Recopilación de opiniones periodísticas que dan cuenta de las pocas capacidades profesionales que ha tenido que soportar la administración pública y las consecuencias que han llevado a una serie de contratiempos en el avance de “la buena administración pública en tiempos modernos”.

1. Nombre: Daniel Castillo Ramos Matrícula: p296854
Nombre del curso:
Marco General de la Administración
Pública.
Nombre del profesor:
Javier de la Rosa
Actividad:
3.4.3 Importancia de la Profesionalización en los trabajadores de la
Administración Pública.
Fecha: 29/07/19
Bibliografía:
(Trejo, 2015) (Edomex, 2017) (Nieto, 2017) (Ortiz,1832: 87)

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Título:
IMPORTANCIA DE LA PROFESIONALIZACIÓN EN LOS TRABAJADORES
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
Introducción:
A lo largo del curso “Marco general de la administración pública” se trató
fundamentalmente sobre el objeto de estudio y estudio del objeto en cuanto a
la materia que nos compete en esta ocasión. Muchos de los documentos e
investigaciones estudiadas en este proceso, nos dan cuenta de las múltiples
indagatorias que se realizaron a lo largo de su historia para lograr concebirla y
conocerla como es al día de hoy.
Es por eso la importancia de conocer la historia y origen de la administración,
ya que con toda certeza se puede decir, que, la administración aparece desde
que el hombre comienza a trabajar en sociedad. El surgimiento de la
administración es un acontecimiento de primera importancia en la historia
social en pocos casos, si los hay, una institución básicamente nueva, o algún
nuevo grupo dirigente, han surgido tan rápido como la administración desde un
principios del siglo. Pocas veces en la historia de la humanidad una institución
se ha manifestado indispensable con tanta rapidez. La administración que es el
órgano específico encargado de hacer que los recursos sean productivos, esto
es, con la responsabilidad de organizar el desarrollo económico, refleja el
espíritu esencial de la era moderna. Es en realidad indispensable y esto explica
por qué, una vez creada, creció con tanta rapidez.
Una vez que hemos estudiado los acontecimientos que dieron origen a la
administración pública, nos podemos dar cuenta de las mentes brillantes que
observaron, analizaron y cuestionaron su proceso, para después plasmar en
valiosos documentos las posibles respuestas que nos llevan a un buen sistema
de organización administrativa, y es aquí en donde surgen los siguientes
cuestionamientos: ¿Cuántos funcionarios actualmente en nuestro país, tienen
la capacidad intelectual para dar continuidad a todos estos estudios? o

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¿Cuántos de ellos, al menos tienen título universitario para llevar a
cabo trabajos administrativos en donde se requiere de conocimiento técnico y
científico? Y por último ¿Qué consecuencias ha tenido la administración pública
por no tener a profesionales atendiendo puestos en donde realmente se
requieren de vastos conocimientos para lograr beneficios en pro de la
sociedad?
El siguiente trabajo es una recopilación de opiniones periodísticas que dan
cuenta de las pocas capacidades profesionales que ha tenido que soportar la
administración pública y las consecuencias que han llevado a una serie de
contratiempos en el avance de “la buena administración pública en tiempos
modernos”.
Desarrollo:
ETICA Y PROFESIÓN
Una manera de entender la Ética sostiene que el comportamiento moral de las
personas depende del "carácter" o de la "manera de ser". El "carácter" (o
"manera de ser") viene determinado por la herencia (genética o social) y, por
tanto, el comportamiento moral es natural, no puede ser de otra manera, no
puede cambiar. Según esta manera de pensar, las normas y los valores
morales son inmutables.
Otro modo de entender la Ética, afirma que el comportamiento moral de las
personas depende de los hábitos o de las costumbre. Los hábitos o costumbres
proviene del acuerdo social y, por tanto, el comportamiento moral sí puede ser
modificado con nuevos acuerdos sociales. Según esta manera de pensar, las
normas y los valores morales pueden cambiar. Además, como los hábitos y las
costumbres las aprendemos, necesitamos de la educación moral para adquirir
hábitos de "buen" comportamiento.
En esta ocasión nos atrevemos a decir que la ética proviene básicamente de
conductas aprendidas dentro del entorno social de una persona. Ahora bien, la
profesión se describe por lo general, como un conocimiento especializado y
formal, que suele adquirirse tras una formación terciaria o universitaria.
Dando conjunto a estos dos términos, “ética y profesión”, se deduce que la
ética profesional hace referencia al conjunto de normas y valores que hacen y

