1. Argentina: Que los delitos por contaminación se
declaren de lesa humanidad
Enviado por ewituri el Mar, 08/07/2012
(Por Katy García. PRENSARED)
Argenpress, Córdoba - Barrio Ituzaingó Anexo, 7 de agosto.- La
querella pedirá que los delitos por contaminación se declaren de lesa
humanidad. Miguel Martínez, afirmó que hay suficiente prueba para
condenar a los acusados por contaminación y adelantó que uno de los
ejes centrales de su alegato será solicitar que sean considerados
delitos de lesa humanidad. El denunciante, Darío Ávila, coincide con
ambas cuestiones.
A días del inicio de los alegatos de las partes en el primer juicio por
contaminación que se realiza en la Cámara 1ª del Crimen y que sentó
en el banquillo al piloto Edgardo Pancello y a los productores
Francisco Parra y Jorge Gabrielli imputados por el delito de
contaminación dolosa agravada, Prensared conversó con los
abogados Darío Ávila y Miguel Antonio Martínez, en el bar de
Tribunales II.
Ambos letrados son denunciante y representante de la querella,
respectivamente, en la causa que impulsó la lucha inquebrantable de
las Madres de barrio Ituzaingó Anexo y de la que es querellante el ex
secretario de Salud del gobierno municipal, Medardo Ávila Vásquez.
Martínez aseguró que los cargos que pesan sobre los imputados están
demostrados, que pedirá la aplicación de una pena cuyo monto dará
a conocer durante el alegato y adelantó que solicitará que los delitos
de contaminación sean considerados crímenes de lesa humanidad
porque reúnen los requisitos establecidos por el Estatuto de Roma.

2. Ambos consideran que se trata de un juicio trascendental que sentará
jurisprudencia.
En 2007, durante la gestión del ex intendente Daniel Giacomino, el
funcionario de salud Ávila Vásquez, le confíó al abogado Darío Ávila
que analice la situación del barrio. “Desde el punto de vista legal
comprobé que habían ciertas previsiones, algunas medidas
legislativas que se habían producido para proteger al barrio.
Tomo conocimiento de los estudios de biomarcadores realizados a los
niños, la situación sanitaria del barrio y la legislativa. Y advierto que
por los reclamos de las Madres existían tres ordenanzas que prohíben
la fumigación aérea en todo el ejido municipal”, aseguró.
Al mismo tiempo, comprueba que no existían los mecanismos de
control necesarios para hacerlas cumplir, que habían surgido por la
presión del momento, que a la larga serían letra muerta, y que el
municipio también era responsable.
“Era necesario judicializar el problema desde la Municipalidad porque
la provincia, principal responsable a través de la secretaría de
Agricultura, organismo de aplicación de la ley que regula la aplicación
de agrotóxicos, no lo hacía”, explicó.
El 1º de febrero de 2008, les avisan que en ese momento una
avioneta estaba fumigando sobre el sector. De inmediato realizaron la
denuncia que recayó en el juzgado de turno distrito 3, turno 6, a
cargo del fiscal Carlos Mateu quien realiza la instrucción de la causa
luego elevada a juicio.
El dictamen está cerca. Mano a mano, los abogados analizan el tramo
final que continúa con los alegatos de las partes y que seguirá días
posteriores con la sentencia.
Prensared -¿En este juicio por contaminación que se está
desarrollando en Córdoba existen pruebas suficientes para demostrar
la comisión del delito?
Miguel Antonio Martínez (M.A.M) – En primer lugar, se llega a los
estrados judiciales tras una larga lucha de las Madres, de mi
representado el doctor Ávila Vásquez y del fiscal Mateu que
determinó la posibilidad de un hecho delictivo. Se realizaron
allanamientos, pruebas testimoniales, documentales que estarían
comprobando la existencia del delito en cada uno de los hechos.
También aparecieron pruebas a medida que se van presentando los
testimonios. Durante la audiencia apareció un testigo que aportó el
número de matrícula del avión fumigador que coincide con el

