El documento critica al ministro de educación dominicano por violar repetidamente las leyes y normas del país. Argumenta que el ministro ha cometido delitos al condenar estudiantes de forma ilegal en exámenes nacionales, desacatar sentencias judiciales, ignorar la ley que establece el 4% del PIB para educación, y anunciar cambios curriculares sin aprobación, violando así la ley nuevamente. Concluye preguntando cómo puede progresar un país con formadores delincuentes como modelos a seguir.