El documento describe el contexto de criminalización de la protesta estudiantil en Colombia. Explica que el gobierno ha perseguido a los estudiantes que se oponen a la privatización de la educación pública a través de señalamientos, amenazas e incluso procesos judiciales. También destaca la importancia de defender los derechos humanos de los estudiantes y reconstruir espacios críticos dentro de la universidad para proteger la educación pública.