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PONENCIA PARA EL TALLER DE DESARROLLO URBANO



            23 Y 24 DE NOVIEMBRE 2011




           MESA DE PATRIMONIO




                     TEMA:



  EL ROL DEL PATRIMONIO EN EL DESARROLLO
  URBANO Y EN LA ECONOMIA DEL TERRITORIO




                   PONENCIA



            PAREDES Cortez Rubén Arq.
              HERDOIZA Jacobo Arq.
DESARROLLO URBANO Y PATRIMONIO


    a. INTRODUCCION

La crisis ambiental y los asentamientos humanos
La crisis ambiental es un problema que ha sido reconocido a escala global por
el conjunto de las naciones, que en mayor o menor medida se han visto
afectadas por sus efectos. La crisis se evidencia a escala planetaria, en tres
problemas macro ecológicos:
        El cambio climático y el efecto invernadero,
        La destrucción de la capa de ozono
        La pérdida de la biodiversidad

Si bien existen criterios que argumentan que estos problemas, sobre todo el
primero y el segundo, obedecen a fenómenos naturales históricamente
comprobados1 y no necesariamente a la acción del hombre, existe un
consenso a nivel planetario en ubicar al hombre como el responsable de la
crisis ambiental, ya que es este quien ha determinado el manejo de los
recursos naturales, guiado por patrones de consumo que han puesto en
evidencia la insostenibilidad de un modelo de desarrollo que plantea una
relación desequilibrada entre las demandas sociales y la disponibilidad de
recursos, generando una depredación sistemática desmesurada de su entorno
biofísico circundante y de cada uno de los recursos naturales que soportan
nuestro sistema de vida.
Esta destrucción sistemática y progresiva del ambiente se hace evidente si
observamos con detenimiento las huellas que el hombre deja sobre la
naturaleza, en la búsqueda de “desarrollo”: contaminación atmosférica,
deforestación, erosión y desertificación del suelo, pérdida de biodiversidad,
contaminación de agua, son algunos de los testimonios negativos que el
hombre deja sobre el medio que habita. Estas marcas sobre la naturaleza, se
hacen más evidentes mientras más grande es la aglomeración humana sobre
el territorio; así, las grandes ciudades aparecen como organismos con una
producción y consumo de gran escala, que marcan de forma radical el territorio
debido al alto grado de dependencia de las áreas circundantes productoras de
materias primas.
Al ser el hombre y sus relaciones con el medio, es decir su modo de vida, el
que determina la crisis ambiental, es importante aproximarnos a las
aglomeraciones humanas y sus asentamientos sobre el territorio a diferentes
escalas y jerarquías (pueblos, ciudades, metrópolis, etc.) para entender como
estas inciden sobre el medio ambiente y como la problemática ambiental tiene
una estrecha relación con la escala y la densidad tanto poblacional como de
actividades de los asentamientos humanos.



1 ARROYO ILERA Fernando, CAMARERO BULLON Concepción y VASQUEZ VARELA Carmen. Análisis de los
problemas medioambientales. En: BALLESTEROS, Jesús y PEREZ ADAN, José. Sociedad y medio ambiente. Madrid:
Trotta, 1997. pág. 56 -59
Son los asentamientos humanos concentrados (las ciudades) los que
históricamente han receptado no solo grandes grupos humanos sino también
una fuerte intensidad de actividad económica, política y cultural, con un
creciente impacto sobre el medioambiente, en la medida en que desde
mediados del siglo pasado el éxodo campo ciudad se ha incrementado de
forma sostenida: en 1950 el 29% de la población mundial era urbana; en 1965
paso a ser el 36%, el 50% en 1990 y hacia el 2025 podría ser el 60%.2 Por otro
lado el número de ciudades con población superior a un millón de habitantes
incrementó de 17 en 1900 a 388 in 2000.
            “Las ciudades actuales consumen tres cuartas partes de la energía
            mundial y provocan al menos tres cuartas partes de la contaminación
            total…Los recursos consumidos por una ciudad pueden medirse en
            términos de la huella ecológica que dejan un área dispersa por todo el
            mundo, las huellas ecológicas de las ciudades ya cubren virtualmente
            todo el planeta y mientras los núcleos urbanos aumentan el consumo,
            crece la competitividad por disponer de mayor cantidad de recursos. Su
            expansión se está produciendo al mismo tiempo que la erosión de las
            tierras fértiles, mares y bosques húmedos vírgenes. Dada esta limitación
            de subsistencia es preciso reducir y circunscribir el efecto dramático que
            para la ecología ejercen los trazados urbanos.”3
Si las ciudades están minando el equilibrio ecológico es porque los ciudadanos
han adquirido pautas de comportamiento social consumista, guiados por
estereotipos socioculturales de estatus, ligado al consumo y la acumulación
ilimitados. Por otro lado la consolidación de un modelo económico extractivista
y desarrollista, llevará sin duda al colapso del planeta por no poder asegurar su
capacidad de regeneración.
Estas pautas de comportamiento generalmente se desarrollan en los países de
economías fuertes y son difundidas de forma global a través de los medios de
comunicación, como el modelo a seguir, con resultados desastrosos en los
países en desarrollo desde un enfoque social, económico, cultural y ambiental.
“Las ideas dominantes de desarrollo han generado una monocultura que
conlleva la invisibilidad de la experiencia histórica de los diversos pueblos que
son parte fundante y constitutiva de nuestras sociedades.”4
Este modelo de desarrollo junto a la imposición de patrones culturales
consumistas, ha ocasionado un modelo de ciudad zonificada por sus funciones
con áreas de oficinas en el centro, centros comerciales y de ocio en las afueras
y barrios residenciales periféricos conectados por autopistas; consolidando así
un modelo que responde a criterios de mercado de promotores comerciales e
inmobiliarios, con costos económicos y sociales elevados e insostenibles.




2
    ROGERS, Richard, “Ciudades para un pequeño planeta”, Editorial Gustavo Gili, segunda edición, Barcelona 2001
    ROGERS, Op. Cit. Pag. 32
    SENPLADES, Plan Nacional del Buen Vivir. 2009 – 2013
Vista aérea de la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura.
                              Dispersión urbana de baja densidad.
                            Fuente: Flickr Galería de Touribarra 2010.

La dispersión de los asentamientos humanos, genera bajos rendimientos
urbanos en relación a las densidades poblacionales que recepta, esto implica
una subutilización de la infraestructura existente en las áreas centrales,
desconociendo la inversión social acumulada históricamente, a favor del
crecimiento expansivo de la ciudad, que responde a intereses especulativos de
manejo del suelo y la estructura edificada. Esta forma de hacer ciudad genera,
por un lado, la depredación de suelos productivos y la dispersión y erosión
social, ya que produce una atomización urbana que implica grandes
desplazamientos en el territorio para acceder desde las zonas residenciales
hasta las zonas centrales que generalmente acogen las funciones económicas
y de servicios.
Las ciudades latinoamericanas han seguido este modelo de crecimiento urbano
caduco en gran parte del mundo desarrollado, y han generado esquemas
territoriales de segregación socio espacial caracterizados por el aparecimiento
de zonas periféricas tugurizadas, con bajos niveles de cobertura de servicios
de infraestructura y equipamientos, aislados desde el punto de vista de la
conectividad con las áreas centrales, ya que generalmente carecen de
servicios de transporte público que los integre al sistema urbano, hábitats que
no cumplen con las condiciones mínimas de habitabilidad y que segregan
socialmente a los grupos humanos que de forma ilegal ocupan estos territorios.
Sin embargo cabe señalar que la urbanización no es necesariamente negativa
para los ecosistemas. Si no se rompe el equilibrio entre población, recursos y
medioambiente, se puede conseguir ecosistemas urbanos inclusive más
diversos que algunos monocultivos rurales; esto nos hace pensar que las
ciudades manejadas de forma inteligente pueden garantizar niveles de vida
elevados por la acumulación de tecnología, bienes y servicios, en un entorno
equilibrado, donde el componente de vegetación, suelo, aire y agua no sufran
procesos de depredación o contaminación que superen la capacidad de carga
de los sistemas naturales que soportan las ciudades. “La ciudad ha posibilitado
una acumulación de capital y una concentración demográfica que ha hecho
factible un incremento de la creatividad social.”
Esto conduce a pensar que las ciudades delimitadas territorialmente, con
densidades optimas en términos de ocupación de suelo, que establezcan
capacidades receptivas en función de índices de habitabilidad adecuados,
posibilitaran la configuración de asentamientos humanos concentrados que
aumenten el rendimiento energético, reduzcan consumo de recursos,
produzcan menos polución y no se expandan de forma descontrolada sobre el
territorio en desmedro del paisaje rural.
Por otro lado, esta definición física de las ciudades debe complementarse con
la categorización y jerarquización de las mismas, que permitan definir los roles
territoriales que estas cumplen dentro de un sistema urbano articulado, que
promueva un desarrollo equitativo de regiones por complementariedad,
identificando, reconociendo y potenciando las vocaciones territoriales
existentes desde el punto de vista económico, social, cultural y político.
    b. LA PROBLEMÁTICA EN ECUADOR
Perspectiva histórica del desarrollo urbano en el Ecuador
El poblamiento del territorio ecuatoriano responde a un largo proceso histórico
de asentamiento de humanos, que se localizan en base a criterios selectivos
en relación a las características que la naturaleza ofrece. “La distribución de la
población en el territorio esta tan directamente relacionada con elementos
naturales que podemos hablar de factores geográficos de poblamiento.”6
Bondades topográficas, climáticas, de disponibilidad de recursos, y de
posibilidad de conexión con fines económico-productivos entre los grupos
sociales, son los criterios que han dado las pautas de ocupación territorial en el
país en los distintos periodos.
Si bien el poblamiento del territorio se remonta a épocas preincaicas, poco
queda como testimonio de la organización territorial antes de la conquista
española. Se sabe que el territorio ecuatoriano estaba habitado por cacicazgos,
y que inclusive previo a la conquista de los Incas, Quito era un centro
articulador de la sierra norte.
Tras la llegada de los Incas y el establecimiento del Qhapaq Ñan como eje
articulador del territorio, se conformaron asentamientos, organizados en función
de ayllus y llactas con un manejo de diversos pisos ecológicos e intercambios
regionales para el abastecimiento de productos. Se conformó un sistema
jerarquizado desde el Cuzco hacia Quito, pasando por Cuenca, y relacionando
lo que actualmente son las capitales provinciales. Cada uno de estos
asentamientos cumplía funciones diferentes; eran utilizados como tambos,
yanaconas o mitimaes. Los españoles fundan ciudades sobre estas estructuras
incaicas y preincaicas.7



