La LGE y la LOCE comparten algunos principios clave sobre la educación en Chile, como el sistema mixto de educación pública y privada y la libertad de enseñanza. Sin embargo, la LGE introduce algunos cambios significativos con respecto a la LOCE, como darle un énfasis mayor a la calidad de la educación y la inclusión educativa, y restringir el lucro en la educación. Otras diferencias clave son que la LGE aplica solo a la educación preescolar, básica y media, mientras que la LOCE cubre todo el sistema

1. DIFERENCIAS Y SIMILITUDES ENTRE LOCE Y LGE
Los estudiantes y profesores la bautizaron "LOGE" y dicen que es lo mismo que la normativa
actual. La propuesta del gobierno bacheletista toma varios párrafos textuales de la repudiada
ley del penúltimo día de la dictadura, sin embargo, pone ciertos énfasis que en la LOCE no
habrían tenido cabida.
Publicado el 26 Jun 2008
Por Macarena Peña y Lillo
En julio comienza la tramitación de la Ley General de Educación (LGE) en el Senado, después del
intenso debate que terminó con su aprobación en la Cámara Baja. Pese a que las movilizaciones en
su contra no cesan, el gobierno la dejó con urgencia simple, lo que da 60 días para discutir.
Quizás la diferencia más llamativa es que mientras la actual ley tiene carácter de “orgánica
constitucional”, y como tal requiere quórum calificado para ser modificada o derogada, en la LGE
sólo algunos artículos tienen ese rango y por lo tanto, sería más flexible para una eventual revisión.
En lo macro, el proyecto de Ley General mantiene el espíritu del sistema de provisión educacional
mixto actualmente vigente, es decir, sigue habiendo educación financiada por el Estado y
administrada por éste a través de los Municipios; educación financiada por el fisco, pero
administrada por particulares; y educación privada, financiada por los padres.
Una de las principales críticas de los sectores de la educación es el sistema de administración
municipal. Pero esta modalidad no está consagrada en la LOCE, sino que es una medida que data
de 1981, año donde se realizaron las más determinantes reformas de la dictadura, como las
Universidades Privadas y las AFP.
El énfasis de la LOCE es la libertad de enseñanza, en ese sentido, establece como un deber del
Estado resguardarla, entendiéndose esta como la libertad para que cualquier particular pueda crear
y mantener un establecimiento educacional. El mismo principio se replica en la LGE.
Pero en la LOCE el Estado debe también “financiar un sistema gratuito destinado a asegurar el
acceso de la población a la enseñanza básica”. Este deber se extiende en la propuesta de Ley
General, pues en ese caso la responsabilidad incluye financiar sistema gratuito para el primer y
segundo nivel de transición (aunque no sean obligatorios), además de la básica y la media, que es
obligatoria desde la reforma que se hizo en el gobierno de Ricardo Lagos.
La LGE pone su acento en la calidad de la educación. Es por ello que es deber del Estado
resguardar los derechos de los padres y alumnos que opten por la educación no gratuita, pese a que
no sea el fisco el responsable en ese caso. La supervisión, evaluación y debida información debe
ser resguardada por el Estado, al igual que la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa.
Pero eso no limita la selección de los estudiantes. El proyecto original de la LGE –previo al acuerdo
entre la Concertación y la Alianza en noviembre de 2007- señalaba que los establecimientos que
reciben aportes del Estado tendrían que aceptar a todos los alumnos que postularan, desde la
educación preescolar hasta 8º básico. En el caso de que la demanda superara la oferta, la selección
debía ser no por rendimiento escolar ni razones de credo, sino idealmente por sorteo. Tras la
negociación política, esta propuesta pasó al olvido en los dos últimos niveles de educación básica.
La misma suerte corrió el punto respecto del lucro. Elocuente es la reflexión del ministro vocero de
gobierno Francisco Vidal quien señaló que con la LGE una persona no iba a poder ser dueña de un
motel y sostenedora de un colegio. Esto, ya que la nueva normativa establece que los sostenedores
deben ser personas jurídicas y de giro único, y que quienes tengan a cargo uno o más
establecimientos, deben al menos haber cursado una carrera profesional de 8 semestres.
Pero la idea de que las corporaciones sostenedoras fueran sin fines de lucro sucumbió en
noviembre de 2007 y fue el precio que el gobierno debió pagar para que la Alianza suscribiera el
acuerdo y la ley pudiese llegar al Parlamento.

