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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA
UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE
VENEZUELA
DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA
COMISIÓN CURRICULAR
PROGRAMA
ANALÍTICO
P.F.G: ESTUDIOS JURÍDICOS
UNIDAD CURRICULAR:
ELECTIVA: PENITENCIARISMO
TRAYECTO: TERCERO TRAMO: SEGUNDO
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD CURRICULAR
Presentación:
La nueva Constitución venezolana es la primera que en la historia penetra en la cárcel al garantizar la
rehabilitación del interno y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, se han implantado siete
principios esenciales para la acción en este campo: profesionalización, descentralización, régimen abierto
y colonias agrícolas, medidas no privativas de la libertad, asistencia postpenitenciaria, independencia
técnica y privatización. La Constitución llama a los gobiernos municipales y estatales a promover
actividades culturales, pedagógicas, deportivas y laborales que tiendan a la desaparición de las fronteras
entre la cárcel y la comunidad.
Esta Constitución venezolana que acaba de aprobar el pueblo es la primera que en la historia nacional
penetra en la cárcel. Nuestra nueva Carta Magna, en su artículo 273, comienza por establecer que “El Estado
garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a
sus derechos humanos.” Y de seguidas exige que los establecimientos penitenciarios cuenten “…con
espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación…” A partir de allí quedan consagrados los
principios, ahora constitucionales, por los cuales debe regirse lo que tiene que ser el nuevo penitenciarismo
venezolano, nuestro penitenciarismo del tercer milenio.
Esos principios son:
1. La profesionalización porque el texto constitucional ordena que los penales funcionen “bajo la dirección
de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias”. Es decir, que de las
páginas de nuestra Constitución brota ahora en Venezuela la profesión del penitenciarista, al cual se le
exige jerarquía universitaria para ejercer funciones directivas —director, subdirector, administrador,
coordinador, educador— en las cárceles. En virtud del mandato constitucional, queda eliminada en el país
la designación “a dedo” de esas autoridades por obra y gracia de un Carnet político, un padrinazgo, una
amistad, un acto de corrupción administrativa u otra motivación indebida. De ahora en adelante, los
egresados del Instituto Universitario Nacional de Estudios Penitenciarios (I.U.N.E.P.) y los de
instituciones similares deberán ser los únicos elegidos para esas responsabilidades. Las cárceles son su
personal y cualquier cosa más. Una de las razones de nuestro desastre penitenciario es la ausencia de un
personal calificado. Esto cesará a partir de ahora.
2. Administración penitenciaria descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales o municipales, dice la
Constitución. El poder central ha fracasado estruendosamente en la conducción de nuestros penales. Con
23 gobernadores de estado es difícil fracasar. Además, podrán establecerse diseños carcelarios diferentes,
de acuerdo con las exigencias regionales ante las especificidades de cada población penal. Y a fin de
cuentas, se crearía una sana emulación entre los estados en cuanto a eficacia técnica penitenciaria.
3. El régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias “se preferirá”, ordena la
Constitución. Al régimen abierto lo caracterizan la ausencia de dispositivos para impedir la evasión y,
además, una ordenación de autogestión. Si ese régimen se cumple en una colonia agrícola, en la cual sus
residentes siembran la tierra y crían animales para autofinanciarse, evidentemente que la cuestión
penitenciaria venezolana sería otra cosa.
4. La desinstitucionalización, esto es, que “en todo caso, las fórmulas de cumplimiento de penas no
privativas de la libertad se aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria”, dispone
la Constitución. Esto significa la utilización de penas sustitutivas de la cárcel o alternativas de ella, quedando
la prisión como una última posibilidad. Naciones Unidas y las legislaciones penales más avanzadas del
mundo ofrecen un muestrario cada día más diverso de penas no privativas de libertad. La cárcel ha
fracasado histórica y funcionalmente e irá desapareciendo progresivamente hasta sucumbir en forma
definitiva.
5. La asistencia postpenitenciaria, está consagrada constitucionalmente al establecer nuestra Carta Magna
que “El Estado creará las instituciones indispensables” para ello. Esa asistencia es una forma de
prevención del delito, pues así se contribuye a evitar la reincidencia. En Venezuela no existe actualmente
ninguna protección postpenitenciaria. Ahora, debe comenzar a haberla.
6. La tecnificación queda instituida al establecerse que el Estado “…propiciará la creación de un ente
penitenciario con carácter autónomo y con personal exclusivamente técnico”. Es decir, que la
Constitución dispone la instalación de un Ministerio de Estado o de un Instituto Autónomo conducido por un
equipo humano integrado por especialistas en ciencias penitenciarias.
