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DERECHO PROCESAL I
PRIMERA UNIDAD: DERECHO PROCESAL ORGANICO
I. INTRODUCCION
1.- Fundamento del Derecho Procesal:
El Derecho Procesal existe porque los individuos constantemente tienen conflictos
jurídicos. Dentro de una sociedad reglamentada con normas jurídicas es común y
frecuente que las partes tiendan a desconocer o a emplear en forma imperfecta las
normas que regulan la convivencia humana. Esta es una situación que ha existido desde
siempre.
Frente al desconocimiento de una norma jurídica o, más bien, frente a un conflicto
jurídico, caben dos alternativas:
- Que los propios interesados resuelven ese conflicto directamente.
- Que las partes recurren a un tercero ajeno al conflicto para que le dé solución.
El Derecho Procesal surge cuando estos interesados en conflicto no son capaces
de darle solución armónica al litigio, en cuyo caso debe recurrirse a un tercero imparcial,
el cual es, precisamente, un órgano del Estado, esto debido a que la administración de
justicia es una tarea del Estado y no de los particulares, es una de las funciones públicas
del Estado a través de los órganos competentes (los tribunales de justicia).
Para estos efectos, el Estado se organiza a través de sus órganos públicos
(organización de tribunales en el país), organizados jerárquicamente, en forma piramidal,
en cuya cúspide se encuentra la Corte Suprema, y la base la integran los diversos
juzgados de letras.
Es importante señalar que de toda esta organización de tribunales sólo uno es el
competente para conocer y resolver el litigio.
Esta función que ejercen los tribunales de justicia es soberana (al igual que las
demás funciones del Estado); por ello es que se ejercen dentro de los límites territoriales del
país, sin la intervención de los otros poderes del Estado. Esto quiere decir que nadie puede
revisar los fundamentos de los fallos judiciales por ser éste un poder autónomo.
2.- Formas de solucionar los litigios:
Los conflictos jurídicos doctrinariamente pueden solucionarse de distintas formas;
de todas ellas podemos mencionar al menos tres: la autotutela o autodefensa, la
autocomposición y la heterocomposición (esta última se vale del Proceso como medio de
solución).
A) La Autotutela o Autodefensa:
La autotutela consiste en la reacción directa y personal de aquel sujeto que se
encuentra en conflicto jurídico, y que se hace justicia por sí mismo, lo que implica una
reacción violenta; es decir, aquí hay fuerza de por medio (es un medio de solución
violento o forzado del conflicto jurídico). Esta fuerza puede ser de cualquier tipo, puede
ser física o moral; pero, sea como sea la fuerza se trata de una pugna contra los más
elementales principios del derecho.
Los particulares no pueden autotutelar sus derechos, siempre habrá que recurrir a
otro mecanismo de solución. Sin embargo, en el evento que se recurriese a este

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mecanismo, ello no constituye una solución definitiva del conflicto, sólo será una solución
fáctica del momento (solución de hecho).
La autotutela no excluye a la forma jurídica de solución por tratarse de una
solución fáctica del momento.
B) La Autocomposición:
Aquí el conflicto jurídico se soluciona por ambas partes. Los propios interesados son
los que concurren a la solución.
Se define la autocomposición como la sumisión o renuncia total o parcial del
derecho de la parte que ha sido perjudicada por el quebrantamiento de la norma jurídica
a favor de la otra, y en virtud de esto se da solución al conflicto.
La autocomposición implica una actitud de reconocimiento de una de las partes o
la anuencia de una de las partes a favor de la otra, o también puede consistir en
concesiones recíprocas entre las partes.
En nuestro ordenamiento jurídico se contempla esta forma de solución (no es
excluyente de la vida judicial). Existen varios ejemplos: contrato de transacción, la
conciliación, el avenimiento, el desistimiento, la renuncia de algún derecho, etc.
La autocomposición puede ser unilateral o bilateral, dependiendo a si las
concesiones provienen de una de las partes o de ambas. Si las concesiones provienen de
una de las partes es unilateral (Ejemplo: desistimiento, el allanamiento a la demanda,
etc.). Lo normal es que sea bilateral, es decir que haya concesiones recíprocas de ambas
partes, aquí hay un acuerdo de por medio (Ejemplo: conciliación, avenimiento, etc.).
En la autocomposición podría intervenir un tercero para colaborar a lograr la
solución. Aquí lo importante es que el tercero no impone la solución a las partes. El
conflicto se va a solucionar por voluntad de los propios litigantes (acto voluntario).
Ejemplo: conciliación (artículo 263, Código de Procedimiento Civil).
C) La Heterocomposición:
Aquí interviene un tercero que es el que impone la solución a las partes. El conflicto
se soluciona con la intervención del tercero. Esta forma de solución se caracteriza porque
hay un tercero imparcial que se encuentra en una posición jerárquicamente superior a las
partes, de manera tal que puede imponer su decisión.
Esta es la situación cuando intervienen los Tribunales de Justicia en la solución del
conflicto. El juez es un tercero imparcial que está por sobre las partes en conflicto por ser
un órgano público. La resolución que adopte este tercero tiene que ser acatada.
Que se pueda imponer una decisión judicial significa que la solución debe ser
acatada y de no ser así se puede hacer uso de la fuerza (porque los tribunales no sólo dan
decisiones teóricas).
Aquí el tercero puede ser cualquier tribunal, puede tratarse de un juez ordinario, de
un juez especial o bien de un juez arbitral.
El juez no puede utilizar cualquier medio para solucionar el conflicto, sino que más
bien se vale de uno. El medio a través del cual se vale este tercero para dar solución al
litigio es el PROCESO. El Proceso es el medio para satisfacer las pretensiones procesales de
las partes, porque tanto el demandante como el demandado hacen valer sus
pretensiones de uno respecto del otro.
El Proceso es el medio más perfecto que existe para solucionar conflictos jurídicos,
porque en primer lugar, a través de este medio, las partes pueden hacer valer sus
derechos con absoluta libertad. Además, el Proceso es la forma que da mejores
posibilidades a los litigantes para hacer valer sus derechos (el juez da la posibilidad a las

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dos partes de hacer valer sus derechos). Esa es una característica que se cumple en todas
las etapas del juicio.
El Proceso es un medio que no sólo le interesa a los litigantes, sino que también al
Estado. El Proceso le sirve al Estado para mantener la tranquilidad y la paz social, para
mantener el orden jurídico. Ejemplo: en aquellos casos que afectan a la familia, al
matrimonio, etc.
El Proceso, también, se tiene que tramitar o se tiene que sustanciar de una forma
específica para llegar a la solución del conflicto. El Proceso debe estar regulado por el
ordenamiento jurídico, y de aquí surge el concepto del “Procedimiento”. El procedimiento
es el conjunto de reglas legales que regulan el proceso. En este sentido no se aplicará el
procedimiento que el juez imponga, sino que será el que corresponda y que está
determinado por la naturaleza de la acción (no es lo mismo un litigio civil que un litigio
penal).
Desde un punto de vista material, el Proceso es lo que se conoce con el nombre
de “expedientes”, los que se encuentran conformados por todos los escritos, documentos
y actuaciones de toda especie.
3.- Concepto de Derecho Procesal:
El Derecho Procesal no está definido en la ley. Definiciones del concepto hay
muchas dependiendo del sentido que se tome.
Por el contenido o por la materia que se estudia, el Derecho Procesal puede ser
definido de la siguiente manera: “Es aquella rama del derecho que estudia la
organización de los tribunales de justicia, señalando sus atribuciones y competencias, y
que establece las normas de procedimiento a que deben someterse las partes litigantes
como todos los tribunales con motivo de un Proceso”.
De esta definición se puede concluir que el Derecho Procesal se puede dividir en
dos partes: Derecho Procesal Orgánico y Derecho Procesal Funcional.
- El Derecho Procesal Orgánico es aquella rama del Derecho Procesal que
comprende el estudio de la organización de los tribunales de justicia y de sus
atribuciones y competencias. Se preocupa del estudio de los órganos
jurisdiccionales (los tribunales de justicia, que son los órganos que ejercen la
jurisdicción).
- El Derecho Procesal Funcional, por su parte, es aquella rama del Derecho Procesal
que estudia las normas de procedimiento a que deben someterse tanto los
tribunales como las personas que concurren ante ellos planteando pretensiones
procesales. Se preocupa del estudio de los distintos procedimientos que se deben
aplicar para la solución de los conflictos. El Derecho Procesal Funcional admite
varias subclasificaciones, porque el procedimiento no es uno sólo. Ejemplo:
Derecho Procesal Civil, Derecho Procesal Penal, etc.
En cuanto a las normas aplicables, el Derecho Procesal Orgánico está regulado o
consagrado fundamentalmente en el Código Orgánico de Tribunales; y el Derecho
Procesal Funcional se encuentra regulado fundamentalmente en los códigos de
procedimientos (Código de Procedimiento Civil, para contiendas civiles; Código de
Procedimiento Penal y Código Procesal Penal, para contiendas penales). Además hay
otras leyes que contemplan procedimientos, por ejemplo, en el Código del Trabajo, en el
Código de Minería, en el Código de Justicia Militar, etc.

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4.- Características más importantes del Derecho Procesal:
Las características más sobresalientes del Derecho Procesal son las siguientes:
a) Es una rama autónoma del derecho: Esta es la característica más importante del
Derecho Procesal. Este Derecho tiene sus propias instituciones, su propia doctrina y
sus propias fuentes. Es una rama del derecho que se desarrolló a partir del siglo XIX.
b) Forma parte del Derecho Público: Principalmente porque está regulando una
actividad del Estado, que es la administración de justicia (resolución de los
conflictos jurídicos). También forma parte del Derecho Público porque regula la
relación entre el Estado y los particulares, en donde el Estado se encuentra en una
relación de supremacía porque los tribunales están dotados de una potestad
pública.
c) Las normas del Derecho Procesal son de orden público: Relacionado con la
característica anterior. Las normas del Derecho Procesal, como regla general, son
normas de orden público, lo que significa que las partes y los propios tribunales
deben respetarlas y aplicarlas tal cual como están establecidas. Las partes no
tienen la posibilidad de dejar sin efecto o derogar las normas procesales en virtud
de acuerdos.
El principio de “autonomía de la voluntad” es inaplicable en el Derecho
Procesal (en materia de derecho privado prima ese principio). Ejemplo: las partes
no pueden acordar la disolución de los tribunales, no pueden acordar la disolución
de las normas de procedimientos, etc. Hay que aplicar las normas procesales, ya
que éstas son irrenunciables, salvo algunas excepciones.
d) Las normas procesales regulan la forma en que se realiza la actividad
jurisdiccional: Se dice que el Derecho Procesal es formal, otros dicen que es
instrumental, otros señalan que las normas procesales son normas-medio, esto en el
sentido que las normas procesales regulan la forma en que se realiza la actividad
jurisdiccional. Se dice que es instrumental porque las normas procesales sirven de
instrumento para la aplicación o realización de la ley o del derecho material, la
norma procesal sirve para hacer cumplir la ley de fondo que ha sido infringida
(garantía para el ordenamiento jurídico en general). Si se infringen las leyes de
fondo, se utilizan las normas procesales.
5.- Fuentes del Derecho Procesal:
1) Fuentes Directas: Son todos aquellos antecedentes de los cuales emana el Derecho
Procesal y cuya aplicación es obligatoria, de manera que frente a un caso concreto los
tribunales están obligados a aplicar estas fuentes. Sirven directamente para la solución del
litigio, su aplicación es inexcusable. El juez que ignora estas fuentes comete falta.
Todas estas fuentes constituyen una obligación de los tribunales para aplicarlas, no
pueden desconocerlas para aplicar derecho.
Las fuentes directas o principales son:
a) La Constitución Política: La fuente más importante es la Constitución. La
Constitución tiene importantes normas procesales y dentro de estas normas está un
capítulo sobre el Poder Judicial.
b) Las Leyes Procesales: Leyes en el amplio sentido de la palabra (decretos, leyes,
códigos de procedimiento, etc.).

