Jenifer

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EL DERECHO COLECTIVO AL ESPACIO PUBLICO
La Protección del Espacio Público ante la invasión de Vendedores Estacionarios
Nombre
Yenyfer carolina gonzalez gil
Corporación Universitaria del Caribe – CECAR
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Diplomado de Derecho Público
Sincelejo – Sucre
2018

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La Protección del Espacio Público ante la invasión de Vendedores Estacionarios
Nombres
Trabajo final de aprobación del Diplomado de Derecho Público
Corporación Universitaria del Caribe – CECAR
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Diplomado de Derecho Público
Sincelejo – Sucre
2019

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Tabla de Contenido
Resumen……………………………………………………………………………..…………5
Abstract………………………………………………………………………………………….6
Introducción……………………………………………………………………………………..7
1. Planteamiento del problema .................................................................................................... 8
2. Justificación............................................................................................................................. 9
3. Objetivos................................................................................................................................ 10
3.1. Objetivo General ............................................................................................................ 10
3.2. Objetivos específicos...................................................................................................... 10
5. El espacio público.................................................................................................................. 12
6. El derecho al trabajo de los vendedores estacionarios........................................................... 16
7. Mecanismos de protección del espacio público …………………………………………….19
Conclusiones……………………………………………………………………………………..24
Referencias Bibliográficas………………………………………………………………………29

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Resumen
El espacio público en la actualidad ha sido dotado de gran importancia, por todo lo que permite
que se desarrolle en sí mismo, toda vez, que este se ve como un elemento esencial para la
democracia, para garantizar la libertad de locomoción, entre otros derechos propios de los
colectividades. Ante esa importancia, se han diseñado mecanismos de protección, que se hacen
efectivos o se deben colocar en funcionamiento cuando se presente alteración o algún tipo de
trastorno en el espacio público. Hoy hay un problema de invasión del espacio público que desde
cualquier punto de vista exige su protección inmediata, como es el caso de la invasión del mismo
por parte de los vendedores estacionarios. Teniendo en cuenta lo anterior en el marco de este
trabajo lo que se pretende es poder establecer como se encuentra actualmente la tensión que surge
entre la protección del espacio público y la garantía del derecho al trabajo de los vendedores
estacionarios. Metodológicamente se adoptó un paradigma interpretativo, de diseño cualitativo y
se acudió a una revisión teórica, en una muestra de 20 artículos, los cuales se obtuvieron de bases
de datos como google académico y se revisaron además normas jurídicas como la Constitución
política de 1991, Ley 9 de 1989, las cuales fueron tomadas de la página de la secretaria del senado
de la república. Para la selección de la información se tuvo en cuenta su valor teórico, y que
guardaran coherencia con las normas jurídicas vigentes que regulan el tema bajo estudio. Como
resultado se obtuvo que actualmente el espacio público es concebido como un derecho colectivo,
frente al cual se han diseñados mecanismo administrativos y judiciales para lograr su protección y
que ante su invasión por parte de los vendedores estacionarios permanece el deber legal de
recuperarlo, pero se deben adoptar medidas que no conculquen los derechos de esos vendedores.
En conclusión se tiene que el espacio público cuenta con amplio respaldo legal y constitucional.
Palabras claves: espacio público, derecho colectivo, vendedores estacionarios, derecho al
trabajo.

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Abstract
Public space today has been endowed with great importance, for everything that allows it to
develop itself, every time that this is seen as an essential element for democracy, to guarantee the
freedom of locomotion, among other rights own of the collectives. Given this importance,
protection mechanisms have been designed, which are effective or must be put into operation when
there is alteration or some kind of disorder in the public space. Today there is a problem of invasion
of the public space that from any point of view demands its immediate protection, as is the case of
the invasion of it by the stationary vendors. Taking into account the above in the framework of
this work what is intended is to establish how is currently the tension that arises between the
protection of public space and the guarantee of the right to work of stationary vendors.
Methodologically, an interpretative paradigm of qualitative design was adopted and a theoretical
revision was made, in a sample of 20 articles, which were obtained from databases such as
academic google and legal norms such as the Political Constitution of 1991, Law 9 of 1989, which
were taken from the page of the Secretary of the Senate of the Republic. For the selection of the
information, its theoretical value was taken into account, and they were coherent with the legal
norms in force that regulate the subject under study. As a result, it was obtained that currently the
public space is conceived as a collective right, against which administrative and judicial
mechanisms have been designed to achieve their protection and that, before its invasion by the
stationary vendors, it remains the legal duty to recover it, but they must adopt measures that do not
violate the rights of those vendors. In conclusion we have that the public space has broad legal and
constitutional support
Keywords: public space, collective right, stationary vendors, right to work.