7. La privatización, es decir, la posibilidad de que nuestros establecimientos penitenciarios puedan “ser
sometidos a modalidades de privatización”, esto es, que intervengan los particulares en las ofertas,
verbigracia de alimentación, de trabajo, de estudio, de deportes, de asistencia médica, de recreación… y
también la posibilidad de intentar, a manera de ensayo piloto, la organización de todo un establecimiento
penal privado.
En estos postulados ya está presente una íntegra reforma penitenciaria profunda, un nuevo penitenciarismo.
Pero todavía hay más en la Constitución que acaba de nacer. Los estados y municipios promoverán “la
participación de las comunidades en actividades de acercamiento a los establecimientos penales y de
vinculación de éstos con la población” (artículo 184, numeral 7).
Esto es, que el pueblo entrará a las cárceles en actividades comunitarias —folklóricas, culturales,
pedagógicas, artísticas, deportivas, laborales— y la población penal saldrá hacia el pueblo para participar en
manifestaciones de su vida colectiva. Es lo que se dispone en los países de mejor penitenciarismo: la
desaparición de las fronteras entre la cárcel y la comunidad. La cárcel inserta en la comunidad y la comunidad
inserta en la cárcel.
Este es el penitenciarismo que la nueva Constitución venezolana ofrece al país.
Vinculación con proyecto:
Esta unidad curricular es base para entender que una parte de nuestra población a cometidos determinados delitos dentro de
una sociedad que forma parte de una comunidad, es por ello que el objetivo de esta unidad enlazada con proyecto es tratar
de llegar a la elaboración de Perfiles Psicológicos en base a los delitos cometidos por la población de penados
de las Regiones Venezolanas. Es decir, se pretende lograr encontrar un conjunto de características comunes
en sujetos sentenciados. Tratando de estudiar estos proyectos desde varias etapas, siendo la primera la
correspondiente a la caracterización psicosocial de la población venezolana, y explorar sus elementos
criminógenos y pro-sociales con el fin de obtener una representación de esta realidad, en un marco
psicojurídico e histórico-cultural. La idea desde proyecto es realizar una exploración de las características más
resaltantes de la población venezolana y de la población venezolana transgresora de las regiones, para trazar
posteriormente, tanto un perfil como líneas de acción para mejorar las condiciones psicosociales de estos
sujetos. Es frecuente la discusión sobre la revocatoria de medidas de pre-libertad, sobre el aumento de los
niveles de supervisión a un caso, en fin, el/la supervisor/a conductual de un/a penado/a en pre-libertad, pasa
parte de su tiempo productivo preguntándose cómo evitar la reincidencia de sus casos y con qué herramientas,
si las que ha empleado con anterioridad ya no le dan resultado, asunto que viene sucediendo en los últimos
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  • 1. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA COMISIÓN CURRICULAR PROGRAMA ANALÍTICO P.F.G: ESTUDIOS JURÍDICOS UNIDAD CURRICULAR: ELECTIVA: PENITENCIARISMO TRAYECTO: TERCERO TRAMO: SEGUNDO PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD CURRICULAR Presentación: La nueva Constitución venezolana es la primera que en la historia penetra en la cárcel al garantizar la rehabilitación del interno y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, se han implantado siete principios esenciales para la acción en este campo: profesionalización, descentralización, régimen abierto y colonias agrícolas, medidas no privativas de la libertad, asistencia postpenitenciaria, independencia técnica y privatización. La Constitución llama a los gobiernos municipales y estatales a promover actividades culturales, pedagógicas, deportivas y laborales que tiendan a la desaparición de las fronteras entre la cárcel y la comunidad. Esta Constitución venezolana que acaba de aprobar el pueblo es la primera que en la historia nacional penetra en la cárcel. Nuestra nueva Carta Magna, en su artículo 273, comienza por establecer que “El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos.” Y de seguidas exige que los establecimientos penitenciarios cuenten “…con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación…” A partir de allí quedan consagrados los principios, ahora constitucionales, por los cuales debe regirse lo que tiene que ser el nuevo penitenciarismo venezolano, nuestro penitenciarismo del tercer milenio. Esos principios son:
  • 2. 1. La profesionalización porque el texto constitucional ordena que los penales funcionen “bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias”. Es decir, que de las páginas de nuestra Constitución brota ahora en Venezuela la profesión del penitenciarista, al cual se le exige jerarquía universitaria para ejercer funciones directivas —director, subdirector, administrador, coordinador, educador— en las cárceles. En virtud del mandato constitucional, queda eliminada en el país la designación “a dedo” de esas autoridades por obra y gracia de un Carnet político, un padrinazgo, una amistad, un acto de corrupción administrativa u otra motivación indebida. De ahora en adelante, los egresados del Instituto Universitario Nacional de Estudios Penitenciarios (I.U.N.E.P.) y los de instituciones similares deberán ser los únicos elegidos para esas responsabilidades. Las cárceles son su personal y cualquier cosa más. Una de las razones de nuestro desastre penitenciario es la ausencia de un personal calificado. Esto cesará a partir de ahora. 