Este documento establece las sanciones para los funcionarios públicos que cometan infracciones relacionadas con los servicios de información interoperables entre las instituciones del Estado. Se especifican 9 infracciones que pueden ser sancionadas con multas de entre 50 y 100 unidades tributarias, como alterar datos o usarlos para fines distintos a los solicitados. Además, la Contraloría General puede inhabilitar a funcionarios que se nieguen u obstruyan indebidamente la prestación de servicios de información cuando hayan sido ordenados por la autoridad competente.