La sentencia absolvió a los 53 acusados del asesinato de doce policías en la Curva del Diablo durante los sucesos de Bagua en 2009. El documento analiza en detalle los hechos y contexto histórico, concluyendo que ninguno de los acusados disparó armas de fuego y que las detenciones fueron arbitrarias. Sin embargo, queda la sensación de impunidad para otros crímenes como la masacre en la Estación 6 y la desaparición del mayor Bazán durante los mismos sucesos.

1. Reflexiones Peruanas N° 626
BAGUA: LA SENTENCIA Y LA POLÉMICA
Wilfredo Ardito Vega
Poco después de la tragedia de Bagua, un joven awajún viajó desde su comunidad para
averiguar dónde estaba detenido su padre. No lo iba a visitar, sino a ofrecerse en su lugar.
Los abogados le explicaron que no tenía sentido, porque él no había participado en los
trágicos sucesos del 5 de junio.
-Mi padre tampoco –replicó él -, y yo puedo resistir mejor lo que le están haciendo.
Esta anécdota muestra que para el joven awajún, su padre no era un detenido, sino un
prisionero, a quien el Estado peruano privaba de su libertad como parte de la ofensiva contra
los pueblos indígenas, que entonces había dispuesto el régimen de Alan García.
En realidad, durante estos siete años, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía
Nacional se han comportado con tanta arbitrariedad que no parecían buscar justicia, sino
doblegar a los pueblos awajún y wampís. Por todo ello me sorprendió muy positivamente
la sentencia promulgada el jueves pasado que absolvió a los 53 acusados del asesinato de
doce policías en la Curva del Diablo.
La sentencia ha generado reacciones marcadamente polarizadas: quienes habían seguido el
proceso de cerca sintieron alivio porque por fin terminaba el sufrimiento de 53 personas
inocentes y de sus familias. Otras personas, como los congresistas fujimoristas Carlos
Tubino y Lourdes Alcorta y el Ministro del Interior Carlos Basombrío señalaban su
indignación porque “no había justicia en el Perú” y los asesinos de los policías habían
quedado impunes.
Quienes creen que la Sala Penal absolvió a los homicidas, demuestran un gran
desconocimiento sobre el proceso y también sobre los trágicos incidentes del 2009.
Lo que comúnmente se denomina “el Baguazo” fue una sucesión de hechos violentos: el
enfrentamiento en la Curva del Diablo, la desaparición del mayor Felipe Bazán, la masacre
de policías desarmados en la Estación 6 de Petroperú (a muchos kilómetros de distancia) y
los disturbios ocurridos en la ciudad de Bagua donde numerosas personas quedaron heridas
por los disparos de la policía.
El proceso que concluyó el jueves pasado se refería al primer caso, el de la Curva del Diablo
y, en éste, solamente a la muerte de los doce policías, no a los diez nativos y campesinos que
allí también fallecieron. Un dato importante es que en el enfrentamiento no solo
participaron indígenas, sino campesinos de la zona a quienes la sentencia denomina mestizos.
En total junto con 22 indígenas awajún y wampís y el líder shawi Alberto Pisango, había 31
mestizos acusados.
La sentencia es un documento muy prolijo, que en 392 páginas busca contextualizar los
hechos, presentando mucha información histórica y antropológica sobre los awajún y

2. wampís. Se señala como antecedentes la indignación de los indígenas por la presencia de la
empresa minera Afrodita en su territorio y el recorte del Parque Nacional Ichigkat Muja por
el gobierno de García (RP 355). Ignorando dicho descontento, García promulgó varios
Decretos Legislativos que afectaban a los pueblos indígenas, especialmente el 1015 que
permitía la disolución de las comunidades nativas y la venta de su territorio.
La sentencia recuerda que ya en agosto del 2008 se habían producido otros enfrentamientos
entre los awajún y la policía y que tanto la Defensoría del Pueblo como la OIT y AIDESEP
habían intervenido infructuosamente buscando que el régimen de García diera marcha atrás.
Al relatar el conflicto, no se oculta la violencia que sufren los policías, los bomberos y el
Ministerio Público, aunque en estos dos últimos casos, varios testimonios señalan que los
atacantes fueron mestizos y no nativos.
Se cita documentos como la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos
Indígenas y el Convenio 169 de la OIT, así los protocolos emitidos por el Poder Judicial para
abordar casos donde estén involucrados indígenas y ronderos. Se analiza conceptos como
tierra, territorio e interculturalidad. Debemos destacar especialmente que se señala que no
es posible considerar delito la interrupción de la carretera, puesto que era parte del ejercicio
del derecho a la protesta que debe ser respetado por el Estado (pp. 155-157) y los indígenas
carecían de otras posibilidades para proteger sus territorios (pp. 354-357).
Menciona el artículo 15 del Código Penal, que establece el error de comprensión
culturalmente condicionado, pero aclara que en ningún momento puede justificar una
violación a los derechos humanos (p. 358).
La absolución no se debe a un tema intercultural, sino a que los policías fallecieron por arma
de fuego y la pericia de absorción atómica mostró que ninguno de los acusados había
disparado un tiro. No tenía tampoco sustento considerar instigador a Santiago Manuin, que
estaba malherido e inconsciente cuando los hechos ocurrieron o a Alberto Pizango, que
estaba en Lima sin comunicación con los awajún a la hora que ocurrieron los hechos.
De esta manera se confirma lo que ya advertían los organismos de derechos humanos y las
instituciones de la Iglesia Católica: que las detenciones eran totalmente arbitrarias y que
muchos detenidos habían sido golpeados para obligarles a firmar confesiones. El caso más
grave fue el de Feliciano Cahuasa, quien estuvo detenido durante cinco años en el penal de
Huancas, en una zona muy fría y distante de las comunidades nativas.
Leer los testimonios de los involucrados es realmente triste, porque hace pensar cuán difícil
es una reconciliación en un país como el Perú. Varias veces he visto a los familiares de los
policías y de los procesados juntos, muy afectados, mientras los políticos de la época eluden
cualquier responsabilidad (como la Vicepresidenta Araoz).
Ahora bien, la reconciliación será imposible si persiste la impunidad, especialmente para
quienes cometieron los crímenes de la Estación 6 y los responsables de la desaparición del
mayor Bazán. Ninguno de ellos estaba entre los absueltos el jueves pasado. Por eso, pese
a que la sentencia es positiva para los acusados, queda la sensación de que la justicia está
muy lejos de llegar para quienes perdieron a sus seres queridos el triste 5 de junio del 2009.
LA FRASE W: Cuánta inconsciencia muestra quien lamenta la absolución de inocentes