Novas da xustiza nº 1045

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Edición 1045 www.ccooxustiza.com 6 de marzo de 2015
EGAP 2015. Convocatoria de
cursos de formación para o
persoal da Administración de
Xustiza de Galicia.
No DOG do día 3 de marzo, publícase a Resolución do 24 de febreiro de 2015 pola que se
convocan actividades formativas para o persoal ao servizo da Administración de xustiza de
Galicia.
As solicitudes deberán presentarse no prazo de 10 días naturais contados a partir do seguinte
ao da publicación desta publicación no Diario Oficial de Galicia.
As solicitudes só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática no seguinte
enderezo: http://egap.xunta.es/matrícula , desde as 8:00 horas da data de inicio do prazo de
presentación de solicitudes e ata as 14:00 horas da data de finalización. Poden solicitarse ata
un número máximo de cinco cursos.
Para acceder ao texto íntegro da resolución prema nesta ligazón.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150303/AnuncioO150-240215-0001_gl.pdf
*Fin do prazo para presentar solicitudes: 13 de marzo

El gobierno continúa
privatizando servicios públicos
en la Justicia, pero da marcha
atrás con las tasas judiciales,
aunque de forma parcial
El consejo de ministros del 27 de febrero de 2015, aprueba el proyecto
de reforma de la LOPJ (cuyo texto ha sido conocido el mismo día en la
web de mjusticia.es) y de la LECivil, así como un RD-Ley que, entre
otras normas, modifica parcialmente la ley 10/2012, de 20 de
noviembre, de tasas judiciales, eliminando las que introdujo para las
personas físicas.
RAJOY Y CATALÁ SE VEN OBLIGADOS A RECTIFICAR PARCIALMENTE ANTE LA
MOVILIZACIÓN SOCIAL Y EL TEMOR AL RESULTADO ELECTORAL. ASÍ, ELIMINAN LAS
TASAS JUDICIALES QUE ESTABLECIERON PARA LAS PERSONAS FÍSICAS EN 2012
CCOO CONSIDERA, SIN EMBARGO, COMO ASPECTOS PROFUNDAMENTE
NEGATIVOS (recogidos en los proyectos aprobados de reformas de la LEC y de la
LOPJ) QUE EL GOBIERNO MANTENGA LA PRIVATIZACIÓN DE LOS ACTOS DE
COMUNICACIÓN, QUE ENTREGAN A LOS PROCURADORES; LA REDUCCIÓN
A UN 30% DE LA RESERVA DE PLAZAS PARA LA PROMOCIÓN INTERNA Y LA

PREVISIÓN PARAFOMENTAR Y PRIMAR LAS SUSTITUCIONES ENTRE
SECRETARIOS JUDICIALES (que pasan a denominarse letrados de la
Administración de Justicia) QUEDANDO COMO EXCEPCIONAL LAS
SUSTITUCIONES POR PERSONAL DEL CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL.
Sin perjuicio de un análisis más profundo, que haremos en los próximos días, de las
reformas aprobadas por el Consejo de ministros del viernes 27 de febrero, CCOO realiza
una primera valoración:
Para CCOO, la eliminación de las Tasas Judiciales para las personas físicas, aunque
parcial, es una victoria muy importante para la ciudadanía, pues echa abajo parte de la
política intolerable de tasas judiciales que estableció este gobierno en 2012, y
demuestra que las movilizaciones de los trabajadores/as junto a los movimientos
sociales y la ciudadanía, puede obligar al Gobierno a rectificar sus decisiones más
inaceptables, mucho más ahora cuando Rajoy está muy preocupado por lo que vaticinan
las encuestas respecto a los resultados electorales.
Pero CCOO sigue abogando por la derogación de la Ley de Tasas que no hay que
olvidar que seguirá impidiendo el acceso a la justicia en condiciones de igualdad a
algunos colectivos como al de autónomos y pequeños empresarios.
Además, CCOO mantiene la reclamación de que se suprima la condena en costas
cuando cualquier trabajador/a acude ante los Tribunales para defender sus derechos
laborales y profesionales.
En relación con el proyecto de reforma de la LOPJ, CCOO no puede más que
denunciar las mentiras del ministro Catalá y su equipo que, una vez más, incumplen sus
compromisos, aprobando este proyecto de reforma de la LOPJsin el previo (o simultáneo
a su aprobación) traslado a las organizaciones sindicales, tal y como habían
manifestado en la reunión que tuvo lugar el pasado 5 de diciembre. CCOO exige a
Catalá que cumpla con sus obligaciones y sus compromisos, y lleve este texto a la mesa
sectorial y mantenga la negociación hasta el último día de la tramitación parlamentaria.
El proyecto de reforma de la LOPJ ni introduce la inmensamayoría de las propuestas
que formuló CCOO en la negociación del anterior proyecto para la mejora de las
condiciones de trabajo de miles de trabajadores/as (una de las pocas cuestiones que

incorpora es la propuesta que CCOO lleva demandando desde 2009, la regulación de la
promoción interna de TEL a Facultativos del INT y CF), ni avanza en la mayoría de los
derechos del personal de la Administración de Justicia que venimos exigiendo, por el
contrario se retrocede en la reserva de plazas para la promoción interna, reduciéndose
de un 50% a un 30%, y también en la regulación de las sustituciones de Gestión a
Secretarios Judiciales (que ahora se denominarán letrados de la Administración de
Justicia) al fomentarse y primarse las sustituciones entre letrados, dejando como
excepcionales el llamamiento de letrados sustitutos, lo que para CCOO es otro duro
ataque a la carrera profesional de los compañeros y compañeros del Cuerpo de gestión
procesal.
En relación con la modificación de la LEC (Ley de EnjuiciamientoCivil),CCOO sigue
rechazando de plano la privatización de los actos de comunicación y continuará
combatiendo con todos los medios a nuestro alcance la decisión de adjudicar a los
Procuradores la ejecución de los actos de comunicación.
El gobierno sigue empeñado en desmantelar el servicio público de la Administración de
Justicia, entregando servicios y actuaciones, hasta ahora competencia exclusiva de esta
Administración, a colectivos minoritarios y privilegiados como los Registradores
(privatización del Registro Civil, privatización de los expedientes de nacionalidad),
Procuradores (privatización de los actos de comunicación), Notarios (privatización de
procedimientos de jurisdicción voluntaria, expedientes de matrimonio, bodas….).
CCOO considera imprescindible la urgente y masiva movilización frente a estas reformas
privatizadoras y limitativas de derechos, que deterioran gravemente las condiciones
laborales pero, también, los derechos civiles y sociales.
Porque si el gobierno rectifica ahora en muchas de las cuestiones que le ha
exigido la movilización social, es porque ya está convencido de que la ciudadanía
está más que harta de sus mentiras, de los tremendos recortes que ha realizado a
los derechos de millones de personas y de su falta de transparencia en la forma de
gobernar, que ha ido acompañada de vergonzosos casos de corrupción que afectan de
pleno al partido que sustenta el gobierno.

Que intente mantener las medidas que favorecen a colectivos privilegiados, como los
citados más arriba, a los que quiere entregar lo que es de todos los ciudadanos/as, el
servicio público de la Administración de Justicia, es porque lo quiere dejar resuelto antes
de que en las próximas elecciones generales la ciudadanía les pueda alejar del poder
político que ostentan.
Por eso, ahora, es el momento de incrementar la presión.
Para CCOO los pasos atrás del Gobierno, temeroso de perder los enormes privilegios de
los que ha gozado con impunidad, son la mejor demostración de que en este año 2015,
año electoral, es el momento de incrementar la lucha para lograr paralizar todas las
privatizaciones, también en la Administración de Justicia, como la del Registro Civil y la
de los actos de comunicación. Y también para reivindicar, y lograr, la recuperación de
todos los derechos que nos han robado desde 2010.
CCOO llama a incrementar las acciones contra la privatización del Registro Civil y
de los actos de comunicación, de manera que converjan todas las acciones
necesarias para obligar al Gobierno a dar marcha atrás en su decisión de
privatizar el servicio público de la Administración de Justicia.

