El próximo 24 de agosto habrá una movilización nacional en contra de la militarización y, concretamente, a favor de la objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio. Existen numerosas razones para marchar ese día, algunas fundadas en principios ético-morales y religiosos, otras en consideraciones políticas. Esta es una oportunidad para articular todos estos motivos y convicciones en favor de una causa justa, y proyectar esta lucha en el mediano y largo plazos.

1. cilep
El próximo 24 de agosto habrá una movilización nacional en contra de
la militarización y, concretamente, a favor de la objeción de
conciencia frente al servicio militar obligatorio. Existen numerosas
razones para marchar ese día, algunas fundadas en principios ético-
morales y religiosos, otras en consideraciones políticas. Esta es una
oportunidad para articular todos estos motivos y convicciones en
favor de una causa justa, y proyectar esta lucha en el mediano y
largo plazos.
La objeción de conciencia implica negarse a hacer algo, en este caso
prestar el servicio militar obligatorio, por razones éticas o religiosas.
Abanderadxs de esta causa han sido religiosxs como lxs Testigxs de
Jehová. En esta perspectiva también se sitúan lxs partidarixs de la
noviolencia por razones éticas. Pero existen posiciones más políticas,
como la de insumisión, que implica negarse a acatar cualquier
“obligación” impuesta por el Estado, o incluso la de lxs no violentxs
por consideraciones pragmáticas o estratégicas. En otros términos,
no todos los objetores de conciencia son noviolentxs, y entre estos
últimos, no todos asumen la causa antimilitarista por razones éticas.
No obstante, todas estas posiciones pueden articularse en la lucha
contra la militarización, si hacemos una lectura del problema
tomando en consideración las razones éticas y políticas del
antimilitarismo en nuestra situación concreta.
La construcción de la paz en Colombia no sólo requiere la
desmovilización de las personas en armas, que en cualquier caso son
una minoría, comparada con la población del país. Demanda, sobre
todo, la desmovilización del “espíritu bélico”, que no sólo está
presente en esas personas, sino que se ha introyectado en nuestras
prácticas, subjetividades, vida cotidiana y cultura. Así, la objeción de
conciencia y, más en general, el antimilitarismo, no deben concebirse
como una causa particular, sino más bien como una preocupación
general de cara a la construcción de la paz, la democracia y la vida
digna.

2. La objeción de conciencia, ética o política, supone una posición que
va más allá de la negación del establecimiento militar. Esta institución
es la columna vertebral de la dominación, la opresión y la explotación
en el Estado capitalista; asegura el dominio de las minorías
privilegiadas mediante el ejercicio de la violencia física y simbólica.
Pero sus consecuencias perversas van más allá: el ejército, como
cualquier otra institución armada, es un lugar que condensa todas las
lógicas perversas asociadas a la dominación, magnificadas a su
máxima potencia. Si la institución militar tiene como horizonte
normativo, como deber ser, los valores particulares de una clase
burguesa, blanca, heterosexual y eurocéntrica –el individualismo, la
jerarquía, el sexismo, el machismo, la homofobia y la lesbofobia, el
racismo y la xenofobia, la sumisión y la doble moral, el unanimismo,
entre otros-, presentados como si fuesen universales, no es menos
cierto que tales valores se reproducen en otros lugares de lo social,
en otras instituciones o en otros entramados de relaciones sociales.
La difusión de esos valores tiene como canal privilegiado el servicio
militar obligatorio –no en vano hasta hace muy poco se concebía
como un espacio de “civilización” y socialización de los ciudadanos-,
aunque no se reduce a él. En un contexto de guerra prolongada,
como Colombia, esos valores se difunden por canales inimaginados.
La “guerra psicológica” magnifica la vida castrense con todo lo que la
acompaña, con su imaginario patriarcal y violento, que se ofrece
como la única salida a los inevitables conflictos sociales y políticos.
Así, el prestigio de lo militar se ha introducido en diversos espacios,
como las ciudades y sus pobladores. En las regiones de alta
conflictividad el hecho de portar un uniforme, muchas veces
independientemente de que pertenezca a un grupo armado legal o
ilegal, o incluso el simple hecho de tener una fuente de ingresos, se
percibe como un factor de estatus deseable, tanto por los jóvenes
como por las jóvenes e incluso por sus familias. Pero la propaganda
militar también introduce sus valores militaristas en aquellos espacios
donde la confrontación bélica no ha sido tan palpable, muchas veces
mediante una heroificación de las fuerzas armadas oficiales
presentadas como defensoras de la patria o el pueblo o la afirmación
de sus valores y prácticas indeseables.
Ello no deja de ser paradójico en un momento en que la tendencia
global de las fuerzas armadas es hacia su desinstitucionalización y
privatización, más que al reforzamiento de su papel como sustentos
de la nación. El mundo contemporáneo asiste a una suerte de retorno
al mercenarismo, con el auge de las compañías transnacionales de
seguridad, que recuerda los condottieri, quienes prestaban sus
servicios al príncipe –al mejor postor con independencia de sus
ideales- en épocas precedentes al