2. Administración penitenciaria descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales o municipales, dice la Constitución. El poder central ha fracasado estruendosamente en la conducción de nuestros penales. Con 23 gobernadores de estado es difícil fracasar. Además, podrán establecerse diseños carcelarios diferentes, de acuerdo con las exigencias regionales ante las especificidades de cada población penal. Y a fin de cuentas, se crearía una sana emulación entre los estados en cuanto a eficacia técnica penitenciaria. 3. El régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias “se preferirá”, ordena la Constitución. Al régimen abierto lo caracterizan la ausencia de dispositivos para impedir la evasión y, además, una ordenación de autogestión. Si ese régimen se cumple en una colonia agrícola, en la cual sus residentes siembran la tierra y crían animales para autofinanciarse, evidentemente que la cuestión penitenciaria venezolana sería otra cosa. 4. La desinstitucionalización, esto es, que “en todo caso, las fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de la libertad se aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria”, dispone la Constitución. Esto significa la utilización de penas sustitutivas de la cárcel o alternativas de ella, quedando la prisión como una última posibilidad. Naciones Unidas y las legislaciones penales más avanzadas del mundo ofrecen un muestrario cada día más diverso de penas no privativas de libertad. La cárcel ha fracasado histórica y funcionalmente e irá desapareciendo progresivamente hasta sucumbir en forma
  • 3. definitiva. 5. La asistencia postpenitenciaria, está consagrada constitucionalmente al establecer nuestra Carta Magna que “El Estado creará las instituciones indispensables” para ello. Esa asistencia es una forma de prevención del delito, pues así se contribuye a evitar la reincidencia. En Venezuela no existe actualmente ninguna protección postpenitenciaria. Ahora, debe comenzar a haberla. 6. La tecnificación queda instituida al establecerse que el Estado “…propiciará la creación de un ente penitenciario con carácter autónomo y con personal exclusivamente técnico”. Es decir, que la Constitución dispone la instalación de un Ministerio de Estado o de un Instituto Autónomo conducido por un equipo humano integrado por especialistas en ciencias penitenciarias. 7. La privatización, es decir, la posibilidad de que nuestros establecimientos penitenciarios puedan “ser sometidos a modalidades de privatización”, esto es, que intervengan los particulares en las ofertas, verbigracia de alimentación, de trabajo, de estudio, de deportes, de asistencia médica, de recreación… y también la posibilidad de intentar, a manera de ensayo piloto, la organización de todo un establecimiento penal privado. En estos postulados ya está presente una íntegra reforma penitenciaria profunda, un nuevo penitenciarismo. Pero todavía hay más en la Constitución que acaba de nacer. Los estados y municipios promoverán “la participación de las comunidades en actividades de acercamiento a los establecimientos penales y de vinculación de éstos con la población” (artículo 184, numeral 7). Esto es, que el pueblo entrará a las cárceles en actividades comunitarias —folklóricas, culturales, pedagógicas, artísticas, deportivas, laborales— y la población penal saldrá hacia el pueblo para participar en manifestaciones de su vida colectiva. Es lo que se dispone en los países de mejor penitenciarismo: la desaparición de las fronteras entre la cárcel y la comunidad. La cárcel inserta en la comunidad y la comunidad inserta en la cárcel.
  • 4. Este es el penitenciarismo que la nueva Constitución venezolana ofrece al país. Vinculación con proyecto: Esta unidad curricular es base para entender que una parte de nuestra población a cometidos determinados delitos dentro de una sociedad que forma parte de una comunidad, es por ello que el objetivo de esta unidad enlazada con proyecto es tratar de llegar a la elaboración de Perfiles Psicológicos en base a los delitos cometidos por la población de penados de las Regiones Venezolanas. Es decir, se pretende lograr encontrar un conjunto de características comunes en sujetos sentenciados. Tratando de estudiar estos proyectos desde varias etapas, siendo la primera la correspondiente a la caracterización psicosocial de la población venezolana, y explorar sus elementos criminógenos y pro-sociales con el fin de obtener una representación de esta realidad, en un marco psicojurídico e histórico-cultural. La idea desde proyecto es realizar una exploración de las características más resaltantes de la población venezolana y de la población venezolana transgresora de las regiones, para trazar posteriormente, tanto un perfil como líneas de acción para mejorar las condiciones psicosociales de estos sujetos. Es frecuente la discusión sobre la revocatoria de medidas de pre-libertad, sobre el aumento de los niveles de supervisión a un caso, en fin, el/la supervisor/a conductual de un/a penado/a en pre-libertad, pasa parte de su tiempo productivo preguntándose cómo evitar la reincidencia de sus casos y con qué herramientas, si las que ha empleado con anterioridad ya no le dan resultado, asunto que viene sucediendo en los últimos años.