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mejoran al desarrollo de las actividades profesionales. Es la encargada
de determinar las pautas éticas del desarrollo laboral mediante valores
universales que poseen los seres humanos. Aunque ésta se centre en estos
valores, se especifica más en el uso de ellos dentro de un entorno plenamente
laboral. La ética laboral es fundamental en cualquier persona que desee
trabajar, ya que ésta implica la práctica de valores como la responsabilidad,
puntualidad, estudio, constancia, carácter, concentración, formación,
discreción, entre otras.
Mary Parker Follet (1868-1933), fue una trabajadora social, consultora y autora
de libros sobre democracia, relaciones humanas y la administración. Para ella
la palabra “profesión” significa un fundamento de ciencia y un motivo se
servicio. Señalaba que: “el conocimiento técnico es algo que se puede enseñar’
y está basado en lo científico, mientras que gestionar personas es un ‘don que
algunas personas poseen y otras no’, lo que hace referencia a las cualidades
personales de los gerentes. Follet no dice de donde proviene ese ‘don’, no dice
si es innato o adquirido. Tampoco habla solo sobre virtudes, como lo hizo
Aristóteles. Sin embargo, afirma que ‘tratar a las personas de forma justa’ no es
sólo un tema técnico, sino que también requiere de cierto conocimiento
práctico.
Es por ello que el principal objetivo de la ética profesional es dejar de lado los
beneficios individuales, y trabajar en conjunto por el bien común. Si la
organización administrativa en un conjunto cumple con los objetivos planeados
desde un inicio, los trabajadores que laboren en la unidad, por consecuencia
tendrán estabilidad laboral, pero si se realizan acciones que perjudiquen
directamente a la organización, las consecuencias pueden afectar a muchas
personas y sobre todo a la sociedad, tratándose del servicio público y lo mismo
sucede en el sector privado.
Al quebrantar de manera deliberada los valores en los que se basa la ética
profesional puede ser causa de sanciones, incluso por la vía legal. Cada
profesión tiene valores y compromisos específicos con los que cada
colaborador debe conducirse, es por ello que las sanciones a quienes no se
apeguen a estos principios pueden ir desde la destitución del cargo, la pérdida
de cédula profesional o incluso cumplir una condena en prisión. Aunque estas

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sanciones se estipulen dentro de la ley orgánica de la unidad
administrativa en función, podría decirse que parece “letra muerta” ya que
conocemos innumerables casos en donde la ley no se aplica.
FALLAS INDIVIDUALES DEL SERVIDOR PÚBLICO.
Entre los 500 miembros que conforman LXIV Legislatura en la cámara de
diputados, se tiene conocimiento de que el 46% de ellos no cuentan con título
universitario, ello se debe en mayor medida a que ocupan el cargo por el
famoso “dedazo, compromisos de campaña electoral y la elección
plurinominal”. Este último aspecto, se debe con el motivo de brindarle
presencia a las expresiones políticas minoritarias en el Congreso de la Unión.
Estos puestos asignados, son únicamente los dados a conocer por los medios
de comunicación, sin embargo, dentro de las instituciones y organismos de
gobierno, se sabe de funcionarios que no cuentan ni si quiera con la educación
primaria y ocupan puestos importantes dentro de la unidad, adquiriendo
salarios que un profesionista lejanamente puede obtener.
Toda esta selección de servidores públicos sin haber sido merecedores del
cargo que ocupan, regularmente terminan en la catástrofe administrativa.
Pero ¿por qué falla un servidor público?: ¿por ignorancia?, ¿por negligencia?,
¿por ambición?
Por ignorancia, es posible, cuando se llega a los cargos sin tener el mínimo
conocimiento de lo que se va a hacer –inadecuado perfil para el puesto–, se
pueden cometer graves errores, de manera personal o al auspicio de
colaboradores que sí sean experimentados en la materia.
Por negligencia, se da cuando el funcionario por mala organización y control
comete irregularidades propias y/o con sus colaboradores que afectan la
marcha de la institución y el daño, material, económico y social es severo, para
quienes debieran ser beneficiados de la función.
Por ambición, en el mayor de los casos. Individuos, mujeres y hombres, que al
amparo del puesto público cometen intencionalmente actos de corrupción,
tráfico de influencias, enriquecimiento “explicable”, etc., siempre buscando
hacerlo de “fina” manera para no dejar huella de sus traiciones y
arbitrariedades.