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c) Los Tratados Internacionales: Los tratados internacionales vigentes en Chile que
hayan sido ratificados. Ejemplo: el Código de Derecho Internacional Privado
(Código de Bustamante), que contiene importantes normas sobre extradición, etc.
d) Los Autos Acordados: Está constituido por normas dictadas por los propios
tribunales de justicia (del propio Poder Judicial), y más específicamente de los
tribunales superiores, y que se dictan para una correcta aplicación de las leyes.
2) Las Fuentes Indirectas: Son antecedentes de los cuales emana el Derecho Procesal,
pero que se diferencia de los anteriores en que constituyen un antecedente cuya
resolución no es obligatoria (antecedentes que no son obligatorias para el juez).
Aquí estamos hablando de ciertos antecedentes que pueden servir para los
efectos de una correcta aplicación de las leyes o las determinadas normas procesales.
Los tribunales no están en la obligación de aplicar estas fuentes. Prestan mucha utilidad
cuando hay vacíos, por ejemplo, cuando la ley es oscura.
Las fuentes indirectas son:
a) El Derecho Extranjero.
b) Las Fuentes Históricas.
c) La Jurisprudencia: Consiste en los fallos que dictan los tribunales, es la opinión de
los tribunales sobre una determinada materia de derecho.
d) La Doctrina: Opinión de los tratadistas, doctores del Derecho Procesal.
e) La Costumbre: Constituye una fuente, aunque en el Derecho Procesal tiene muy
poca aplicación
1) FUENTES DIRECTAS:
A) Las Normas Constitucionales:
La Constitución establece las normas rectoras (fundamentales en el ordenamiento
jurídico). La Constitución da los lineamientos generales sobre las que va a descansar el
ordenamiento jurídico.
Dentro de la Constitución se encuentran reguladas todas aquellas materias que
tienen que ver con el Poder Judicial (Capítulo VI, artículos 70 y siguientes). En segundo
lugar, dentro de la Constitución, hay otro tipo de normas que se refieren al Proceso. Por
último, hay otro conjunto de normas que dicen relación con el proceso penal.
En el artículo 73 de la Constitución se reconoce la función jurisdiccional que
cumplen los tribunales de justicia.
Art. 73, inciso 1º, CPE: “La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de
resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los
tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso
pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes,
revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos
fenecidos”.
El artículo 73 de la Constitución debe ser relacionado con el artículo 1º del Código
Orgánico de Tribunales, que señala más o menos lo mismo.

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Art. 1º, Código Orgánico de Tribunales: “La facultad de conocer las causas civiles y
criminales, de juzgarlas y de hacer ejecutar lo juzgado pertenece exclusivamente
a los tribunales que establece la ley”.
De aquí se desprenden que ninguna otra autoridad del Estado se puede atribuir
funciones jurisdiccionales a menos que la propia ley se las conceda. Todo órgano que
ejerce jurisdicción, por el sólo hecho de ejecutarla, actúan como un tribunal de justicia.
Además se establece la jerarquía que le cabe a la Corte Suprema.
La Constitución, también, señala en el artículo 74 que:
Art. 74, inciso 1º, CPE: “Una ley orgánica constitucional determinará la organización
y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida
administración de justicia en todo el territorio de la República. La misma ley
señalará las calidades que respectivamente deben tener los jueces y el número de
años que deban haber ejercido la profesión de abogado o de personas que
fueren nombradas ministros de Corte o jueces letrados”.
Esta ley orgánica constitucional la cumple actualmente el Código Orgánico de
Tribunales.
Se establece también la forma de proceder en general al nombramiento de los
magistrados (artículo 75, CPE). De esta norma constitucional se desprende algo muy
importante y que es que en Chile existe un sistema mixto de nombramiento de
magistrados. Este sistema consiste en que el Poder Judicial propone a los candidatos,
formando las respectivas ternas o quinas (esto dependiendo del cargo a llenar), y los
nombramientos los efectúa el Ejecutivo (concretamente el Presidente de la República). En
el caso de los ministros de la Corte Suprema, el nombramiento también le corresponde al
Presidente pero con acuerdo del Senado (aquí intervienen tres poderes del Estado).
También se establece la responsabilidad de los jueces en el ejercicio de sus
funciones propias. Este es un principio fundamental en la administración de justicia
(artículo 76, CPE).
Art. 76, CPE: “Los jueces son personalmente responsables por los delitos de
cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el
procedimiento, denegación y torcida administración de la justicia y, en general,
de toda prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones”.
“Tratándose de los miembros de la Corte Suprema, la ley determinará los
casos y el modo de hacer efectiva esta responsabilidad”.
Se establecen también otras causales de cesación o de expiración de las
funciones judiciales. Ejemplo: la edad (artículo 77, CPE).
Por otra parte, la Constitución asegura la igualdad ante la justicia para todas las
personas sin ninguna distinción. Este principio se desprende de la norma del artículo 19, nº
3, relativa a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.
Art. 19, nº 3, inciso 1º, CPE: “Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la
forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o
perturbar la debida intervención del letrado (abogado) si hubiere sido
requerida...”.

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Esta es igualdad ante la ley porque el legislador y el constituyente se han
preocupado de que las partes enfrenten un juicio en igualdad de condiciones, esto
independiente que la persona cuente o no con los medios económicos para costear una
defensa judicial (lo que importa es que ambas partes estén asesoradas). En caso que la
persona no pueda costearse la defensa existe varios mecanismos para que cuente con
ella, por ejemplo: el abogado de turno, la corporación de asistencia judicial, etc.
El otro principio fundamental es que toda sentencia de un órgano que ejerce
jurisdicción debe fundarse es un proceso legalmente tramitado. Aquí se consagra el
principio del “debido proceso”.
Art. 19, nº 3, inciso 4º, CPE: “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción
debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al
legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una
investigación racionales y justos”.
El Proceso es la forma mediante el cual se va a ejercer la jurisdicción de acuerdo
con las reglas que la ley establece. La ley procura que ambas partes cuenten con las
mismas posibilidades de ejercer sus derechos dentro de ese proceso.
El debido proceso es aquel que permite a ambos litigantes por igual hacer valer
sus derechos y, particularmente, el derecho de defensa.
En el artículo 19, nº 3, también hay importantes normas en materias procesales-
penales. Se establecen los mecanismos para castigar los delitos, etc.
B) Las Leyes Procesales:
Las leyes procesales son la fuente directa y la más importante porque es el
legislador el que regula, a través de estas normas, las distintas situaciones y materias
propias del Derecho Procesal, partiendo de los lineamientos básicos que la Constitución
asegura.
¿Cómo saber la naturaleza de una ley? y ¿cómo saber si es que hay una ley
procesal?. La única manera de diferenciar las leyes es precisamente por el contenido de
las normas, porque, desde el punto de vista formal, las leyes son más o menos iguales. En
síntesis, hay que determinarlo no por la fundamentación de la ley, sino por el contenido.
De esta manera, si la ley está referida a los tribunales de justicia o a los
procedimientos evidentemente será una ley procesal, así por ejemplo, puede tratarse de
una ley orgánica que tiene que ver con los tribunales o bien de una ley de
procedimientos.
El juez que se vea enfrentado a la ley procesal deberá aplicarla al caso que le
competa resolver.
La aplicación de la ley procesal tiene importancia cuando el proceso está en
trámite. Un proceso está en trámite cuando no ha sido fallado por sentencia definitiva,
firme o ejecutoriada (las diligencias son válidas cuando se ha respetado la ley vigente).
En el caso de la aplicación de las leyes rigen los mismos principios del Derecho
Civil, concretamente en lo que dice relación con la interpretación de la ley en el caso
concreto. En esta tarea se aplican las normas de interpretación del Código Civil (artículos
19 al 24), porque los códigos procesales no contienen normas de interpretación de la ley.
Si el juez, ante un caso determinado, advierte que hay vacíos en la ley (porque las
leyes no son estáticas, se van modificando a las necesidades del momento) aquí se
realiza una aplicación que consiste en la integración de la norma y en que el juez debe
recurrir a otros métodos para resolver el conflicto jurídico y si no hay una ley que lo

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resuelva debe aplicar los principios de equidad pertinentes. Esto incluso lo establece al
artículo 170, nº 5 del Código de Procedimiento Civil, cuando dice que las sentencias de
los tribunales deben conservar los fundamentos de derecho o bien los principios de
equidad. El juez que ha sido legalmente requerido, siendo competente, no se puede
excusar de conocerlo y resolverlo, exista o no ley que resuelva el conflicto.
* Vigencia de la ley procesal:
Para los efectos de aplicar la ley procesal hay que analizar la vigencia de la ley en
el tiempo, en el espacio y en cuanto a las personas.
-o- Vigencia de la ley en cuanto al tiempo:
La regla general es que las leyes procesales rigen “in-actum” (de inmediato), es
decir, tan pronto como la ley entre en vigencia (cuando se publique en el Diario Oficial),
antes que la ley disponga otra cosa y hasta el día que es derogada (cuado queda sin
efectos sus disposiciones por dictarse una ley nueva que la remplace o que disponga que
queda sin efectos las disposiciones de la ley antigua).
Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, hay ciertas situaciones que una ley
puede ser aplicada a situaciones anteriores a su entrada en vigencia, en cuyo caso se
dice que la ley tiene efecto retroactivo. Al revés puede ocurrir el fenómeno que una ley
que ha quedado sin efecto pueda aplicarse a causas que van más allá de su vigencia,
aquí se habla de “ultra actividad de la ley”.
Todo esto hay que analizarlo con respecto a los procesos, y esto se puede referir
tanto a cambios que se introduzcan en la competencia de los tribunales o bien a cambios
en el procedimiento.
a. Cambios en el procedimiento: Las leyes que introducen cambios en los
procedimientos. Ejemplo: la nueva reforma procesal penal, si el juicio no se ha
iniciado se rige la nueva ley procesal.
Si los procesos están en trámite, todos las actuaciones que se hayan
verificado en el proceso de acuerdo con la ley antigua son plenamente válidas;
las nuevas actuaciones se deberán adecuar a la ley nueva, porque la ley procesal
rige in-actum.
Aquí se presentan algunos problemas de irretroactividad, es decir hay
algunos casos excepcionales en que no obstante haberse dictado una nueva ley
va a seguir aplicándose la ley antigua. Esto ocurre en los siguientes casos:
o Si se trata de plazos o de actuaciones que ya se hayan iniciado. Por ejemplo,
en un proceso civil en trámite se dicta una nueva ley procesal que modifica el
procedimiento y ella se traduce en que se van a reducir todos los plazos a la
mitad; si estaba esperando el plazo para apelar la sentencia definitiva, de
cinco días se reduce a tres, en este caso el plazo se seguirá rigiendo por la ley
antigua. En otras palabras, si el plazo está corriendo se regirá por la ley vigente
al momento del inicio del cómputo de dicho plazo. Al contrario, si el plazo no
está corriendo se regirá por la ley nueva.
o El segundo caso dice relación con la prueba de los actos y contratos. Si la
nueva ley procesal al cambiar el procedimiento, por ejemplo, modifica los
medios probatorios (suprime la prueba testimonial) el acto o contrato se puede
probar por los mismos medios de prueba vigentes al momento de la
celebración de ese acto o contrato (a través de los medios de prueba que
establecía la ley antigua). La razón es de Derecho Civil, debido a que, de