3. denunciado por Sofía Gatica. Esto cierra un círculo en relación a la
responsabilidad del aeroaplicador contratado por Parra y Gabrielli.
Quedó claro que hubo reuniones entre funcionarios y productores por
dichos de un testigo ofrecido por la defensa. Y por otro lado, uno de
los ingenieros agrónomos dijo que sin los agrotóxicos no sería posible
la explotación de la soja poniendo de relieve la cuestión económica y
dejando de lado la situación de la salud humana.
P- ¿Comprobados los hechos descriptos en la acusación y que usted
detalla, independientemente de la existencia de las enfermedades y
muertes, serán condenados?
Darío Ávila (D.A) - Seguro. Acá lo que se esta investigando es el
hecho de la contaminación. No hace falta demostrar siquiera las
enfermedades. Ese día, hubo un hecho de fumigación, se usaron
productos peligrosos contaminantes, y se agravó la situación del
barrio que ya era considerado un sitio contaminado según un informe
de la Organización panamericana de la Salud.
Si se lograra demostrar que con motivo de esta fumigación se
produjo la muerte de una persona, agravaría la situación de los
imputados pero se trataría de otro juicio y otras penas. Podría dar
lugar a la causa presentada por la Funam donde se podrían
establecer responsabilidades y causas.
P- ¿De la prueba recolectada en la instrucción y durante el debate,
estaría comprobado que los acusados actuaron conociendo que
violaban las leyes?
M.A.M -De acuerdo a la prueba aportada, para mí, y pienso que para
la fiscalía está suficientemente probado que el hecho delictivo, esto
es, la contaminación y las consecuencias que existen. Entiendo que la
fiscalía pedirá condena y habrá variantes. La querella pedirá pena.
Se trata de dos hechos con el agravante que quedó demostrado en el
caso de los productores. La pena va de 3 a 10 años. Si les dieran el
mínimo de cumplimiento efectivo deberán cumplir 8 meses. Y se
agrava en tanto que fueron hechos reiterados porque en esa reunión
de productores se le advierte a Parra que no fumigue más porque
estaba produciendo un daño. Pienso que la condena será importante.
Ahora, es lamentable que la plata esté por encima de la salud. Esta
sociedad esta formada para tener y no para ser. Fumigan incluso en
los campos donde están sus familias.
D.A -Durante la instrucción se realizaron análisis de la tierra, un
relevamiento fotográfico del lugar, planimetría; desde qué distancia

4. se realizó y que los productos utilizados fueron glifosato y endosulfán.
Constan en la causa: informe meteorológico, de la Fuerza Aérea que
indica que el vuelo no estaba denunciado, un informe del ministerio
de Agricultura que dice que no había receta fitosanitaria.
Todo ese cúmulo de faltas que si bien son situaciones administrativas
sirven como elementos para demostrar el grado de temeridad de
estos productores que habían incumplido con todas las exigencias
contempladas en la ley de agroquímicos.
Esto refuerza la hipótesis nuestra de que todas las fumigaciones eran
clandestinas y a sabiendas de lo que estaban haciendo hasta el 2008.
Hubo una cuestión deliberada que priorizó lo económico por sobre el
derecho a la salud, como dice el doctor Martínez.
P- ¿Qué vayan presos pondrá en alerta a los numerosos productores
que siguen haciéndolo tal como lo denuncia el colectivo Paren de
Fumigar?
M.A.M -El sentido que le damos a este juicio no es necesariamente
que vayan presos porque la pérdida de libertad es una consecuencia.
“Oiga, usted, nos está envenenando a todos”, queremos que esta
condena les llegue a todos los que están actuando ilícitamente como
en este caso. Por eso, la querella pedirá como un hecho nuevo que
estos delitos sean declarados de lesa humanidad.
Porque nos atacan a todos y por tanto correspondería aplicar la
imprescriptibilidad y la extraterritorialidad como lo establece el
Estatuto de Roma. Y esto es muy importante en este mundo dirigido
por grupos económicos que son superestados que establecen la
política que cada país debe seguir y le imponen por ejemplo la soja y
round up (Glifosato).
P- ¿Es eso posible?
D.A. Si por supuesto. Creo que se dan todos los elementos que hacen
a la figura del genocidio. Porque se trata de un atentado que se
ejerce a sobre un número indeterminado de personas que en este
caso son unos 12 millones de personas expuestas directamente a los
agrotóxicos y que viven en campos fumigados.
Además se agregan las que son afectadas indirectamente. Se atenta
sobre una población civil y se está demostrando que produce daño.
De manera que para mi se dan todos los elementos. Y si eso se
declara se posibilitarían situaciones jurídicas interesantes como que
cualquier fiscal investigue un hecho y se declare la imprescriptibilidad
de los hechos.

5. P- ¿Antes del inicio del juicio se temía que las patronales
agropecuarias obstaculizaran el inicio. Por otra parte, el modelo de
sojización sin controles impera. ¿Hubo amenazas o presiones de
algún sector? ¿Confían en la Cámara?
MAM. No, no hemos recibido ninguna amenaza. Para mi las
consecuencias vendrán después que salga la sentencia porque me da
la sensación de que ellos piensan que les irá bien y que no serán
condenados.
Pero, sin duda, lo técnicos y científicos han declarado que todos los
elementos agrotóxicos pueden ser dañinos. Y en cuanto a la Cámara,
tengo plena confianza. Hablando en términos cordobeses diría que no
le entran balas. Pienso que si tiene que condenar lo hará.
¿Qué esperan del juicio en lo personal?
D.A. Creo que este camino nos encuentra con el grupo de Madres y
los vecinos para lograr en definitiva el valor Justicia. Y lo traduzco en
términos técnicos: el hecho de la condena significaría demostrar que
lo que vienen denunciando desde 2001 era así.
Y que la descalificación por parte del gobierno provincial, de las
personas que murieron por esto, de los que decían que eran una
locas, y de un estado que hizo oídos sordos: después de 10 años, es
hacer justicia.
M.A.M- Yo la cargo a Sofía (Gatica) cuando dijo por televisión que
ellos (los imputados) tienen los mejores abogados. Por supuesto,
después me aclaró que se refería a los más caros y mediáticos.
((Risas).
En mi caso hay un sentimiento de adhesión por toda esta gente que
ha sido contaminada. Uno lo ve de afuera pero a medida que avanza
y profundiza el problema comprende lo justo que es hacer este
trabajo y sin ningún tipo de interés.
http://www.argenpress.info/2012/08/argentina-cordoba-barrio-ituzaingo.html•

6. Argentina: Un delito de lesa humanidad
Enviado por ewituri el Mar, 08/07/2012
(Por Adolfo Pérez Esquivel*. ACTA)
Argenpress, 7 de agosto.- Las consecuencias que producen las
fumigaciones sobre la salud y la vida de las personas expuestas
involuntariamente a estas prácticas poseen la suficiente entidad como
para ser calificadas como crímenes de lesa humanidad.
El caso de barrio Ituzaingó Anexo, en la ciudad de Córdoba, o juicio a
las fumigaciones, posee la enorme virtud no sólo de haber puesto en
el banquillo de los acusados a dos productores sojeros y un
empresario de la aeroaplicación sindicados de ser supuestamente
responsables del delito de contaminación ambiental en los términos
de la ley 24.051.
Además, ha permitido vislumbrar en toda su magnitud la discusión
sobre el actual modelo de producción agropecuaria basado sobre la
utilización del paquete tecnológico compuesto por soja transgénica
más productos agrotóxicos.
Este "modelo de producción" es cuestionado de manera profunda y
fundada por la sociedad civil, principalmente por vecinos que habitan
cerca de los predios rurales explotados con cultivos de soja,
organizaciones ambientales, movimientos campesinos y pueblos
originarios.
Ellos advierten y denuncian en forma enfática la aparición inusitada
de enfermedades graves -como malformaciones, cáncer, leucemia,
lupus, abortos espontáneos, fisura palatina, etcétera- asociadas con
el uso creciente e intensivo de estos productos agrotóxicos.
Las favorables condiciones externas y los precios internacionales
dieron lugar al pujante negocio de la "sojización", es decir, el proceso
de pasar de cero a 18 millones de hectáreas cultivadas, de cero a 50
millones de toneladas, de cero a 20 mil millones de dólares de