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Pero cualquiera de estas razones, el resultado es el mismo: se falla a
la misión encomendada, a la institución y a los ciudadanos a quienes se sirve.
Luego entonces ¿que requiere un buen servidor público? Manejar buenos
valores personales y profesionales para poder ser un sujeto confiable. Basta
con revisar –antes de contratar–, su vida personal, sus antecedentes laborales
y profesionales, sus vínculos con grupos en el poder público y privado, los
resultados en cargos relacionados, etc., para darse cuenta si es una persona
con experiencia, eficiente, confiable en su capacidad, en su honorabilidad y en
su calidad como individuo.
Por eso la necesidad de contar y aplicar el Código de Ética para la
administración pública, que norma la función del servidor, como un promotor de
valores y principios en la sociedad, para partir, con el ejemplo personal frente a
la misma.
REQUISITOS DEL SERVIDOR PÚBLICO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.
La ausencia de profesionales en todos los órdenes y sectores ha sido, desde
antiguo, uno de los males que más han dañado y perjudicado al país. Para
evitarlos Simón Tadeo Ortiz de Ayala propuso, desde 1832, en su tratado
México considerado como nación independiente y libre, o sean algunas
indicaciones sobre los deberes más esenciales de los mexicanos, la formación
y capacitación de los servidores públicos “en las nociones más triviales de la
difícil ciencia de la administración”. Para ello “el gobierno de la unión haría un
gran servicio a la nación creando un liceo general de ciencias elementales,
literatura e idiomas vivos, especialmente destinado a la instrucción de la
juventud en la geografía, antigüedades e historia nacional, el derecho
constitucional, el de gentes, la estadística y la economía política y todos los
elementos necesarios para formar hombres de Estado que sepan gobernar por
principios la república y representar con honor a la nación en los países
extranjeros”
Gracias a tan ilustres pensadores el apartado B del artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano incorpora disposiciones
para la profesionalización de los servidores públicos en el artículo 123,
apartado B, fracción VII: la designación del personal se hará mediante sistemas

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que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes.
Esta disposición es aplicable para el orden federal y, de acuerdo con los
artículos 115, fracción VIII, y 116, fracción VI, de la misma Carta Magna, para
el municipal y el de los estados. Las relaciones de trabajo entre la Ciudad de
México y sus trabajadores, de acuerdo con el artículo 122, apartado A, fracción
VI., se regirán por la ley que expida la Legislatura local, con base en lo
dispuesto por el artículo 123 de dicha Constitución y sus leyes reglamentarias.
Un caso expreso de profesionalización es el del artículo 102, apartado A,
fracción VI, párrafo tercero: “La ley establecerá las bases para la formación y
actualización de los servidores públicos de la fiscalía (general de la República),
así como para el desarrollo de su carrera profesional, la cual se regirá por los
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y
respeto a los derechos humanos”.
La administración adquiere existencia por los individuos que la componen y sus
instituciones no pueden ser concebidas sin las personas que les deben dar
vida: los servidores públicos. La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece requisitos, derechos, obligaciones y responsabilidades
para ellos y considera como tales en el ámbito de la administración a los
funcionarios, empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un
empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública
federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que la
Constitución otorgue autonomía (art. 108).
DELA PROFESIÓN.
De conformidad con el aparto B del artículo 123, fracción VII, la designación del
personal se hará mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y
aptitudes de los aspirantes. Para formarlos y mejorarlos se organizarán
escuelas de administración pública.
En la fracción siguiente se preceptúa que “los trabajadores gozarán de
derechos de escalafón a fin de que los ascensos se otorguen en función de los
conocimientos, aptitudes y antigüedad. En igualdad de condiciones tendrá
prioridad quien represente la única fuente de ingreso en su familia”.

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Disposiciones parcialmente cumplidas como tantos preceptos de la
Norma Suprema.
La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores
públicos de la fiscalía general de la República, así como para el desarrollo de la
carrera profesional de los mismos, la cual se regirá por los principios de
legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto a los derechos humanos
(art. 102, apartado A, fracción sexta, cuarto párrafo).
Las disposiciones sobre profesionalización se reiteran en las reformas
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013. En
ellas se faculta al Congreso General para establecer el servicio profesional
docente en los términos del artículo tercero de la nuestra Carta Magna. Este
precepto, entre otras disposiciones, en su fracción III obliga al Estado, es decir,
al gobierno federal, al de los estados, de la Ciudad de México y de los
municipios, a garantizar, en la educación obligatoria, la idoneidad de los
docentes y los directivos para asegurar el mejoramiento constante y el máximo
logro de aprendizaje de los educandos.
La fracción tercera del numeral en cita ordena que “el ingreso al servicio
docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión,
en la educación básica o media superior” impartida por los órdenes de
gobierno, se llevarán a cabo por medio de “concursos de oposición que
garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan.
La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y las condiciones de la
evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la
permanencia en el servicio profesional, con pleno respeto a los derechos
constitucionales de los trabajadores de la educación”.
Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme
a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no se aplica a las universidades y demás
instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía.
En suma es pertinente desarraigar la ilusión de que basta el texto constitucional
para disponer de servidores públicos garantes de una mejor calidad de vida y
del goce efectivo de los derechos humanos de todos los habitantes del país y
de los nacionales en el exterior. Es insuficiente la renovación del orden jurídico,