 BAIGORRI, Artemio, De lo rural a lo urbano, V Congreso Español de Sociología – Granada, 1995.
 DUBLY, Alain, “Los poblados del Ecuador”, corporación editora nacional , Quito 1990
 SENPLADES, Plan Nacional del Buen Vivir.
La colonia planteo un esquema territorial totalmente diferente al que se había
desarrollado en Ecuador incaico, y es que la configuración territorial impuesta
por los españoles respondía a intereses metropolitanos de dominación y
control. La apropiación del territorio por parte de los españoles puede
analizarse al menos en tres momentos:
Un inicial (1534-1563) de exploración del territorio y fundación de ciudades
donde el trazado de las calles en damero a partir de la plaza central y la
repartición de solares a los vecinos fundadores eran el acto que legitimaba la
acción de conquista.
Un segundo momento (1563-1650) que gira en torno a la consolidación de la
actividad minera – textil que configura un esquema territorial donde predomina
la ciudad sobre el campo, ya que esta concentra las instituciones de poder
político, económico, ideológico y militar, pero con un amplio dominio sobre un
territorio mayor, así “las ciudades fundadas asumen la cualidad funcional de ser
los centros de control y desarrollo urbano-regional.”8 Esto configura un eje de
interrelación socio-productiva regional que se desarrolla sobre todo en la sierra,
determinando una trama aislada de ciudades con poca relación interurbana y
baja densidad poblacional tanto en el conjunto del territorio como en los centros
poblados, configurando una formación regional desigual e inconexa.
El tercer momento (siglos XVII y XVIII) se desarrolla a partir del viraje de las
actividades minero-textil como los puntales de soporte económico productivo
de la real audiencia, hacia una economía basada en la producción
agropecuaria, dando origen al surgimiento de la hacienda latifundista serrana
como la unidad productiva básica.
La conformación urbana resultante al final del periodo colonial nos muestra una
red de ciudades, con una tendencia marcada hacia la profundización de los
desequilibrios y desigualdades regionales…El litoral no tuvo significación
alguna. La concentración del poder político en la capital…y el desarrollo
predominantemente de la minería primero, y de la agricultura cerealera más
tarde, habían dejado a la región litoral sin medios propios de desarrollo.9
A pesar de que esta conformación urbana se mantuvo y se consolidó en el
periodo republicano cabe señalar que la producción del cacao a mediados del
siglo XVII, tomaba fuerza, y se visualizaba a futuro como una fuente de riqueza
a través de su exportación; esto genero una atracción poblacional que produjo
movimientos migratorios sierra-costa, que se acrecentaron con la ruptura del
orden colonial y la independencia, debilitando las estructuras burocráticas y de
poder en la sierra y fortaleciendo a las ciudades ligadas a la actividad comercial
de agro-exportación en la costa, redefiniendo así las funciones urbanas.

Sin embargo es en el periodo republicano donde se desarrolla con fuerza el
proceso de urbanización del país debido a que el modelo de agro-exportación
establecido permite la integración regional sierra-costa, posibilitando un rápido
crecimiento urbano-regional y una más estrecha articulación entre ciudades
debido a que se construyeron importantes obras de infraestructura, entre las

 CARRIÓN, Fernando, Evolución del espacio urbano ecuatoriano
 A†‡
cuales destaca la red ferroviaria nacional (1910), se amplía la frontera agrícola,
se intensifica la producción, se favorecen las relaciones mercantiles etc. A nivel
interurbano se promueve la dotación de servicios y equipamientos
principalmente en Quito y Guayaquil ratificando así el poder económico de las
minorías terratenientes, que fueron beneficiarias de las obras emprendidas por
el gobierno.

Así, en la Costa, gracias a las nuevas interconexiones producidas por la
llegada del ferrocarril se desarrollaron los asentamientos de Santa Elena,
Milagro, El Triunfo, Santa Rosa, Arenillas y Piedras, evidenciando el
crecimiento de la trama urbana. Así también aparecieron algunos
asentamientos en la Costa Norte, vinculadas a la agro-exportación y el
comercio, como Quinindé y Santo Domingo. La vialidad por caminos de
herradura, en la Sierra, canales de transporte fluvial en la Costa, vinculados
con la explotación agrícola, y vías férreas, se consolidaron con los proyectos de
traspaso de cordillera, planteados en la época de García Moreno.10

Esta tendencia tiene un giro a partir de 1920, debido a la caída de las ventas
de cacao que habían empezado su declinación a partir de 1914 con el inicio de
la primera guerra mundial y el cierre del puerto de Hamburgo por donde
entraba a Europa gran parte del cacao ecuatoriano. Esta crisis que se veía
reflejada en la descomposición de la hacienda serrana y en la ruina de las
plantaciones cacaoteras, genera un movimiento migratorio rural-urbano, desde
el campo hacia las dos ciudades que se habían desarrollado en el auge
económico cacaotero.

Quito y Guayaquil soportan entonces un incremento poblacional que rebasa la
capacidad que estas ciudades habían desarrollado, generando problemas
ligados al paulatino empobrecimiento de las masas urbanas que se ven
obligadas a ubicarse formando tugurios insalubre, carentes de servicios básico,
en la zona central de la ciudad en el caso de Quito, y en las periferias de
Guayaquil formando suburbios.

El fortalecimiento de un nuevo producto de exportación el banano en la década
del 50, incentiva la urbanización en el conjunto del país de la siguiente manera:

“a) el fortalecimiento de la bicefalia urbana que se venía configurando desde
épocas pretéritas, con base al crecimiento poblacional de Quito y Guayaquil,
paralelo al crecimiento urbano global del país; b) El alto dinamismo que
adquiere la costa, particularmente las ciudades intermedias, unas nacidas en el
periodo cacaotero y otras originarias de esta época; y c) el estancamiento
relativo de las ciudades de la sierra. (Larrea, 1983:60 y ss.)”11

Paralelamente al crecimiento de las ciudades intermedias que sirven de apoyo
al modelo agro-exportador, se da un crecimiento importante en las dos
principales ciudades del país, a nivel interior: en Quito las obras urbanas que
destaca son: la pavimentación y habilitación de las avenidas Patria, Orellana, y


 SENPLADES, Op. Cit.
 CARRION, Op. Cit.
12 de Octubre. Se iluminan los parques de la Alameda, el Ejido y la Recoleta.
La producción inmobiliaria en este período es uno de las actividades que
dinamizaba la economía de la capital, esta se dio gracias a la inversión de
empresas privadas de capitales extranjeros sobre todo norteamericanos, en
asociación con pequeños capitales nacionales, en el marco de la “Alianza para
el Progreso.”

Casi de forma paralela a mediados de los 50 y en la década del 60 el país
emprende carrera hacia la industrialización del estado direccionando recursos
económicos y financieros nacionales e internacionales al fortalecimiento de
este fin; a esto se añade un paquete de reformas políticas de reajuste a la
economía: Ley de reforma Agraria, Ley de fomento industrial, ley de reforma
tributaria etc.

