Las Medidas excepcionales del 5 de abril - Parte II

1. LAS MEDIDAS EXCEPCIONALES DEL
05 DE ABRIL DE 1992 (2da Parte)
Boletín Interno Nº 14 Año 2009
L uego del intento de golpe
(parlamentario) de Estado pretendido
con la Ley 25397 o “Ley de Control
Parlamentario sobre los actos normativos
del Presidente de la República” y de largos
meses de malas relaciones con el Legislativo,
el 5 de abril de 1992, Fujimori decidió cerrar
temporalmente el Congreso de la República y
se comprometió ante la OEA a iniciar un pro-
ceso destinado a restablecer el estado de de-
recho y el orden constitucional. La fecha cla-
ve fue el 22 de noviembre de 1992, día en el cual se realizarían los comicios desti-
nados a elegir un nuevo Congreso que estaría integrado por 80 representantes
(que además de cumplir funciones legislativas y fiscalizadoras redactaría una nue-
va Constitución Política).
Si bien es cierto el APRA y Acción Popular prefirieron no participar de éste
proceso, la mayoría de fuerzas políticas lo hicieron, incluso varios miembros del
Congreso disuelto, como: como Henry Pease y Gloria Helfer (izquierdistas); Luís
Bedoya de Vivanco, Antero Flores Araoz y Lourdes Flores Nano (PPC); Fernando
Olivera y Ernesto Gamarra (FIM); José Barba y Rafael Rey (Renovación); Pedro y
Roger Cáceres Velásquez (FRENATRACA) y la alianza Nueva Mayoría – Cambio
90, que representó al oficialismo, entre algunos otros.
Pero, hubo otro sector minoritario – encabezado por los empresarios Máximo
San Román (ex primer vicepresidente de la república y ex congresista) y Julio Vera
Gutiérrez, el abogado Alberto Borea (ex congresista) y el general en retiro Jaime
Salinas Sedó, que eligieron el camino de la conspiración y tocaron las puertas de
los cuarteles. Téngase presente que de acuerdo a la Constitución de 1979 (vigente
en la época) y la de 1993 (actual) señalan que: 1. los militares en actividad no son
deliberantes; 2. dependen del Presidente de la República y 3. no pueden alzarse
en armas en defensa del orden constitucional (el derecho de insurgencia sólo se
reconoce a la población civil). En consecuencia, si algún militar en actividad se alza
en armas contra un Presidente de la República, lo hace inconstitucional e ilegal-
mente, es decir, los golpistas pretendieron hacer respetar la Constitución… violán-
dola.
Finalmente, el intento de Golpe de Estado fracasó la noche del 13 de noviem-
bre de 1992, cuando fueron detenidos los rebeldes y se descubrió que habían ela-
borado un plan que consideraba “capturar, trasladar y/o eliminar” al presidente Fuji-
mori. Esta rebelión y tentativa de asesinato tenía como claro objetivo político impe-

2. dir el proceso electoral del 22 de noviembre que consagraría al (nuevo) Congreso,
que al entrar en funciones, otorgaría al gobierno la legalidad cuestionada ante la
comunidad internacional. Los objetivos personales de sus autores eran acceder a
la Presidencia de la República (San Román) y a la Comandancia General del Ejér-
cito o Ministerio de Defensa (Salinas).
En esta intentona participó un reducido grupo de oficiales en actividad, vin-
culados por amistad con algunos de los generales retirados, y - a pesar que la ope-
ración fue cancelada poco antes de su ejecución - dio lugar a un movimiento ilegal
de tropas y dos soldados heridos de bala. El 18 de febrero de 1993 los involucra-
dos fueron sentenciados por un tribunal militar a penas desde los ocho años hasta
los tres meses de prisión por los delitos de rebelión y tentativa de asesinato, sin
embargo, en 1995 fueron incluidos como beneficiarios de la Ley de Amnistía dada
por el Congreso de la República y recuperaron su libertad.
Fracasado el Golpe de Estado, se realizaron las elecciones que fueron su-
pervisadas por la OEA y cuyos resultados arrojaron un masivo respaldo a la lista
fujimorista que obtuvo casi el 50% de los votos válidos (3’040,552 votos de
6’176,057). Cuando el 30 de diciembre de 1992 el nuevo Congreso (CCD) entró en
funciones, esta corta etapa llegó a su fin porque quedó restablecido el equilibrio de-
mocrático y el “presidente real” recuperó la condición de “presidente legal”.
Posteriormente, el 31 de octubre de 1993, un referéndum (también supervi-
sado por la OEA) aprobó con el 52.24% de los votos contra 47.76%, la nueva Car-
ta Magna. Desde entonces, la Constitución de 1993 es el más importante instru-
mento legal que ha contribuido al despegue de la economía peruana.
Iniciada la persecución contra el fujimorismo, una de las primeras acciones
del gobierno de Paniagua fue intentar volver a la Constitución de 1979, sin embar-
go, tuvieron que ceder ante la evidencia que se trataba de un instrumento funda-
mental para el desarrollo y la gobernabilidad del país y se tuvieron que consolar
con suprimir la firma del presidente Fujimori del texto constitucional.
Luego, los militares golpistas fueron objeto de homenajes y reconocimientos,
a pesar de violar la Constitución. Para los miembros del Consejo de Ministros de
1992 que respaldaron la decisión del 5 de Abril, se inició un arbitrario e ilegal
“antejuicio político”, ignorando que la Constitución establecía que el antejuicio a los
ministros de estado caducaba luego de cinco años de los hechos imputados
(caducó en abril de 1997). Es así que resultaron enjuiciados los ministros Jaime
Sobero, Jaime Yoshiyama, Augusto Antoniolli, Alfredo Ross y otros.
Finalmente, luego de 8 anos de proceso y 17 anos de los hechos, la Primera
Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema ha declarado inocentes a todos los mi-
nistros fujimorista por los delitos imputados. Únicamente el general Juan Briones
(Ministro del Interior) resultó sancionado a la pena de 10 anos por el delito de se-
cuestro en agravio de los presidentes de las Cámara de Senadores y Diputados.
WALTER JIBAJA ALCALDE
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