El documento critica la política habitacional del gobierno de la ciudad de Buenos Aires por no construir viviendas y dejar el mercado inmobiliario sin regulación, lo que aumenta el déficit habitacional. También sugiere que el gobierno considera a los residentes del sur y los más pobres como ciudadanos de segunda clase. Finalmente, propone varias alternativas como trabajar con los vecinos, créditos blandos para todos, y la construcción anual de 10.000 viviendas.