Una serie de hechos han empañado el trámite en el Congreso de la Republica del proyecto de Ley 133 de 2014 “por la cual se crean y se desarrollan las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidres), y se adiciona el artículo 52 y se interpreta el artículo 72 de la ley 160 de 1994”, más conocido como la ley Urrutia – Lizarralde, proyecto que seguiría propiciando el despojo a los campesinos de los baldíos para entregarlos en concesión a empresarios nacionales y extranjeros

1. El turbio trámite del Despojo
Lunes, 22 de diciembre de 2014. Fuente Alberto Castilla, Senador
República colombiana
Una serie de hechos han empañado el trámite en el Congreso de la
Republica del proyecto de Ley 133 de 2014 “por la cual se crean y se
desarrollan las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico
(Zidres), y se adiciona el artículo 52 y se interpreta el artículo 72 de
la ley 160 de 1994”, más conocido como la ley Urrutia – Lizarralde,
proyecto que seguiría propiciando el despojo a los campesinos de los
baldíos para entregarlos en concesión a empresarios nacionales y
extranjeros (Ver http://cnagrario.org/2014/11/05/la-disputa-por-los-
baldios-el-campo-para-los-inversionistas-o-para-el-campesinado/).
Para comenzar, el proyecto fue presentado el mismo día que se
instalaba la mesa de negociación entre el gobierno y la Cumbre
Agraria, Campesina, Étnica y Popular. El contenido del proyecto
claramente contradice los puntos en el pliego a negociar,
principalmente los relacionados con tierras, territorio y economía
propia.
Hemos tenido acceso a información que señala que varios miembros
de la Comisión Quinta de Cámara serían propietarios de predios en

2. regiones que potencialmente podrían convertirse en Zidres. Por lo
anterior, si los Representantes aprueban este proyecto estarían
legislando en causa propia, ya que podrían verse beneficiados por los
incentivos para los proyectos productivos que se desarrollen en tales
regiones. La Cumbre Agraria dirigió una petición a la Comisión Quinta
solicitando que sus miembros dieran a conocer sus propiedades
rurales con el objetivo de dar transparencia al debate. Luego de una
serie de remisiones al interior de la Cámara, se negaron a responder
aduciendo que se trataba de “información reservada”, cuando
claramente lo solicitado es de interés público y resulta trascendental
para el trámite del proyecto.
Esa solicitud de información fue respaldada con una constancia
elaborada por Iván Cepeda y Alirio Uribe, Congresistas de la Bancada
del Polo Democrático. Tras la lectura de la constancia durante la
discusión del proyecto, el presidente de la comisión y coordinador
ponente, el Representante Marco Sergio Rodríguez Merchán, confesó
ser dueño del predio Las Payaras, ubicado en el departamento del
Casanare. Posteriormente volvió a tomar la palabra para aclarar que
el predio le pertenecía a la también Representante de la Comisión
Nery Oros, con quien Rodríguez estuvo casado (Ver:
http://lasillavacia.com/queridodiario/lo-que-la-tierra-ha-unido-que-
no-lo-separe-el-congreso-49194).
Por estos hechos representantes del movimiento campesino
recusaron al Representante Rodríguez, con el objetivo de que se
declarara impedido para continuar liderando el trámite del proyecto.
La Comisión de Ética negó la recusación, afirmando que el
Representante no tendría ningún beneficio directo con la aprobación
del Proyecto. En el texto presentado ante la comisión, Rodríguez
confesó que la Sociedad El Mana M.R. S.A.S., de la cual es único
socio, es propietaria de los predios Alcaraván 1 y El Cairo, cuyo
representante legal es el hijo de Merchán y Oros.
Por hechos similares fue recusado Alexander García Ramírez, también
Representante de la Comisión Quinta por el Partido de La U. García
Ramírez es propietario del predio Rancho Victoria, de 922 hectáreas,
ubicado en Puerto Gaitán (Meta). Adicionalmente, el propietario
original de este predio había sido víctima de desplazamiento forzado
en el año 2004 por las Autodefensas del Meta y Vichada. Actualmente
pesa una medida cautelar sobre el predio, fijada por la Unidad de
Restitución de Tierras (Ver: http://lasillavacia.com/queridodiario/la-
cumbre-agraria-contra-el-proyecto-de-baldios-49249). Se está a la
espera de que la Comisión de Ética resuelva esta recusación.
Con la negativa a declarar los bienes de los miembros de la comisión,
será muy difícil dar trámite al proyecto, no se sabe qué otros
representantes tengan intereses allí. Quienes los tengan deberían

3. apartarse de la discusión del proyecto. Las organizaciones
campesinas y la bancada del Polo estaremos atentos a denunciar
otros posibles impedimentos.
Por el lado del gobierno tampoco ha habido transparencia. No me ha
sido posible obtener información precisa sobre las ZIDRE que crea el
proyecto. Dirigimos una petición desde mi oficina al Ministerio de
Agricultura solicitando información relacionada con esta figura: cuál
sería la ubicación de las Zidre, qué extensión estaría involucrada,
cuáles serían los beneficios que se entreguen a los empresarios allí
establecidos, etc. El Ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri respondió
diciendo: “me permito abstenerme de responder dado que en el
Consejo de Ministros (…), me fue aprobado un impedimento para
conocer y decidir sobre la iniciativa legislativa de acceso a la tierra
(ZIDRES), nombrando como Ministro ad-hoc para estos asuntos al Dr.
Juan Fernando Cristo Bustos”. Por tanto, oficiamos al señor Ministro
del Interior quien a su vez remitió al Ministerio de Agricultura la
petición, agregando: “me permito remitir para su conocimiento y
fines pertinentes la petición antes mencionada (…). Lo anterior, con el
fin de que su entidad provea la respectiva respuesta”.
Enviamos la misma solicitud también a la Superintendencia de
Notariado y Registro, por la vocería que ha tenido en el tema. En la
respuesta se reconoce entre otras cosas que “a la fecha ninguna
entidad ha realizado estudios específicos para identificar o delimitar
las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico”. En conclusión,
no se tiene información concreta de un asunto tan delicado sobre el
que se pretende legislar.
Respecto a la vocería del gobierno para el trámite del proyecto, hay
que señalar que el Superviniente Jorge Enrique Vélez no es
competente para el trámite. Se le asignó esta tarea únicamente por
el impedimento del Ministro Iragorri y por el desconocimiento del
tema del Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. La
Superintendencia es un organismo de control que debiera estar
investigando las irregularidades en la tenencia de la tierra en vez de
intentar sanearlas con este proyecto. Por estos hechos, el
Representante Alirio Uribe presentó una queja disciplinaria contra
Vélez en la Procuraduría (Ver: http://aliriouribe.com/representante-
la-camara-alirio-uribe-munoz-instauro-queja disciplinaria-contra-
superintendente-de-notariado-y-registro-por-su-actuacion-en-el-
tramite-del-proyecto-de-ley-de-baldios/).
Por lo anterior, está claro que el Proyecto 133 Urrutia – Lizarralde no
solo es altamente inconveniente, regresivo e inoportuno, sino que
todo su trámite ha estado enrarecido. El gobierno nacional debiera
tener la sensatez requerida para retirar el proyecto y garantizar todas
las condiciones para que la adjudicación de baldíos contribuya a la

4. democratización de la propiedad de la tierra, como lo exige la ley y la
Constitución, y no lo contrario.
ALBERTO CASTILLA
SENADOR DE LA REPÚBLICA
POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO