Rueda de prensa sobre la Incidencia Delictiva de los meses de febrero y marzo en el área metropolitana de Monterrey

1. Trigésima
Octava
Conferencia
de
Prensa
Mensual
Sobre
la
incidencia
delictiva
del
mes
de
febrero
y
marzo
de
2014
22
de
abril
de
2014
Agradecemos
la
presencia
de
los
medios
de
comunicación
en
esta
rueda
de
prensa
en
donde
CAINTRA,
COPARMEX
Nuevo
León,
CANACO
Monterrey
y
el
Consejo
Cívico
presentamos
nuestra
postura
sobre
los
resultados
de
la
autoridad
estatal
y
las
municipales
en
materia
de
seguridad,
correspondientes
a
los
meses
de
febrero
y
marzo
de
2014.
Respecto
a
esto,
ponemos
a
consideración
de
la
opinión
pública
los
siguientes
temas:
1.
¿Qué
ocurre
con
las
denuncias
de
los
ciudadanos?
2.
Nuevo
León
todavía
no
es
un
estado
de
paz.
3.
Violencia
Familiar.
Falta
liderazgo
en
el
estado
para
frenar
la
Incidencia.
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1.
¿Qué
ocurre
con
las
denuncias
de
los
ciudadanos?
En
las
denuncias
de
robo
a
casa
y
robo
a
personas
reportadas
por
la
Procuraduría
de
Justicia
para
los
meses
de
febrero
y
marzo
en
Guadalupe
y
San
Nicolás,
nos
preocupa
el
proceder
del
Ministerio
Público.
Mientras
el
municipio
de
San
Nicolás
recibió
69
reportes
de
robo
a
casa
durante
el
mes
de
febrero
2014,
la
Procuraduría
solamente
llega
a
registrar
una
denuncia
por
este
delito.
Cabe
señalar
que
en
el
mes
de
enero
se
habían
registrado
69
denuncias
en
la
Procuraduría
por
este
mismo
ilícito.
En
el
caso
de
Guadalupe,
en
enero
se
denunciaron
a
la
Procuraduría
67
robos
a
casa,
en
tanto
que
para
febrero
y
marzo
sólo
se
denunciaron
7
y
3,
respectivamente.
La
historia
es
la
misma
para
el
Robo
a
Persona.
San
Nicolás
tuvo
43
delitos
en
el
primer
mes
del
año,
mientras
que
en
los
meses
siguientes
fueron
5
y
1;
situación
similar
para
Guadalupe
tuvo
57
en
enero,
para
posteriormente
quedarse
con
13
para
los
siguientes
dos
meses.
En
el
caso
de
San
Nicolás,
específicamente
la
diferencia
es
evidenciada
en
las
gráficas
que
ellos
mismos
suben
a
su
portal
para
dar
a
conocer
el
número
de
llamadas
que
atiende
el
Ayuntamiento
con
el
motivo
de
delito,
cifras
que
se
mantenían
muy
similares
a
las
denuncias
que
publicaba
la
Procuraduría
mes
a
mes.
Esto
nos
lleva
a
realizar
varias
observaciones
al
respecto:
en
primera
instancia,
solicitamos
a
la
Procuraduría
de
Justicia
del
Estado
de
Nuevo
León
que
estas
inconsistencias
sean
analizadas
de
la
mano
con
los
mismos
municipios,
esperamos
que
esta
no
sea
una
estrategia

2. para
presentar
buenos
resultados
y
sólo
se
trate
de
un
error
involuntario.
Lo
hemos
dicho
en
ocasiones
anteriores,
el
combate
a
la
inseguridad
en
el
estado
no
solamente
es
tarea
de
los
policías
o
de
la
Fuerza
Civil.
Si
no
existen
capacidades
de
atención
a
víctimas,
investigación,
y
consignación
de
delincuentes,
el
mensaje
que
manda
la
autoridad
es
uno
de
impunidad
e
inacción.