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Introducción
Uno de los temas que más ha cobrado vigencia después del derecho al medio ambiente y
de la seguridad, es el derecho colectivo al espacio público, toda vez, que este permite dentro de lo
posible brindar a las personas escenarios o lugares donde las personas pueden acceder de forma
libre y sin ningún tipo de limitaciones (Belalcazar, 2011).
Lo anterior, da cuenta que el espacio público en si es un derecho, del cual son titulares
todas las personas, que se encuentra en tercer lugar de protección, frente a otros derechos que son
de igual naturaleza, tales como los manifestados.
Este derecho encuentra su protección en muchos artículos de la Constitución política de
1991, donde no solo se le reconoce su carácter de colectivo, sino que también obliga al Estado en
cabeza de todas las entidades que lo conforman, el deber de vigilarlo y protegerlo (Const., 1991;
Art. 82).
El desarrollo de este derecho ha sido de gran importancia, en el entendido que este tiene un
impacto en la democracia de las sociedades, en el mejoramiento de la calidad de vida de las
personas, toda vez, que se ha adoptado como un indicador que mide tal cosa,. Al mismo tiempo
este permite que se desarrollen una serie de actividades como el transporte (Perilla, 2005).
La protección del espacio público, como se dijo es una obligación de Estado, y ante esa
situación se hace necesario que se proteja el espacio público de cualquier invasión y dentro de este
trabajo se abordara la invasión del espacio público por parte de los vendedores estacionarios.
Ante ello, se pretende dar respuesta al siguiente interrogante ¿Cuál es el estado actual de la
protección del espacio público ante su invasión por parte de vendedores estacionarios?

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Para poder dar respuesta al interrogante antes expuesto, este trabajo se dividirá en tres
partes. En la primera parte se intentara realizar una aproximación conceptual del derecho colectivo
al espacio público, lo que permitirá comprender sus elementos esenciales.
En una segunda parte se abordara el derecho al trabajo de los vendedores estacionarios en
Colombia y en una última parte se revisara lo ateniente a las acciones que se han establecido para
proteger el derecho al espacio público y las que normalmente han utilizado los vendedores
estacionarios para conseguir la protección de su derecho al trabajo.
Y por último con la comparación de la información que se obtendrá en cada una de las
partes en que se dividirá este documento se podrá dar respuesta al interrogante propuesto y llegar
a unas conclusiones.

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1. Planteamiento del problema
El espacio público como bien jurídico reconocido a todas las personas en Colombia, en
los últimos tiempos ha venido siendo afectado por parte de los vendedores estacionarios, quienes
ante la crisis económica a la que se ha enfrentado el país, han tenido que dedicarse a las ventas
informales y para ello están utilizando el espacio público.
A pesar que el espacio público, ostenta el carácter de ser público y puede ser utilizado por
todas las personas sin restricción alguna, frente a ciertas actividades si presenta límites, como es
el caso de la invasión del mismo por parte de los vendedores estacionarios, toda vez, que estos
podrían afectar el disfrute del espacio público de otras personas que también tienen derecho a su
uso.
Con esta problemática se ha presentado una tensión entre varios intereses, por un lado se
encuentra el deber legar de protección por parte del Estado, como también el derecho de otros
colombianos a disfrutar del espacio público y el derecho al trabajo de los vendedores estacionarios.
Frente a este conflicto han surgido una serie de posiciones, pero sin duda alguna se debe
hacer una ponderación entre los interés en conflictos, y proteger el de mayor importancia para el
ordenamiento jurídico, sin que ello implique desconocimiento del resto de derechos.
Teniendo en cuenta lo anterior, es que en el marco de este trabajo se pretende dar respuesta
al siguiente interrogante ¿Cuál es el estado actual de la protección del espacio público ante su
invasión por parte de vendedores estacionarios?

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2. Justificación
El espacio público, en los últimos años ha sido objeto de investigación, toda vez, que este
ha tomado un papel protagónico en las ciudades y se ha revisado desde varios puntos de vistas,
desde un escenario que se instituyo para el disfrute de la sociedad en general, donde confluyen
personas conocidas y no conocidas y en el que se desarrollan diversas actividades (Burbano, 2014).
La elección del tema se realizó con base en lo anterior, toda vez, que el espacio público
hace parte de nuestra vida diaria, ahí es donde todos y cada uno de los colombianos interactúan,
ejercitan otros derechos como la reunión.
Además de lo anterior, la elección del tema estuvo motivada por el hecho de que la invasión
del espacio público por vendedores estacionarios, es una realidad palpable, que se evidencia con
mayor fuerza en los lugares donde se presenta mayor flujo de personas y que sin duda es una
situación que está afectando el espacio público y el disfrute del derecho a otras personas de ese
espacio público, sin ningún tipo de interferencia.
Entonces, la necesidad de abordarlo, consiste en poder establecer cómo se resuelve esa
tensión, entre la obligación del Estado de recuperar y proteger el espacio público invadido y el
derecho al trabajo de los vendedores estacionarios.

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3. Objetivos
3.1. Objetivo General
Establecer el estado actual de la protección del espacio público ante su invasión por parte de
vendedores estacionarios.
3.2. Objetivos específicos
 Realizar una aproximación conceptual del espacio público.
 Indicar las características esenciales del derecho al trabajo de los vendedores estacionarios.
 Identificar los mecanismos de protección del derecho al espacio público.

