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1 9 SET. 2013
ARTICULO 1°.- Declárase la intervención federal a la Universidad Nacional
de La Rioja (UNLaR), conforme al Artículo 30° de la Ley 24.521, a efectos
de garantizar su normal funcionamiento y el cumplimiento de la citada
norma.
ARTICULO 2°.- Dispónese la inmediata caducidad de los mandatos de
Rector, Vice Rector, Decanos y Consejeros Directivos y Superiores.
ARTÍCULO 3°.- El Poder Ejecutivo Nacional designará, con acuerdo del
Senado, un Rector Interventor quien, para el cumplimiento de los objetivos
expresados, tendrá las siguientes atribuciones:
a. Convocar a la Auditoría General de la Nación (AGN) a realizar una
auditoría integral de la institución intervenida.
b. Designar Decanos Normalizadores para los Departamentos Académicos.
c. Remover y designar a los integrantes de su gabinete.
d. Dictar las disposiciones y resoluciones necesarias para asegurar la
libertad académica, la igualdad de oportunidades y posibilidades, la
jerarquización docente, la corresponsabilidad de todos los miembros de
la comunidad universitaria, así como la convivencia pluralista de todos
los integrantes de la comunidad universitaria durante la vigencia de la
presente intervención.
e. Promover y consensuar una reforma estatutaria que limite las
reelecciones de Rector, Vicerrector y Decanos a dos (2) períodos de
cuatro (4) años cada uno, conforme lo establecido por la Constitución
Nacional para la categoría de Presidente de la Nación.
ARTICULO 4°.- La intervención tendrá un plazo máximo de ciento ochenta
(180) días, dentro del cual se deberá convocar a elecciones de consejeros
docentes, no docentes, estudiantes y graduados y proceder a la elección de
las nuevas autoridades.

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ARTICULO 5°.- Todas las designaciones que disponga el Rector
Interventor serán consideradas en comisión y por el plazo máximo de 180
días.
ARTICULO 6°.- El Ministerio de Seguridad instruirá a la Policía Federal
Argentina y la Gendarmería Nacional para que presten todo el apoyo que
requiera el Rector Interventor para el efectivo cumplimiento de la tarea
encomendada.
ARTICULO 7°.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente
ley serán imputados a rentas generales.
ARTICULO 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

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FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
La llama de la Reforma Universitaria se encendió en
Córdoba en 1918, en la vetusta Casa de Trejo y Sanabria. Fundada en
1613, la Universidad de Córdoba era para entonces, una institución con
rasgos fuertemente endogámicos y tradicionales.
En un contexto nacional e internacional signado la guerra
europea de 1914, la revolución rusa de 1917 y el advenimiento del
radicalismo al poder mediante el sufragio secreto, universal y obligatorio, la
universidad cordobesa permanecía detenida en el tiempo.
El reclamo por una universidad abierta, democrática,
participativa y con calidad académica expresaba la tensión existente entre
una institución educativa perimida y las demandas de un estudiantado que
se asumía como expresión prototípica de la modernidad, la libertad y la
transformación social.
La reforma de 1918 representó, para el imaginario
político e intelectual de la joven generación latinoamericana, "una
verdadera epopeya emancipatoria" (Brunner J: 1990) destinada, no sólo a
cambiar la universidad, sino además el destino de la generación que la
emprendió y el horizonte político espiritual de la sociedad.
Entre los principios rectores que dieron identidad nacional
y proyección latinoamericana al movimiento reformista se encontraban la
participación de los estudiantes y los graduados en el gobierno de la
universidad; la asistencia y la docencia libres; la periodicidad de la cátedra
y la extensión universitaria.
El fermento reformista modificó paulatinamente las
matrices institucionales de las universidades locales y americanas, y sus
postulados se expandieron con vocación antiimperialista y latinoamericana.
Este ciclo reformista se cerró en los '70 en medio del
control militar de las universidades, pero se reabrió a partir de 1983 con la
reapertura democrática, la normalización de las universidades y la
reinstalación de los principios reformistas y la gratuidad de la enseñanza
universitaria.