En
segunda
instancia,
recordamos
que
con
el
nuevo
sistema
de
Justicia
Penal
todos
los
reportes
realizados
con
policías
municipales
se
convierten
en
denuncias,
por
lo
cual
instamos
a
las
autoridades
a
cumplir
con
los
mandatos
de
este
sistema
judicial
y
demostrar
a
la
ciudadanía
sus
bondades.
Queremos
destacar
la
buena
práctica
del
municipio
de
San
Nicolás
que
publica
mes
con
mes
la
información
detallada
sobre
incidencia
delictiva,
ya
que
esta
información
nos
permite
tener
un
mejor
entendimiento
del
fenómeno
delictivo.
Esperamos
que
más
municipios
se
sumen
a
esta
iniciativa,
para
dar
a
conocer
a
la
ciudadanía
el
trabajo
que
realizan
sus
autoridades
en
materia
de
prevención
y
atención
al
delito.
2.
Nuevo
León
todavía
no
es
un
estado
de
paz.
Tras
dos
años
de
presentar
una
tendencia
a
la
baja,
el
delito
de
Homicidios
Dolosos
ha
tenido
un
estancamiento
en
los
últimos
nueve
meses.
En
mayo
de
2011
se
presentó
el
máximo
histórico
con
241
homicidios
al
mes,
y
desde
el
pasado
mes
de
junio
de
2013
se
ha
mantenido
con
un
promedio
de
50
casos
mensuales.
Como
sociedad
civil
nos
preocupa
este
estancamiento,
ya
que
estamos
aún
muy
lejos
de
poder
llegar
a
la
cifra
promedio
de
15
homicidios
mensuales
que
se
presentaban
en
2006.
Por
otra
parte,
las
lesiones
que
ponen
en
peligro
la
vida
siguen
a
la
alza,
de
principios
de
2013
que
se
registraban
25,
a
la
fecha
que
ya
casi
alcanzan
los
50,
una
cifra
muy
cercana
a
de
homicidios
dolosos.
Este
delito
es
también
de
alto
impacto,
ya
que
es
una
antesala
al
homicidio,
por
la
gravedad
y
afectación
a
la
vida
de
la
víctima.
Finalmente
las
cifras
de
extorsión
presentadas
por
la
Procuraduría
siguen
presentando
un
repunte
preocupante,
en
el
primer
trimestre
del
2014
nos
ubicamos
con
un
49%
más
delitos
que
los
reportados
en
el
mismo
período
del
año
anterior,
pasando
de
51
a
76
delitos.
CANACO
Monterrey
realizó
una
encuesta
sobre
denuncia
ciudadana,
misma
que
respondieron
255
comerciantes
mencionando
que
el
cobro
de
piso
es
el
principal
delito
que
no
se
denuncia,
y
la
razón
más
importante
de
ello
es
la
falta
de
confianza
en
las
autoridades,
además
de
la
corrupción.
Las
cifras
aquí
presentadas
no
son
aceptables,
e
instamos
a
las
autoridades
estatales
y
municipales
que
a
nuevamente
se
establezcan
metas
de
disminución
y
un
plan
de
trabajo
que
nos
permita
observar
una
mejoría.
Nuevamente
hacemos
un
llamado
a
la
Procuraduría,
para
mejorar
sus
capacidades
de
investigación,
y
su
efectividad
institucional.
Un
estudio
realizado

3. por
México
Evalúa
nos
coloca
como
uno
de
los
estados
con
más
bajo
número
de
consignaciones
precisamente
en
el
delito
de
Homicidio
Doloso.
Esta
baja
efectividad
institucional
abona
al
clima
de
impunidad
en
el
estado
y
manda
el
mensaje
equivocado
a
los
delincuentes.
3.
Violencia
Familiar
Aunque
el
tema
es
ya
una
constante
por
su
preocupante
proliferación,
no
podemos
quitar
el
dedo
del
renglón
en
Violencia
Familiar.
Año
tras
año
la
cifra
va
escalando,
de
2010
a
la
fecha
el
aumento
ha
sido
prácticamente
del
doble;
sin
embargo,
comparando
el
primer
trimestre
del
2014
con
el
año
anterior,
el
repunte
es
de
19.4%.