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4. Metodología
El presente trabajo corresponde a un artículo de revisión teórica, en el cual se ha planteado
como objetivo principal establecer como se protege el espacio público ante su invasión por parte
de los vendedores estacionarios.
Para lograr la consecución de este objetivo, metodológicamente se adoptó un paradigma
interpretativo, y se acudió a un diseño cualitativo.
Estructuralmente el trabajo se dividió en tres partes, para poder dar respuesta a los objetivos
específicos planteados.
Las tres partes en que se dividió el documento, se desarrollaron con base en información
secundaria, las cuales fueron producto de la revisión teórica de 20 artículos, los cuales se
obtuvieron de bases de datos como google académico y se revisaron además normas jurídicas
como la Constitución política de 1991, Ley 9 de 1989, las cuales fueron tomadas de la página de
la secretaria del senado de la república. Para la selección de la información se tuvo en cuenta su
valor teórico, y que guardaran coherencia con las normas jurídicas vigentes que regulan el tema
bajo estudio.

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5. El espacio público
En esta parte del documento se intentara realizar una aproximación conceptual sobre el
derecho al espacio público.
Para iniciar a abordar esta temática, hay que iniciar por definir que es espacio público., es
entiendo como un escenario donde se reivindican y se ejercen derechos humanos y si no se
garantiza la protección del espacio público, sino que por el contrario el disfrute de este se afecta,
entonces, la sociedad puede perder su derecho a manifestarse a expresar lo que necesita y piensan
(Belalcazar, 2011).
En virtud de lo anterior, el espacio público es un lugar donde las personas pueden reunirse
y deliberar sobre temas que se encuentren en la agenda pública, pueden participar y sobre todo lo
harán de forma libre y sin restricción alguna como sucede en los lugares privados.
En palabras de Gómez & Gómez (2003), se define al espacio público en los siguientes
términos:
Como un bien jurídico que se encuentra destinado al uso común, cuya regulación y
protección compete al Estado. Ahora bien, la destinación al uso y goce por parte de la
comunidad, en el que se ve reflejado el interés general, lo que justifica que en nuestra carta
política contemple al espacio público como uno de los derechos colectivos (p.18).
De la anterior definición, se pueden desprender varios aspectos importantes sobre el
derecho al espacio público.
En primer lugar se tiene que el espacio público es un bien jurídico que debe ser regulado
por el Estado Colombiano, a quien además en esa regulación le corresponde consagrar los
mecanismos tanto administrativos como judiciales para lograr la protección de este derecho.

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Al lado de lo anterior, también se desprende que el espacio público es un derecho en cabeza
de todas las personas, cuales están facultados para disfrutarlos de forma libre, sin ningún tipo de
interferencias.
Como es un derecho de todos, ha sido concebido o se le ha dado la naturaleza jurídica de
ser un derecho colectivo, partiendo de la forma como fue consagrado en la Constitución Política
de 1991 y es que en el ejercicio y garantía del mismo prima el interés general sobre el interés
particular.
El espacio público comprende una serie de elementos que son propios del mismo, toda vez,
que este se compone de bienes de uso público y elementos arquitectónicos, donde los primeros
como su nombre lo indica son bienes que pueden ser utilizados por todas las personas sin excepción
alguna, como es el caso de las vías, parques, en cuanto al segundo son los que aun perteneciendo
a bienes privados, son de uso público, como las fachadas (Gómez, 2010).
En concordancia con lo anterior, Leouttau, Mass & Mendoza (2015), define este derecho
como:
Aquel territorio de la ciudad donde cualquier persona tiene derecho a estar y circula
libremente, ya sean en espacios abiertos como plazas, parques, etc. o cerrados como
bibliotecas públicas, centros comunitarios, entre otros. De igual forma, se tiene que la
disponibilidad de espacio público en los centros urbanos es un reconocido indicador de
calidad de vida para sus habitantes (p. 21).
Con Esta definición se reafirma el carácter de derecho colectivo del espacio público, que
necesariamente para su disfrute no solo ocupa en lugares abiertos, sino que también, puede ser
sinónimo de lugares cerrados que también son de uso público.
Al mismo tiempo, en las ciudades el espacio público es un indicador que permite establecer
el nivel de calidad de vida que pueden o que disponen sus habitantes, de ahí que se entienda que
la ciudad es un elemento del espacio público, pero tal cosa se toma desde el punto de vista