2. Otra de las diferencias es que mientras la LOCE rige todo el sistema educacional: básica, media y
superior, incluyendo en ésta la universitaria, técnico profesional e incluso postgrados, la LGE se
restringe a delinear la educación preescolar, básica y media.
El concepto de educación también cambia de una ley a otra, básicamente como una adecuación a
los tiempos. Mientras la LOCE define educación como “el proceso permanente que abarca las
distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo moral,
intelectual, artístico, espiritual y físico mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos
y destrezas, enmarcados en nuestra identidad nacional, capacitándolas para convivir y participar en
forma responsable y activa en la comunidad”, la LGE agrega otras finalidades, como el “respeto a
los derechos humanos y las libertades fundamentales, el ejercicio de la tolerancia, de la paz y del
respeto a la diversidad”.
Para ambos cuerpos legales la educación “es un derecho de todas las personas y corresponde,
preferentemente, a los padres de familia el derecho y el deber de educar a sus hijos”.
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Abril, 2007
C O L U M N A D E O P I N I Ó N Nº 54
Nueva LOCE
Mauricio Bravo Rojas
Investigador
Centro de Políticas Públicas
Universidad del Desarrollo
El Proyecto de Ley que establece la Ley General de Educación enviada por el
ejecutivo, abre la discusión política y técnica sobre la efectividad de sus
principales propuestas. Por una parte, es bueno recordar que el Consejo Asesor
para la Calidad de la Educación analizó durante más de tres meses los
principales problemas de nuestro sistema educativo. Sin embargo, el consenso
no fue posible reflejando distintas visiones sobre un mismo problema.
Lo anterior, provocó que el ejecutivo priorizara las propuestas cercanas a su
ideología política y que otras ideas que se sustentaban en evidencia empírica no
fueran consideradas.
Lamentablemente, cuando se superpone lo ideológico por sobre lo técnico, se
corre el riesgo de afectar aún más la calidad de la educación. Primero, se limina
la selección de alumnos hasta octavo básico en todos los establecimientos que
reciben subvención del Estado. No obstante, el diagnóstico que avala esa
esolución fue mal elaborado porque se podría originar una nivelación hacia
abajo, es decir, los colegios municipales podrían mantener sus puntajes y los
particulares subvencionados disminuirlos, afectando la calidad de todo el
sistema educativo.
Además, al eliminar la selección se estaría produciendo una mala asignación de
recursos, ya que aquel alumno de escasos recursos que tiene ventajas
comparativas respecto de sus pares y que, por tanto, será más rentable para el
Estado podría terminar cursando sus estudios en una escuela municipal de baja
calidad educativa. Segundo, la prohibición del lucro obedece nuevamente a
razones ideológicas principalmente porque el diagnóstico sobre este asunto no
permite concluir que éste es el mejor camino. La evidencia internacional
permite estimar que las organizaciones con fines de lucro han sido exitosas en
la provisión de educación de calidad. En diversos países las fundaciones con
fines de lucro han logrado soluciones efectivas e innovadoras a los problemas
educativos, han fomentado la competitividad, la rendición de cuentas, entre
otras.
Junto con lo anterior, no debemos olvidar que los alumnos de colegios
particulares subvencionados han logrado y demostrado un mejor desempeño

3. académico que alumnos de escuelas municipales de similares características. Si
estos han sido efectivos en su labor educativa por qué restringir sus
atribuciones. En conclusión, todo este debate ha llevado al gobierno a errar
nuevamente en sus políticas educativas. Si las escuelas municipales fueran de
excelencia, la selección se autorregularía y si los particulares fueran ineficientes
estaríamos todos de acuerdo en eliminar el lucro y se haría innecesaria toda
esta discusión bizantina. Lección para el gobierno: cuando un consejo asesor no
cumpla eficientemente su función aplicar el dicho “a palabras necias oídos
sordos”.