Tan
sólo
en
los
primeros
tres
meses
del
presente
año,
se
han
presentado
ante
las
autoridades
un
promedio
de
40
personas
a
denunciar
este
delito
diariamente.
Las
cifras
hablan
por
sí
solas:
es
urgente
tomar
cartas
en
el
asunto,
pero
como
ya
lo
habíamos
comentado
en
anteriores
ocasiones,
falta
liderazgo,
principalmente
del
estado
para
atacar
el
problema.
En
el
año
2013,
Nuevo
León
fue
el
estado
más
beneficiado
de
la
república
al
recibir
un
total
de
135
millones
254
mil
872
pesos
de
parte
de
la
Federación,
en
el
marco
del
Programa
Nacional
de
Prevención
del
Delito,
con
la
encomienda
de
usar
estos
fondos,
entre
otros,
para
atender
la
Violencia
Familiar
y
de
género.
Este
año
se
recibirán
136
millones
75
mil
184
pesos
para
este
mismo
programa.
Sin
embargo,
hemos
observado
como
los
delitos
sociofamiliares
han
ido
a
la
alza.
¿Qué
evaluación
se
está
realizando
de
los
programas
estatales
y
municipales
de
prevención
del
delito
y
atención
a
víctimas
con
el
fin
de
verificar
su
eficiencia,
y
que
los
recursos
estén
aprovechados
y
generen
resultados
concretos?
Por
el
alza
en
los
delitos
sociofamiliares,
tenemos
la
gran
duda
sobre
la
efectividad
de
la
actuación
de
nuestras
instituciones.
Adicionalmente,
el
Fondo
Federal
exige
la
instalación
de
una
Comisión
Interinstitucional
para
la
Prevención
Social,
misma
que
estará
integrada
por
10
municipios
metropolitanos
a
fin
de
actuar
de
manera
conjunta
todos
los
niveles
de
gobierno.
Consideramos
que
tras
un
año
de
ejercer
este
recurso,
es
preciso
conocer
qué
se
hizo
y
qué
se
hará
con
el
mismo
para
beneficiar
a
la
ciudadanía.
La
información
actual
que
publica
el
Estado
y
los
municipios
es
insuficiente
para
conocer
tanto
los
programas
como
sus
alcances,
y
el
impacto
social
que
están
teniendo.
Sin
evaluación
objetiva,
nos
quedamos
con
la
duda
sobre
el
adecuado
uso
de
estos
fondos
federales.
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Estamos
prácticamente
en
la
recta
final
de
la
implementación
del
nuevo
Sistema
de
Justicia
Penal,
y
el
mayor
de
los
retos
es
hacer
más
eficiente
el
trabajo
de
las
autoridades
de
punta
a
punta:
tener
policías
capacitados,
un
ministerio
público
eficiente
y
con
capacidad
de
investigación,
que
logre
consignaciones,
y
jueces
que
realmente
hagan
justicia.

4. Según
un
estudio
de
México
Evalúa
que
ejemplifica
nuestros
retos,
Nuevo
León
es
la
décima
entidad
con
menos
agencias
del
Ministerio
Público
por
cada
100
mil
habitantes,
además
de
que
ocupa
el
octavo
sitio
entre
las
entidades
con
menor
efectividad
en
la
resolución
de
investigaciones.
Lo
anterior
genera
un
ambiente
de
alta
impunidad
que
propicia
que
se
sigan
cometiendo
delitos
de
alto
impacto.
Lo
que
no
se
mide
no
se
evalúa,
y
no
se
mejora.
A
Nuevo
León
le
urge
un
sistema
de
indicadores
que
mida
la
eficiencia
del
sistema
de
seguridad
e
impartición
de
justicia,
desde
la
buena
labor
policial,
el
desempeño
del
Ministerio
Público,
y
la
labor
de
los
Jueces.
La
implementación
de
un
nuevo
sistema
de
justicia
es
la
oportunidad
perfecta
para
que
se
diseñe
e
implemente
una
medición
del
desempeño
de
sus
actores,
con
el
fin
de
recobrar
la
confianza
de
la
ciudadanía
en
sus
autoridades.