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axiomático, toda vez, que de cierta forma el derecho a la ciudad es alguna forma de construir
espacio público (Quintero & Escudero, 2015).
El espacio público es importante porque permite que se materialicen algunas cosas, como
la democracia, la ciudadanía y la convivencia, puesto que, el espacio público tiene múltiples usos,
que van desde transitar, como también de reunirse y deliberar con otras personas. De igual forma
se comparte que el espacio público es un elemento esencial para lograr el crecimiento cultural de
las ciudades y que constituye en un elemento indispensable en la realización de los planes de
ordenamiento territorial (Delgado, 2011 citado por Sánchez, Tovar & Gómez, 2011, p. 13).
Tomando la última cosa dicha, es necesario que en el cumplimiento del deber de vigilancia
que tiene el Estado, identifique que bienes, hacen parte del espacio público y tal cosa debe quedar
consignada en el plan de ordenamiento territorial de cada entidad territorial.
Aquí también se tiene que cuando la administración pública no diseña las estrategias para
lograr la protección del espacio público, está ante una clara omisión de sus deberes legales y
constitucionales, toda vez, que a este le compete realizar esa vigilancia y protección del bien
jurídico mencionado (Sánchez, Tovar & Gómez, 2011).
El espacio público, sin duda es un lugar para todos, y como es para todos a todos nos
corresponde cuidarlo y protegerlos, aunque en principio su protección sea exclusiva del Estado,
toda vez, que es este quien debe regularlo y diseñar los mecanismos para su protección (Perilla,
2005).
Dentro de la protección del espacio público, es necesario que se observe el principio de la
confianza legítima que tienen los administrados, de que no se vulneraran sus derechos y que el
Estado debe promover todo tipo de recursos para evitar tal situación y de acuerdo el tema bajo
estudio los ciudadanos confían en que el Estado echara de lado cualquier obstáculo que interfiera
en el disfrute libre del espacio público (Oviedo, 2010).
Teniendo claras algunas nociones básicas sobre el espacio público, es importante entrar a
revisar como la Constitución Política de 1991, consagra este derecho “Es deber del Estado velar

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por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual
prevalece sobre el interés particular” (Const., 1991; Art. 82).
Entonces lo expuesto en la Constitución confirma lo manifestado hasta este punto, puesto
que, es al Estado a quien le compete legalmente la protección del mismo, una protección que va
desde evitar que se presenten trastornos frente al mismo y que se le garantice a todas las personas
su uso, como manifestación del interés general que debe primar en su destinación.
Al mismo tiempo, esta norma jurídica también manifiesta de forma directa que los bienes
que hacen parte del espacio público, se caracterizan por inalienables, imprescriptibles e
inembargables, es decir, estos bienes son de uso público y así deben permanecer en el tiempo,
conservando esas características (Const., 1991; Art. 63).
En la misma línea, en la Constitución se establece que el espectro electromagnético es un
bien de uso público, que también le corresponde al Estado protegerlo y regularlo (Const., 1991;
Art. 75).
Teniendo claro lo anterior, se tiene que son muchos los elementos que hacen parte del
espacio público y lo constituyen.
constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación, tanto
peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la
seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías,
fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, las necesarias para la instalación
y mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la instalación y uso de los elementos
constitutivos del amueblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservación de
las obras de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos
y artísticos, para la conservación y preservación del paisaje y los elementos naturales del
entorno de la ciudad, los necesarios para la preservación y conservación de las playas
marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como de sus elementos vegetativos, arenas
y corales y, en general , por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que
el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyan, por consiguiente, zonas
para el uso o el disfrute colectivo (Ley 9, 1989; Art. 5)

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Como se evidencia la lista de los elementos que hacen parte de los espacios públicos, es
amplia, pero el requisito esencial de estos bienes, es que puedan ser utilizados por todas las
personas, sin ningún tipo de excepción, donde su destinación se realice en búsqueda de la
satisfacción del interés general.
Los bienes anotados, son de uso común y de la vida diaria de todas las personas, por eso
que es importante que el Estado adopte verdaderas medidas de protección del medio ambiente y
de recuperación cuando sea invadido, toda vez, que este es un indicador de calidad de vida [López,
2012).
6. El derecho al trabajo de los vendedores estacionarios
En esta parte se intentara revisar lo relacionado con el derecho al trabajo en Colombia,
pero en especial el derecho al trabajo de los vendedores estacionarios que invaden el espacio
público en las diferentes ciudades del país.
Lo primero que hay que decir, es que el derecho al trabajo ha sido reconocido desde hace
muchos años, y que en principio se protegía lo que se desprendía del resultado del contrato de
trabajo (Jaramillo, 2010).
Además de lo anterior, también es importante anotar que el derecho al trabajo es un hecho
trascendente en el derecho, toda vez, que en el derecho hay que regular el mismo, estableciendo
sus titulares y sus elementos esenciales (Bedoya, 2003).
El derecho al trabajo, ha sido consagrado en la Constitución como un derecho fundamental,
que es protegido en todas sus modalidades por parte del Estado, quien está obligado a suministrar
todos los medios para su protección integral (Const., 1991; Art. 25).
Teniendo en cuenta el tema bajo estudio, es claro, que producto de ciertas situaciones como
la pobreza, el conflicto armado, la violencia, las personas tiene que dejar su lugar habitual de
residencia e irse a las grandes ciudades, donde el espacio público es utilizado para desarrollar
actividades económicas de todo tipo, pero esta situación ha generado una tensión entre el derecho