Los trabajadores/as del Registro Civil
Único de Madrid se concentran contra la
privatización del Registro Civil
El 26 de febrero pasado trabajadores y trabajadoras del Registro Civil Único de Madrid
han llevado a cabo una concentración contra la privatización del Registro Civil.
La concentración, apoyada por los delegados y delegadas de CCOO, ha tenido lugar el
día en que se conoció que personas del Colegio de Registradores iban a acudir a este
Registro de Madrid a reunirse con los magistrados.
Desde CCOO consideramos un éxito esta concentración y manifestamos que la
movilización contra la privatización del Registro Civil debe incrementarse de forma
contundente, con el objeto de impedir que este Gobierno pueda llevar a cabo su intento
de privatizar el Registro Civil. Y así desde CCOO estamos y vamos a seguir trabajando.
Entre otras acciones, os informamos, CCOO ya tiene la aprobación de la Junta Electoral
Central para el comienzo de la recogida de al menos 500.000 firmas en la Iniciativa
Legislativa Popular contra la privatización del Registro Civil, que hemos presentado en el
Congreso de los Diputados. Solo falta la confirmación de dicha Junta de que los pliegos
de firmas se ajustan totalmente a la norma de la Junta Electoral, pues los pliegos deben
ser sellados y numerados uno a uno por la Junta Electoral Central, para desde ese
mismo momento comenzar con la recogida de las firmas.
Además, CCOO ha presentado este mes de febrero el derecho de petición ante el
Parlamento Europeo con el fin de que éste exija al Gobierno español que dé un paso
atrás en su intento de privatizar el Registro Civil.
Y CCOO va a continuar con sus denuncias para demostrar la presunta corrupción del
presidente del Gobierno cuando aprueba la entrega de la gestión del Registro Civil a los
Registradores, profesión de la que forma parte él mismo así como dos de sus
hermanos.

El Consejo de Ministros aprueba la
modificación de la LOPJ, de la LEC y de
la Ley de Tasas.
Adjuntamos enlace a la página web del Ministerio de Justicia en donde se han publicado tres
notas de prensa relativas a la modificación de la Ley de Tasas, la modificación de la Ley
Orgánica del Poder Judicial y la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil que atribuye a los
Procuradores los actos de comunicación, aprobadas en el Consejo de Ministros del dia 27 de
febrero de 2015.
Nota de prensa reforma Ley de Tasas Judiciales
Nota de prensa y texto modificación Ley de Enjuiciamiento Civil
Nota de prensa y texto de la reforma de la LOPJ
La saturación de casos desborda a más de
un tercio de los juzgados gallegos
La carga de trabajo afecta en especial a los tribunales de
lo social, que están señalando fechas para solucionar
procesos de despido para dentro de casi dos años
Una funcionaria de la Audiencia Provincial de Lugo apura con un dedal de plástico el paso de las
hojas de una de las causas que se acumulan sobre su mesa. La montaña de folios llega en un
carrito de la compra empujado por otra funcionaria de uno de los juzgados de instrucción que
hay al otro lado de la calle. «Ves todo lo que tenemos que hacer, mira las cajas que llegan de
toda la provincia», comenta mostrando las que se acumulan en las estanterías y debajo de las
mesas. «Como el programa informático no es compatible con el del resto de juzgados hay que

volver a volcar los datos de los imputados... Eso solo pasa aquí en Lugo», se queja esta
funcionaria.
No es la única. La secretaria respalda su argumento: «Lo más grave de todo es que este edificio
se rehízo en el 2007. ¿No podían haber instalado un ordenador central compatible? Estamos
duplicando o triplicando el trabajo por esto. Ahora, además, tampoco es como hace años
porque la media de imputados que tienen las causas no baja de los 12 o los 15, cuando antes
tenían uno o dos».
Lo que ocurre en la Audiencia de Lugo es solo un ejemplo del caos judicial que se respira en
toda Galicia. Un informe elaborado el año pasado por el Servicio de Inspección del Consejo
General del Poder Judicial con datos relativos al 2013 muestra cómo de los 255 juzgados que
hay en la comunidad gallega, 88 (un 34,51 %) superan en más de un 150 % la carga de trabajo
marcada por ese organismo para cada uno de ellos. En el conjunto de España el panorama es
parecido porque son un 43,53 % de los juzgados los que superan en un 150 % su carga.
Los culpables del problema, aseguran, son la falta de dinero para personal y la escasez de
medios para los diferentes cuerpos que están implicados en cada causa y el notable incremento
del número de imputados por cada caso. También influyen el alza de los delitos por Internet
(más complicados de investigar), la dependencia de varias Administraciones, como el Consejo
General del Poder Judicial, la Xunta y el Ministerio de Justicia, y la crisis, culpable del incremento
de algunos procesos en los juzgados de Familia. En eso coinciden tanto fuentes de los
diferentes estamentos de la Administración de Justicia como los sindicatos UGT, CCOO
y Alternativas na Xustiza-CUT.
Medios para todos
«O caótico estado de xulgados como o Social de Santiago, por exemplo, non é responsabilidade
dos xuíces. Porque eles non dan a basto, non son capaces de rebaixar os prazos», explica el
decano delColegio de Abogados de Santiago, Evaristo Nogueira, que ya en enero denunció el
estado de esos departamentos. «Mientras no haya dinero, por muchas reformas que se hagan,
no se va a arreglar nada. Pero, además, el reparto de fondos no solo debe ser para el juzgado;
tiene que ser también para otros organismos como la policía o la Guardia Civil», dicen fuentes de
la judicatura. En este sentido, apuntan que eso sería importante para agilizar procesos como, por
ejemplo, la elaboración de un informe caligráfico. «Ahora la policía tarda unos 6 meses en
hacerlo, la Xunta entre un año y año y medio», explican.

