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Pacto de impunidad entre la Fiscalía y uno de los más antiguos
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Jueves 15 de agosto de 2013
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deberá examinar su legalidad y de encontrarla ajustada a
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disminución de la pena.
La Policía Nacional desplegó un operativo con “unos 30 comandos de
la Sipol, Dipol y del Grupo de Objetivos de Alto Valor de la Policía
quienes llegaron en la madrugada en helicóptero hasta el hotel Río
Manso, en zona céntrica del municipio de Urrao, Antioquia, donde
tenían información que se encontraba uno de los cabecillas de la
banda "la Oficina", Freiner Ramírez García conocido en el bajo mundo
como alias "Carlos Pesebre".

En el lugar se encontraron con
"Pesebre" de 39 años, el cual se identificó con la cédula falsa de
Carlos Mauricio Bucharot Mejía, y con otras 10 personas, entre los
que identificaron a alias "Maicol", "Andrecito" y "Tatoo". Segundo y
tercer cabecilla de la banda "los Pesebreros".[1]

Según información pública, la Policía contaba para dicha retención
con la orden de captura expedida por la autoridad competente por los
delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio,
desplazamiento forzado y tráfico de estupefacientes, y el
procedimiento policial se enmarcó en la directriz presidencial de
atacar a las denominadas por el Gobierno bandas criminales
emergentes (BACRIM). Según las fuentes oficiales “Este supuesto
cabecilla de la Oficina, es conocido en Medellín y temido en la comuna
13 por una larga lista de crímenes entre los que se encuentra el
liderazgo de bandas en las comunas 7, 11, 12 y 13.

Entre los que
están los combos de La Torre, La Divisa, Juan XXIII, La Pradera,
Zafra, Los Picúas, La Sexta, La Loma, Peñitas, Olaya, Villa Flora, La
Campiña, La Iguaná, El Pesebre, La Aurora, El Llano (San Cristóbal).
Además de las vacunas a las empresas de buses Conducciones
América, Trasmaya, Cootrabel y Palenque Robledal, según afirma la
Policía. 

Por otro lado, afirmó que junto a alias "Mi Sangre",
"Pesebre" coordinó la llegada de "los Urabeños" a las comunas de
Medellín y a los municipios de Antioquia.[2]
La Fiscalía General de la Nación cuenta con información fiable no solo
con respecto de las actividades ilegales de Freiner Ramirez García,
Alias Carlos Pesebre con el narcotráfico y el paramilitarismo en la
ciudad de Medellín, sino especialmente, sobre la conexidad de este
último delito con crímenes de lesa humanidad tales como
desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos
forzados, torturas, entre otros hechos ocurridos de forma masiva y
sistemática, luego de la Operación Orión, en las Comunas 13 y 7 de
esta ciudad[3]. La Corte Suprema de Justicia en recientes sentencias
ha sostenido que el concierto para delinquir con fines de
paramilitarismo es un crimen de lesa humanidad. Sobre el tema ha
dicho la Corte que:
Teniendo en cuenta que los reatos ejecutados por los postulados se
refieren a desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, torturas,
homicidios por razones políticas, etc., y como dichos punibles se
entienden comprendidos dentro de la calificación de delitos de lesa
humanidad, tal valoración se debe extender al denominado concierto
para delinquir agravado en tanto el acuerdo criminal se perfeccionó
con tales propósitos.[4]
Sí el acuerdo entre la Fiscalía y Freiner Ramírez García, alias Carlos
Pesebre y los demás integrantes de la estructura paramilitar
capturados por la Policía no se encuadra en el reconocimiento de un
contexto de crímenes de lesa humanidad como lo ha sostenido la
Corte Suprema de Justicia, estaríamos ante la renuncia expresa y
explicita de la Rama Jurisdiccional del poder público de realizar una
investigación seria, independiente, transparente y acorde con la
gravedad de los ilícitos perpetrados por el paramilitarismo en la
Ciudad de Medellín y un evidente obstáculo para las víctimas de
encontrar la verdad procesal y acceder al derecho a la justicia, luego
de la difícil tarea de capturar a uno de los jefes más reconocidos del
paramilitarismo en Medellín, según las mismas fuentes oficiales.
Es una contradicción, que la Fiscalía tal como lo sostuvo en audiencia
pública se constituya garante de los derechos de al menos 15
víctimas de Freiner Ramírez García, alias Carlos Pesebre y realice un
acuerdo sin consultarlas, desconociendo el rol que el Código procesal
penal y la actual Jurisprudencia le asignan a las víctimas de crímenes
de lesa humanidad.[5]
Sobre el deber de investigar crímenes de la gravedad de aquellos
perpetrados por el paramilitarismo la Corte Interamericana de
derechos humanos le ha recordado al Estado Colombiano que
118. En casos complejos, la obligación de investigar conlleva el deber
de dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las
estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus
beneficiarios y sus consecuencias, y no sólo descubrir, enjuiciar y en
su caso sancionar a los perpetradores inmediatos. Es decir, la
protección de derechos humanos debe ser uno de los fines centrales
que determine el actuar estatal en cualquier tipo de
investigación…..[6]
Cabría preguntarse, sí la Fiscalía ha desarrollado una investigación
seria y profunda en relación con la compleja actividad paramilitar de
Freiner Ramirez García alias Carlos Pesebre que incluya entre otros,
los homicidios perpetrados contra los líderes sociales y comunitarios
en la Ciudad de Medellín como Judith Adriana Vergara, Victor Hugo
Arboleda y Jaider Ramirez, y los atentados sistemáticos contra los
integrantes de CORPADES, y todos otros aquellos relacionados en la
audiencia de legalización de la captura pues sí se omitió ese deber de
investigar de forma integral y conexa, el Juez debe develar tal
omisión y subsanarla previendo los mecanismos juridicoprocesales
para indagar el compromiso penal de éste con los hechos descritos y
no darle validez al acuerdo suscrito entre los sujetos procesales, que
al parecer tiene el alcance de eximir a la Fiscalía de cumplir en debida
forma con su responsabilidad de ejercer la acción penal en todos los
casos, reforzada cuando se trata de investigar graves violaciones de
los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad y en especial si
en ellos está comprometida la responsabilidad de servidores
públicos.[7]
Adicionalmente, cabe el interrogante con respecto a sí aceptó
responsabilidad penal por estos hechos con la consecuente rebaja de
la pena por los delitos de desplazamiento forzado, crimen que
igualmente reviste la característica de ser una grave violación de los
derechos humanos y por tráfico de estupefacientes, tal como le
fueron imputados en la respectiva audiencia.
Así mismo, es preciso que el Juez de conocimiento, en la valoración
que realiza del acuerdo, examine sí la Fiscalía para negociar rebajas
sustanciales de penas supeditó la aplicación de este mecanismo a la
colaboración o suministro de información “con lo cual la negociación
preacordada de culpabilidad podría constituir una herramienta eficaz
para lograr una de las finalidades previstas para los preacuerdos
entre la Fiscalía y el imputado o acusado en el artículo 348 del citado
cuerpo normativo, vale decir, la integral solución de los conflictos
sociales que genera el delito[8]”.
La Justicia en Antioquia tiene en el proceso penal seguido contra
Freiner Ramírez García, alias Carlos Pesebre, una gran oportunidad
para avanzar en el esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo
en la ciudad de Medellín y de los nexos con funcionarios estatales que
son participes o facilitadores de la criminalidad de estas estructuras,
tal como consta en cientos de pruebas recogidas en los expedientes
que no son fuente de decisiones judiciales.
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NODO ANTIOQUIA
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Pacto de impunidad entre la Fiscalía y uno de los más antiguos jefes paramilitares de Medellín

  • 1. Pacto de impunidad entre la Fiscalía y uno de los más antiguos jefes paramilitares de Medellín CCEE NODO ANTIOQUIA Jueves 15 de agosto de 2013 A propósito del acuerdo con FREINER RAMIREZ GARCIA Alias Carlos Pesebre El Nodo Antioquia de la Plataforma de derechos humanos Nacional e Internacional Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEE) se permite expresar ante la Comunidad Nacional e internacional las profundas preocupaciones que surgen a raíz del acuerdo que la Fiscalía 27 Especializada de la ciudad de Medellín suscribió con el paramilitar Freiner Ramírez García, alias “Carlos Pesebre” y varios de los integrantes de su estructura delincuencial capturados el 19 de marzo de 2013, que será puesto en conocimiento de un Juez del Circuito Especializado el próximo 15 de agosto quien deberá examinar su legalidad y de encontrarla ajustada a derecho, dictar sentencia con el beneficio de una sustantiva disminución de la pena. La Policía Nacional desplegó un operativo con “unos 30 comandos de la Sipol, Dipol y del Grupo de Objetivos de Alto Valor de la Policía quienes llegaron en la madrugada en helicóptero hasta el hotel Río Manso, en zona céntrica del municipio de Urrao, Antioquia, donde tenían información que se encontraba uno de los cabecillas de la
  • 2. banda "la Oficina", Freiner Ramírez García conocido en el bajo mundo como alias "Carlos Pesebre".

En el lugar se encontraron con "Pesebre" de 39 años, el cual se identificó con la cédula falsa de Carlos Mauricio Bucharot Mejía, y con otras 10 personas, entre los que identificaron a alias "Maicol", "Andrecito" y "Tatoo". Segundo y tercer cabecilla de la banda "los Pesebreros".[1]
 Según información pública, la Policía contaba para dicha retención con la orden de captura expedida por la autoridad competente por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, desplazamiento forzado y tráfico de estupefacientes, y el procedimiento policial se enmarcó en la directriz presidencial de atacar a las denominadas por el Gobierno bandas criminales emergentes (BACRIM). Según las fuentes oficiales “Este supuesto cabecilla de la Oficina, es conocido en Medellín y temido en la comuna 13 por una larga lista de crímenes entre los que se encuentra el liderazgo de bandas en las comunas 7, 11, 12 y 13.

Entre los que están los combos de La Torre, La Divisa, Juan XXIII, La Pradera, Zafra, Los Picúas, La Sexta, La Loma, Peñitas, Olaya, Villa Flora, La Campiña, La Iguaná, El Pesebre, La Aurora, El Llano (San Cristóbal). Además de las vacunas a las empresas de buses Conducciones América, Trasmaya, Cootrabel y Palenque Robledal, según afirma la Policía. 

Por otro lado, afirmó que junto a alias "Mi Sangre", "Pesebre" coordinó la llegada de "los Urabeños" a las comunas de Medellín y a los municipios de Antioquia.[2] La Fiscalía General de la Nación cuenta con información fiable no solo con respecto de las actividades ilegales de Freiner Ramirez García, Alias Carlos Pesebre con el narcotráfico y el paramilitarismo en la ciudad de Medellín, sino especialmente, sobre la conexidad de este último delito con crímenes de lesa humanidad tales como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, torturas, entre otros hechos ocurridos de forma masiva y sistemática, luego de la Operación Orión, en las Comunas 13 y 7 de esta ciudad[3]. La Corte Suprema de Justicia en recientes sentencias ha sostenido que el concierto para delinquir con fines de
  • 3. paramilitarismo es un crimen de lesa humanidad. Sobre el tema ha dicho la Corte que: Teniendo en cuenta que los reatos ejecutados por los postulados se refieren a desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, torturas, homicidios por razones políticas, etc., y como dichos punibles se entienden comprendidos dentro de la calificación de delitos de lesa humanidad, tal valoración se debe extender al denominado concierto para delinquir agravado en tanto el acuerdo criminal se perfeccionó con tales propósitos.[4] Sí el acuerdo entre la Fiscalía y Freiner Ramírez García, alias Carlos Pesebre y los demás integrantes de la estructura paramilitar capturados por la Policía no se encuadra en el reconocimiento de un contexto de crímenes de lesa humanidad como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia, estaríamos ante la renuncia expresa y explicita de la Rama Jurisdiccional del poder público de realizar una investigación seria, independiente, transparente y acorde con la gravedad de los ilícitos perpetrados por el paramilitarismo en la Ciudad de Medellín y un evidente obstáculo para las víctimas de encontrar la verdad procesal y acceder al derecho a la justicia, luego de la difícil tarea de capturar a uno de los jefes más reconocidos del paramilitarismo en Medellín, según las mismas fuentes oficiales. Es una contradicción, que la Fiscalía tal como lo sostuvo en audiencia pública se constituya garante de los derechos de al menos 15 víctimas de Freiner Ramírez García, alias Carlos Pesebre y realice un acuerdo sin consultarlas, desconociendo el rol que el Código procesal penal y la actual Jurisprudencia le asignan a las víctimas de crímenes de lesa humanidad.[5] Sobre el deber de investigar crímenes de la gravedad de aquellos perpetrados por el paramilitarismo la Corte Interamericana de derechos humanos le ha recordado al Estado Colombiano que 118. En casos complejos, la obligación de investigar conlleva el deber de dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las
  • 4. estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias, y no sólo descubrir, enjuiciar y en su caso sancionar a los perpetradores inmediatos. Es decir, la protección de derechos humanos debe ser uno de los fines centrales que determine el actuar estatal en cualquier tipo de investigación…..[6] Cabría preguntarse, sí la Fiscalía ha desarrollado una investigación seria y profunda en relación con la compleja actividad paramilitar de Freiner Ramirez García alias Carlos Pesebre que incluya entre otros, los homicidios perpetrados contra los líderes sociales y comunitarios en la Ciudad de Medellín como Judith Adriana Vergara, Victor Hugo Arboleda y Jaider Ramirez, y los atentados sistemáticos contra los integrantes de CORPADES, y todos otros aquellos relacionados en la audiencia de legalización de la captura pues sí se omitió ese deber de investigar de forma integral y conexa, el Juez debe develar tal omisión y subsanarla previendo los mecanismos juridicoprocesales para indagar el compromiso penal de éste con los hechos descritos y no darle validez al acuerdo suscrito entre los sujetos procesales, que al parecer tiene el alcance de eximir a la Fiscalía de cumplir en debida forma con su responsabilidad de ejercer la acción penal en todos los casos, reforzada cuando se trata de investigar graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad y en especial si en ellos está comprometida la responsabilidad de servidores públicos.[7] Adicionalmente, cabe el interrogante con respecto a sí aceptó responsabilidad penal por estos hechos con la consecuente rebaja de la pena por los delitos de desplazamiento forzado, crimen que igualmente reviste la característica de ser una grave violación de los derechos humanos y por tráfico de estupefacientes, tal como le fueron imputados en la respectiva audiencia. Así mismo, es preciso que el Juez de conocimiento, en la valoración que realiza del acuerdo, examine sí la Fiscalía para negociar rebajas sustanciales de penas supeditó la aplicación de este mecanismo a la colaboración o suministro de información “con lo cual la negociación
  • 5. preacordada de culpabilidad podría constituir una herramienta eficaz para lograr una de las finalidades previstas para los preacuerdos entre la Fiscalía y el imputado o acusado en el artículo 348 del citado cuerpo normativo, vale decir, la integral solución de los conflictos sociales que genera el delito[8]”. La Justicia en Antioquia tiene en el proceso penal seguido contra Freiner Ramírez García, alias Carlos Pesebre, una gran oportunidad para avanzar en el esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo en la ciudad de Medellín y de los nexos con funcionarios estatales que son participes o facilitadores de la criminalidad de estas estructuras, tal como consta en cientos de pruebas recogidas en los expedientes que no son fuente de decisiones judiciales. Hacer acuerdos para ocultar la verdad, es sinónimo de IMPUNIDAD. NODO ANTIOQUIA COORDINACIÓN COLOMBIA EUROPA ESTADOS UNIDOS