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acuerdo al Código Civil, en todo acto o contrato legalmente celebrado se
entienden incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración.
Si la nueva ley introduce modificaciones no en los medios probatorios,
sino en la forma de rendir la prueba (por ejemplo, las formalidades distintivas)
se aplica la ley nueva. Esto está consagrado en la ley sobre efecto retroactivo
de las leyes, ubicada en el apéndice del Código Civil (artículos 23 y 24, Ley de
efecto retroactivo de las leyes).
b. Cambios en la competencia: Las leyes que introducen cambios en la
competencia. En cuanto a la competencia de los tribunales, si hay modificaciones
en ella, significa que la misma ley le puede entregar más atribuciones al tribunal o
restringirle atribuciones y competencias (ejemplo: los juzgados de letras a los que
se les quita la competencia penal y ésta pasa a los tribunales orales en lo penal).
La ley también podría eventualmente suprimir tribunales en esta materia.
Ejemplo: los juzgados de letras del crimen con la nueva reforma procesal-penal.
Pero ¿qué pasa con el proceso en trámite?. En esta materia hay discusiones
doctrinarias. Si el juicio estaba en trámite al momento que se dictara la nueva ley,
¿debe continuar siendo conocido por el tribunal antiguo o se debe pasar al
tribunal nuevo?.
Estos problemas, en los casos que se introduzcan modificaciones a la
competencia de los tribunales, se solucionarán de acuerdo a normas que
establezca la misma ley. Siempre se disponen disposiciones transitorias (normas
concretas que prevén estos posibles problemas). En la mayoría de los casos se ha
establecido que los mismos tribunales siguen conociendo los casos. En otros casos
se ha establecido que los procesos dentro de un cierto plazo van a pasar al nuevo
tribunal competente (ejemplo: ley que modificó el control de armas, se pasó de los
tribunales militares a la justicia ordinaria).
-o- Vigencia de la ley en cuanto al espacio:
Esto se refiere al territorio en el cual debe aplicarse la ley procesal. Como la
función que imparten los tribunales es una función estatal (administración de justicia) la ley
procesal se tiene que aplicar dentro de las fronteras del Estado, vale decir, dentro de los
límites geográficos del país.
Aquí impera el principio de “territorialidad de la ley”. Todos los conflictos jurídicos
que ocurren en el territorio de Chile se van a regir, en materia procesal, por la ley chilena.
Así se desprende del artículo 14 del Código Civil y también del artículo 5º del Código
Orgánico de Tribunales, que señalan que los tribunales chilenos deben conocer todos los
asuntos judiciales que se produzcan dentro del territorio de la República.
Lo anteriormente señalado no quiere decir que en determinadas situaciones no se
puedan aplicar normas procesales internacionales. Por ejemplo, en Chile se puede hacer
cumplir las sentencias del derecho extranjero cumpliendo con los requisitos que la ley
chilena exige en esta materia (ejemplo: en materia de exhortos, etc.).
La ley chilena es posible que sea extraterritorial respecto de ciertos delitos
específicos cometidos en el extranjero y que pueden ser juzgados por los tribunales
chilenos (artículo 6º, Código Orgánico de Tribunales).
De los artículos 242 al 251 reglamentan la materia de resoluciones pronunciadas
por tribunales extranjeros.

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-o- Vigencia de la ley en cuanto a las personas:
La regla es que la ley procesal chilena se aplica por igual a todas las personas, por
el principio de igualdad ante la ley consagrado en la Constitución; de acuerdo a esto no
se distinguen entre chilenos o extranjeros. La ley procesal no considera para los efectos de
su aplicación las condiciones de la persona (la raza, el sexo, etc.), así lo señala el artículo
5º, inciso 1º, del Código Orgánico de Tribunales.
En materia de competencia, existe un factor determinado para establecer el
tribunal competente, que es el “Fuero”, el cual no significa un privilegio para aquella
persona que goza de él, porque no significa que esté en una situación de superioridad
ante otra que no lo tenga. El fuero, lo único que implica es que el asunto judicial lo va a
conocer u tribunal de mayor jerarquía, y eso es un beneficio para el que no tiene Fuero.
En síntesis, el Fuero no es excepción al principio de igualdad ante la ley.
Cuando se aplica una ley procesal que rige in-actum está aplicación tiene
importancia en los procesos que están actualmente en tramitación, entendiéndose por
tales todos aquellos procesos en los cuales no se ha dictado sentencia definitiva que se
encuentre firme o ejecutoriada (sentencia inamovible, no caben más recursos en su
contra).
Esta ley procesal tiene importancia frente a estos procesos y no respecto de
aquellos procesos que ya están afinados o terminados.
Esto reviste importancia porque la sentencia judicial firme o ejecutoriada que
establece derechos se incorporan éstos al patrimonio de la persona y, por ello, no se
puede afectar estos derechos, por que están amparados por la Constitución.
Los procesos nuevos caen de lleno dentro de la aplicación de la nueva ley
procesal.
C) Los Autos Acordados:
Los autos acordados son normas procesales que emanan de los tribunales
superiores de justicia, de carácter general y que son dictados en uso de las facultades
económicas de los tribunales (artículo 3º, Código Orgánico de Tribunales) para una mejor
administración de justicia, y sirven para llenar ciertos vacíos que pueden tener las leyes o
que sirven para la aplicación de una determinada ley en la práctica, y son de carácter
obligatorio.
Art. 3º, Código Orgánico de Tribunales: “Los tribunales tienen, además, las
facultades conservadoras, disciplinarias y económicas que a cada uno de ellos se
asignan en los respectivos títulos de este Código”.
Esta importante fuente del Derecho Procesal puede ser dictada por la Corte
Suprema o por alguna de las Cortes de Apelaciones. Esto tiene importancia para
determinar el aspecto de la obligatoriedad del auto acordado.
Si el auto acordado lo dicta la Corte Suprema éste es obligatorio en todo el
territorio de la República, vale decir, todos los tribunales del país quedarán sometidos a
ese auto acordado. Ejemplo: el auto acordado de la Corte Suprema sobre la forma de
sentencias, el auto acordado de la Corte Suprema sobre substanciación del recurso de
inaplicabilidad de las leyes, el auto acordado de la Corte Suprema sobre vista de la
causa (ver apéndice del Código de Procedimiento Civil), etc.
Si el auto acordado lo dicta una Corte de Apelaciones, es obligatorio dentro de la
jurisdicción de la respectiva Corte y debe ser aplicado en dicha jurisdicción. Este auto
acordado tiene una aplicación más restringida.

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Los autos acordados se publican en el Diario Oficial. El Código Orgánico de
Tribunales establece claramente el auto acordado que dicta la Corte Suprema (artículo
96, inciso final, Código Orgánico de Tribunales).
Art. 96º, inciso final, Código Orgánico de Tribunales: “Todos los autos acordados de
carácter y aplicación general que dicte la Corte Suprema deberán ser publicados
en el Diario Oficial”.
Lo mismo cabe decir (respecto de la publicación de los autos acordados en el
Diario Oficial) sobre los autos acordados que dicta la Corte de Apelaciones, para que no
se alegue desconocimiento.
D) Tratados Internacionales:
Los tratados internacionales son normas jurídicas que obligan a dos o más Estados
en relación con materias determinadas.
Dentro de las normas de un tratado internacional es posible que existan normas
procesales o que se regulen materias procesales. Si es así, constituye una fuente del
Derecho Procesal, porque esas normas habría que aplicarlas en la medida que el tratado
internacional haya sido ratificado por Chile y que se encuentre vigente, de esa manera
tiene una naturaleza de ley.
Ejemplo: el Código de Derecho Internacional Privado o “Código de Bustamante”,
que se aplica en Chile, es una importante fuente del derecho internacional, y en ese
Código se regulan materias procesales internacionales (la extradición, los exhortos
internacionales, etc.).
2) FUENTES INDIRECTAS:
A) Las Fuentes Históricas:
Esta fuente hace posible comprender el porque de las instituciones vigentes, el
grado de evolución que ha experimentado esta disciplina contribuyendo de esta forma a
la correcta interpretación e inteligencia del derecho nacional vigente. Ejemplo: nuestro
Código Orgánico de Tribunales tiene por antecedente la ley de organización y
atribuciones de los tribunales de 1865.
B) El Derecho Extranjero:
El Derecho Chileno no es un derecho aislado en el contexto mundial. Todo está
inserto dentro de un contexto histórico, dentro del cual Chile tiene antecedentes en otros
derechos de otros países. Por ejemplo: el Código Napoleónico de Francia, del Derecho
Español, el Derecho Alemán, etc. Por otro lado, las instituciones del derecho procesal
chileno no se han generado íntegramente en nuestro país, sino que la mayor parte de
ellas emanan de las españolas. Se puede decir que nuestros códigos de procedimiento y
nuestras leyes orgánicas de tribunales arrancan de ese país.
C) La Jurisprudencia:
La jurisprudencia consiste en los fallos uniformes que pronuncian los tribunales de
justicia sobre una determinada materia de derecho (fallos en un mismo sentido,
uniformes). Dicho de otro modo, la jurisprudencia es un conjunto de precedentes

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reiterados en que los tribunales superiores de justicia hacen aplicación en casos concretos
sometidos a su juzgamiento de los preceptos decisorios y ordenatorios de los litigios
Aquí hay que destacar cuando la jurisprudencia emana de los tribunales superiores
en el sistema chileno, porque los fallos de los tribunales inferiores están siempre sometidos
a la posibilidad de revisión por el principio de la “doble instancia” que consiste en que lo
que un juez inferior resuelve puede ser modificado o alterado por un tribunal superior.
Particularmente interesa la jurisprudencia de la Corte Suprema como máximo tribunal de
la República.
La Corte Suprema, entre sus funciones como máximo tribunal está la de ir
uniformando la jurisprudencia de los tribunales en Chile. Esto se logra a través del “recurso
de casación en el fondo” (este recurso se aplica cuando una sentencia ha sido dictada
con infracción de ley, y esa infracción es decisiva en la parte resolutiva del fallo). La Corte
Suprema puede invalidar la sentencia de los tribunales inferiores en virtud de este recurso y
con ello, además, va a fijar el verdadero sentido y alcance de las normas.
Un solo fallo no es jurisprudencial, ya que debe existir una pluralidad de fallos sobre
la misma materia.
La jurisprudencia constituye un antecedente porque lo que se resuelve en un caso
no tiene que ser necesariamente idéntico que otro.
D) La Doctrina:
La doctrina es la fuente que consiste en la opinión de los tratadistas, en este caso
del derecho procesal. Tampoco es obligatoria. Esta fuente tendrá más o menos
importancia en la medida que sea el prestigio del autor. Por ejemplo, en problemas
procesales es frecuente que se cite al tratadista uruguayo Eduardo Couture. Sin embargo
en Chile la doctrina no es abundante.
La doctrina si tiene importancia, además de lo dicho anteriormente, en el caso
que las leyes tengan algunas deficiencias, ya que éstas no son perfectas y van quedando
obsoletas.
Tiene por misión la de interpretar al legislativo para que se reflexione sobre la ley.
E) La Costumbre:
En el Derecho Procesal la costumbre prácticamente no tiene aplicación, y se sigue
la máxima del Derecho Civil (artículo 2º, Código Civil). La costumbre tiene importancia en
el derecho comercial.
Art. 2º, Código Civil: “La costumbre no constituye derecho sino en los casos en que
la ley se remite a ella”.
La costumbre solamente se aplica en algunos casos respecto de algunas practicas
que ha adoptado los tribunales. Ejemplo: la ley no señala en ninguna parte cómo se dicta
un oficio, sino que ha sido una costumbre que se ha ido perpetuando. Sin embargo no
está referido a aspectos sustanciales.
II. LA JURISDICCION
1.- Introducción:
La Jurisdicción es una de las instituciones o conceptos básicos en el Derecho
Procesal (junto con la acción y el proceso).
En Chile, en materia civil, para que los tribunales puedan conocer de un conflicto
jurídico tienen que ser requeridos o, lo que es lo mismo, deben actuar a petición de parte.