Esto profundizo el proceso de urbanización del país, e incremento el
crecimiento de las ciudades principales. En Quito, el emprendimiento de
programas de vivienda que fueron llevados a cabo por Multinacionales que
“exportaban capitales y tecnología para alimentar procesos industriales en los
países satélites”12. Así la Mutualista Pichincha en representación de la firma
norteamericana “INTERNATIONAL CONSTRUCTION CO.” ofertaba programas
de vivienda con préstamos hipotecarios a 20 años plazo. Los programas de
vivienda, estaban dirigidos en la mayoría de los casos a los sectores
económicos medios, que eran quienes tenían la posibilidad de ahorro para
vivienda

A partir de los 70 gracias a los excedentes que dejaba el boom petrolero el
proceso de urbanización se acelera de manera exponencial sobre todo en las
principales ciudades del país. Las ciudades mayormente beneficiadas son
aquellas de porte medio y grande, que cumplen con roles político
administrativos de importancia (capitales provinciales y/o cantonales) y que
tienen alguna significación económica regional o nacional. Quito absorbe gran
parte de los recursos petroleros y sufre un proceso de desarrollo urbano
especulativo, incentivado por una serie de obras viales que posibilitaron la
expansión de la ciudad hacia el norte y el sur de forma fragmentada.




                           Proceso histórico de crecimiento de la ciudad de Quito.
                                Fuente: Corporación Instituto de la Ciudad
                                           ELABORACIÓN: MCP.


 ACHIG Lucas, El proceso urbano de Quito, Ediciones CAE-CIUDAD, Quito-Ecuador 1983,
Como podemos ver el proceso de evolución histórica de los asentamientos
humanos en el Ecuador tienen una estrecha relación con el modelo económico
de desarrollo y las diferentes formas de apropiación de la riqueza. . Así
tenemos claramente marcadas las etapas de la agro-exportación de cacao,
posteriormente la época bananera, luego un primer proceso de industrialización
y, finalmente, una etapa de explotación petrolera.13

El crecimiento urbano del país, entendido como la conformación y
consolidación de asentamientos humanos concentrados (ciudades), ha
carecido de un modelo de desarrollo urbano que direccione de forma técnica y
coherente la urbanización del territorio, bajo principios de inclusión, equidad, y
manejo responsable de los recursos eco-sistémicos del país.

Esta falta de articulación sistémica del territorio, influye para que actualmente
vivamos una crisis urbana que en el Ecuador se expresa en los siguientes
aspectos:

Crisis de inserción de los sectores populares o crisis social de la ciudad:
       El patrón de desarrollo urbano descrito anteriormente tiene una fuerte
       incidencia en el ámbito social, debido a que los desplazamientos
       migratorios que sierra – costa en primera instancia pero sobre todo rural
       - urbano llevan implícitos el desarraigo por un lado, y la exclusión de
       grupos humanos vulnerables debido al bajo nivel de inserción en las
       dinámicas socioeconómicas de los lugares de destino.

       La exclusión puede tener dos entradas de lectura:
       a) por un lado territorial entendido como la localización de los grupos
          humanos en áreas determinadas generalmente periféricas y con
          poca articulación al sistema urbano principal, o en zonas centrales
          tugurizadas con índices bajos de habitabilidad en ambos casos.
          Generalmente esta localización responde a lógicas de invasión no
          reconocidas por las autoridades y por tanto privando de beneficios a
          estos grupos humanos.
       b) Socio-económico, generalmente los grupos humanos que provienen
          de movimientos migratorios, no se insertan de forma fácil a las
          actividades productivas de las grandes ciudades. Por lo general
          estos grupos pasan a formar parte de una cadena de trabajo informal
          en el mejor de los casos o alimentan los índices de desempleo y
          marginalidad de las ciudades.




 SENPLADES, Op. Cit.
Niños lustrabotas en un portal quiteño.
               Fuente: http://migranviaje.wordpress.com/category/ecuador/

      Otro síntoma de exclusión es la estigmatización de los grupos
      inmigrantes: generalmente la sociedad que recepta a estos nuevos
      pobladores tiende a trazar líneas de relación directa entre delincuencia y
      migración. Esto genera una cultura de miedo y rechazo a lo diferente,
      produciendo reacciones de segregación y rechazo.


Crisis de los servicios del sistema intra-urbano:

Las ciudades deben garantizar a todos y cada uno de los ciudadanos el acceso
indiscriminado a los componentes que forman parte de la trama urbana junto a
los servicios que hacen posible el funcionamiento de los subsistemas urbanos.
Es decir deben garantizar no solo vivienda y trabajo, ni solo ocuparse de las
necesidades elementales en materia de educación salud, sanidad e
intercambio, sino también se debe posibilitar a la ciudadanía el disfrute de
cualquier actividad cultural, recreativa y creadora al más elevado nivel posible.
      Ocupación y usos del suelo:
      Generalmente el desarrollo interno de nuestras ciudades, que como ya
      hemos visto responde a factores de carácter económico productivo, se
      ha dado de forma espontánea y hasta cierto punto caótico, carente de
      planificación. Esto ha generado en las grandes ciudades de nuestro país
      un crecimiento urbano que no responde a una demanda social real.

      En nuestro medio el uso de suelo que marca la pauta de crecimiento
      urbano es el residencial. Son las áreas residenciales las que se
      expanden sobre el territorio de forma especulativa debido a que, por un
      lado no son producto de una política de vivienda que tenga como fin el
      acceso de los sectores sociales más vulnerables. La oferta inmobiliaria
      que direcciona el crecimiento de las ciudades en nuestro país, responde
      a lógicas de mercado y no parte de un estudio detallado de déficit de
      vivienda, en el cual se ubique de forma clara cuales son los grupos
      sociales a los que tienen que apuntar las ofertas inmobiliarias.
Las tendencias de crecimiento de la ciudad están caracterizadas por la
proliferación de conjuntos habitacionales que niegan la condición de
ciudad, ya que se amurallan para brindar una imagen de seguridad y
exclusividad. Esto ha incrementado la fragmentación urbana y social:
urbana porque las relaciones que establecen estos proyectos con el
conjunto de la ciudad son a través de vías vehiculares, ya que por lo
general se implantan en zonas periféricas de la ciudad; y social porque
al ser concebidas como espacios aislados del entorno generalmente no
favorecen la interrelación social.

Equipamientos:
Generalmente el crecimiento de la estructura edificada con fines
residenciales no prevé áreas destinadas para equipamientos
comunitarios, ni recreativos menos aun culturales, ya que al ser las
inversiones para vivienda de iniciativa privada, su fin es el lucro; por
tanto buscan localizarse en áreas de baja plusvalía para reducir los
costos de inversión, despreocupándose del insuficiente acceso a
servicios y equipamientos que ofertan sus proyectos, aportando en
teoría a la reducción del déficit de vivienda, pero no garantizando calidad
de vida.

Otro de los aspectos que surge como alarmante dentro del esquema
urbano nacional, es la distribución poco equilibrada y por tanto
excluyente de la oferta cultural. Al interior de las ciudades mayores
Quito, Guayaquil y Cuenca, los escenarios que acogen manifestaciones
artístico-culturales se localizan en las áreas centrales de la ciudad.
Dejando fuera de esta lógica de implantación a grandes estratos
sociales que residen en las periferias. Lo mismo sucede a escala mayor,
la actividad cultural en las ciudades intermedias y pequeñas es casi
nula, desconociendo la importancia del arte y la cultura en el desarrollo
social.

Redes de Infraestructura y servicios básicos:
El problema de la cobertura de redes de infraestructura es un aspecto
que ninguna de las ciudades de nuestro país tiene resuelto, sin embargo
el verdadero problema no está simplemente en la dotación de redes de
infraestructura sino en la calidad del servicio, y en la optimización de
rendimientos en el conjunto del área urbana.

Por un lado entonces los municipios tienen el reto de dotar de
infraestructura a una ciudad que se expande sobre el territorio sin límites
claros y sin control alguno, a veces a manera de invasiones de los
sectores populares más vulnerables, con unos costos de habilitación del
suelo que no se justifican si se analiza los bajos rendimientos de
ocupación de la edificación.

En ciudades como Quito que ha sufrido un crecimiento urbano
importante en las últimas décadas la densidad poblacional urbana ha
descendido de 154,93hab. /hec. en 1950 hasta 73.12 hab. /hec. en el
2001; esto nos da una idea de los bajos rendimientos que se producen
        al interior de las ciudades no solo en términos de ocupación de suelo
        sino también en relación a las redes de infraestructura existentes.

        Y por otro lado está la calidad del servicio, que generalmente en
        nuestras ciudades a nivel nacional es lo más deficiente: bajas de voltaje
        inesperados, apagones, agua potable o no por tuberías que han
        cumplido su vida útil, y por tanto se convierten en dañinas para la salud,
        canalización de aguas servidas en mal estado o colapsadas cuando
        existen, entre otros son las condiciones que caracterizan los servicios
        básicos en nuestras ciudades.

        Un factor fundamental en la administración y gestión de las ciudades,
        con una incidencia directa sobre la calidad de vida de los ciudadanos es
        el manejo de desechos sólidos. Este factor se va de las manos de los
        municipios inclusive en las ciudades con un nivel de organización mayor,
        ya que si bien es cierto que el sistema de recolección puede estar
        cubierto en la totalidad del territorio en algunos casos, la disposición
        posterior de los mismos, cuidando reducir el impacto ambiental, es un
        asunto que está lejos de estar controlado por los GADs.

        Finalmente existe otro factor a ser considerado dentro de las
        necesidades básicas de los ciudadanos y tiene que ver con la cobertura
        de internet: La CEPAL(2005) logro determinar que para el año 2002, en
        el caso del área urbana del Ecuador, un porcentaje no mayor al 35% de
        personas, ubicadas en los dos quintiles más pobres, no cuentan con
        servicio telefónico y consecuentemente reducen sus posibilidades de
        acceder a servicios de internet por este medio14

        Espacio público e imagen urbana:
        El espacio público se vacía de sentido, y se configura como el canal de
        conexión entre los lugares privados, perdiendo así no solo su contenido
        político sino también su carácter de escenario de interacción social.

           Las principales restricciones para el acceso universal a
           espacios públicos de encuentro común son el costo, las
           barreras físicas (en el caso de personas discapacitadas), la
           falta de transporte público, la falta de seguridad, la existencia
           de prácticas discriminatorias y la carencia de espacios para
           grupos específicos.
            […]
           La desvalorización del/a otro/a, la negación de la
           interculturalidad, la discriminación de género, étnica,
           generacional, a personas discapacitadas, a ciertas culturas
           urbanas, a extranjeros en general, a personas refugiadas,


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portadoras de VIH/Sida, etc. Ello se refleja en la poca
  presencia de estos grupos en los espacios públicos y en los
  pocos espacios públicos en los que pueden darse encuentros
  entre toda la ciudadanía.
  Se pueden apreciar asimismo procesos de censura y
  criminalización de ciertas prácticas en los espacios públicos.
  […] En este mismo sentido se pueden observar procesos de
  elitización de los espacios públicos.
  Ciertos grupos y sectores experimentan con mayor agudeza
  estas problemáticas. La falta de una oferta diversificada de
  espacios públicos de encuentro y actividades culturales,
  deportivas y recreativas es mayor en zonas rurales y urbano-
  marginales, para extranjeras/os, especialmente refugiados,
  para familias de emigrantes y para migrantes que regresan.
  […]
  Plan Nacional del Buen Vivir, 2009-2013

Algo que generalmente está relegado al final en la lista de prioridades en
las agendas municipales es el espacio público y la imagen urbana, por
considerarlo superficial y secundario comparado con los problemas de
dotación de redes de infraestructura, obras viales, o servicios de salud y
educación. Al respecto y en referencia al espacio púbico y patrimonio, en
el Plan Nacional del Buen Vivir se menciona:

  Otro problema que afecta al uso de los espacios públicos es
  el poco conocimiento del patrimonio cultural y natural
  existente. Los actuales habitantes desconocemos en buena
  medida la enorme biodiversidad del país así como el valioso
  legado arqueológico e histórico que nos dejaron los antiguos
  habitantes. Pese a que en los últimos dos años se han
  desarrollado esfuerzos muy importantes para salvaguardar los
  patrimonios, aún el patrimonio cultural en general está
  deteriorado, la ciudadanía accede poco a él, y hay un amplio
  desconocimiento antropológico. La memoria, tanto colectiva
  como individual es frágil, no tiene sostenibilidad. Asimismo, el
  contacto con la naturaleza es escaso y restringido para los
  habitantes de áreas urbanas.
  […]
  Plan Nacional del Buen Vivir, 2009-2013

Algo que caracteriza a las ciudades del Ecuador en mayor o menor
medida es el nivel de deterioro en términos de imagen urbana que
ofrece el espacio público. Contaminación visual producida por el
cableado eléctrico, publicidad que reviste los edificios ocultando y
minimizando la arquitectura, deterioro de fachadas por smog, desorden
e indefinición del perfil urbano, entre otros son los factores que hacen
del espacio público un lugar agresivo, sobrecargado de actividades
comerciales en el caso de las ciudades grandes e intermedias e
inhóspito e inseguro y en las ciudades pequeñas carente de identidad.

El espacio público queda reducido así al espacio residual de conexión
que deja la localización de las áreas privadas, exaltando el significado
meramente utilitario como espacio de flujos vehiculares y en menor
medida peatonales, y olvidando la importancia vital que conlleva el
espacio público en la construcción de ciudadanía, al ser el espacio de
encuentro e interacción social, donde se manifiesta la vida común de la
sociedad.




   Avenida de las Américas: vehículos que se estacionan en las veredas para ser atendidos.
                                 Diario EL TIEMPO, Cuenca
                                       Mayo del 2011.


Áreas verdes y paisaje:
Otro de los componentes olvidados y en estrecha relación con el
anterior, son las áreas verdes que desaparecen de forma progresiva de
las ciudades favoreciendo la edificabilidad, con una incidencia directa
sobre la calidad medioambiental ya que la vegetación cumple algunos
roles dentro de las ciudades, por un lado sirve de pulmón a las áreas
urbanas a través de la absorción de CO2 y renovación del oxígeno que
producen las especies vegetales, por otro lado la presencia de área
verdes aumentan la capacidad de absorción del suelo, favoreciendo así
la filtración del agua, además son el hogar de especies animales e
insectos que ayudan al equilibrio ecológico del ambiente, y finalmente
cumplen un rol paisajístico que contribuye a la conformación de un
hábitat de calidad.

Por otro lado las áreas verdes pueden configurarse como espacios de
recreación activa y pasiva, importantes en el desarrollo social. A pesar
de esto el porcentaje de áreas verdes en las ciudades grandes e
intermedias cada vez es menor y de menor calidad. Los índices de áreas
verdes en ciudades como Quito y Guayaquil no llegan a los 10m2 por
habitante, y no forman un sistema coherente que se organiza en función
de la cobertura que puede brindar a la comunidad sin obligar a que se
produzcan grandes desplazamientos internos desde las áreas de
residencia hacia las áreas recreativas.
c. EL ROL DEL PATRIMONIO EN EL DESARROLLO URBANO Y EN LA
       ECONOMIA DEL TERRITORIO

En nuestro medio la problemática de los centros históricos tiene dos
consecuencias igualmente nefastas para el patrimonio, y están relacionadas a
la escala de las ciudades donde se localizan estas centralidades. Por un lado
están las ciudades grandes que como ya hemos mencionado se convierten en
atractoras de población migrante que se localiza en las zonas de bajo costo, al
alcance de sus posibilidades económicas, estas áreas generalmente son los
centros históricos15 o las periferias de la ciudad. Por otro lado está el
fenómeno de abandono de las áreas históricas que generalmente tiene lugar
en las ciudades intermedias y sobre todo pequeñas.
En ambos casos los efectos sobre el patrimonio son de gran impacto, puesto
que en el primero, la llegada de la población migrante sin políticas que
acompañen el proceso, y con una legislación débil en términos de ocupación
de las áreas históricas, tienen como consecuencia factores negativos de tipo
urbanístico y social; por un lado la estructura urbana sufre un proceso de
transformación espontanea para adaptar la arquitectura a las nuevas
demandas sociales y aparecen añadidos que modifican la tipología histórica y
generan una sobre ocupación del suelo con las consecuencias ambientales16 y
sociales que eso implica.
El impacto social de esta transformación urbana es la tugurización, entendida
como la disminución de los índices de habitabilidad. Este factor de
hacinamiento poblacional generalmente está acompañado de condiciones de
habitabilidad precarias, producto de la intervención espontanea, que genera
ambientes sin ventilación e iluminación natural, con problemas de humedad por
la precariedad de las instalaciones etc, poniendo en riesgo no solo la
integralidad del patrimonio edificado sino y sobre todo el bienestar de los
habitantes.
En el segundo caso ligado al abandono, el efecto de deterioro es similar y
quizá más acelerado y con un costo mayor para el estado, puesto que al
encontrarse estos bienes en abandono, existe una variable de bajo rendimiento
de la estructura edificada que puede ser cuantificada, ya que son inmuebles
dotados de servicios básicos, de recolección de basura, que tienen
abastecimiento de transporte etc, cuyos costos son asumidos por la
municipalidad y por tanto, por la ciudadanía a través de los impuestos.
La problemática descrita ha llevado a reflexionar sobre cómo manejar las
centralidades históricas de tal forma que se conserven sus valores urbanos,
arquitectónicos y artísticos, todos ellos ligados a la estructura física de las
áreas históricas, descuidando el factor cultural que sobre este se desarrolla.



  En el caso de Quito los grupos migrantes se ubican en el área de transición, no en el núcleo
central de mayor valoración patrimonial que tiene un rol turístico y político administrativo, y que
ha expulsado de su interior el uso residencial.
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Los planes de recuperación de las áreas históricas han sido conceptualizados
como operaciones urbanísticas aisladas en algunos casos, de recuperación de
inmuebles individuales, otorgando valor a la estructura física en función de
cierta argumentación histórica elitista, como por ejemplo la casa de algún
prócer de la independencia, o personaje importante del periodo republicano,
hecho histórico que legitima y justifica la inversión pública en la recuperación
de dicho inmueble; pero que deja fuera de las intervenciones de recuperación,
a todo un conjunto de bienes que a pesar de no tener un hecho histórico
singular como referencia, forman parte del conjunto urbano mayor igualmente
importante y digno de ser preservado.
Al tener este tipo de aproximación al patrimonio, donde se prioriza la inversión
en función del grado de significación histórica que se atribuye a los bienes,
siempre desde una óptica “cultural” elitista, se convierte en un reto para las
administraciones municipales la sostenibilidad económica que garantice que el
bien recuperado, generará recursos que posibiliten su mantenimiento posterior.
Así pues se requiere de mecanismos de financiamiento que generalmente
provienen del sector privado o de asociación público-privado, lo que lleva
implícito un cambio de uso del bien, desde el residencial hacia un uso que
genere recursos económicos, (generalmente comercio o servicios con enfoque
turístico), y por tanto un recambio poblacional, ya que al no ser programas de
recuperación integral de las centralidades históricas, entendiendo la
integralidad como la conservación de todos los valores y actividades
relacionadas con la estructura física, sus mecanismos de aplicación no prevén
la conservación de la población residente, dando paso a la gentrificación.
La elitización es el tercer fenómeno que ataca a los centros históricos, y que se
da por la incapacidad de las autoridades encargadas de la gestión del
patrimonio, de dotar de contenidos sociales y réditos a largo plazo a los
procesos de rehabilitación de las áreas centrales, aplicando transformaciones
desde el punto de vista funcional que vacían a los centros históricos de los
usos residenciales y plantean una problemática de especialización ligada a los
servicios, el comercio, y el turismo, generando con ello un bajo rendimiento de
la estructura urbana en horas de la noche, y por tanto volviéndolos inhóspitos e
inseguros cuando los servicios y comercios cierran.
Toda esta problemática descrita en párrafos anteriores, tiene un factor común,
que no diferencia la escala de las ciudades, y actúa de igual manera,
legitimado a través de un discurso modernizante, muchas veces desde las
mismas autoridades estatales en los diferentes niveles de gobierno, como
agente degradante de las áreas históricas. Se trata del factor especulativo del
manejo del suelo.
El suelo en nuestro medio, como en la mayoría de los países que funcionan
bajo una economía capitalista, está considerado como objeto de intercambio
que se rige bajo las leyes del mercado, esto posibilita que el mercado
inmobiliario aplique presiones para la habilitación de nuevos suelos urbanos
sobre las periferias de bajo costo, donde desarrolla proyectos de vivienda
generalmente bajo el concepto de conjunto habitacional, marcando un divorcio
con el tejido urbano existente y aislándose en su interior.
Este desarrollo periférico atrae los grupos sociales que habitan en el centro
histórico, el cual, por falta de voluntad política y de inversión, entra en procesos
de deterioro, volviéndose poco atractivo y por tanto, perdiendo la capacidad de
mantener a la población que lo habita brindando condiciones de habitabilidad
aceptables, quienes al no tener vínculos afectivos que les hagan permanecer
en este lugar, y seducidos por la idea de “modernización y exclusividad”, optan
por abandonar el centro y dirigirse a las nuevas zonas de expansión urbana.
Es en este factor donde se encuentra el vinculo estructural que permite
entender que la conservación y revitalización de los centros históricos no
puede ser entendida fuera del manejo de desarrollo urbano general, puesto
que mientras el mercado inmobiliario y la especulación del suelo sean los que
direccionen el desarrollo urbano, cualquier intento de recuperación de la
centralidad histórica claudicara sin mayores resultados, en términos
económicos, sociales y urbanísticos.
A partir de esta reflexión, se convierte en una necesidad prioritaria organizar el
territorio direccionando el desarrollo urbano de forma sostenible; y es en esta
sostenibilidad, donde el patrimonio entendido como la ciudad existente y sobre
todo la ciudad histórica, cumple un papel clave, ya que está dotada de redes
de infraestructura, sistemas viales, equipamientos comunitarios, generalmente
concentra actividades político-administrativas y es el escenario de encuentro
multicultural, donde se ratifica y evidencia el contacto con los otros, ya que
acoge diversos grupos humanos provenientes de distintos lugares del país,
pero también atrae a turistas, por ser el origen del asentamiento que aún
conserva rasgos identitarios, volviéndolo atractivo para el visitante que valora lo
autentico.
Todos estos factores ubican a la ciudad histórica en una posición aventajada
en relación a los nuevos desarrollos urbanos, generalmente ubicados en las
periferias, desprovistos de equipamientos y servicios, desarticulados del
sistema de transporte urbano, y con poca identidad urbana y arquitectónica,
porque no surgen desde una lógica de integración al tejido existente en la
ciudad, sino mas bien como conjuntos aislados y amurallados que buscan
excluirse, amprados en un falso discurso de seguridad y exclusividad.
Esto nos hace pensar que el manejo de los centros históricos y la definición de
políticas sobre este, no pueden ser autónomas y marginadas de la política
económica y territorial general, solo si las disposiciones para la tutela del
patrimonio histórico, artístico, cultural y ambiental proceden contextualmente
con toda una serie de intervenciones profundamente reformadoras de las
actuales orientaciones económicas y urbanísticas, el patrimonio cultural tendrá
posibilidades de recuperar su rol dentro del sistema urbano, como una
centralidad que concentra equilibradamente, residencia y servicios,
manteniendo su vitalidad y poder de atracción fuera del enfoque netamente
turístico.
La rehabilitación de los centros históricos, de forma integral es decir rescatando
la estructura física y todos los valores, funciones, y actividades que ha
acumulado a lo largo del proceso de desarrollo urbano, priorizando el uso
social del patrimonio, más una articulación adecuada al sistema de
centralidades urbanas a lo largo del país, requieren de una solida voluntad
política de ordenamiento territorial que considera a los centros urbanos
existentes como elementos pertenecientes a sistemas poli-céntricos integrados
entre sí, con el fin de disminuir, por un lado, las presiones de acción terciaria y
trasformación direccional del centro histórico, y por otro individualizar dentro del
ámbito nacional, un rol preciso a representar, en base a las vocaciones
territoriales presentes sin modificar las funciones especificas que se atribuye al
centro histórico.
“Desde esta perspectiva es necesario afrontar con mayor rigor el problema de
la definición de centro histórico como asentamiento donde están presentes
edificios, organismos, hombres y ambientes que se pretenden conservar –física
y socialmente- y en el cual es necesario que estén también presentes vínculos
y normas de tipo jurídico en oposición y como alternativa al funcionamiento
normal del mercado.”17
Pensar y actuar a favor del patrimonio implica romper con la política urbanística
que a la par de la indiscriminada expansión de la construcción privada y
especulativa, fomentada por el mercado inmobiliario, busca entre otras cosas,
el aumento de las zonas degradadas y ruinosas en el interior del tejido urbano
consolidado; fomentando directa o indirectamente la degradación como
condición y fase inicial para la destrucción de los centros, la marginación de la
clases menos pudientes y el alejamiento de las actividades menos rentables18.
La centralidad histórica puede y debe constituirse como el punto de partida
para romper la lógica de desarrollo urbano que ha producido la crisis
urbanística a nivel nacional y ha generado al interior de las ciudades paisajes
urbanos caóticos e impersonales.
“Solo se puede pensar en resolver esta crisis urbana eliminando las causas
que la ha originado; y, en este sentido, el centro histórico no representa
únicamente un bien cultural, sino también un notable bien económico y
urbanístico que se debe conservar, intentando recuperar nuevamente su valor
original como estructura portante del territorio.”19, e incidiendo de esta manera
sobre el factor especulativo del suelo.
Las ciudades deben ser entendidas como el escenario que materializa la
inversión social históricamente acumulada, por tanto su manejo requiere
mecanismos de optimización y recuperación que pongan en valor la ciudad
existente evitando el crecimiento especulativo sobre territorio, de nuevos
asentamientos.
El freno al manejo especulativo del desarrollo urbano es la clave para construir
un hábitat equitativo y democrático, donde los derechos sociales, de vivienda,
transporte, salud, educación, cultura etc, se cumplen sin distinción de clase
social ni étnica. Construir ciudades justas que garanticen el buen vivir de
los ciudadanos implica volver la mirada a la optimización de la ciudad
existente, aumentar sus rendimientos, considerando la inversión social