7. exportación, y de un consumo de cero a 200 millones de litros
anuales de glifosato.
Pero lo que resulta alarmante es la contracara de este proceso,
representada por la aparición y el incremento de enfermedades
graves asociadas con el uso intensivo y creciente de los productos
agrotóxicos, el desmonte y la desaparición de los bosques nativos, el
despojo de campesinos y pueblos originarios.
Todo lo cual viola derechos humanos fundamentales, como el derecho
a la salud, a la vida, a vivir en un ambiente sano y a la posesión y
propiedad comunitaria de las tierras que ocupa esa gente. Víctimas.
La Red Agroforestal precisa que en el Chaco argentino se contabilizan
11,4 millones de hectáreas en disputa, y en todo el país existen
víctimas de la violación a los derechos territoriales, como los
siguientes casos:
Sandra Juárez murió frente a una topadora el 13 de marzo de 2010,
en el paraje campesino de San Nicolás (Santiago del Estero); tenía 33
años y dos hijos.
Javier Chocobar, comunero diaguita de comunidad Chuschagasta
(Tucumán), fue asesinado el 12 de octubre de 2009 por ex policías y
un empresario que pretendían hacer uso de una cantera dentro del
territorio comunitario.
Roberto López, miembro de la comunidad Potae Napocna Navogoh
(La Primavera, de Formosa), fue asesinado en la represión policial del
23 de noviembre de 2010.
Cristian Ferreyra, 23 años, militante del Movimiento Campesino de
Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina), fue asesinado el 16 de
noviembre de 2011 en el paraje San Antonio, en el norte de esa
provincia.
Barrio Ituzaingó Anexo: más de 100 vecinos muertos por cáncer
(tasa de muerte por cáncer, 33 por ciento; en Argentina, 18 por
ciento); el 80 por ciento de niños del barrio tienen agrotóxicos en la
sangre.
Por su parte, la subsecretaría de Agricultura Familiar, en un
relevamiento de apenas tres meses, constató la existencia de "857
conflictos de tierra en todo el país, que afectan a 63.843 familias e
involucran 9,3 millones de hectáreas". Todos los conflictos por tierras
obedecen al corrimiento de la frontera agropecuaria en la Argentina.
Objetivo ilógico. La superficie en disputa alcanza los 11,4 millones de
hectáreas y son afectados 1,6 millón de personas. Sumado a ello, el

8. Plan Estratégico Agroalimentario (PEA), presentado recientemente
por el Gobierno nacional, entre otros objetivos, se plantea aumentar
la producción granaria un 60 por ciento.
Esto es, pasar de los 100 millones de toneladas actuales a 160
millones para 2020. Reconoce la necesidad de avanzar sobre nuevos
territorios. Desmontes, uso de agrotóxicos, conflictos territoriales y
desalojos son las consecuencias más predecibles.
Por eso nos preguntamos: ¿cuántos hermanos más deben morir para
acabar con este modelo de producción que cada día enferma y mata
a más gente? Más específicamente, en materia de fumigaciones se
estima que son 12 millones de personas las que se encuentran
expuestas de modo directo, sistemático, repetitivo y generalizado a
los agrotóxicos.
Cuyas consecuencias en la salud y el ambiente se están discutiendo
por estos días en sede judicial en la ciudad de Córdoba, en el marco
de la denominada "Causa de barrio Ituzaingó Anexo".
Crímenes. Por todo ello, decimos que las consecuencias que producen
las fumigaciones sobre la salud y la vida de las personas expuestas
involuntariamente a estas prácticas poseen la suficiente entidad como
para ser calificadas como crímenes de lesa humanidad.
Ello por cuanto se trata de actos serios de violencia que dañan a los
seres humanos privándolos de lo más esencial: su vida, su libertad,
su bienestar psíquico, su salud y/o dignidad. Son actos que, por su
extensión y gravedad, van más allá de los límites tolerables por la
comunidad internacional.
En tal sentido, podemos afirmar con claridad que los elementos
comunes a todos los crímenes de lesa humanidad están igualmente
presentes en el caso de las fumigaciones.
Ataque repetitivo, sistemático y generalizado: las fumigaciones
implican, entonces, una serie de actos, sostenidos en el tiempo, no
menos de tres por cosecha, realizados en contra de la voluntad de
ciudadanos que viven cerca de los campos sembrados con soja.
Dicha línea de conducta afecta anualmente a miles de víctimas en el
mundo, sin distinguir raza, sexo y edad, y se lleva a cabo conforme
con la logística diseñada por organizaciones transnacionales
dedicadas al comercio de estos paquetes tecnológicos (soja
transgénica y glifosato).
Contra una población civil: las fumigaciones afectan a un extenso
grupo humano, sin distinción de credo, raza y edad. Importa el

9. traslado forzoso de la población civil rural, campesina y pueblos
originarios hacia centros urbanos o más alejados de su hábitat
natural, con el propósito de escapar a estas agresiones, abandonando
su centro de vida, su cultura, etcétera, condenándolos al desarraigo
más encarnizado.
En definitiva, es imprescindible abandonar el actual modelo de
producción que sólo persigue la maximización de las ganancias por
parte de las empresas multinacionales, empresarios sojeros y pools
de siembra, en detrimento de la salud pública de todos los habitantes
y del medio ambiente en general.
*Adolfo Pérez Esquivel es Premio Nóbel de la Paz.
http://www.argenpress.info/2012/08/un-delito-de-lesa-humanidad.html•