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Los tribunales no pueden actuar de oficio, esto significa que para que un juez pueda
ejercer función jurisdiccional necesita que una de las partes del litigio deduzca una
acción, concretamente lo que se exige es que una de las partes demande a otro.
Cuando el tribunal es requerido formalmente y en algún asunto de su
competencia, a través de una demanda, el juez debe ejercer su jurisdicción, no se puede
excusar, debe conocer el asunto. El medio que tiene el juez o instrumento de cual se vale
es el Proceso.
La regla general es que la jurisdicción es una actividad propia de los tribunales de
justicia y es distinta de cualquier otra función pública y que consiste en general en resolver
conflictos jurídicos con efecto de cosa juzgada. Lo importante a destacar es que el
tribunal es un tercero imparcial y que está por sobre las partes porque está en una
posición jurídica distinta al ser un órgano público y eso es lo que permite que su sentencia
sea acatada.
2.- Acepciones de la palabra Jurisdicción:
Dentro del Derecho Procesal una misma palabra -dentro de las cuales
encontramos a la jurisdicción- se aplica con distintos significados, siendo algunos no
realmente correctos.
Dentro de las acepciones de la palabra jurisdicción encontramos:
a) La palabra jurisdicción se suele utilizar para referirse al territorio, al “ámbito
territorial” en el cual un tribunal ejerce sus atribuciones. Ejemplo: un juez de
Concepción ejerce jurisdicción en las comunas de Concepción, Penco,
Chiguayante y San Pedro de la Paz. Esta es una acepción equivocada.
b) Se suele confundir la jurisdicción con la “competencia”. La jurisdicción no es lo
mismo que la competencia, son aspectos relacionados pero completamente
diferentes. La competencia es la cuota de jurisdicción que tiene cada juez en
particular y que le permite conocer de determinados asuntos (no de todos). Se
puede decir entonces que existe una relación de género a especie, donde la
jurisdicción es el género y la competencia es el espacio dentro del género
(artículo 108, Código Orgánico de Tribunales).
c) Se utiliza frecuentemente para referirse a las “prerrogativas o facultades” que
tienen los tribunales para resolver ciertos conflictos jurídicos. Esta acepción sin ser
mala es insuficiente porque jurisdicción no es una mera facultad, es mucho más
que eso, es un verdadero deber porque es inexcusable.
d) Por último, la verdadera acepción o sentido de la palabra es el siguiente: la
jurisdicción es “una función”, porque constituye una de las tareas más importantes
que cumple el Estado mediante la cual se reestablece el imperio del Derecho
cuando se ha desconocido la norma. Esto significa que toda función jurisdiccional
le corresponde al Poder Judicial, o al menos lo normal es que así sea, puesto que
existen otros órganos públicos -que no se encuentran dentro del Poder Judicial-
que también pueden ejercer funciones jurisdiccionales, en los casos que la ley lo
señala. Ejemplo: el Congreso Nacional (juicios políticos respecto de ciertas
autoridades), la Contraloría General de la República, el Tribunal Calificador de
Elecciones, etc. Desde este punto de vista estos órganos actúan como tribunales.
Por otro lado, no toda función propia del Poder Judicial es siempre
jurisdiccional, aunque normalmente lo es. Así lo señalan los artículos 2º y 3º del
Código Orgánico de Tribunales.

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3.- Concepto de Jurisdicción:
- Concepto de Eduardo Couture: “Es la función pública realizada por los órganos
competentes del Estado, con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual
por acto de juicio se determina el derecho de las partes con el objeto de dirimir sus
conflictos y controversias de relevancia jurídica mediante decisiones con
autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución”.
- Concepto de Juan Colombo: Este autor define la jurisdicción como: “El poder que
tiene los tribunales de justicia para resolver por medio del Proceso, con efecto de
cosa juzgada, los conflictos de relevancia jurídica en cuya solución les
corresponde intervenir”.
La jurisdicción no debe definirse como la facultad de administrar justicia, ya que es
muy vago. El concepto de la jurisdicción dice relación con el contenido de la función,
que es la resolución de los conflictos jurídicos.
Colombo sostiene que la administración de justicia, y más concretamente la
palabra justicia implica un juicio de valor o más bien filosófico, por lo mismo es variable
(por el transcurso del tiempo).
* Análisis del concepto de Couture:
a) Sostiene que la jurisdicción es una función pública, es decir, está tomando la
correcta acepción del término. Considera a la jurisdicción como una tarea que le
compete al Estado (no es una función privada que le corresponda a los
particulares).
b) Añade que la función jurisdiccional es realizada por los órganos competentes del
Estado; por regla general son los tribunales de justicia, ya que como mencionamos
anteriormente otros órganos también pueden ejercer funciones jurisdiccionales.
c) Agrega el autor que la jurisdicción debe hacerse por las formas requeridas por la
ley; esto quiere decir que esta actividad de los tribunales no se puede llevar a
efecto de cualquier forma sino que debe hacerse cumpliendo las formalidades
legales. La ley reglamenta el ejercicio de la jurisdicción, no el juez, y para esto
existen los procedimientos. El medio para el ejercicio de la jurisdicción es el
Proceso, el que tiene que demostrar como la ley lo indica.
d) La finalidad, según esta definición, que se persigue con el ejercicio de la
jurisdicción es objetivo, es puntual, es uno sólo: es resolver conflictos jurídicos o
controversias de relevancia jurídica.
Este conflicto se resuelve mediante ciertas decisiones que adoptan los
tribunales de justicia. El conflicto se debe resolver a través de los procedimientos
legales que debe aplicar el juez y a través de una decisión especial que es la
sentencia definitiva, que es el acto típico a través del cual el juez resuelve. El
proceso, sin embrago, puede terminar y el conflicto puede resolverse dentro del
proceso sin el procedimiento del juez, lo que no significa que en ese caso la
actividad jurisdiccional no se ha desarrollado cabalmente. Ejemplo: al llegar a un
acuerdo entre los litigantes (conciliación, avenimiento, etc.).
Si la jurisdicción se ejerce, el juez tiene que pronunciarse. Para que haya
jurisdicción completa el juez debe conocer el asunto y resolverlo.

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e) Esta decisión de los tribunales debe ser con autoridad de cosa juzgada. Eso es lo
más importante de la jurisdicción. La cosa juzgada es un efecto que produce la
sentencia definitiva en algún momento. Sin cosa juzgada no existe actividad
jurisdiccional a cabalidad.
El efecto de la cosa juzgada permite obtener el cumplimiento efectivo de
la sentencia y, además, que no se vuelva a discutir el mismo asunto, ni por las
mismas partes, ni por el mismo fundamento.
f) Se decide mediante un fallo eventualmente factible de ejecución. Esto significa
que en el caso que el vencido (aquel que resultó condenado a una determinada
prestación) no cumple voluntariamente, la parte vencedora está facultada a
solicitarle al juez la ejecución o cumplimiento forzado de esa sentencia. Este
cumplimiento debe ser solicitado, por ello es eventual. Si por el contrario, el
vencido cumple voluntariamente con la prestación, no es necesario ejecutar el
fallo.
4.- La Jurisdicción en nuestro derecho positivo:
Ni la ley ni la Constitución contienen un concepto de la jurisdicción, sino que tanto
la Constitución como el Código Orgánico de Tribunales se refieren más bien al contenido
de la Jurisdicción para señalar en qué consiste la actividad de los tribunales. Tampoco se
puede decir que el derecho positivo contemple disposiciones orgánicas respecto de la
jurisdicción, es decir no está reglamentada sino que se deduce de las disposiciones
constitucionales y legales.
Art. 73, inciso 1º, CPE: “La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de
resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los
tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso
pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes,
revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos
fenecidos”.
Art. 1º, Código Orgánico de Tribunales: “La facultad de conocer las causas civiles y
criminales, de juzgarlas y de hacer ejecutar lo juzgado pertenece exclusivamente
a los tribunales que establece la ley”.
Tanto la Constitución como el Código Orgánico de Tribunales se refieren a la
jurisdicción como una facultad, lo cual no es erróneo pero tampoco es exacto, ya que
hay que entenderla como el “poder-deber” de los tribunales, ya que es inexcusable y no
una mera prerrogativa (artículo 3º, inciso 2º, Código Orgánico de Tribunales).
ASPECTOS DEL ARTICULO 1º DEL CODIGO ORGANICO DE TRIBUNALES
a) Primer Aspecto: La función de los tribunales puede consistir en lo siguiente
(contenido de la jurisdicción):
• Conocer las causas civiles y criminales: tanto la norma constitucional como la
norma legal han sido cuidadosos al poner los verbos en ese orden, porque
consistiendo la jurisdicción en la resolución de los conflictos jurídicos, los
tribunales no pueden resolver un conflicto sin que previamente conozcan de
ese litigio.
La facultad de conocer las causas civiles y criminales consiste en que el
tribunal queda informado de ese asunto a través de las partes (a través de los

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propios litigantes) y no de los tribunales, porque impera el principio de
pasividad de los tribunales.
Conocer significa que el juez queda informado del asunto; para estos
efectos, las partes tienen que suministrarle ese conocimiento a través de los
escritos correspondientes (de demanda y de contestación de la demanda).
Sin embargo, no basta que las partes informen al juez sus pretensiones,
además es necesario que prueben o demuestren la verdad de los hechos que
sostienen (lo que prueban son los hechos y no el derecho).
Producida la prueba el juez está en condiciones de fallar en la mayoría
de los casos.
• Juzgarlas (las causas civiles y criminales): consiste en la facultad de resolver
cuál de las partes tiene la razón (finalidad de la sentencia, declarar el
derecho). Esto quiere decir, en síntesis, que uno de los dos tiene que tener la
razón.
En otras palabras, o se va a acoger la demanda (dar la razón al
demandante en todo o en parte), o se rechaza la demanda (significa que se le
da la razón al demandado).
Este juzgamiento tiene la particularidad que el juez lo lleva
materialmente a través de la sentencia definitiva (con toda la información que
el juez ha tenido).
• Hacer ejecutar lo juzgado: la jurisdicción también puede consistir en hacer
ejecutar lo juzgado. Esta es una etapa que podría faltar, pero no obstante este
momento no exista, es importante destacar que la jurisdicción se ejercita,
porque esta etapa dependerá de la actitud que tenga el vencido.
b) Segundo Aspecto: Lo referente a la “causa”:
Los tribunales lo que conocen y resuelven son causas o juicios, las que
podemos definirla diciendo que consisten en la controversia jurídica y actual entre
partes sometidas a un tribunal de justicia. Para que haya juicio se supone que tiene
que haber una controversia jurídica entre partes.
La causa se define como la controversia jurídica actual entre partes
sometida al conocimiento de un tribunal de justicia.
Los elementos para que exista una causa son los siguientes:
• Debe haber una controversia jurídica: significa que tiene que haber una
disputa entre dos o más personas y que tenga relevancia jurídica.
• Tiene que ser actual: el conflicto tiene que referirse concretamente sobre
determinados derechos. Hay un derecho comprometido y no una mera
expectativa.
• Se tiene que producir un conflicto entre “partes”: entre los sujetos que
sostengan pretensiones contradictorias o que tengan intereses contrapuestos y
estas partes llevan el nombre de “demandante” (titular de la pretensión) y
“demandado” (destinatario de la pretensión). Las partes pueden ser personas
naturales o jurídicas, puede haber más de una persona en una parte, esto
independientemente que si las partes comparecen en un juicio.
• El tribunal de justicia no puede faltar jamás: porque tiene que existir un órgano
público imparcial para resolver el conflicto. El tribunal puede ser de cualquier