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acumulada en su construcción histórica, como recurso estratégico para evitar
el crecimiento especulativo de la mancha urbana en desmedro de las áreas
agrícolas.
Los rendimiento urbanos tienen que medirse en función no solo de factores
económicos, sino, sobre todo en fusión de factores sociales, es decir, se debe
calcular cual es la capacidad receptiva optima que posee la estructura
edificada existente, en términos de espacio (m2 por habitante) y de dotación de
servicios básicos (capacidad de carga de la infraestructura), y generar políticas
de poblamiento que incrementen el rendimiento de la estructura edificada,
antes de fomentar nuevos áreas de expansión urbana, en desmedro de las
áreas de producción agraria y el entorno natural.
La rehabilitación urbana es un mecanismo técnico-político que permite mejorar
los rendimientos del componente edificado y se basa en dos decisiones
relacionadas entre sí: la primera consiste en la contención de la expansión
urbana en el interior de cada uno de los municipios; la segunda es la
recuperación del patrimonio edificaddo existente, y por tanto también del centro
histórico, junto con la realización de servicios y dotaciones sociales en todo el
territorio20.
Complementariamente cabe señalar que dentro de los principios conceptuales
de la rehabilitación urbana, existe un énfasis en la conservación de los tejidos
sociales que habitan la estructura física, y la llenan de contenidos, es decir
existe un principio innegociable de conservación y uso social del patrimonio, un
rechazo a las acciones urbanísticas que fomentan el recambio poblacional,
modificando los usos sociales por usos comercialmente mas lucrativos.
El dotar a los centros históricos y a la ciudad en general de sostenibilidad
económica y social, implica pensar en mecanismos de planificación y gestión
del territorio, que rompan con ciertas dinámicas, que a pesar de estar
aceptadas en el conjunto de la sociedad, conllevan una serie de inequidades
que se expresan por ejemplo en el acceso a la vivienda, o a los servicios y
equipamientos sociales.
Un ejemplo evidente de estas dinámicas que fomentan inequidades urbanas,
es el problema de la vivienda en nuestro país, que sigue siendo manejado bajo
principios especulativos, debido a que se habla de déficit de vivienda en base a
la tenencia de la misma en propiedad, es decir cuántos hogares ecuatorianos
cuentan con vivienda propia, entendiendo a la vivienda como la unidad aislada
sin tomar en cuenta factores cualitativos y de integración al sistema urbano y
por tanto con acceso a servicios de calidad.
El pensar las políticas de vivienda desde un modelo de tenencia en propiedad
privada, incentiva la acumulación inmobiliaria de los sectores sociales que bien
o mal tienen capacidad de ahorro y acceso a crédito, quienes adquieren
viviendas no necesariamente porque no poseen, sino como una estrategia que
permite complementar la economía familiar. Este hecho aunque legítimo -y de
ninguna manera cuestionable-, pone en evidencia, que con ese enfoque de
producción de vivienda desde el mercado inmobiliario privado, jamás se llegara
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a cubrir los déficits existentes en el país, que están constituidos por los grupos
sociales más vulnerables, los cuales no poseen la mas mínima capacidad de
ahorro y crédito.
Por otro lado están los programas de vivienda del estado, que repiten el patrón
de producción de vivienda, bajo el mismo esquema de crecimiento del parque
inmobiliario privado, en las periferias del tejido urbano de mayor densidad, con
la diferencia de que la localización y las propuestas espaciales de los proyectos
de vivienda generados desde el estado, son de menor calidad que los del
mercado inmobiliario privado, no prevén equipamientos, áreas verdes, espacios
de encuentro, ni se interesan mucho de las posibilidades de articulación a las
principales redes de conectividad a través del transporte público.
La ciudad existente y por tanto los centros históricos por su localización
estratégica, gozan de buena cobertura de servicios básicos, y equipamientos
culturales, buena conectividad a través del transporte público, y están dotados
de espacios públicos que merecen ser recuperados por ser emblemáticos y
referentes claves en la memoria colectiva.
Desde esta perspectiva debe considerarse a las áreas centrales como lugares
óptimos para la generación de políticas de vivienda a través de la rehabilitación
integral de conjuntos urbanos deteriorados, pero con posibilidades de ser
incorporados al sistema urbano general con roles específicos, mejorando así
no solo los rendimientos de la estructura urbana existente, sino sobre todo
fomentando la interculturalidad y la diversidad al interior de la ciudad,
eliminando de esta manera la segregación socio-espacial que ha localizando
históricamente, a los sectores populares más vulnerables en las periferias
carentes de servicios y conectividad o en los centros deteriorados, tugurizados
y con pocas posibilidades de ofrecer calidad de vida.
Bajo estas premisas es necesario pensar en que la ciudad debe consolidarse
antes de generar nuevas expansiones, pero esto no solo implica densificar la
estructura edificada con incrementos de edificabilidad, sino y sobre todo,
pensar en mecanismos de planificación, que nos permitan por un lado cualificar
la estructura edificada existente, las condiciones de habitabilidad que las
viviendas ofrecen, la calidad y accesibilidad al espacio público, el transporte
colectivo, los servicios y equipamientos, para luego generar mecanismos de
gestión que contemplen procesos participativos, en los cuales los ciudadanos
tengan incidencia en la toma de decisiones sobre cuales son las prioridades
sociales que orientan y condicionan las intervenciones. Complementariamente
se debe fomentar créditos blandos donde el apoyo del estado tiene una fuerte
presencia, posibilitando el mantenimiento de la población residente en las
áreas rehabilitadas, y la incorporación de nuevos pobladores que no tengan
acceso a vivienda.
Estas políticas de re-poblamiento de los centros históricos enmarcados en la
rehabilitación urbana integral del territorio, ponen como reto a las autoridades
estatales generadoras de política pública, la re- conceptualización de la política
de vivienda que se aplica a nivel nacional, y que ha excluido la rehabilitación de
la ciudad existente, como mecanismo real de cobertura de los déficits
habitacionales, bajo una lógica de inversión social de largo plazo, que
considera a la vivienda un servicio social.
Eso implica poner en debate el tema de la “propiedad” de la vivienda como
único camino hacia la cobertura de déficits, y apostarle a un esquema que
platee la vivienda bajo régimen de arrendamiento, con posibilidades de
adquisición a costos regulados por el estado como estrategia alternativa al
mercado, y generando mecanismos de adquisición de bienes por parte del
estado a través de los municipios o gobiernos provinciales, para ser puestos a
disposición de los grupos sociales más vulnerables, como vivienda protegida.
La construcción de ciudad bajo principios de equidad territorial, el acceso a
vivienda, la democratización del espacio público, son deudas sociales que aún
conserva el estado, porque no ha asumido con responsabilidad y valentía el
reto de marginar en el proceso de desarrollo urbano, la acción especulativa del
mercado como único mecanismo de hacer ciudad.
La actual coyuntura política brinda las posibilidades de revertir las dinámicas
que hasta el momento han guido el desarrollo urbano; abre una posibilidad de
pensar en los asentamientos humanos, como espacios de convivencia y
equidad, donde los derechos ciudadanos están garantizados, derechos que
van mas allá de los que históricamente han sido objeto de luchas sin
reivindicación, y que Jordi Borja y Zaida Muxí21 los resumen como se cita a
continuación:
   1. Derecho al lugar. La gente tiene derecho a mantener su residencia en el
      lugar donde tiene sus relaciones sociales, en sus entornos significantes.
      O a tener otro de su libre elección. Todas las personas que viven en un
      lugar que han contribuido a construir, en el que están arraigadas y que
      proporciona sentido a su vida, deben poder continuar viviendo en él y
      tienen derecho al re-alojo en la misma área si esta se transforma por
      medio de políticas de desarrollo urbano o de rehabilitación de hábitat
      degradados o marginales. Las autoridades locales protegerán a las
      poblaciones vulnerables que puedan sufrir procesos de expulsión por
      parte de las iniciativas privadas.
   2. Derecho al espacio público y a la monumentalidad. En la ciudad actual
      existen fuertes dinámicas desequilibrantes que tienden a hacer de ella
      un conjunto de espacios de geometría variable y de territorios
      fragmentados (física, social y administrativamente), difusos y
      privatizados. El espacio público es, o puede ser lo opuesto, una de las
      condiciones básicas para la justicia urbana, un factor de redistribución
      social, un ordenador del urbanismo de vocación igualitaria e integradora.
      Todas las zonas de la ciudad deben estar articuladas por un sistema de
      espacios públicos y dotadas de elementos de monumentalidad que las
      den visibilidad e identidad. Ser visto y reconocido por los otros es una
      condición de ciudadanía: se puede ser plenamente ciudadano cuando
      los otros te ven y te reconocen, cuando conoces tu lugar y cuando cada
      uno puede decir con orgullo el lugar donde vive.
   3. Derecho a la belleza. El lujo del espacio público y de los equipamientos
      colectivos no es despilfarro, es justicia. Los programas públicos de
      vivienda, infraestructuras y servicios deben incorporar la dimensión

