
Señor Presidente:
Ha ingresado a la Comisión de Descentralización, Regionalización y
Modernización de la Gestión del Estado, los proyectos de ley 7717/2003-CR,
9492/2003-CR, 9755/2003- CR y 9987/2003-CR, de los Congresistas Walter
Alejos Calderón, Rafael Valencia Dongo-Cárdenas, Ernesto Américo Herrera
Becerra y Emma Vargas de Benavides, respectivamente, que proponen
modificar diversos artículos de la Constitución Política del Perú, los mismos
que buscan precisar y mejorar las funciones que tienen los gobiernos
regionales. Al ser todos estos proyectos de Ley referidos a Reformas
Constitucionales sobre gobiernos regionales, se ha procedido a unificarlos en
un solo dictamen.
I.-CONTENIDO DE LOS PROYECTOS.-
El proyecto de ley 7717/2003-CR del Congresista Walter Alejos Calderón, tiene
por objeto otorgar a los gobiernos regionales la facultad de iniciativa legislativa
en materia de régimen tributario, facultades de características similares a las
de los gobiernos locales consagrados en el artículo 74° de la Constitución
Política.
El proyecto de ley 9492/2003-CR del Congresista Rafael Valencia Dongo-
Cárdenas, que propone la modificación de los artículos 74º, y otros de la
Constitución Política del Perú, en materia de descentralización.
El proyecto de ley 9755/2003-CR del Congresista Ernesto Américo Herrera
Becerra, tiene por objeto modificar la Constitución Política del Perú con el
objeto de ordenar y precisar la función de los gobiernos regionales en lo que a
la facultad de iniciativa legislativa que estos tienen, propone además que se
otorgue a los gobiernos regionales la facultad de regular en materia tributaria,
requisito indispensable para que el proceso no se detenga, y por el contrario.
El proyecto de ley 9987/2003-CR de la Congresista Emma Vargas de
Benavides, propone modificar el artículo 107° de la Constitución Política del
Perú, referente al derecho de iniciativa en la formación de leyes del Poder
Judicial, los gobiernos regionales, entre otros.
II.- LEGISLACIÓN APLICABLE:
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2. 1. Constitución Política del Perú.
2. Reglamento del Congreso de la República
3. Decreto Legislativo Nº 955, sobre Descentralización Fiscal.
III.- ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS :
La Constitución Política del Perú de 1993 sólo contemplaba un ordenamiento
literal de los gobiernos regionales, pero sin establecerles ninguna capacidad
efectiva de gobierno ni de facultades tributarias o legislativas. Recién con la
entrada en vigencia de la Ley 27680 los gobiernos regionales se les precisa
facultades y competencias, sin embargo estos gobiernos carecían de
facultades de iniciativa legislativa en materia tributaria, en asuntos de su
competencia
De las distintas clasificaciones sobre los tributos hechas a nivel doctrinario,
existe una según el criterio geográfico, denominándose tributos nacionales,
regionales y locales. Esta clasificación se sustenta teniendo en cuenta al sujeto
activo de la obligación tributaria. En este sentido, serán impuestos nacionales
los que tengan aplicación en todo el territorio del país, sin considerar la calidad
del sujeto obligado. Son impuestos regionales aquellos destinados a los
Gobiernos Regionales y cuya circunscripción territorial está circunscrita a los
contribuyentes que domicilien en dicha jurisdicción. Los impuestos locales son
aquellos que la Municipalidad adquiere por delegación la calidad de sujeto
activo.
El artículo 74° de la vigente Constitución Política sólo considera a dos niveles
de gobierno como titulares de la potestad tributaria: al Gobierno Nacional y a
los Gobiernos Locales. En consecuencia, no tienen esta potestad tributaria los
Gobiernos Regionales, como sí lo tenían, de acuerdo con la Constitución
Política de 1979
El texto constitucional antes citado y que se propone modificar, establece dos
niveles de potestad tributaria. Uno pleno para el caso del Legislativo o del
Legislativo en caso de delegación de facultades; y otro reducido para el caso
de los Gobiernos Locales, los mismos que sólo podrán crear, modificar y
suprimir contribuciones y tasas o exonerar de éstas.
Sin embargo, y teniendo en cuenta que de acuerdo con el artículo 206° del
texto constitucional, toda reforma constitucional debe ser aprobada por el
Congreso y ratificada mediante referéndum, salvo que el acuerdo adoptado en
el Congreso sea obtenido en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una
votación favorable superior a los dos tercios, se hace urgente que se apruebe
esta reforma en el Congreso, incluso con antelación al proceso de reforma
integral de la Constitución. Por otra parte, se debe considerar también que por
mandato constitucional (artículo 188º) la descentralización constituye una
política permanente del Estado, de carácter obligatorio, cuyo objetivo
fundamental es el desarrollo integral del país. En consecuencia, le corresponde
al Congreso de la República brindar el marco legal adecuado para la viabilidad
de este trascendental proceso iniciado en el país. Y dentro de ellas es
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3. fundamental la reforma constitucional que permita otorgar potestad tributaria a
los Gobiernos Regional.
La Constitución de 1993 inicialmente no otorgaba facultades a los gobiernos
regionales para proponer leyes en materias y asuntos de su competencia y
jurisdicción, luego con la promulgación de la ley 27680 se incluyó en el artículo
192° inciso 9, la competencia de los gobiernos regionales para presentar
iniciativas legislativas en materias y asuntos de su competencia.
Sin embargo el derecho a iniciativa legislativa, no se debe ver como una
cuestión meramente de competencia, sino además como un derecho, es decir
es una facultad que pueden ejercer los diversos actores a que se refiere el
artículo 107° de la Constitución Política.
Esta modificación contiene entonces una corrección de forma, para que la
Carta Magna mantenga un orden y respete facultades que esta puede otorgar.
Los Gobiernos Regionales al convertirse en el gobierno sub nacional más
importante tienen iniciativa en la formación de leyes para asuntos de su
competencia, sin embargo estos proyectos ley dada la importancia del rol que
cumplen los gobiernos regionales en el proceso de descentralización,
requieren tener preferencia dentro del poder legislativo con carácter de
urgencia.
Finalmente se propone respetar la denominación “Gobiernos Locales” en el
artículo 107°, deshechando el concepto de municipio, el cual abarca la
población, la jurisdicción y el órgano político en si, o sea la Municipalidad, es
por ese motivo que quien debe tener el derecho de iniciativa legislativa, es la
municipalidad y no los municipios.
V.- CONCLUSIÓN:
Bajo las consideraciones expuestas, la Comisión de Descentralización,
Regionalización y Modernización de la Gestión del Estado conviene en
formular un solo dictamen en virtud a que ambos proyectos de ley se refieren a
reforma de la Constitución Política en asuntos de que competen a los
gobiernos regionales, teniendo en cuenta que ambos proyectos se refieren a
artículos distintos, este dictamen esta sujeto a lo dispuesto en el inciso a) del
artículo 70° del Reglamento del Congreso, proponiendo su APROBACIÓN con
el Texto Sustitutorio siguiente:
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4. TEXTO SUSTITUTORIO
LEY QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 74°, 96° Y 107° DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ
ArtÍculo Unico.- Modificación de los artículos 74º, 96º y 107º de la
Constitución
Modifíquese los artículos 74°, 96° y 107° de la Constitución Política del Perú,
con el texto siguiente:
“Artículo 74°.- Los tributos se crean, modifican o derogan,
exclusivamente por ley o decreto legislativo, salvo los aranceles y tasas,
los cuales se crean, modifican o derogan mediante decreto supremo.
Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear,
modificar y suprimir contribuciones y tasas o exonerar de éstas, dentro
de su jurisdicción, y con los límites que señala la ley.
El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios
de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los derechos
fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener carácter
confiscatorio.
Las leyes de presupuesto y los decretos de urgencia no pueden
contener normas sobre materia tributaria.
Las exoneraciones deben respetar el principio de neutralidad fiscal y el
equilibrio fiscal de acuerdo a ley
No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo
establecido en este artículo.”
“Artículo 96°.- Cualquier representante a Congreso puede pedir a los
Ministros de Estado, al Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor
General, al Banco Central de Reservas, a la Superintendencia de Banca
y Seguros, a los gobiernos regionales y gobiernos locales, y a las
instituciones que señala la ley, los informes que estime necesarios.
El pedido se hace por escrito y de acuerdo con el Reglamento del
Congreso. La falta de respuesta da lugar a las responsabilidades de
ley.”
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5. “Artículo 107°.- El Presidente de la República y los Congresistas tienen
derecho a iniciativa en la formación de leyes.
También tienen el mismo derecho en las materias que les son propias
los otros poderes del Estado, las instituciones públicas autónomas, los
Gobiernos Regionales, los Gobiermos Locales los colegios
profesionales. Asimismo lo tienen los ciudadanos que ejercen el derecho
de iniciativa conforme a ley”
Lima, 27 de abril del 2004.
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