17. 17
naturaleza o clase, dependerá de la naturaleza del asunto que se está
discutiendo, eso determinara el tribunal a intervenir.
En síntesis, el juicio o la causa no es otra cosa que este conflicto jurídico y
actual que se somete al conocimiento de los tribunales de justicia, vale decir,
cuando el conflicto pasa a la instancia judicial, cuando sale del ámbito de los
particulares.
c) Tercer Aspecto: Se deduce que la jurisdicción le pertenece exclusivamente a los
tribunales que establece la ley.
En Chile todo órgano que ejerce jurisdicción pasará a ser un tribunal de
justicia en lo que esa función se refiere.
Las potestades de un tribunal que ejerce jurisdicción son las siguientes:
• El derecho que tiene todo juez a conocer el litigio (la “gnotio”). Esto va a
depender de la acción que se deduzca. Nunca el juez puede actuar de oficio
(o de propia iniciativa). Esto es válido para el inicio del juicio como para
cuando éste progresa o avanza.
• Facultad que tiene el juez para que las partes comparezcan al juicio dentro de
un cierto plazo (la “votio”). Esto está referido fundamentalmente al
demandado con el objeto de que se defienda y haga valer sus derechos. Para
eso la ley establece un plazo (el juez lo emplaza al juicio para que haga valer
sus derechos).
Esto tiene una consecuencia negativa si no se hace presente en el
juicio, porque no se podría defender en ese plazo.
• Potestad del uso de la fuerza que tienen los tribunales en la forma en que la ley
lo describe (la “coertio”), o sea, durante la tramitación del juicio. Esto para los
efectos que el proceso pueda avanzar y facilitar la tramitación de ese juicio.
Sirve para resolver cualquier obstáculo que impida al juez o a las partes actuar
adecuadamente. Esto está referido tanto a las personas como a los bienes.
Ejemplo: el juez puede disponer medidas de apremio personales, puede
imponer multas, arrestos, embargo a los bienes para facilitar el desarrollo del
proceso, etc.
• Facultad del juez para resolver el conflicto o facultad de juzgarla (la “iuditium”).
El juez no puede dejar de resolver el conflicto respecto del cual lo ha
conocido, exista o no exista ley (si existe ley deberá aplicarla y si no existe
precepto legal deberá aplicar otros principios).
Sin embargo, esta potestad siempre está limitada por la propia
actividad de los litigantes (los límites de las propias partes en juicio), de lo
contrario habrá vicio procesal.
• Facultad de ejecución (la “executio”). Esta facultad está muy relacionada con
el uso de la fuerza ante el juicio mismo. Esto está en relación con la atribución
de los tribunales de ejecutar su sentencia y, para ello, está auxiliado por la
fuerza pública, a petición de parte. Esta es otra manifestación del imperio de
los tribunales.
Todas estas potestades o elementos que comprenden la jurisdicción
normalmente se dan todas, sin embargo algunas de ellas podrían faltar, sin

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perjuicio de ello igual se da ejercicio a la función jurisdiccional. Ejemplo: el caso de
la fuerza puede no ser necesaria.
5.- Características de la Jurisdicción:
Respecto a las características de la jurisdicción, en la doctrina no hay coincidencia
única en materia (ya que depende de los autores).
No obstante lo anterior, se pueden señalar las siguientes características que son las
más importantes:
- El origen de la jurisdicción en Chile emana de la propia Constitución.
- Se trata de una función pública.
- Conceptualmente es unitaria.
- Las autoridades encargadas de ejercer la jurisdicción son los tribunales de
justicia.
- La jurisdicción es privativa de los tribunales de justicia.
- Se ejercita a través del Proceso y mediante actos procesales.
- Es indelegable.
- Es improrrogable.
- Su finalidad última es la cosa juzgada.
- La parte de jurisdicción que le corresponde a cada juez o tribunal constituye su
competencia.
- Es territorial.
- Está amparada por el imperio.
1) El origen de la jurisdicción en Chile emana de la propia Constitución (tiene rango
constitucional): El origen emana del artículo 73 de la Constitución. Esta
característica revela la importancia que tiene dentro del ordenamiento jurídico
chileno la función de los tribunales de justicia, porque el constituyente establece la
idea fundamental y la ley se encarga de desarrollar la regla que emana de la
norma constitucional.
2) Se trata de una función pública: Esta característica quiere decir que la jurisdicción
es una de las labores esenciales que desarrolla el Estado, por que la finalidad es
reestablecer el orden jurídico quebrantado y eso ocurre cuando las otras
funciones públicas son insuficientes por sí solas.
3) Conceptualmente es unitaria (unidad de conceptos): La jurisdicción se dice que es
unitaria en doctrina, porque el concepto de la jurisdicción es invariable; es decir,
siempre los tribunales de justicia cuando ejercen jurisdicción van a cumplir una
labor idéntica o semejante que consistirá en resolver los conflictos de intereses de
relevancia jurídica.
Esto significa también que la jurisdicción no acepta clasificaciones o
divisiones, y cuando se habla de clasificaciones en materia judicial (en materia del
ejercicio de la jurisdicción), lo que se está clasificando es la competencia. Desde el
momento que hay tribunales que pueden conocer determinados asuntos o
materias distintas, se habla entonces de una clasificación de competencia, la que
puede ser, por ejemplo, civil o penal, contenciosa o no contenciosa.
4) Las autoridades encargadas de ejercer la jurisdicción son los tribunales de justicia:
En el sistema chileno la regla general es que la jurisdicción la ejercen determinados
órganos públicos, que son los tribunales. Esas son las autoridades que señala la
Constitución y las leyes; por lo mismo, no corresponde señalar que el ejercicio de la

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jurisdicción le compete exclusivamente al Poder Judicial. La regla general es que
así sea, sin embargo hay casos que la propia Constitución o las leyes determinan
atribuciones jurisdiccionales para otros órganos públicos.
En síntesis, todo órgano que ejerce jurisdicción está calificado como
tribunal de justicia, es lo característico (es la función la que caracteriza al órgano y
no al revés).
5) La jurisdicción es privativa de los tribunales de justicia: Esta característica está muy
relacionada con la anterior. Los órganos precisos para dirimir los conflictos son los
tribunales. Esta función no puede ser encomendada a órganos diferentes. Es una
función propia de los tribunales con exclusión de otros órganos públicos o privados.
6) Se ejercita a través del Proceso y mediante actos procesales: El instrumento del
que se vale el Estado para el ejercicio de la jurisdicción es precisamente el
Proceso, y éste no es otra cosa que un conjunto de actos procesales que emanan
ya sea del tribunal, o de las partes, o de un terceros eventualmente. Esta es la
función que se ha establecido para poder desarrollar esta importante función. El
medio idóneo es el Proceso y éste se va desarrollando a través de los actos
procesales.
7) Es indelegable: Esto significa que esta función que le compete a los tribunales no
puede ser entregado a otras autoridades o a otro órgano distinto de los tribunales.
En consecuencia, un tribunal de justicia no puede encomendarle esta función a
otros órganos públicos.
Esta característica no debe ser confundida con la delegación de
competencia, porque si un tribunal delegara la jurisdicción no sería tribunal de
justicia.
En ciertos casos la ley permite que un tribunal encomiende determinadas
atribuciones o la práctica de determinadas diligencias a otro tribunal, pero jamás
podrá delegar el fallo del asunto. Una atribución o la competencia se puede dejar
cuando los antecedentes de que se trata se tenga que practicar en un territorio
jurisdiccional distinto al donde se encuentra el juez que conoce el proceso.
Ejemplo: si el proceso se está tramitando en Concepción ante un juez dependiente
de la Corte de Apelaciones de Concepción, dentro de este proceso es necesario
prestar declaración a un testigo que vive en Iquique; para ello, el juez de
Concepción puede entregar atribuciones al juez de Iquique sobre una materia de
terminada (prestar declaración al testigo). Esto se hace a través de los
denominados “exhortos”.
8) Es improrrogable: Lo que significa que las partes no pueden encomendar su
ejercicio a otras autoridades distintas de los tribunales. En este caso, la prórroga es
siempre entendida del punto de vista de los litigantes, la delegación es vista desde
el punto de vista de los tribunales (esta es la diferencia con la característica
anterior). Las partes no pueden efectuar convenios o acuerdos en esta materia. El
principio de la autonomía de la voluntad es inaplicable en esta materia.
Esto no impide que las partes, cumpliendo ciertas condiciones puedan
celebrar acuerdos para los efectos de prorrogar la competencia, cumpliendo
ciertos requisitos que la ley procesal establece a este respecto.
En asuntos civiles judiciales contenciosos, la ley permite a los litigantes
acordar que un asunto judicial pueda ser conocido por un tribunal relativamente
incompetente. El asunto civil contencioso puede ser conocido por un juez
territorialmente diferente al que es naturalmente competente. Esto obedece a
muchas causas, entre ellas la falta de conveniencia de los litigantes.

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9) Su finalidad última es la cosa juzgada: Esta característica es talvez la más
importante de todas. Lo que se persigue con el ejercicio de la jurisdicción es que
los tribunales resuelvan el conflicto jurídico estableciendo en la sentencia una
verdad inamovible, es decir que transcurrida toda la tramitación del proceso
llegue un instante en que esa verdad judicial quede completamente afirme,
inamovible; ahí se habrá producido la cosa juzgada.
La jurisdicción no consiste simplemente en resolver un conflicto sino que
además se debe cumplir el efecto de la cosa juzgada a través de la sentencia.
El efecto de la cosa juzgada es la que permite hacer cumplir la decisión de
los tribunales (es la última palabra). A través del efecto de la acción o de la
excepción de la cosa juzgada, efecto que impide que se pueda volver a discutir
entre los litigantes, sobre el mismo asunto y sobre los mismos fundamentos.
10) La parte de jurisdicción que le corresponde a cada juez o tribunal constituye su
competencia: Todos los tribunales sin excepción ejercen jurisdicción, lo que les
permite resolver ciertos asuntos litigiosos. Lo que ocurre es que la jurisdicción en
Chile, como en el resto de los demás países, está reglamentada en cuanto a su
ejercicio, y esto significa que el legislador ha establecido lo que se llama “reglas de
competencia”, entregándole a determinados tribunales ciertos asuntos y a otros
tribunales asuntos distintos, de modo tal que no todos puedan conocer de los
mismos asuntos (lo que sin dudas es bueno para la administración de justicia).
La competencia es la facultad que tiene cada juez individualmente, en
particular, para conocer de aquellos asuntos que la ley ha colocado dentro de la
esfera de sus atribuciones.
La competencia constituye una limitación al ejercicio de la jurisdicción.
11) Es territorial: Ello significa que se ejerce necesariamente sobre un territorio
determinado. Este espacio territorial es variable, depende en cada caso del
tribunal que corresponda. Ejemplo: los jueces de letras tienen como espacio
territorial la comuna o una agrupación de comunas; la Corte Suprema ejerce
jurisdicción sobre todo el territorio de la República. Eso lo fija la ley. La ley asigna el
territorio jurisdiccional de cada tribunal. El juez o tribunal puede actuar
válidamente dentro de ese respectivo territorio.
Esta característica de la territorialidad de la jurisdicción es lógica, porque la
jurisdicción emana de la soberanía y la soberanía de ejerce territorialmente dentro
de los límites de la República.
Esta característica tiene algunas excepciones y entre esas excepciones se
puede citar las situaciones previstas en el artículo 6º del Código Orgánico de
Tribunales.
12) Está amparada por el imperio: El ejercicio de la función jurisdiccional está regulado
por el imperio que gozan los tribunales de justicia, amparada por la posibilidad de
usar la fuerza pública para hacer respetar las decisiones judiciales y para dar
eficacia al proceso (para que no haya trabas en el desarrollo del proceso). Le
permite remover todo tipo de obstáculo que impida el ejercicio normal de la
Jurisdicción. Esto se nota con luces propias a través del fallo.
6.- Los momentos de la Jurisdicción:
Son las etapas que representan el desenvolvimiento del ejercicio de la función
jurisdiccional dentro del proceso. La doctrina dentro de esta materia distingue algunas
fases o etapas de la jurisdicción (que se ubican en el artículo 1º del Código Orgánico de
Tribunales).