  
   
‘”†‹ › A ƒ‹†ƒ   •’ƒ…‹‘ ’ï„Ž‹…‘ …‹—†ƒ† › …‹—†ƒ†ƒÀƒ   ƒ”…‡Ž‘ƒ
estética como prueba de calidad urbana y de reconocimiento cívico.
   Cuanto más contenido social tiene un proyecto urbano, más importante
   son la forma, el diseño, la calidad de los materiales...La estética del
   espacio público es ética.
4. Derecho a la identidad colectiva dentro de la ciudad. La organización
   interna del espacio urbano debe facilitar la cohesión sociocultural de las
   comunidades (barriales, de grupos de edad, étnicas, etc.). La integración
   ciudadana es más factible si las personas están también insertas en
   grupos referenciales próximos. No es comunitarismo, es reconocer el
   derecho al patrimonio cultural de cada colectivo social y favorecer la
   solidaridad de grupo y su aceptación en la sociedad urbana. Lo cual
   requiere ser reconocido como grupo, es decir expresar fuerza colectiva.

5. Derecho a la movilidad y a la accesibilidad. Hay que tender a igualar las
   condiciones de acceso a las centralidades y la movilidad desde cada
   zona de la ciudad metropolitana. Estos derechos son hoy indispensables
   para que las llamadas libertades urbanas o posibilidades teóricas que
   ofrece la ciudad sean realmente utilizables. El derecho a moverse con
   facilidad por la ciudad metropolitana debe universalizarse, no reservarse
   a los que disponen de vehículo privado. Y cada parte de la ciudad debe
   ser accesible, visible e interesante por alguna razón para el resto. El
   derecho a la movilidad teniendo en cuenta la heterogeneidad de las
   demandas y de los movimientos de la población requiere hoy una oferta
   pública muy diferenciada.

6. Derecho a la centralidad. Todas las áreas de la ciudad metropolitana
   deben poseer lugares con valor de centralidad y todos los habitantes
   deberían poder acceder con facilidad a diversos centros urbanos o
   metropolitanos. En la ciudad metropolitana la articulación de los centros
   viejos y nuevos, el acceso y la recalificación de los centros históricos no
   solo de la ciudad central sino también de las áreas periféricas, la
   creación de nuevas centralidades polivalentes en sus funciones y mixtas
   en su composición social son elementos consustanciales de la
   democracia urbana. Las centralidades marcan las principales diferencias
   entre las ciudades.
7. Derecho al acceso y al uso de las tecnologías de información y
   comunicación. Las administraciones públicas no solo deben proteger y
   garantizar este derecho en todos los ámbitos, sino también utilizar las
   TIC (tecnologías de la información y comunicación) para democratizar
   realmente el acceso de todos a los servicios de interés general. Derecho
   al uso social de las actuales tecnologías de información y comunicación,
   especialmente en las relaciones con las Administraciones públicos (por
   ej. ventanilla única, consultas y gestiones a través de Internet). Barrios y
   viviendas tienen, todos, derecho al cableado. Los gobiernos locales
   deben así mismo facilitar el acceso gratuito a Internet, la formación de
   los usuarios y la constitución de redes ciudadanas.