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al trabajo de esos vendedores estacionarios y la protección del espacio público (Camacho, Fuentes
& Lizarazo, 2007).
En el marco de esta tensión, se ha dispuesto que se debe buscar una solución que también
permita darle una garantía a los trabajadores, puesto que, si bien es cierto que es obligación del
Estado garantizar la protección del espacio público, también es su obligación garantizar el derecho
al trabajo de todos los colombianos. En virtud de ello, en el proceso de recuperación del espacio
público, se debe reubicar al trabajador estacionario, o brindarle alguna alternativa que le permita
seguir con su actividad económica, sin afectar el disfrute dl espacio público (Camacho, Fuentes &
Lizarazo, 2007).
La recuperación del espacio público ante la invasión de vendedores estacionarios, no solo
se hace por el cumplimiento de la Constitución y la ley, sino que también se hace por lograr la
satisfacción del interés general (Roa, 2009).
Frente al tema, la Corte Constitucional se ha referido al tema, en los siguientes términos:
La posibilidad de recuperar el espacio público no exime a las autoridades públicas del deber
que tienen de diseñar políticas tendientes a proteger el trabajo de quienes resultaron
afectados con los actos administrativos emitidos por ellos y dependen de la actividad
informal que realizan. Así, una vez la administración inicia la ejecución de planes de
recuperación del espacio público y desaloja a los comerciantes informales que desarrollan
actividades económicas en una zona específica, las autoridades tendrán que hacer todo lo
que esté a su alcance para reubicarlos en sitios donde puedan desarrollar su actividad de
manera permanente y sin causar perjuicios a la comunidad, o darles la oportunidad para que
emprendan nuevas actividades que les permitan asegurar su mínimo vital (Corte
Constitucional, Expediente T- 4.135.881, 2014).
De lo anterior se desprenden dos situaciones en concreto. La primera de ellas es que en las
políticas de protección y recuperación del espacio público, se deben prever la protección de

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quienes confluyen en el mismo, es decir, en esa política de recuperación del espacio público se
deben prever estrategias que ayuden a suavizar la situación de los vendedores estacionarios.
En segundo lugar esa estrategia que se adopte debe asegurarse que en principio el vendedor
estacionario pueda seguir ejerciendo su actividad económica, en ocasiones se viene realizando
una reubicación a otro lugar donde pueda seguir con la misma o en ultimas la administración dentro
de esa política debe permitir que los vendedores estacionarios ejerzan otro tipo de actividades, que
le permitan conseguir el sustento diario y asegurar su mínimo vital y el de sus familias.
La idea de las políticas de recuperación del espacio público, es que vallan en busca de
causar el menor perjuicio a todos los involucrados en el conflicto, toda vez, que el estado en
cumplimiento de esa confianza legítima, debe asegurar por un lado la recuperación del espacio
público y la protección del derecho al trabajo de estos vendedores.
7. Mecanismos de protección del espacio publico
En esta parte del documento, se centrará la atención en los mecanismos que se han
instituidos en la legislación colombiana, específicamente la acción popular y la acción de tutela.
En primer lugar se abordará lo relacionado con la acción popular, la cual se encuentra
consagrada en la Constitución Política “La ley regulará las acciones populares para la protección
de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la
salubridad pública” (Const.; 1991; Art.88).
Como se observa desde la misma constitución se instituye a la acción popular para proteger
el espacio público, la cual puede ser usada tanto por parte del Estado en cumplimiento de su deber
legal de protegerlo o de cualquier persona de la comunidad, puesto que, cualquiera de sus titulares
puede recurrir ante los jueces a solicitar su protección inmediata.
La acción popular es una de las acciones que surge con la Constitución para poder
brindarles a los titulares de la lista amplia de derechos que esta consigna una lista también de