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Sin embargo, a pesar de esta fuerte tradición reformista
que nos distinguió en el mundo, existen en nuestro país lamentables casos
de universidades donde no se respetan los principios reformistas básicos,
como el caso de la Universidad nacional de La Rioja (UNLaR).
La UNLaR fue creada sobre la base de su predecesora, la
Universidad Provincial de La Rioja, por la Ley nacional N° 24.299
promulgada por el P.E. el 28 de diciembre de 1993.
Académicamente, está organizada en cinco
Departamentos Académicos, y su sede central está ubicada en la Ciudad
Universitaria de la Ciencia y de la Técnica de la ciudad de La Rioja, cuyo
edificio fue inaugurado en diciembre de 1998.
Su único Rector, desde su creación a la fecha, el Dr.
Enrique Tello Roldán, fue electo en 1995 y reelecto 1998, 2001, 2004, 2007
Y 2010, continuando a la fecha en el ejercicio del cargo.
Estas reelecciones indefinidas del actual rector
configuraron un esquema de poder que se tradujo en una gestión que
contradicen, o al menos cuestionan severamente, los requisitos generales y
condiciones para el funcionamiento de una universidad establecidos en el
Capítulo 3 de la Ley 24.521 de Educación Superior.
Dicha norma, en su Artículo 33° establece: "Las
instituciones universitarias deben promover la excelencia y asegurar la
libertad académica, la igualdad de oportunidades y posibilidades, la
jerarquización docente, la corresponsabilidad de todos los miembros de la
comunidad universitaria, así como la convivencia pluralista de corrientes,
teorías y líneas de investigación." Dichas condiciones básicas, como lo
sintetizaremos a continuación, no se encuentran garantizadas.
Sin entrar a detallar la nutrida historia de atropellos
institucionales, hechos de corrupción, arbitrariedades, persecución política,
agresiones y nepotismo que caracterizaron la gestión del Dr. Tello Roldán,
que ya la Auditoría General de la Nación (AGN) cuestionara severamente a
a través del Informe N° 256 de 1999, pretendemos concentrarnos en el
relato de los hechos desencadenantes de la actual situación de parálisis de
la UNLaR.

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Entre el 26 de agosto y el 12 de septiembre, el Rector
"despidió" a alrededor de cuarenta docentes, notificándolos, algunos
verbalmente, a otros no les informaron nada pero simplemente no les
pagaron el sueldo de agosto y los desafectaron de sus tareas en las mesas
de exámenes, y a otros mediante una cédula cargada de vicios procesales,
entre ellos, que no acompañaron a la misma la copia de la resolución que
los cesantea.
La mayoría de los docentes "despedidos" están a punto de
cumplir la edad jubilatoria, pero algunos de ellos no cuentan con los 25
años de servicios que exige la ley 26.508, por lo que tomaron la opción que
la ley les otorga en su art.1 inc.2 b) de continuar trabajando hasta los 70
años. Pero además, casi en su totalidad, los docentes despedidos eran
docentes efectivos mediante concursos de oposición y antecedentes, con lo
cuál se les vulnera flagrantemente su derecho a la estabilidad en el cargo.
Esto provocó que quedaran algunas cátedras sin cubrir,
las cuales se las otorgaron como extensión a docentes más jóvenes, pero
con la particularidad de que, además, a estos docentes se les bajo la
dedicación, lo cual repercute en una caída de su sueldo. Es decir que, tienen
más materias y dedicación horaria, pero menos plata que antes, lo cual
vulnera el principio de "igual remuneración por igual tarea" amparado tanto
por la Constitución Nacional como en la Ley de Contrato de Trabajo.
A partir de esta situación, muchos alumnos no tuvieron
exámenes porque figuraban en el tribunal docentes "cesanteados"; otros,
como los de Psicopedagogía, pierden un año porque carecen de docentes
para las prácticas y esas prácticas no se pueden rendir libre ni recuperar;
otros, como los de Trabajo Social, tienen sus tesis esperando corrección,
porque carecen de docente que pueda corregir 40 tesis que se evalúan por
etapas y llevan un trabajo en conjunto con el docente por un tiempo de uno
a dos años.
Esta situación generó una respuesta de la comunidad
universitaria de la UNLaR se autoconvocara en asambleas y marchas
multitudinarias, que sólo se comparan con las realizadas tiempo atrás
contra la megaminería.
La comunidad universitaria de la UNLaR decidió luchar por
sus derechos como ciudadanos del sistema universitario nacional frente a la