Para resolver todo eso, el decano del Colegio de Procuradores de los juzgados compostelanos,
José Paz Montero, apunta que lo que se precisan «son más órganos judiciales. En el Social de
Santiago están señalando juicios con más de un año de retraso».
Pero los plazos de señalamientos son muy variables. Dependen del juzgado y del tipo de asunto.
Un caso de divorcio en el Juzgado de Familia número 5 de Vigo hasta ahora tardaba, por
ejemplo, unos nueve meses. En cambio un internamiento debe de estar resuelto en un plazo de
72 horas. Luego están las ejecuciones. Pueden tardar hasta cinco meses en acabar el proceso
en aquellos casos en los que un afectado se opone a una ejecución.
Los más mediáticos
Aún más dilatada es la espera en otros juzgados, como por ejemplo el Juzgado de lo Social de
Santiago. «Houbo un xuízo no que o sinalamento está para dentro de dous anos». Por no hablar
de lo que ocurre en lo Social en Lugo, en donde, como apunta Luis Villares, de Jueces para la
democracia, hay juicios «por despido que están colocándose xa para outubro do 2016».
En este sentido, asegura también que «a xurisdición social está moi saturada porque as últimas
cinco reformas laborais desbordaron eses tribunais con asuntos». Por eso, aunque hay carga de
trabajo en todos los juzgados, Villares reclama que los apoyos no se concedan solo«ás salas
que teñen os procesos máis mediáticos».
- Dos de cada cinco días son para resolver faltas
La compleja estructura de los juzgados de instrucción tiene consecuencia directa en la carga de
trabajo. En el número 1 de Lugo, que lleva macrocausas como la Pokémon, están poniendo
señalamientos de declaraciones para agosto. Y eso que también las están haciendo por la tarde.
Otro de los juzgados donde se observa el colapso es el de Instrucción número 6 de A Coruña, el
que lleva laoperación Zeta. Desde UGT denuncian la urgencia de que la Xunta autorice la
prolongación de jornada de los funcionarios para sacar adelante el trabajo. Desde la Dirección
Xeral de Xustiza alegan que han recibido la petición y la están estudiando.
En Pontevedra, aunque hay trabajo, comparado con otras plazas, está tranquilo. «O que
precisariamos é un maior número de funcionarios, pero tamén unha mellor organización do seu
traballo. O que non podes facer é responder a lumes concretos, hai que organizar mellor»,
explica Xermán Varela, titular del Instrucción número 2 de Pontevedra. Aunque reconoce que
Social y Civil son los más saturados, describe la peculiaridad de un juzgado como el suyo. «De
cinco días de traballo, dous temos que dedicalos a resolver faltas. Cada falta ten a súa sentenza