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mecanismos que lo permitan hacer exigibles, cuando se encuentren amenazados o hayan sido
vulnerados por el actuar tanto de particulares como por parte del Estado.
La acción popular es la acción especial para lograr la protección del espacio público, la
cual cuenta con sus propias características, autoridades, procedimientos y cuenta con su propio
desarrollo legal, toda vez, que esta encuentra su desarrollo especial en la Ley 472 de 1998 (Arenas,
2011).
Es quizás desde el punto de vista procesal que ha tomado mayor importancia estas acciones,
puesto que, permiten que mediante un proceso, en el que se respeten todas las garantías procesales
del debido proceso, se pueda proteger el derecho al espacio público (Varón, 2010).
La acción popular ha tomado gran importancia en el ámbito internacional, debido a que
los derechos colectivos en ese plano se han visionado como derechos emergentes, que han tenido
un auge importante y su consagración ha sido producto de un proceso histórico, en el que se ha
buscado la reivindicación de los derechos colectivos, y en este caso el espacio público hace parte
de este categoría de derechos (Martínez & Trujillo, 2001).
En esencia esta acción goza de una serie de características, que resumen lo manifestado
hasta este momento. La primera de ellas es que ha sido instituida para la protección de los derechos
e intereses colectivos. En segundo lugar esta comporta un carácter preventivo, ya que, se busca
que evitar que los derechos colectivos sean vulnerados tanto por el accionar del Estado como de
particulares, en este caso se busca prevenir que se vulnere el espacio público por parte de los
vendedores estacionarios. En tercer lugar es una acción que cuenta con una legitimación amplia,
toda vez, que como los derechos colectivos son titulares todas las personas, pueden cualquier de
ellas intentarla. En cuarto lugar se establece que dentro del tramite de esta acción por parte del juez
se pueden adoptar medidas cautelares, que pueden ser solicitadas por las partes o en uso de las
facultades ultrapetitas concedidas al juez (Londoño & Torres, 2012).
Otra de las acciones que se han establecido para lograr la protección del espacio público,
es la denominada acción de tutela, que aunque no sea la acción por excelencia para lograr tal fin,

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también puede ser utilizada, puesto que, esta es una acción que está consagrada para lograr la
protección de los derechos fundamentales, que no es excluyente, toda vez, que puede ser utilizada
por cualquier persona, sin ningún tipo de discriminación, la única condición es que esta permita
evitar la vulneración o cesar la amenaza de un derecho fundamental (Const., 1991; Art, 86).
La acción de tutela nace al mismo tiempo que nace la acción popular, pero surgen con
objetivos diferentes, pero en cualquier momento la acción de tutela puede entrar a defender el
objeto de la misma, siempre y cuando se encuentre en amenaza algún derecho fundamental, sin
entrar a desnaturalizar este mecanismo (Córdoba, 2016).
Esta acción es utilizada en gran medida de forma preferente a la acción popular, solamente
por la inmediatez de la misma, toda vez, que esta permite la solución de los casos en un tiempo
razonable, sin embargo, para ello el juez debe evaluar cada caso en concreto, y revisar si el caso
amerita ser resuelto por esta vía, todo depende de la gravedad del caso puesto en conocimiento del
juez de tutela (Cano, 2017).
Cabe anotar que la acción de tutela también puede ser utilizada por cualquier persona, ya
sea por parte del Estado para proteger el espacio público o por parte de los vendedores
estacionarios para proteger su derecho al trabajo.
En este último caso, la acción de tutela en principio tendría cabida por lo que el derecho al
trabajo es un derecho fundamental, pero que frente al caso de los vendedores estacionarios ha
permitido que se ordene a la administración pública que adopte estrategias para garantizarlo.
En fin, el espacio público como derecho colectivo, cuenta con mecanismos judiciales de
protección, que permiten su recuperación de cualquier tipo de invasión.
Hasta este punto se cuenta con información suficiente para poder dar respuesta al
interrogante planteado en la parte inicial de este documento ¿Cuál es el estado actual de la
protección del espacio público ante su invasión por parte de vendedores estacionarios?

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Lo primero que hay que recalcar frente al espacio público, es que este se encuentra
regulado tanto en la Constitución Política como en la Ley 9 de 1989 como un derecho colectivo,
que ha sido reconocido encabeza de idos los colombianos.
En la Constitución se establece de forma directa tal calidad y proporciona los mecanismos
judiciales de protección que pueden ser utilizados ante su posible vulneración. En principio por
excelencia solo se podría hacer uso de la denominada acción popular, la cual está consagrada para
tal fin, es decir, para proteger el espacio público y la acción de tutela la cual se utiliza para lograr
tal fin, de forma excepcional, toda vez, que está en principio está consagrada para proteger los
derechos fundamentales.
En la Ley 9 de 1989, se consagran los elementos que componen el espacio publica, es decir,
que bienes de uso público hacen parte del mismo, como también el espectro electromagnético que
hace parte del mismos, mucho de estos aspectos también se consagran en la Constitución.
La protección del espacio público es un tema de interés actualmente, toda vez, que tal cosa
es una obligación del Estado plenamente emanada de la Constitución y un derecho en cabeza de
todos, de ahí que se deba delimitar en el plan de ordenamiento territorial que bienes hacen parte
del espacio público, para así de esa forma saber a qué bienes directamente debe hacerse la
vigilancia.
Al mismo tiempo, todas las personas pueden también proteger el espacio público, con el
ejercicio de la acción popular o la acción de tutela.
De igual forma, se tiene que ante la invasión del espacio público por parte de los vendedores
estacionarios, es necesario que el Estado realice su recuperación, pro para ello debe prever la
protección del derecho al trabajo de estos vendedores, sin menoscabar con la medida su mínimo
vital y el de sus familias.
Aquí debe ponerse de presente, en la adopción de dichas medidas el principio de confianza
legítima, que hace que el Estado adopte medidas previendo el interés general, pero sin afectar otros
derechos de grupos minoritarios.

