1. MI PALABRA COMO DEFENSOR DEL PUEBLO
Quiero expresar ante todo y frente a todo, que como Defensor del Pueblo y como
ciudadano, tengo un compromiso de conciencia con la defensa y promoción de los
derechos humanos y este compromiso lo he mantenido durante una trayectoria de
más de treinta años, primero en la lucha contra las dictaduras militares y luego desde
la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos; y lo sostendré hasta el final de mi
existencia porque no tiene que ver con las coyunturas, ni los cargos, sino con la vida y
con mi pueblo.
El cargo que coyunturalmente ejerzo como Defensor del Pueblo surgió por una
postulación mía y por una decisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, bajo sus
mecanismos y reglamentos, y en ningún momento presioné ni gestioné ningún
beneficio. No obstante debo decir con claridad, que tampoco fui objeto de presiones
ni gestiones de la Asamblea Legislativa, ni de ninguna autoridad de gobierno para
tomar decisiones institucionales durante el ejercicio de mi mandato constitucional.
Por esta razón, al señalar el Presidente del Estado Evo Morales Ayma, que apoyó mi
candidatura como Defensor del Pueblo ante las organizaciones sociales, sólo me queda
agradecerle, sin embargo entiendo que aquella decisión no estuvo nunca
condicionada, ni pretendía que yo me sometiera a otra autoridad que no fuera la
Constitución y las leyes.
Debo señalar que mi formación humana y profesional se ha construido en la
convicción y la fe que profeso, y que le da sentido a mi vida, porque me permitió
construirla en base a principios y valores éticos, morales y espirituales. Y es esta
profunda convicción la que me hace actuar y tomar decisiones siempre buscando
cumplir con mi responsabilidad y velando por el interés y la demanda de mi pueblo,
especialmente de quienes son vulnerados en sus derechos y de aquellos que no tienen
quién hable por ellos o quién los defienda cuando los poderosos se ensañan contra
ellos, los invisibilizan, los acallan y los persiguen.
Durante estos tres años de gestión, entendí que, independientemente de la gestión de
gobierno que elige al Defensor del Pueblo, éste debe responder a la Constitución
Política del Estado que establece: “La Defensoría del Pueblo velará por la vigencia,
promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y
colectivos, que se establecen en la Constitución, las leyes y los instrumentos
internacionales. En el ejercicio de sus funciones no recibe instrucciones de los órganos
del Estado”. Esa es la importancia y la sustancia de la Defensoría del Pueblo, ser una
institución que se guíe por los principios de independencia, transparencia, servicio y la
consecuencia con su mandato y sus funciones. Ese comportamiento lo he mantenido
sin concesiones ni dubitaciones, valorando los avances del Estado Plurinacional, pero
también cuestionando aquellas decisiones que contradicen sus principios y valores.

2. Por el mandato constitucional y por mis principios, no he recibido ni recibiré
instrucciones ni me someteré ningún Órgano del Estado, y menos lo haré con un
partido político, agrupación, organización, grupo o interés privado o corporativo,
extremos que hacen a la razón de ser y legitimidad de mi mandato.
En esa línea, la independencia y la transparencia en el discurso y en los hechos, ha
logrado que la Defensoría del Pueblo que me honro en dirigir, haya sido valorada como
entidad clase “A” por el Comité Internacional de Coordinación de Instituciones
Nacionales de Derechos Humanos, por haber cumplido con los Principios de París,
adoptados por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1991 y
ratificados por la Asamblea General de la ONU en 1993. Esta entidad valora, entre
otros aspectos, la independencia institucional en el ejercicio de sus funciones.
La declaración que emití el día de ayer y que sostengo en todo su contenido, tiene su
origen precisamente en la convicción que los derechos humanos no se pueden
vulnerar impunemente y que la distorsión de la justicia es tan grave como su negación,
por lo que es nuestra obligación constitucional y conciencial, no callar ante la
vulneración de derechos humanos, pero tampoco ante la impunidad.
En ese sentido, he mantenido un pleno respeto y adhesión a la normativa y sus
procedimientos y exigí desde el principio que sea la justicia la que, en un marco de
independencia, transparencia y debido proceso, establezca las responsabilidades
civiles y penales que deben recaer con todo su peso sobre quienes ordenaron,
ejecutaron y permitieron la comisión de los delitos en Chaparina.
Por todo lo expuesto, y pese a las descalificaciones que he recibido del Gobierno y que
han afectado a mi familia y a los servidores y servidoras de la institución, quiero
expresar con humildad pero también con firmeza que voy a mantener mi posición y mi
convicción de defensa de los derechos humanos de los bolivianos y las bolivianas y
especialmente de las poblaciones vulnerables y de las naciones y pueblos indígena
originario campesinos, en cuyo nombre se ha creado y se construye el Estado
Plurinacional.
Rolando Villena Villegas
Defensor del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia