Las organizaciones de derechos humanos peruanas denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el Estado peruano criminaliza la protesta social, especialmente de las comunidades indígenas, mediante leyes como la Ley 30151 y el Decreto Legislativo 1095. Estas leyes permiten la impunidad de violaciones de derechos humanos y el uso de las fuerzas armadas para controlar protestas. La Comisión expresó su preocupación por la criminalización de la protesta social en Perú y por el proceso penal contra indígenas aw

1. Estado peruano es denunciado por criminalizar la protesta social
Adital, 13 noviembre 2014 La criminalización de la protesta social y cómo esta tiene un impacto más severo en el caso de las comunidades indígenas. Respaldada por medidas legislativas como la Ley 30151, que permite la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos y el Decreto Legislativo 1095, que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas para el mantenimiento del orden interno, con o sin declaración de Estado de Emergencia por parte del Ejecutivo. Esta ha sido la principal demanda interpuesta por organizaciones de derechos humanos peruanas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), por ocasión de su 153º Período Ordinario de Sesiones, llevado a cabo en México, recientemente. Fedepaz, organización peticionante de la Audiencia, envió una delegación conformada su director ejecutivo, David Velazco Rondón, y por Santiago Manuin Valera, presidente del Consejo Permanente de Pueblos Awajun Wampis. Rondón levantó también el problema del hostigamiento judicial y de la contratación por parte de las empresas (permitida por recientes medidas legislativas) de miembros de la Policía Nacional del Perú, para que les brinden servicios de seguridad privados, estableciéndose así una situación de facto de privatización inconstitucional de las fuerzas de seguridad públicas. Santiago Manuin reiteró el concepto de que, contrariamente a lo que el Estado difunde, los pueblos indígenas no son enemigos del desarrollo, sino más bien enemigos de aquel desarrollo que no respeta los territorios ancestrales y los bosques en los cuales los pueblos indígenas viven. Manuin terminó su intervención informando a la CIDH sobre los lamentables hechos del "Baguazo” (sucedidos en junio de 2012), donde una legítima protesta social, por parte del

2. pueblo awajun, se transmutó en brutal represión por parte de las Fuerzas Armadas. Finalmente, Fedepaz solicitó a la CIDH que exhorte al Estado peruano a que: a) permita canales institucionales para el ejercicio pleno de la ciudadanía ambiental; b) derogue el Decreto Legislativo 1095 y la Ley 30151, eliminando la participación de las fuerzas armadas y la declaración de estados de emergencia como herramientas de control del orden interno en situaciones de conflictividad social; c) capacite sobre el manejo de disturbios a los miembros de la policía; d) garantice el debido proceso a las personas investigadas y/o procesadas en el contexto de la protesta social y; e) asegure la reparación de los afectados por el uso abusivo de la fuerza en situaciones de protesta social. En el tiempo asignado por la Comisión para contestar, los representantes del Estado, de diferentes maneras, negaron que exista una voluntad de criminalizar las protestas de los pueblos indígenas, brindando como ejemplo de la voluntad de diálogo, la creación de la Mesa de Desarrollo de las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón para solucionar el conflicto social relacionado a la explotación petrolera del Lote 192 en la Amazonía Peruana; sin embargo, David Velazco explicó que las poblaciones indígenas se habían decepcionado de dicha Mesa de Diálogo porque en seis meses el Estado no había asumido compromisos concretos para resolver la problemática, al punto tal, que dos días antes de la Audiencia, el 29 de octubre, habían realizado la toma pacífica del aeropuerto de Andoas para evidenciar la falta de voluntad política del Estado en la solución de los problemas que los aqueja. Al respecto, el Comisionado James Cavallaro, relator para Perú, consideró que en el Perú hay un uso desmedido de las habilitaciones para la intervención de las fuerzas armadas en el control del orden interno y manifestó su preocupación por las acusaciones fiscales en la

3. que se solicita penas de cadena perpetua contra defensores de derechos humanos y miembros de pueblos indígenas solo por el hecho de participar en protestas sociales. La Comisionada Rosa María Ortiz, expresó su preocupación por la delicada situación de criminalización de la protesta social en el Perú y sobre el proceso penal seguido a los indígenas awajun por los hechos en Bagua, Amazonas, del 5 de junio de 2009, particularmente sobre la situación jurídica de Santiago Manuin. También solicitó a Fedepaz y al representante del pueblo awajun, a seguir informando a la Comisión sobre la evolución de la problemática de la criminalización en Perú.