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a) Primera Etapa: Fase del conocimiento del asunto: En esta fase se abre la instancia
judicial y aquí lo importante es la información que los propios litigantes le puedan
entregar al tribunal, porque los tribunales de justicia conocen lo que se llama la
verdad procesal, precisamente a través del proceso y por la información que le
dan los litigantes. Esto aunque el juez tome conocimiento por otras vías del asunto
y eso complementado con los antecedentes probatorios suministrados por los
propios litigantes.
Los tribunales tienen que aplicar el procedimiento legal. Esto significa que la
acción deducida, según su naturaleza, se someterá al procedimiento que la ley
indique, de lo contrario la acción sería anulable.
b) Segunda Etapa: Momento de la decisión del asunto (juzgamiento): Esta es la
etapa característica del ejercicio de la jurisdicción. Presupone necesariamente de
la primera etapa (presupone de un conocimiento cabal previo del asunto) y esta
fase carecería de eficacia si no existe el tercer momento o tercera etapa, que es
la fase de ejecución (decidir acerca del conflicto jurídico a través de la sentencia
definitiva).
c) Tercera Etapa: Fase de ejecución del asunto: Lo importante el legislador o
constituyente la contempla como tal, vale decir, hacer ejecutar lo juzgado. Sin en
ese momento faltan las otras fases sería ilusoria, no se exigiría el cumplimiento (no
habría jurisdicción).
Esta tercera etapa depende de la parte perdedora, si se niega a pagar la
prestación.
Esta ejecución, a petición de parte, los tribunales la ordenan a la fuerza
pública, que en Chile no depende de los tribunales ni del Poder Judicial. Hay que
recurrir a la fuerza pública y para eso hay que requerir a la autoridad
administrativa, la que no puede dudar de la legalidad de la orden, como
tampoco puede calificar los fundamentos de la resolución (artículo 11, Código
Orgánico de Tribunales).
Art. 11, Código Orgánico de Tribunales: “Para hacer ejecutar sus sentencias
y para practicar o hacer practicar las actuaciones que decreten, podrán
los tribunales requerir de las demás autoridades el auxilio de la fuerza
pública que de ellas dependiere, o los otros medios de acción
conducentes de que dispusieren”.
“La autoridad legalmente requerida debe prestar el auxilio, sin que
le corresponda calificar el fundamento con que se le pide ni la justicia o
legalidad de la sentencia o decreto que se trata de ejecutar”.
7.- Límites de la Jurisdicción:
El ejercicio de la función jurisdiccional tiene algunas limitaciones, porque la ella
debe realizarse siempre dentro de un tiempo determinado y dentro de un determinado
ámbito territorial. Es decir, hay límite en el tiempo y límite en el espacio en el ejercicio de la
jurisdicción.
a) Límites temporales: En Chile la generalidad de los tribunales es que son perpetuos,
lo que significa que ejercen la jurisdicción indefinidamente, salvo en el caso de los
tribunales arbitrales.
Los jueces arbitrales tienen un lapso determinado para ejercer sus funciones
jurisdiccionales, y en este sentido la ley establece la limitación al ejercicio de los
tribunales arbitrales (artículo 235, inciso 3º, Código Orgánico de Tribunales)

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Art. 235, inciso 3º, Código Orgánico de Tribunales: “Si faltare la designación
del tiempo, se entenderá que el árbitro debe evacuar su encargo en el
término de dos años contados desde su aceptación”.
En este artículo se establece que pueden ejercer la función jurisdiccional los
jueces árbitros en dos años desde que conoce hasta que falla.
En algunos otros tribunales especiales los miembros duran un tiempo
determinado. Ejemplo: el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de
Elecciones, pero eso significa que los magistrados se van renovando y no que el
órgano terminará sus funciones.
b) Límites en cuanto al espacio: Está referido al instante en que los tribunales ejercen
la jurisdicción. Se suele hablar aquí de límites internos y límites externos.
o Límites Externos: Está dado por el punto hasta donde se extiende la jurisdicción
de los tribunales y este se puede mirar desde el punto de vista de los tribunales
chilenos como de los tribunales extranjeros. Hay que ver hasta donde llegan las
atribuciones de los tribunales chilenos y hasta donde llegan las atribuciones de
los tribunales extranjeros.
En Chile la jurisdicción constituye una manifestación de la soberanía, la
que es esencialmente territorial y se delimita por las fronteras. Siendo la
jurisdicción una emanación de la soberanía ésta no puede ir más allá de los
límites del país. Esta situación es similar a la de los tribunales extranjeros que
ejercen jurisdicción dentro de los límites territoriales donde se ejerce sus
respectivas soberanías.
Hay otra limitación externa y está dada por las atribuciones que ejercen
los otros poderes públicos chilenos (más concretamente por el ejecutivo y el
legislativo). Cada poder del Estado ejerce sus propias atribuciones y, en este
sentido, el ejercicio de la jurisdicción tiene una limitación:, que es precisamente
hasta donde llegan las atribuciones de los otros poderes del Estado.
Al Poder Judicial le está prohibido ejercer funciones que son propias de
los otros poderes del Estado, o que la Constitución y las leyes le ha atribuido a
los otros poderes.
Art. 4º, Código Orgánico de Tribunales: “Es prohibido al Poder Judicial
mezclarse en las atribuciones de otros poderes públicos y en general
ejercer otras funciones que las determinadas en los artículos
precedentes”.
Por otro lado, los otros poderes estatales, a su vez, no se pueden
inmiscuir en las funciones que son propias del Poder Judicial.
Art. 12, Código Orgánico de Tribunales: "El Poder Judicial es
independiente de toda otra autoridad en el ejercicio de sus funciones".
Esto demuestra la separación de poderes del Estado, que en estos días
está cada vez más atenuada que en tiempos anteriores.
o Límites Internos: Estos límites, a diferencia de los anteriores, deben ser
analizados desde el punto de vista de los tribunales exclusivamente (los otros se
analizan desde fuera de los tribunales).

23. 23
El ámbito en el cual los tribunales ejercen jurisdicción internamente está
dado por las “reglas de competencia”, eso es lo que fija las atribuciones de
cada tribunal en particular porque es imposible que, dentro del sistema
chileno, un solo tribunal ejerza toda la jurisdicción; o por el contrario, que todos
los tribunales del sistema la ejerzan unitariamente en relación a un mismo
asunto.
El ejercicio de la jurisdicción debe ser delimitado al interior de los
tribunales, por eso existen las reglas de competencia (artículos 108 y siguientes
del Código Orgánico de Tribunales).
Cuando ocurre un conflicto jurídico en definitiva habrá un solo tribunal
que va a conocer de ese asunto. La competencia es el límite interno, desde el
punto de vista de los tribunales, al ejercicio de la jurisdicción.
8.- Equivalentes Jurisdiccionales:
Como el nombre lo indica, es algo que equivale a la jurisdicción, pero no es lo
mismo aunque produce los mismos efectos.
En el fondo, son otros medios que sirven para dar solución al conflicto jurídico, y en
los cuales no hay un pronunciamiento del tribunal a través de la sentencia definitiva, pero
que producirán el mismo efecto que la jurisdicción (efecto de la cosa juzgada).
* Definición de equivalentes jurisdiccionales según Juan Colombo: “Se trata de actos
procesales destinados a resolver ciertos conflictos de intereses de relevancia jurídica con
efecto de cosa juzgada”.
El concepto de equivalentes jurisdiccionales proviene de un autor italiano
(Carnelutti) y posteriormente fue ampliamente recogido por la doctrina. Estos
equivalentes sustituyen legítimamente al proceso como forma de solución del conflicto, y
esa es su importancia.
En algunos casos estos equivalentes jurisdiccionales pueden operar dentro de un
proceso, en otros casos no se requiere de eso. Ejemplo: la conciliación, la transacción y
todos los medios de autocomposición en general son equivalentes jurisdiccionales.
Los presupuestos para que pueda operar un equivalente jurisdiccional son:
- Debe existir necesariamente un conflicto jurídico: Sin conflicto jurídico es imposible
hablar de equivalente jurisdiccional. Este conflicto jurídico no puede ser
cualquiera, sino que tiene que versar o referirse a derechos disponibles para las
partes. Eso significa que esos derechos no pueden tener el carácter de
irrenunciables; por ejemplo, en materia de derechos de familia está involucrado el
orden público. Estos derechos no pueden ser objetos de acuerdo entre los
litigantes (son indisponibles para las partes). Ejemplo: no pueden las partes discutir
la validez de un matrimonio.
- Es necesario que exista una manifestación o declaración de voluntad expresa de
los sujetos en conflicto, en el sentido de ponerle fin al litigio. En algunos casos
excepcionales para que operen los equivalentes jurisdiccionales es necesaria la
manifestación de voluntad de uno solo de los sujetos, al menos en el inicio.
Ejemplo: el disentimiento de la acción.
- Es necesario que el ordenamiento jurídico autorice expresamente que la solución
del conflicto jurídico se pueda hacer a través de alguno de los equivalentes
jurisdiccionales. Esto es lógico, porque la vía normal de solución es el Proceso, de

24. 24
manera que cualquiera otra forma de solución distinta debe estar autorizada por
la ley.
Entre las características principales de los equivalentes jurisdiccionales se puede
señalar que producen, finalmente, el efecto de cosa juzgada, lo que puede dar lugar
tanto a la acción como a la excepción de cosa juzgada. La acción permite exigir el
cumplimiento de lo acordado y la excepción es la que impide volver a discutir el asunto.
Entre los equivalentes jurisdiccionales más importantes podemos destacar tres: la
transacción, la conciliación y el avenimiento.
a) Transacción: En términos generales se puede decir que la transacción es un
contrato de carácter procesal que tiene como finalidad fundamental resolver un
conflicto y que produce los mismos efectos que la sentencia (artículo 2446, inciso
1º, Código Civil).
Art. 2446, inciso 1º Código Civil: "La transacción es un contrato en que las
partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente, o precaven un litigio
eventual".
Aquí hay dos cosas muy importantes respecto de las cuales puede tener
lugar la transacción:
o La transacción puede servir para prevenir la jurisdicción (precaver),
anticiparse a la jurisdicción.
o También sirve para ponerle término a un proceso en trámite (juicio
pendiente).
Colombo dice que la transacción es un contrato en que las partes terminan
extrajudicialmente un conflicto sometido al proceso o lo resuelven antes de que se
haya iniciado el proceso con el objeto de evitarlo o prevenirlo.
Para estos efectos las partes deben hacerse concesiones recíprocas, es
decir, ambos deben renunciar en parte a sus derechos o pretensiones o a sus
aspiraciones procesales.
La transacción tiene que versar sobre derechos disponibles y en ella no
tienen ninguna intervención el juez, porque es extrajudicial.
Esta transacción se perfecciona con el solo consentimiento de las partes y
lo más importante es que produce cosa juzgada en última instancia.
b) Conciliación: Según Colombo, la conciliación también es un acto jurídico procesal
en virtud del cual, a iniciativa del juez que conoce de un proceso, logran las partes
dentro de su desarrollo ponerle fin con mutuo acuerdo.
Hay una diferencia sustancial entre la conciliación y la transacción, ya que
en la conciliación siempre se va a requerir un juicio en trámite, o sea es siempre
judicial, y no extrajudicial como lo es la transacción.
La otra diferencia importante entre ambos equivalentes es que en la
conciliación le cabe la intervención al juez que conoce del proceso, y en la
transacción no interviene el juez.
Las características principales de la conciliación son las siguientes:
o Se requiere de la existencia de un proceso.

25. 25
o Para que pueda lograrse la conciliación se requiere necesariamente del
acuerdo de las partes, no obstante la intervención del juez.
o Le cabe la intervención al juez que conoce del proceso en el
procedimiento para obtener la conciliación. Es el juez el que tiene que
hacer el llamado a la audiencia a las partes (hoy día es un trámite
obligatorio en los juicios civiles) y posteriormente al juez le cabe
participación dentro de la audiencia, le corresponde al juez las bases
de arreglo.
o La conciliación tiene ciertas limitaciones porque no puede ir más allá de
la competencia específica de los tribunales. En la conciliación no se
pueden celebrar acuerdos que excedan las discutidas en el juicio
(asunto concreto discutido).
o Por último, produce también el efecto de cosa juzgada, se desprende
del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.
La conciliación hoy día siempre tiene que tratarse en los juicios civiles. Los
jueces siempre tienen que intentar la conciliación entre los litigantes, porque la ley
establece este trámite con carácter de obligatorio (artículo 262, Código de
Procedimiento Civil).
Art. 262, inciso 1º, Código de Procedimiento Civil: "En todo juicio civil en que
legalmente sea admisible la transacción, con excepción de los juicios o
procedimientos especiales de que tratan los Títulos I, II, III, V y XVI del Libro III,
una vez agotados los trámites de discusión y siempre que no se trate de los
casos mencionados en el artículo 313, el juez llamará a las partes a
conciliación y les propondrá personalmente bases de arreglo”.
Es una diligencia esencial en todo juicio, no puede ser omitida del
procedimiento en los casos que corresponda. Si el juez dicta sentencia en juicio sin
hacer el llamado obligatorio a conciliación, se habrá omitido un trámite o
diligencia esencial, y esa sentencia puede ser anulada.
c) Avenimiento: Es el acuerdo que logran directamente las partes de un proceso en
virtud del cual se pone término al conflicto jurídico sometido a juicio expresándose
ese acuerdo ante el juez que conoce la causa.
El avenimiento, a diferencia de la transacción y la conciliación, no tiene
una regulación normativa, no está tratado en forma sistemática en la ley. Hay
referencia sobre el avenimiento en el artículo 434, nº 3 del Código de
Procedimiento Civil.
Art. 434, nº 3, Código de Procedimiento Civil: “El juicio ejecutivo tiene lugar
en las obligaciones de dar cuando para reclamar su cumplimiento se hace
valer alguno de: el acta de avenimiento pasada ante tribunal competente
y autorizada por un ministro de fe o por dos testigos de actuación”.
Constituye un título ejecutivo, es decir es un antecedente o un instrumento
que sirve para iniciar una ejecución respecto de las obligaciones que contiene y
con eso se está reconociendo que produce cosa juzgada.
Las características del avenimiento son las siguientes:
o Requiere el acuerdo de las dos partes para poner término al litigio que
está sometido a proceso.

26. 26
o En dicho acuerdo no participa el juez, no le cabe intervención alguna
al juez.
o Se tiene que referir necesariamente a derechos disponibles.
o Produce cosa juzgada.
o Para que produzca efectos el avenimiento debe hacerse valer dentro
del proceso y requiere de un pronunciamiento del tribunal
aceptándolo.
o
9.- Clasificaciones de Jurisdicción:
Para algunos autores la jurisdicción es susceptible de clasificación, aunque esto es
discutible porque la jurisdicción es una sola. Más bien se puede hablar de las distintas
atribuciones que cumplen los tribunales de justicia.
Prieto-Castro afirma que la jurisdicción como función es única y que por ello más
que de clases de jurisdicción es propio hablar de manifestaciones de la jurisdicción.
De esta manera se puede hablar de: jurisdicción contenciosa; jurisdicción no
contenciosa; jurisdicción conservadora, disciplinaria y económica; y jurisdicción ético-
profesional.
A) Jurisdicción Contenciosa:
Esta jurisdicción contenciosa equivale al concepto de jurisdicción que no es otra
que aquella potestad de los tribunales para resolver conflictos jurídicos entre partes con
efecto de cosa juzgada (artículo 73 de la Constitución y artículo 1º del Código Orgánico
de Tribunales), referida a las causas civiles y criminales.
La materia más importante de la jurisdicción contenciosa es la existencia del
conflicto jurídico (oposición de intereses entre las partes). Aquí no hay armonía de
pretensiones, los intereses son opuestos.
Esta es la actividad fundamental de los tribunales. A esta actividad los tribunales
deben su razón de ser. La jurisdicción es la actividad que caracteriza a un órgano como
tribunal.
B) Jurisdicción No Contenciosa o Voluntaria:
Esta actividad no está definida como tal en el Código Orgánico de Tribunales.
Podemos decir que en el Código de Procedimiento Civil existe un libro completo (Libro
Cuarto) en el cual se trata los actos judiciales no contenciosos; ahí, dentro de las normas
generales, se hace mención a la actividad de los tribunales en este asunto.
Art. 817, Código de Procedimiento Civil: “Son actos judiciales no contenciosos
aquellos que según la ley requieren la intervención del juez y en que no se
promueve contienda alguna entre partes”.
El Código Orgánico de Tribunales, por su parte, en su artículo 2º también se refiere
a esta importante función de los tribunales.
Art. 2º, Código Orgánico de Tribunales: “También corresponde a los tribunales
intervenir en todos aquellos actos no contenciosos en que una ley expresa requiera
su intervención”.
Aquí en la doctrina existe una discusión acerca de la naturaleza jurídica de esta
función que cumplen los tribunales. Algunos autores señalan que es una actividad judicial,
otros consideran que se trata de una actividad administrativa de los tribunales -nuestro

27. 27
código no la califica, pero la trata aparte (tiene un trato distinto)- porque no se resuelven
conflictos jurídicos entre partes, en estos actos judiciales no contenciosos no se
promueven contiendas. En consecuencia, la finalidad de la intervención de los tribunales
es otra, muy distinta. Tampoco se debe decir que hay una sola finalidad porque
intervienen los tribunales, ya que depende de cada acto en particular o cada caso
concreto. Ejemplo: en algunos casos los tribunales intervienen para proteger los derechos
de los incapaces (nombramiento de tutores y curadores), en otros casos intervienen con
el objeto de servir de solemnidad respecto de ciertos actos jurídicos en particular, en otros
casos los jueces actúan para controlar que se hayan cumplido los requisitos que la ley
exige para precaver fraudes, también para que se constituya un estado jurídico nuevo.
En el artículo 817 del Código de Procedimiento Civil se desprenden los requisitos
para que estemos en presencia de un acto jurídico no contencioso. Estos son requisitos
para que los tribunales ejerzan estas funciones, son dos requisitos copulativos:
- Que no se promueva contienda alguna entre partes.
- Que los tribunales deban intervenir en ese acto judicial no contencioso, porque la
ley es la que exige la intervención. El acto judicial no contencioso debe estar
regulado en la ley.
Aquí nadie tiene algo en contra de alguien, no se formulan peticiones en contra
de alguien, de lo contrario habría contienda. Por lo mismo, en esta clase de actos, se
habla de interesados o solicitantes o también “pensionarios”, y no de partes. Tampoco
hay juicio, sino que aquí se habla de “gestiones judiciales”.
Puede suceder que un acto judicial no contencioso se transforme en contencioso.
Aquí ocurre otro problema, será contencioso si se formula oposición del acto
(judicialmente dentro de la gestión), y se somete a los trámites contenciosos.
* Diferencias entre la jurisdicción contenciosa y la voluntaria:
Existen algunas diferencias importantes entre la jurisdicción contenciosa y la no
contenciosa. Podemos mencionar las siguientes:
a) La primera diferencia dice relación con la existencia del conflicto.
En la jurisdicción contenciosa existe el conflicto, ese es el presupuesto de
estos actos.
En la jurisdicción no contenciosa no habrá jamás conflicto, no se promueve
contienda alguna.
b) La segunda diferencia dice relación con el conocimiento y fallo.
Tratándose de la jurisdicción contenciosa los tribunales de justicia están
obligados a conocer y fallar el asunto una vez que han sido formalmente
requeridos y no se pueden excusar de ejercer su función ni aun a falta de
ley (artículo 10, inciso 2º, Código Orgánico de Tribunales).
En los actos judiciales no contenciosos la situación no es la misma, ya que
los jueces van a intervenir solamente en la medida que la propia ley
permita tal intervención, el sólo requerimiento no es suficiente.

28. 28
c) La tercera diferencia dice relación con la apreciación de la prueba, que es una
atribución de los tribunales. En todo acto judicial no basta con hacer alegaciones
sino que hay que acreditar los hechos porque el juez es un tercero imparcial que
no conoce la verdad.
En materia de pruebas, tratándose de la jurisdicción contenciosa, los
tribunales están sometidos a rigurosas reglas de apreciación de la prueba,
de valoración probatoria. Ejemplo: la ley señala la reglamentación de los
testigos. En consecuencia, el juez debe someterse a la ley en esta materia.
Aquí impera lo que se denomina el sistema de prueba legal o tasada.
En los actos judiciales no contenciosos los jueces gozan de mucha mayor
libertad en esta materia, porque los tribunales aprecian prudencialmente el
mérito de las pruebas, vale decir, según lo que ellos estiman. Es un régimen
absolutamente diferente, cada juez no está atado a ninguna norma legal.
Los interesados se pueden valer de cualquier prueba, rendirla en el asunto
sin mayores formalidades (lo que también constituye otra diferencia con la
jurisdicción contenciosa).
d) La cuarta diferencia dice relación a determinar el tribunal competente, diferencia
en lo que al fuero se refiere.
En los asuntos contenciosos el fuero es un elemento de la competencia
que se considera para establecer el tribunal que debe conocer de ese
asunto, y eso significa que varía la jerarquía del tribunal. Ese asunto va a ser
conocido por un tribunal de mayor jerarquía del que habría correspondido,
incluso podría variar la clase de tribunal. Ejemplo: no por uno ordinario, sino
por uno especial.
En los actos judiciales no contenciosos, en cambio, el fuero de los
interesados no se considera, no tiene ninguna relevancia en la
competencia. El asunto siempre va a ser conocido por el tribunal
naturalmente competente. Al respecto, el artículo 133, inciso 2º en su parte
final señala que no se considerará el fuero de que gocen los interesados en
los asuntos no contenciosos. El artículo 827 del Código de Procedimiento
Civil con cuerda con el anterior: “En los asuntos no contenciosos no se
tomará en consideración el fuero personal de los interesados para
establecer la competencia del tribunal”. En síntesis, no hay variación de la
jerarquía en el tribunal en la jurisdicción no contenciosa.
e) La quinta diferencia dice relación con la forma de la sentencia que se dicta en
uno y otro caso. Lo formal dice relación con la exteriorización de un acto; se refiere
a los requisitos externos de la sentencia para calificarla de tal. Estos requisitos son
distintos en uno y otro caso.
En materia de jurisdicción contenciosa el legislador es particularmente
exigente con las sentencias definitivas. Para este efecto se debe cumplir,
además de los establecidos en el artículo 170 del Código de Procedimiento
Civil, con otra serie de requisitos contenidos en el auto acordado de la
Corte Suprema sobre la forma de las sentencias (apéndice del Código de
Procedimiento Civil). Esto demuestra la importancia que tiene la decisión
del asunto y si los requisitos no se cumplen la sentencia es nula.