3. advenimiento del Estado moderno y su consabido monopolio legítimo
de la violencia. Hoy existen mayores razones para afirmar que el
poder militar, estatal o privado, está al servicio del capital, más que
de cualquier ideal patriótico o nacionalista. Prueba de ello es la
represión que se cierne en contra de quienes se atreven a protestar
contra transnacionales como Pacific Rubiales o Anglogold Ashanti,
entre otras.
Más aún, como lo demostró hace cuatro décadas el sociólogo Gaston
Bouthoul, el negocio de la guerra constituye un “sector cuaternario”
de la economía, que desde entonces es el más dinámico en términos
de innovación tecnológica, el de mayor crecimiento y, por tanto, uno
de los más atractivos desde el punto de vista financiero. En Colombia
el negocio de la violencia también crece en forma dinámica, legal e
ilegalmente. En esta perspectiva, es inadmisible el crecimiento que en
la última década experimentó el gasto público para la guerra en
Colombia, $23 billones, 3,5% del PIB o 14% del presupuesto nacional
a 2012 (ver: dinero.com/Imprimir.aspx?idIte..), en comparación con
rubros de política social orientados a la garantía de derechos como
educación y salud.
El servicio militar obligatorio contribuye a la reproducción de estas
lógicas políticas, económicas y culturales. Afecta sobre todo a los
jóvenes de clases bajas, obligados a cumplir con esa disposición para
tener un documento de presentación obligatoria en otras instancias.
Son ellos, por otra parte, quienes han puesto la cuota de sangre y
vidas, desde todas las orillas, en esta guerra. Sin embargo, el
antimilitarismo y la objeción de conciencia no son problemas
exclusivos de los jóvenes que se niegan a prestar el servicio militar.
Construir paz implica desmilitarizar la sociedad, romper con los
valores militaristas acendrados en nuestras relaciones sociales. Todxs
hemos experimentado en carne propia las consecuencias de esos
valores: los niños y niñas, hombres y mujeres que padecen el
matoneo; las personas LGBTIQ; las mujeres que han víctimas de
violencia sexual en contextos de guerra pero también en otros
contextos cuando no en su propia casa. Por tanto, todxs tenemos
razones para marchar contra el militarismo.
REFLEXIONES SOBRE EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO

4. En las últimas semanas hemos visto cómo se ha agudizado la
discusión sobre el servicio militar obligatorio en Bogotá, sobre todo
por las discusiones que se han llevado a cabo en el Foro Distrital de
Objeción de Conciencia y Reclutamiento Ilegal que se llevó a cabo en
la Alcaldía Mayor de Bogotá. El secretario de gobierno Guillermo
Alfonso Jaramillo, como también muchos otros colectivos a favor de
la objeción de conciencia discutieron la importancia de que el servicio
militar sea voluntario y que los objetores y objetoras sean respetados
para fomentar una cultura de paz.
Es preciso recordar que, por lo menos lo que ocurre en la ciudad de
Bogotá, el reclutamiento ilegal se realiza a partir de batidas que
ocurren en la periferia de la ciudad, reclutando a jóvenes que no
tengan libreta militar y estén entre los 17 a los 24 años. Como es
sabido, los jóvenes que sus familias pueden pagar el costo de la
libreta militar o que pudieron acceder a la educación superior están
exentos de ser montados al camión al menos que decidan entrar a las
fuerzas armadas de manera voluntaria o tengan la suerte que les
permitan prestar servicio ambiental (reglamentado hace 20 años pero
el ejército no lo ha llevado a cabo).
Pero, la pregunta común que es llevada por las organizaciones y por
los objetores y objetoras de conciencia es la siguiente ¿qué pasa
cuando un joven no quiere prestar servicio, no tiene para la libreta y
no está en la universidad? Es decir ¿qué pasa cuando el joven no
tiene capital social, cultural y económico? Nada más apunta a que
estos jóvenes no tienen otra salida que alimentar la guerra puesto
que no hay oportunidades viables para que desarrollen sus capitales y
la respuesta estatal es una opción de vida militarizada.
Pero por otro lado también nos cuestionamos ¿es el reclutamiento
una forma de control de esta población? O ¿la presencia del ejército
en la ciudad es estratégica? Y ¿en qué sentidos lo sería? Más allá de
la objeción de conciencia, se puede pensar que el servicio militar es
una forma de re direccionar la violencia estructural que ejerce el

5. sistema sobre estos jóvenes, enfocándolo al ejercicio de una violencia
física cubriendo de alguna manera la ausencia de una seguridad
social viable.
De esta manera, el servicio militar entra a cubrir lo que no cubre el
estado, presentándose como la opción más viable para los jóvenes
que no han podido desarrollar sus capitales. En este colectivo
creemos que el servicio militar es una forma de control de la
población juvenil popular, entrando a suplir la precarización de la vida
juvenil, supliéndolo con opciones militares.
La dinámica militarista en el país, ha generado que exista una fuerte
inversión en materia militar, reduciendo inversiones en gasto social,
para la inversión en defensa. Con esta visión las tasas de desempleo
aumentan y se profundizan, las garantías de derechos como a la
educación entre otros, son pormenorizadas y privatizadas. Dentro de
esta lógica la oferta para hacer parte de la policía o el ejército se
vuelven prioritarias, así la política de empleo del gobierno ha sido
fomentar una política articulada a las fuerzas militares como única
posibilidad de garantías para mejores condiciones de vida de la
juventud. Esta práctica nos conlleva a preguntarnos ¿ésta es la
lógica sobre la cual se construye un país?
La objeción de conciencia es una puerta de entrada a la articulación
con otros sectores, y esto posibilita un camino para luchar por una
forma de vida para los jóvenes que no se reduzca al militarismo,
poniendo en cuestión las condiciones de vida que precarizan a la
juventud.
Teniendo esto claro nos sumamos e invitamos a la
convocatoria de este 24 de Agosto, a la marcha por la objeción
de conciencia.
https://www.facebook.com/events/604484096249371/