e redactala leva tempo. De media pode levar entre 30 e 45 minutos. Pero iso hai que combinalo
con asuntos máis complexos e coas gardas».
El caso mercantil
Menos caóticos, pese al aumento de los concursos registrados tras la crisis, son los juzgados de
lo mercantil. Un ejemplo son los de A Coruña. Aunque la carga de trabajo que soportan el
número 1, que probablemente llevará la liquidación de Martinsa-Fadesa, y el Juzgado número 2
justifica la creación de un tercer juzgado. Eso que el órgano de apoyo que tienen les quita mucho
trabajo. Este último, por ejemplo, tarda en resolver sus procesos entre 5 y 6 meses. Todo con
largas jornadas.
Fonte: La Voz de Galicia
Los sindicatos demandan a la
Xunta más personal para
investigar la operación Zeta
Reclaman funcionarios de refuerzo en el Juzgado coruñés encargado de la
causa contra el fraude en ayudas públicas - El Gobierno rectificó y lo autorizó
en el caso de Pilar de Lara
Los sindicatos denuncian que los juzgados coruñeses carecen de medios suficientes para hacer
frente a la corrupción, por lo que exigen a la Xunta que incremente el personal de las unidades
que investigan macrocausas penales. Los representantes de los trabajadores, en concreto,
reclaman al
Gobierno gallego que destine a al menos un funcionario de refuerzo a Instrucción 6, encargado
de la operación Zeta, un procedimiento sobre el fraude de subvenciones destinadas a cursos de
formación en el que hay 30 imputados.
La unidad judicial también solicitó a la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza el aumento de su plantilla. "Deben poner los medios para que el juzgado soporte la
caótica situación que supone la tramitación de la Zeta para compaginarla con el resto de

procedimientos", señala la representante de UGT Justicia, Elena Gamazo, quien critica la
"actitud pasiva" de la Xunta. "La solución no supone un coste tan importante, y menos aún
cuando se aproxima al famoso vídeo de Enrique Iglesias por el que sí se ha afrontado un gasto
extraordinario y, a nuestro entender, innecesario", indica Gamazo.
Los afectados reclaman al Ejecutivo autonómico que tome las mismas medidas en A Coruña que
en Lugo. La Consellería de Xustiza rectificó esta semana su decisión de retirar a las dos
funcionarias del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, que investiga dos macrocausas, la
Pokemon y la Carioca, tras las quejas de la magistrada Pilar de Lara, que fueron respaldadas
por los sindicato s UGT y CSIF. "Los refuerzos no solo hacen falta en Lugo, sino en todos los
lados, sobre todo en los juzgados de lo penal. Hay que tener en cuenta que los asuntos de
corrupción son complejos y no hay personal especializado", subraya el portavoz de CCOO,
Jorge Suárez.
La Xunta deberá pronunciarse en los próximos días sobre los requerimientos de la unidad
judicial y de los sindicatos. En la operación Zeta, por el momento, hay 30 imputados, entre ellos
cinco altos cargos del Ejecutivo autonómico, empresarios, sindicalistas y dirigentes de
asociaciones.
La investigación policial comenzó a finales de 2011 tras la denuncia de dos empleadas de uno
de los principales cabecillas, el presidente de la Confederación de Autónomos y Profesionales de
España, Eliseo Calviño. En 2012 los agentes de la Policía Judicial detuvieron a los sospechosos
y registraron sus empresas y domicilios. El secreto de sumario de la causa, que supera los
12.000 folios, se levantó el pasado mes de octubre. Los agentes de la Policía Nacional
concluyen en sus informes que las entidades investigadas fueron adjudicatarias, entre 2008 y
2012, de 20 millones de euros en subvenciones, la mayoría procedentes de la Xunta y
destinadas a cursos de formación para desempleados y discapacitados.
Fonte: La Opinión

CCOO rechaza la integración de los
equipos técnicos en los IML previsto en la
reforma del LOPJ
CCOO RECHAZA LA INTEGRACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS TÉCNICOS EN LOS
INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL TAL Y COMO RECOGE EL PROYECTO DE LEY
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL APROBADO EL PASADO VIERNES EN
CONSEJO DE MINISTROS
El proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), aprobado por el Consejo de
Ministros el pasado viernes 27 de febrero, prevé en su artículo 479, que en los Institutos de Medicina Legal
(IML) podrán integrarse los equipos psicosociales que prestan servicios a la Administración de Justicia,
incluyendo los Equipos Técnicos de Menores, cuyo personal tendrá formación especializada en familia,
menores, personas con discapacidad y violencia de género y doméstica.
CCOO rechaza estos cambios de adscripción que realizan los responsables del ministerio sin ninguna
negociación, de hecho esta movilidad de los equipos de menores, ni tan siquiera han sido tratados en la
Subcomisión Delegada.
Aunque lo establecido en este artículo 479 de la LOPJ, es la continuidad de lo que la Administración ha
decidido unilateralmente en las últimas Subcomisiones Delegadas, realiza cambios de adscripciones de
forma obligatoria de los equipos de familia a los IML. Ahora también pretende incluir los Psicólogos,
Trabajadores Sociales y Educadores, destinados en los Juzgados de Menores.
Para CCOO estas adscripciones forzosas solamente pretenden solucionar los graves problemas de déficit
de personal, que se traduce en la no convocatoria de plazas vacantes en los concursos de traslado, la no
contratación de personal interino y la congelación de las platillas, situación que CCOO viene denunciando
desde hace meses.
En la Ley Orgánica 5/2000 quedó claramente delimitada la adscripción a los Juzgados de Menores de los
integrantes de los Equipos Técnicos y las funciones que le encomienda dicha ley. Tanto la aplicación de la
Ley como el trabajo desempeñado por los Psicólogos, Trabajadores Sociales y Educadores es plenamente
satisfactorio y especialmente se valora muy positivamente el contacto directo con jueces y fiscales, así

como la inmediatez en el trato con los menores imputados que permite la realización de informes
respetando los plazos marcados por la propia ley y en definitiva en la agilización de todo el
procedimiento. CCOO desconoce los criterios y la intencionalidad del Ministerio porque no se nos ha
informado pero los intuimos, pretenden no convocar plazas en la oferta de empleo de personal laboral y
utilizar la movilidad obligatoria para ahorrar costes en empleo público.
El Ministerio de Justicia ni tan siquiera ha valorado la aplicación práctica que dicho cambio puede tener en
los procedimientos de menores, e igualmente en los de familia.
CCOO denuncia que los responsables del Ministerio de Justicia pretenden introducir cambios en las
relaciones laborales hurtando la negociación colectiva, sin consultar con los trabajadores, ni atender sus
justas demandas como el derecho a la movilidad voluntaria, la provisión de vacantes, las retribuciones
complementarias, productividad, etc.
CCOO EXIGIRÁ QUE SE RETIREN ESTOS CONTENIDOS DEL ARTÍCULO 479 Y ESPECIALMENTE
LA ADSCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS A LOS IML
Novo módulo petición
permisos/licenzas/vacacións
Núns días entrará en funcionamento o novo módulo de solicitude, consulta e xestión de
permisos, vacacións e licenzas na OPAX.
Este novo módulo recolle a petición de todos os permisos e licenzas, sendo a súa tramitación,
na maioría dos casos, totalmente electrónica, incluíndo ademáis, como novidade, a carga da
documentación xustificativa que se precise a través da propia aplicación.
O manual sobre o funcionamento do módulo, así como as fichas informativas sobre cada unha
das situacións estarán dispoñibles nos apartados correspondentes da propia OPAX.

8 de marzo: Día a día,
trabajamos por la igualdad
real
Gaceta Sindical ha editado un nuevo número en el que CCOO
subraya y refuerza su compromiso con la lucha por la
igualdad de género
Ante la celebración del 8 de Marzo, CCOO denuncia que la situación de persistente discriminación,
desigualdad y violencia que sigue impactando duramente sobre las mujeres contrasta con la valoración
triunfalista que hace el Gobierno de los últimos datos de la EPA, referidos a 2014.
Gaceta Sindical 8 de marzo
CCOO denuncia la persistente desigualdad, que incrementa la segregación laboral, el desempleo, la
brecha salarial, la precariedad laboral (mayor temporalidad y tiempo parcial) y, de manera insoportable, la
violencia contra las mujeres. Una foto de brechas de género, resultado de los efectos combinados de la
crisis, las políticas de recortes en los servicios públicos, la disminución de prestaciones y protección social,
así como un permanente retroceso legislativo e ideológico, como la regresiva LOMCE y la reciente
propuesta de reforma de la Ley 2/2010 de Derechos sexuales y reproductivos.
GACETA SINDICAL 8 DE MARZO

Correo de contacto: sectorxustizaccoo@gmail.com
Tfno do Sector de Xustiza: 619282917
Delegados/as:
Coruña: Raquel e Sonia ccooxustizacoruna@gmail.com
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Vigo e Pontevedra: Tino Novoa cnovoa-fsc-vigo@galicia.ccoo.es
Ourense: Sonia soniaxustizaourense@gmail.com
Lugo. Rafa saxgccoo@gmail.com
Coordinación: Jorge jorgesuarez@galicia.ccoo.es

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