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En los asuntos judiciales no contenciosos el legislador es muchos menos
exigente, ya que establece menores requisitos para la sentencia (artículo
826, Código de Procedimiento Civil).
Art. 826, inciso 1º, Código de Procedimiento Civil: “Las sentencias
definitivas en los negocios no contenciosos expresarán el nombre,
profesión u oficio y domicilio de los solicitantes, las peticiones
deducidas y la resolución del tribunal. Cuando éste deba proceder
con conocimiento de causa, se establecerán además las razones
que motiven la resolución”.
f) Finalmente, la sexta diferencia dice relación con la cosa juzgada.
En los asuntos de jurisdicción contenciosa, las sentencias que se dicten en
esos juicios, una vez que se encuentran firmes o ejecutoriadas producen el
efecto de cosa juzgada siempre (tanto la acción como la excepción de
cosa juzgada).
En la jurisdicción voluntaria no siempre se produce el efecto de cosa
juzgada. Si la sentencia ha sido negativa no produce nunca el efecto de
cosa juzgada, o si siendo afirmativa no se ha cumplido tampoco se
produce el efecto de cosa juzgada. Ejemplo: en una posesión efectiva de
la herencia no se acompaña todos los antecedentes necesarios, por lo que
el juez no le da lugar a la petición, eso no significa posteriormente no se
pueda volver a pedir lo mismo, y que el juez podría volver a dar lugar a lo
que negó (artículo 821, Código de Procedimiento Civil).
Art. 821, Código de Procedimiento Civil: “Pueden los tribunales,
variando las circunstancias, y a solicitud del interesado, revocar o
modificar las resoluciones negativas que hayan dictado, sin sujeción
a los términos y formas establecidos para los asuntos contenciosos”.
“Podrán también en igual caso revocar o modificar las
resoluciones afirmativas, con tal que esté aún pendiente su
ejecución”.
C) Jurisdicción Disciplinaria, Conservadora y Económica:
La jurisdicción disciplinaria, conservadora y económica se encuentra establecida
en el artículo 3º del Código Orgánico de Tribunales. El legislador expresamente se refirió a
estas facultades como especiales.
Art. 3º, Código Orgánico de Tribunales: “Los tribunales tienen, además, las
facultades conservadoras, disciplinarias y económicas que a cada uno de ellos se
asignan en los respectivos títulos de este Código”.
a) Facultades Conservadoras: Estas facultades emanan de una denominación
histórica establecida en la Constitución de 1833, en donde se creo la llamada
“Comisión Conservadora” cuya función esencial es que en receso del Parlamento,
era velar por la observancia de las Garantías Constitucionales.
Este principio consagrado en la Constitución de 1833 y también en la Ley
Orgánica de 1875, se traspasó al Código Orgánico de Tribunales en el artículo 3º.
Las facultades conservadoras son atribuciones que tienen todos los
tribunales y que tienen por finalidad mantener y resguardar el respeto de las
garantías constitucionales o proteger las garantías que la Constitución asegura a

30. 30
todos los individuos. En virtud de esto, los órganos estatales no deben rebasar los
límites de la actividad que la constitución y las leyes le han asignado.
Son facultades de carácter general, porque tienen por objeto velar por
todas las garantías constitucionales.
En cuanto a las manifestaciones de esta facultad que ejercen los tribunales,
encontramos:
o Recurso de Protección: también llamada “acción constitucional de
protección” que tiene por finalidad proteger en general las garantías
constitucionales que se indica en la Carta Fundamental en el artículo 20. La
finalidad es reestablecer el imperio del derecho, lo que le corresponde a la
Corte de Apelaciones respectiva, aceptando medidas concretas para
resguardar esas garantías.
o Recurso de Amparo: o “Habeas Corpus”, reglamentado en el Código de
Procedimiento Penal en los artículos 306 y siguientes, cuya finalidad específica
es proteger el derecho a la libertad personal o seguridad individual (art. 19, nº
7, CPE) en cualquiera de las formas que la Constitución indica.
En términos generales procede cuando un individuo es arrestado,
detenido o preso, o bien cuando sufre arraigo, en cuyos casos la Corte de
Apelaciones respectiva adopta las medidas del caso si es que se detecta
alguna irregularidad.
o Recurso de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad: corresponde a la potestad
de la Corte Suprema para declarar, de oficio o a petición de parte, la
inaplicabilidad de un determinado precepto legal contrario a la Constitución.
Este recurso se encuentra consagrado en el artículo 80 de la Constitución.
o Privilegio de Pobreza: referido a un beneficio de carácter constitucional que la
ley proporciona a personas de escasos recursos para que puedan comparecer
a los tribunales en igualdad de condiciones frente a las partes que gozan de
medios para procurarse su defensa. A través de éste se trata de asegurar la
garantía indicada en el artículo 19 nº 2; esto es, la igualdad ante la ley.
La ley arbitra los mecanismos para que esto se realice, en algunos casos
opera de oficia y en otros hay que pedirlo, pero siempre debe haber igualdad.
Para hacer efectiva esta igualdad, el legislador establece, por ejemplo,
la actuación gratuita de los abogados de turno y de la Corporación de
Asistencia Judicial, etc.
o Las Visitas: que los jueces deben practicar a los establecimientos penales o
penitenciarios, en forma semanal, y tienen por finalidad velar por los derechos
de los presos. Todos los jueces que ejercen jurisdicción del crimen tienen la
obligación de realizar visitas (artículo 567, Código Orgánico de Tribunales
antiguo).
Art. 567, Código Orgánico de Tribunales: “El último día hábil de cada
semana, todo juez de letras que ejerza jurisdicción en materia criminal
visitará, acompañado de su secretario, la cárcel o establecimientos en
que se encuentren los detenidos o presos a quienes procesa, a fin de
indagar si sufren vejaciones indebidas, si se les coarta la libertad de
defensa o si se prolonga ilegalmente la tramitación de su proceso”.

31. 31
Este artículo se modificó con motivo de la reforma procesal penal, labor
que ahora cumple el juez de garantía, designado por el comité de jueces del
tribunal de la respectiva jurisdicción (artículo 567 del Código Orgánico de
Tribunales actualizado).
b) Facultades Disciplinarias: Las facultades disciplinarias de los tribunales de justicia
dicen relación con la disciplina judicial. Estas tienen por finalidad reprimir aquellos
hechos que son constitutivos de faltas disciplinarias en que pueden incurrir los
magistrados, los funcionarios, los abogados, los procuradores y los particulares que
intervengan en la administración de justicia.
Estas facultades disciplinarias se hacen efectivas ya sea de oficio o bien a
petición de parte.
El objeto de que existan las facultades disciplinarias es el de mantener el
prestigio de la justicia (disciplina del Poder Judicial), el normal desenvolvimiento de
los órganos jurisdiccionales y mantener la compostura de los debates
(particularmente en los escritos). En este sentido los tribunales pueden llamar al
orden.
Existen dos vías para asegurar esta disciplina judicial:
o En efecto se vigila y sanciona en lo que dice relación con la conducta
ministerial de los magistrados y funcionarios.
o También se vigila y sanciona en lo que dice relación con la conducta de
las partes y de los profesionales (abogados y procuradores) que ante esos
tribunales comparecen.
La ley establece sanciones tanto para los primeros como para los segundos.
En el primer caso, hay dos medidas para hacer efectiva la disciplina del
juez o funcionario judicial: “el recurso de queja” y la llamada “queja disciplinaria”.
Esta tiene lugar cuando el juez o funcionario judicial incide en faltas o abusos
graves en el ejercicio de sus funciones ministeriales y estas faltas las puede cometer
en las resoluciones judiciales o bien fuera de ellas.
Si la falta se produce en la resolución judicial se aplica el Recurso de Queja.
Por otro lado, si las faltas son cometidas fuera de la resolución judicial, tiene lugar la
Queja Disciplinaria (ejemplo: el abogado que llega tarde o si el juez trata mal al
abogado).
Es importante señalar que estas facultades disciplinarias se refieren
exclusivamente a aquellos hechos que no son constitutivos de delitos, porque si así
fuese se habla de una responsabilidad penal.
c) Facultades Económicas: Son atribuciones de carácter general que tienen los
tribunales para dictar o disponer ciertas medidas para una buena administración
de justicia. Son ciertas atribuciones indispensables para una adecuada
administración de justicia.
Estas facultades económicas son múltiples. Por ejemplo, la facultad que
tienen los tribunales superiores (Corte Suprema y Cortes de Apelaciones) para
dictar los Autos Acordados, que son actos que emanan de los tribunales superiores
precisamente para una buena administración de justicia.
Podemos además mencionar dentro de estas facultades aquellas que se
refieren a la Concesión de Licencias, de permisos de los jueces. Todas aquellas
instrucciones que suelen emanar desde la Corte Suprema o de una Corte de
Apelaciones a sus inferiores jerárquicos.

32. 32
Además están todas las facultades administrativas que cumplen los
tribunales en relación con el personal de las cortes.
También se encuentra dentro de estas facultades económicas lo relativo a
las normas que regulan la intervención del poder judicial en el nombramiento de
sus jueces (la confección de ternas o quinas para el nombramiento de los
magistrados).
D) Jurisdicción ético-profesional:
Antiguamente esta atribución la ejercían los Colegios de Abogados, pero desde
que se transformaron en asociaciones gremiales y desde que la colegiatura no es
obligatoria para los abogados, dejaron de tener estas atribuciones (Decreto Ley Nº 3.621,
del 7 de febrero de 1981). Antes todas las infracciones a la ética de los funcionarios
judiciales las sancionaban los colegios.
Hoy día es una materia integrada a los tribunales ordinarios, concretamente si se
estima que hubiera una actitud de infracción a la ética, eso daría lugar a un acto judicial
contencioso y cuyo conocimiento se va a someter a los trámites del procedimiento
sumario, a falta de otras normas.
10.- Órganos que ejercen la Jurisdicción:
La jurisdicción la ejercen todos los tribunales de justicia que comprenden la
organización judicial del Estado.
El artículo 5º del Código Orgánico de Tribunales es la norma clave en esta materia,
porque señala a que tribunal le corresponde ejercer estas facultades jurisdiccionales. El
Código distingue tres clases de tribunales (no hay más que estos):
o Tribunales Ordinarios
o Tribunales Especiales
o Tribunales Arbitrales.
Esta es una división que se hace de acuerdo a las materias o asuntos que conoce
cada tribunal, esto porque los tribunales de justicia no ejercen simultáneamente toda la
jurisdicción.
A) Tribunales Ordinarios:
Estos tribunales son todos aquellos que constituyen dentro del sistema chileno la
regla general; es decir, cuando se habla de tribunales se va a tratar en el fondo de los
tribunales ordinarios. Dicho de otro modo, estos tribunales ordinarios son entonces, por
antonomasia, los órganos jurisdiccionales en nuestro ordenamiento jurídico (constituyen la
generalidad en nuestro país).
De acuerdo al artículo 5º del Código Orgánico de Tribunales, existen dos
elementos fundamentales a considerar en los tribunales ordinarios:
- Estos tribunales están establecidos y regulados en el Código Orgánico de
Tribunales y las normas básicas de la Constitución.
Esto quiere decir que el estatuto jurídico de estos tribunales es el Código
Orgánico de Tribunales. Ahí se encuentran todas las normas referidas a los órganos,
atribuciones y competencias de estos tribunales.