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cesantía de numerosos docentes, el salvaje ajuste salarial aplicado a
prácticamente todo el estamento docente, los concursos manipulados y
viciados de nulidad, y las vergonzantes amenazas de las que están siendo
víctimas.
A partir de esas causales, exigen "la presencia de
autoridades de órganos de control de la nación que auditen la gestión
académica, política, administrativa y financiera de la Universidad Nacional
de La Rioja, ... Ia inmediata renuncia del Rector Enrique Daniel Tello Roldán
y de los funcionarios de la actual gestión."
Los manifestantes aclaran que "todas las medidas de
protesta iniciadas tienen carácter pacífico y permanente" e incluyen "el no
dictado de clases" y "la toma de la Escuela de Arquitectura y otras
instalaciones universitarias", todas "en respuesta a los atropellos y la
persecución constante de la que somos víctimas desde hace muchos años".
"Nuestra lucha representa los derechos y la dignidad, no
solo de los miembros de la comunidad universitaria, sino de todos los
habitantes de la provincia que necesitan una universidad libre, democrática
y con real excelencia académica", expresan los asambleístas en un
comunicado.
Frente a esta movilización, el Rector ordenó al personal no
docente de la universidad cortar la energía de las instalaciones tomadas y
cerrar los baños, convocó a la Policía provincial a custodiar sus oficinas y
amedrentar a los estudiantes, y esta misma tarde organizó grupos de
choque que fueron a provocar mediante pedradas e insultos a los
manifestantes universitarios.
A todo esto se agrega que en horas de la noche, procedió
a retirar numerosas cajas e equipos informáticos de la sede del Rectorado
de la Universidad, con obvios propósitos de ocultamiento de pruebas.
Coherentes con nuestros principios históricos en defensa
de la universidad pública y gratuita, hacemos propios la declaración de los
asambleístas que enarbolan "las banderas de la Reforma Universitaria de
1918" y exigimos "real democracia en la Universidad Nacional de La Rioja,
cese a los despidos arbitrarios, calidad educativa, excelencia académica,
cese de la persecusión, amenazas y hostigamientos a toda la comunidad

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educativa, y libertad y agilidad para la creación de todos los centros de
estudiantes de las carreras, independientemente de su pertenencia política".
Históricamente, defendimos la autonomía universitaria,
pero siempre lo hicimos sobre la base de que esa autonomía garantizara al
interior de la universidad el respeto irrestricto de los principios
democráticos, la libertad de expresión y de pensamiento y la excelencia
académica.
Estos valores y principios no sólo no se respetan en la
UNLaR, sino que se bastardean y cercenan, transformando lo que debería
ser una verdadera "casa de altos estudios", formadora de recursos humanos
de excelencia, transformadores y con un fuerte compromiso social con su
entorno, en una institución autoritaria, represiva y conducida por un
aspirante a dictador con los peores vicios de la repudiable política clientelar
corrupta y autoritaria.
Es por todo esto que, frente al estado actual de situación,
y a las circunstancias relatadas que son de público conocimiento de toda la
sociedad riojana y del país, existe sin dudas un conflicto insoluble que hace
imposible su normal funcionamiento, lo cual encuadra perfectamente en la
causal prevista en el arto 30 inc. e de la Ley 24.521.
La Asamblea de docentes y alumnos autoconvocados está
dispuesta a continuar con las medidas de lucha hasta obtener la renuncia
del Rector, lo cual genera una situación, sin lugar a dudas, imposible de
resolver por otra vía que no sea la que nos indica la ley dentro de nuestro
sistema republicano: disponer la Intervención Federal. Así nos lo han
encomendado sus protagonistas.
Por todo lo expuesto solicitamos el apoyo a esta
intervención que resulta una medida necesaria, imperiosa e impostergable
para preservar el orden institucional y la paz social en la Universidad
Nacional de La Rioja.