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Esta situación la ha degenerado problemas como la pobreza, el conflicto armado, pero la
invasión del espacio público no puede permitirse y en el caso de invasión debe asegurársele al
vendedor estacionario que pueda seguir ejerciendo su actividad económica de igual o similar
naturaleza o una actividad económica nueva.

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Conclusiones
En cuanto a la primera aparte del documento se concluye que el espacio público es un
derecho colectivo de gran importancia, que en los últimos años ha tenido un auge interesante, por
la trascendencia del mismo. Toda vez, que en él se materializan varios aspectos, como la
democracia, el derecho de las personas a materializarse, etc.
De igual forma se concluye que el espacio público se mira desde dos puntos de vistas. Por
un lado la obligación del estado por diseñar e implementar los mecanismos para lograr su
protección y recuperación y por el otro la necesidad de que esa recuperación no se afecten
derechos de minorías, como es el caso del derecho al trabajo de los vendedores estacionarios.
En la misma línea, se concluye que se han establecido mecanismos de protección del
espacio público desde la Constitución, como es la acción popular, la cual cuenta con un carácter
preventivo, y que ha sido destinada específicamente para lograr la protección de derechos
colectivos, como es el caso del derecho al espacio público.
Al lado de esta acción, también se ha utilizado la acción de tutela, pero esta se utiliza de
forma excepcional, cuando con la invasión del espacio público se vulnere o se coloque en peligro
un derecho fundamental, toda vez, que de ese punto de vista se utilizan bajo el criterio de
conexidad.
La acción de tutela también puede ser utilizada por parte de los vendedores estacionarios,
quienes a través de ella pueden solicitar el amparo de sus derecho al trabajo, puesto que, este si
está establecido como un derecho fundamental.
Ante la tensión que se da entre la recuperación del espacio público y los interés del
vendedor estacionarios, se debe garantizar por parte de la administración que estos vendedores
puedan seguir con su actividad económica o emprender una nueva.

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Leyes y Sentencias Expedida por Conclusiones
Constitución Política de
1991
Congreso de la
Republica
Establece al espacio público como un
derecho colectivo, que debe ser protegido
por parte del Estado.
Ley 9 de 1989 Congreso de la
Republica
Consagra los aspectos y elementos que
integran al espacio público.
Sentencia T 231 de 2014 Corte
Constitucional
Establece el deber del Estado por recuperar
el espacio público, pero además ordena que
se les garanticen unos mínimos a los
vendedores estacionarios como permitirle
que puedan seguir ejerciendo su actividad
económica o emprender una nueva.
Nombre de la
investigación
Autor Año Conclusiones
Recuperación del
espacio público vía
acción popular. Caso
Florencia.
Rocío del
Pilar
Arenas
2011 Concluyen que el aumento de vendedores
informales, es producto de la falta de
planificación de las distintas
administraciones locales en el país. Siendo
la presencia de estas personas ocupando el
espacio público un problema social, que
llega hasta el plano jurídico con la
interposición de la acción popular.
Las acciones populares
y de grupo en el
derecho comparado
Mauricio
Barón
Granados
2010 Las acciones populares a nivel mundial son
las acciones que en materia procesal
brindan una solución eficaz a los conflictos
que se suscitan en relación con los derechos
colectivos.
El derecho al trabajo y
el derecho a la
asociación: tensiones
entre el modelo
neoliberal globalizado
y la Constitución
Política de 1991
Rocío
Bedoya
2003 Se concluye que con la Constitución
Política de 1991, el derecho al trabajo
cuenta con mayores garantías para su
ejercicio y protección, en embargo a veces
se presentan tensiones con los postulados
del neoliberalismo.

25
Defensa constitucional
del derecho al espacio
público
Édison
Andrés
Belalcazar
2011 Se concluye que el espacio público ha
cobrado vigencia e importancia en la
formulación de políticas públicas y eso se
debe a la forma como fue consagrado en la
Constitución Política de 1991. En la misma
forma se establece que la acción popular es
el mecanismo idóneo para lograr su
protección.
La investigación sobre
el espacio público en
Colombia: su
importancia para la
gestión urbana
Andrea
Milena
Burbano
2014 Concluye que hay diversas razones para
investigar sobre el especio público y más
aún cuando este en lo urbano y en las
políticas públicas ha tomado un lugar
importante, por ser un derecho emergente.
Condiciones de vida de
los (as) vendedores
(as) ambulantes a partir
de la implementación
de la estrategia de
reubicación en el
pasaje cultural y
comercial centenario,
localidad 15 Antonio
Nariño. Bogotá, 2006-
2007
Magda
Camacho,
Nery
Fuentes &
Martha
Lizarazo
2007 Se concluye que las políticas públicas de
recuperación del espacio público, no están
teniendo en cuenta las necesidades de los
vendedores ambulantes. Se ha utilizado la
estrategia de reubicación que no resuelve el
problema de fondo, es decir, no se resuelve
la invasión del espacio público de forma
definitiva.
El principio de
inmediatez de la acción
de tutela: ¿una barrera
para la protección
judicial de los derechos
fundamentales?
Luisa
Fernanda
Caño
Blandón
2017 Se concluye que en el marco del trámite de
la acción de tutela se materializa el
principio de inmediatez.
Acción de tutela en
Colombia: La
desnaturalización de
un mecanismo
constitucional.
Dmar
Córdoba
Salamanca
2016 Se concluye que la acción de tutela ha sido
utilizada como mecanismo para evitar
procesos largos y tediosos y que por la
urgencia de los casos se ha recurrido a la
misma para que en un lapso de 10 días
puedan ser resueltos.