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se requiere su acatamiento. Esto es tan evidente que se olvida
mencionarlo y sobre todo cumplirlo.
Para disponer de servidores públicos competentes, honrados, con vocación de
servicio y patriotas es preciso lo sean los titulares de las instituciones. La
incompetencia de los titulares acarrea la de los restantes servidores.
El error en el nombramiento del mal llamado gabinete se traduce en la pérdida
de la legitimidad, indispensable para todo gobierno, y de la confianza del
pueblo en el presidente de la República como vocean los diarios.
CONSECUENCIAS DE LA NO PROFESIONALIZACIÓN EN LOS
TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
Todos los habitantes del país somos testigos de la incompetencia de los
servidores públicos presente en: las aguas turbias que anegan ciudades y
carreteras mal construidas, obras públicas sin mantenimiento, inconclusas, con
costo mayor al presupuestado o mal ejecutadas por doquier; fraccionamientos
establecidos en zonas peligrosas y sin los servicios prometidos; ausencia de
medidas para prevenir riesgos, evitar la muerte y auxiliar oportunamente a los
damnificados; descoordinación entre los órdenes de gobierno y entre las
instituciones de cada uno; incumplimiento de los derechos humanos;
secuestros, robos, violaciones, asaltos, linchamientos; desatención de partos
en jardines o pasillos; bloqueos de calles, carreteras, aeropuertos, comercios,
instalaciones públicas; incendio de edificios y autobuses; violencia; inseguridad;
destrucción del patrimonio natural y del cultural; cambiar los criterios para medir
el ingreso de los hogares y dar mejor imagen del gobierno e impedir
compararlo con el pasado; asesinatos cotidianos. Se presume de transparencia
y nada se aclara. Sobre todo impera la impunidad y hay ausencia de un Estado
de derecho. Los problemas se pretenden resolverlos pidiendo perdón o
condenando los errores. Florece la incompetencia. Los servicios públicos son
insuficientes y deficientes. Ante demandas crecientes de los habitantes del país
o de los mexicanos en el extranjero, los gobiernos y sus administraciones
producen resultados decrecientes. La corrupción sí se incrementa. La
ingobernabilidad es patente y el descontento ciudadano aumenta.

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Han sido y son inocultables los males políticos y administrativos que
aquejan al país, como lo es la cobardía de muchos políticos y funcionarios para
hacer frente a sus responsabilidades, pero prontos para transferir las culpas a
los demás, amén de heredar, si pueden, los problemas a sus sucesores.
Parece que sólo son aptos para enriquecerse ilícitamente, así lo muestran
muchos ex gobernadores.
Conclusión:
El que un servidor público tenga estudios de licenciatura, maestría o doctorado
y que se prepare continuamente, debería ser una obligación, así como para
quienes ocupan cargos de representación popular o tienen puestos directivos
en los tres niveles de gobierno, así lo refieren funcionarios, empleados
sindicalizados y expertos en temas de administración pública y derecho.
Todo esto que nos acontece actualmente es el resultado patente de la
insuficiencia de profesionales en los gobiernos y en las administraciones
públicas en los órdenes federal, estatal y municipal. Los egresados de las
escuelas para formar a los servidores públicos pocas veces son tomados en
cuenta. Su incompetencia es una de las peores manifestaciones de la
corrupción y causa de enfermedades hasta ahora sin remedio de los gobiernos
y administraciones.
Por consecuencia la formación universitaria integral del profesionista debe
otorgarle al egresado las herramientas éticas para la realización de un
desempeño digno y honesto de su carrera en el área de la función pública. Sin
embargo, sucede lo contrario con el profesionista universitario que no practica
el arte de la decencia y la rectitud, porque no le interesó u olvidó sus cursos de
filosofía, ética, civismo, moral. Así mismo, con la persona que ocupa el cargo
sabiendo que no es la adecuada para llevar tal responsabilidad, y que
únicamente ve por su beneficio personal.