26
Defensa del espacio
público-indemnización
del perjuicio colectivo
derivado del
incumplimiento de un
contrato estatal
Juanita
Gómez
Montes &
María
Gómez
Montes.
2003 Se concluye la prevalencia del interés
público, es lo que justifica la protección del
espacio público en Colombia, puesto que,
en estos derechos prima el interés general
sobre el particular.
El espacio público
como problema y
asunto de las políticas
públicas. Una reflexión
sobre el espacio
público en Bogotá
durante el gobierno de
Luis Eduardo Garzón
(2004-2008).
Gisela
Gómez
Zarate
2010 Las políticas que diseñe la administración
sobre recuperación y protección del espacio
público deben guardar coherencia con la
situación social y económica de la ciudad
donde se pretendan implementar.
Generalmente la protección del espacio
público genera un conflicto de intereses.
Presente y futuro del
derecho al trabajo:
Breve historia jurídica
del derecho al trabajo
en Colombia.
Iván Daniel
Jaramillo
2010 Se concluye que el derecho al trabajo es
producto de un proceso evolutivo, que ha
dado como resultado que hoy este derecho
sea un derecho importante, que cuenta con
mecanismos de protección.
Situación del espacio
público en Cartagena,
durante los últimos
cinco años.
María
Leottau,
Luis Mass
&
Guillermo
Mendoza
2015 Se concluye que en la ciudad de Cartagena
ña recuperación del espacio público, se ha
dado respecto de calles, plazas y parques y
sobre todo lo han hecho para colocar a
operar el nuevo sistema de transportes.
El derecho al espacio
público
Juan Carlos
López Roa
2012 Se concluye que el derecho al espacio
público está íntimamente relacionado con
el derecho a la ciudad, donde este último
permite la construcción del primero.
¿Podrán las acciones
populares colombianas
sobrevivir a los
recientes ataques
legislativos y
jurisprudenciales?
Beatriz
Londoño &
María
Torres
2012 Se concluye que las acciones populares se
han debilitado en los últimos años, debido a
que no están cumpliendo con el medio ´- fin
con el que se establecieron en la
Constitución Política de 1991.

27
Las acciones populares
en Colombia
Marinella
Martínez &
Sara
Trujillo
2001 Se concluye que las acciones populares son
producto del reconocimiento de los
derechos colectivos, entendidos estos como
los derechos que trascienden lo individual y
que el trámite de la misma se regula
mediante la Ley 472 de 1998.
Aplicación del
principio de confianza
legítima en materia de
espacio público años
2006 -2009.
Claudia
Oviedo
Viloria
2010 Se concluye que este principio debe estar
presente en las relaciones que surjan entre
el Estado y los particulares, toda vez, que
este atribuye al Estado la protección de los
administrados ante acciones que son
categorizadas como repentinas.
Estado del arte sobre
espacio público,
vendedores y
vendedoras
informales.
Leonor
Perilla
Lozano
2005 Se concluye que los trabajadores
informales se encuentran en desventaja
frente a los trabajadores formales y cuando
se desalojan del espacio público se
compromete su mínimo vital, de ahí la
necesidad de adoptar estrategias que eviten
tal situación.
La protección del
espacio público y los
derechos de los
trabajadores
informales
Juan
Ernesto
Roa Roa
2009 Se concluye que en virtud del principio de
confianza legítima, el Estado ha de adoptar
políticas de protección del espacio público,
revisando de antemano los intereses de los
vendedores estacionarios o ambulantes.
Espacio público y
derecho a la ciudad,
análisis de las ventas
informales ambulantes
del centro de Bogotá.
Sandra
Quintero &
Jonatán
Escudero
2015 Concluye la forma como ha aumentado el
trabajo informal en Colombia, el cual se
debe a los problemas económicos que se
enfrenta el país, evidenciándose un alto
nivel de desempleo.
Diagnóstico de la
evolución de los
procesos de gestión del
espacio público en la
ciudad de Armenia-
Quindío del año 2010
al 2014
Cristian
Sánchez,
Nelson
Tovar &
Zuleydi
Gómez
2014 Concluyen la importancia de las políticas
públicas de protección del espacio público
y de lo necesario de que en el plan de
ordenamiento territorial se establezcan que
espacios comportan ese carácter.

28
Referencias Bibliográficas
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