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  • 1. PONENCIA PARA EL TALLER DE DESARROLLO URBANO 23 Y 24 DE NOVIEMBRE 2011 MESA DE PATRIMONIO TEMA: EL ROL DEL PATRIMONIO EN EL DESARROLLO URBANO Y EN LA ECONOMIA DEL TERRITORIO PONENCIA PAREDES Cortez Rubén Arq. HERDOIZA Jacobo Arq.
  • 2. DESARROLLO URBANO Y PATRIMONIO a. INTRODUCCION La crisis ambiental y los asentamientos humanos La crisis ambiental es un problema que ha sido reconocido a escala global por el conjunto de las naciones, que en mayor o menor medida se han visto afectadas por sus efectos. La crisis se evidencia a escala planetaria, en tres problemas macro ecológicos: El cambio climático y el efecto invernadero, La destrucción de la capa de ozono La pérdida de la biodiversidad Si bien existen criterios que argumentan que estos problemas, sobre todo el primero y el segundo, obedecen a fenómenos naturales históricamente comprobados1 y no necesariamente a la acción del hombre, existe un consenso a nivel planetario en ubicar al hombre como el responsable de la crisis ambiental, ya que es este quien ha determinado el manejo de los recursos naturales, guiado por patrones de consumo que han puesto en evidencia la insostenibilidad de un modelo de desarrollo que plantea una relación desequilibrada entre las demandas sociales y la disponibilidad de recursos, generando una depredación sistemática desmesurada de su entorno biofísico circundante y de cada uno de los recursos naturales que soportan nuestro sistema de vida. Esta destrucción sistemática y progresiva del ambiente se hace evidente si observamos con detenimiento las huellas que el hombre deja sobre la naturaleza, en la búsqueda de “desarrollo”: contaminación atmosférica, deforestación, erosión y desertificación del suelo, pérdida de biodiversidad, contaminación de agua, son algunos de los testimonios negativos que el hombre deja sobre el medio que habita. Estas marcas sobre la naturaleza, se hacen más evidentes mientras más grande es la aglomeración humana sobre el territorio; así, las grandes ciudades aparecen como organismos con una producción y consumo de gran escala, que marcan de forma radical el territorio debido al alto grado de dependencia de las áreas circundantes productoras de materias primas. Al ser el hombre y sus relaciones con el medio, es decir su modo de vida, el que determina la crisis ambiental, es importante aproximarnos a las aglomeraciones humanas y sus asentamientos sobre el territorio a diferentes escalas y jerarquías (pueblos, ciudades, metrópolis, etc.) para entender como estas inciden sobre el medio ambiente y como la problemática ambiental tiene una estrecha relación con la escala y la densidad tanto poblacional como de actividades de los asentamientos humanos. 1 ARROYO ILERA Fernando, CAMARERO BULLON Concepción y VASQUEZ VARELA Carmen. Análisis de los problemas medioambientales. En: BALLESTEROS, Jesús y PEREZ ADAN, José. Sociedad y medio ambiente. Madrid: Trotta, 1997. pág. 56 -59
  • 3. Son los asentamientos humanos concentrados (las ciudades) los que históricamente han receptado no solo grandes grupos humanos sino también una fuerte intensidad de actividad económica, política y cultural, con un creciente impacto sobre el medioambiente, en la medida en que desde mediados del siglo pasado el éxodo campo ciudad se ha incrementado de forma sostenida: en 1950 el 29% de la población mundial era urbana; en 1965 paso a ser el 36%, el 50% en 1990 y hacia el 2025 podría ser el 60%.2 Por otro lado el número de ciudades con población superior a un millón de habitantes incrementó de 17 en 1900 a 388 in 2000. “Las ciudades actuales consumen tres cuartas partes de la energía mundial y provocan al menos tres cuartas partes de la contaminación total…Los recursos consumidos por una ciudad pueden medirse en términos de la huella ecológica que dejan un área dispersa por todo el mundo, las huellas ecológicas de las ciudades ya cubren virtualmente todo el planeta y mientras los núcleos urbanos aumentan el consumo, crece la competitividad por disponer de mayor cantidad de recursos. Su expansión se está produciendo al mismo tiempo que la erosión de las tierras fértiles, mares y bosques húmedos vírgenes. Dada esta limitación de subsistencia es preciso reducir y circunscribir el efecto dramático que para la ecología ejercen los trazados urbanos.”3 Si las ciudades están minando el equilibrio ecológico es porque los ciudadanos han adquirido pautas de comportamiento social consumista, guiados por estereotipos socioculturales de estatus, ligado al consumo y la acumulación ilimitados. Por otro lado la consolidación de un modelo económico extractivista y desarrollista, llevará sin duda al colapso del planeta por no poder asegurar su capacidad de regeneración. Estas pautas de comportamiento generalmente se desarrollan en los países de economías fuertes y son difundidas de forma global a través de los medios de comunicación, como el modelo a seguir, con resultados desastrosos en los países en desarrollo desde un enfoque social, económico, cultural y ambiental. “Las ideas dominantes de desarrollo han generado una monocultura que conlleva la invisibilidad de la experiencia histórica de los diversos pueblos que son parte fundante y constitutiva de nuestras sociedades.”4 Este modelo de desarrollo junto a la imposición de patrones culturales consumistas, ha ocasionado un modelo de ciudad zonificada por sus funciones con áreas de oficinas en el centro, centros comerciales y de ocio en las afueras y barrios residenciales periféricos conectados por autopistas; consolidando así un modelo que responde a criterios de mercado de promotores comerciales e inmobiliarios, con costos económicos y sociales elevados e insostenibles. 2 ROGERS, Richard, “Ciudades para un pequeño planeta”, Editorial Gustavo Gili, segunda edición, Barcelona 2001 ROGERS, Op. Cit. Pag. 32 SENPLADES, Plan Nacional del Buen Vivir. 2009 – 2013
  • 4. Vista aérea de la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura. Dispersión urbana de baja densidad. Fuente: Flickr Galería de Touribarra 2010. La dispersión de los asentamientos humanos, genera bajos rendimientos urbanos en relación a las densidades poblacionales que recepta, esto implica una subutilización de la infraestructura existente en las áreas centrales, desconociendo la inversión social acumulada históricamente, a favor del crecimiento expansivo de la ciudad, que responde a intereses especulativos de manejo del suelo y la estructura edificada. Esta forma de hacer ciudad genera, por un lado, la depredación de suelos productivos y la dispersión y erosión social, ya que produce una atomización urbana que implica grandes desplazamientos en el territorio para acceder desde las zonas residenciales hasta las zonas centrales que generalmente acogen las funciones económicas y de servicios. Las ciudades latinoamericanas han seguido este modelo de crecimiento urbano caduco en gran parte del mundo desarrollado, y han generado esquemas territoriales de segregación socio espacial caracterizados por el aparecimiento de zonas periféricas tugurizadas, con bajos niveles de cobertura de servicios de infraestructura y equipamientos, aislados desde el punto de vista de la conectividad con las áreas centrales, ya que generalmente carecen de servicios de transporte público que los integre al sistema urbano, hábitats que no cumplen con las condiciones mínimas de habitabilidad y que segregan socialmente a los grupos humanos que de forma ilegal ocupan estos territorios. Sin embargo cabe señalar que la urbanización no es necesariamente negativa para los ecosistemas. Si no se rompe el equilibrio entre población, recursos y medioambiente, se puede conseguir ecosistemas urbanos inclusive más diversos que algunos monocultivos rurales; esto nos hace pensar que las ciudades manejadas de forma inteligente pueden garantizar niveles de vida elevados por la acumulación de tecnología, bienes y servicios, en un entorno equilibrado, donde el componente de vegetación, suelo, aire y agua no sufran procesos de depredación o contaminación que superen la capacidad de carga de los sistemas naturales que soportan las ciudades. “La ciudad ha posibilitado
  • 5. una acumulación de capital y una concentración demográfica que ha hecho factible un incremento de la creatividad social.” Esto conduce a pensar que las ciudades delimitadas territorialmente, con densidades optimas en términos de ocupación de suelo, que establezcan capacidades receptivas en función de índices de habitabilidad adecuados, posibilitaran la configuración de asentamientos humanos concentrados que aumenten el rendimiento energético, reduzcan consumo de recursos, produzcan menos polución y no se expandan de forma descontrolada sobre el territorio en desmedro del paisaje rural. Por otro lado, esta definición física de las ciudades debe complementarse con la categorización y jerarquización de las mismas, que permitan definir los roles territoriales que estas cumplen dentro de un sistema urbano articulado, que promueva un desarrollo equitativo de regiones por complementariedad, identificando, reconociendo y potenciando las vocaciones territoriales existentes desde el punto de vista económico, social, cultural y político. b. LA PROBLEMÁTICA EN ECUADOR Perspectiva histórica del desarrollo urbano en el Ecuador El poblamiento del territorio ecuatoriano responde a un largo proceso histórico de asentamiento de humanos, que se localizan en base a criterios selectivos en relación a las características que la naturaleza ofrece. “La distribución de la población en el territorio esta tan directamente relacionada con elementos naturales que podemos hablar de factores geográficos de poblamiento.”6 Bondades topográficas, climáticas, de disponibilidad de recursos, y de posibilidad de conexión con fines económico-productivos entre los grupos sociales, son los criterios que han dado las pautas de ocupación territorial en el país en los distintos periodos. Si bien el poblamiento del territorio se remonta a épocas preincaicas, poco queda como testimonio de la organización territorial antes de la conquista española. Se sabe que el territorio ecuatoriano estaba habitado por cacicazgos, y que inclusive previo a la conquista de los Incas, Quito era un centro articulador de la sierra norte. Tras la llegada de los Incas y el establecimiento del Qhapaq Ñan como eje articulador del territorio, se conformaron asentamientos, organizados en función de ayllus y llactas con un manejo de diversos pisos ecológicos e intercambios regionales para el abastecimiento de productos. Se conformó un sistema jerarquizado desde el Cuzco hacia Quito, pasando por Cuenca, y relacionando lo que actualmente son las capitales provinciales. Cada uno de estos asentamientos cumplía funciones diferentes; eran utilizados como tambos, yanaconas o mitimaes. Los españoles fundan ciudades sobre estas estructuras incaicas y preincaicas.7 BAIGORRI, Artemio, De lo rural a lo urbano, V Congreso Español de Sociología – Granada, 1995. DUBLY, Alain, “Los poblados del Ecuador”, corporación editora nacional , Quito 1990 SENPLADES, Plan Nacional del Buen Vivir.
  • 6. La colonia planteo un esquema territorial totalmente diferente al que se había desarrollado en Ecuador incaico, y es que la configuración territorial impuesta por los españoles respondía a intereses metropolitanos de dominación y control. La apropiación del territorio por parte de los españoles puede analizarse al menos en tres momentos: Un inicial (1534-1563) de exploración del territorio y fundación de ciudades donde el trazado de las calles en damero a partir de la plaza central y la repartición de solares a los vecinos fundadores eran el acto que legitimaba la acción de conquista. Un segundo momento (1563-1650) que gira en torno a la consolidación de la actividad minera – textil que configura un esquema territorial donde predomina la ciudad sobre el campo, ya que esta concentra las instituciones de poder político, económico, ideológico y militar, pero con un amplio dominio sobre un territorio mayor, así “las ciudades fundadas asumen la cualidad funcional de ser los centros de control y desarrollo urbano-regional.”8 Esto configura un eje de interrelación socio-productiva regional que se desarrolla sobre todo en la sierra, determinando una trama aislada de ciudades con poca relación interurbana y baja densidad poblacional tanto en el conjunto del territorio como en los centros poblados, configurando una formación regional desigual e inconexa. El tercer momento (siglos XVII y XVIII) se desarrolla a partir del viraje de las actividades minero-textil como los puntales de soporte económico productivo de la real audiencia, hacia una economía basada en la producción agropecuaria, dando origen al surgimiento de la hacienda latifundista serrana como la unidad productiva básica. La conformación urbana resultante al final del periodo colonial nos muestra una red de ciudades, con una tendencia marcada hacia la profundización de los desequilibrios y desigualdades regionales…El litoral no tuvo significación alguna. La concentración del poder político en la capital…y el desarrollo predominantemente de la minería primero, y de la agricultura cerealera más tarde, habían dejado a la región litoral sin medios propios de desarrollo.9 A pesar de que esta conformación urbana se mantuvo y se consolidó en el periodo republicano cabe señalar que la producción del cacao a mediados del siglo XVII, tomaba fuerza, y se visualizaba a futuro como una fuente de riqueza a través de su exportación; esto genero una atracción poblacional que produjo movimientos migratorios sierra-costa, que se acrecentaron con la ruptura del orden colonial y la independencia, debilitando las estructuras burocráticas y de poder en la sierra y fortaleciendo a las ciudades ligadas a la actividad comercial de agro-exportación en la costa, redefiniendo así las funciones urbanas. Sin embargo es en el periodo republicano donde se desarrolla con fuerza el proceso de urbanización del país debido a que el modelo de agro-exportación establecido permite la integración regional sierra-costa, posibilitando un rápido crecimiento urbano-regional y una más estrecha articulación entre ciudades debido a que se construyeron importantes obras de infraestructura, entre las CARRIÓN, Fernando, Evolución del espacio urbano ecuatoriano A†‡
  • 7. cuales destaca la red ferroviaria nacional (1910), se amplía la frontera agrícola, se intensifica la producción, se favorecen las relaciones mercantiles etc. A nivel interurbano se promueve la dotación de servicios y equipamientos principalmente en Quito y Guayaquil ratificando así el poder económico de las minorías terratenientes, que fueron beneficiarias de las obras emprendidas por el gobierno. Así, en la Costa, gracias a las nuevas interconexiones producidas por la llegada del ferrocarril se desarrollaron los asentamientos de Santa Elena, Milagro, El Triunfo, Santa Rosa, Arenillas y Piedras, evidenciando el crecimiento de la trama urbana. Así también aparecieron algunos asentamientos en la Costa Norte, vinculadas a la agro-exportación y el comercio, como Quinindé y Santo Domingo. La vialidad por caminos de herradura, en la Sierra, canales de transporte fluvial en la Costa, vinculados con la explotación agrícola, y vías férreas, se consolidaron con los proyectos de traspaso de cordillera, planteados en la época de García Moreno.10 Esta tendencia tiene un giro a partir de 1920, debido a la caída de las ventas de cacao que habían empezado su declinación a partir de 1914 con el inicio de la primera guerra mundial y el cierre del puerto de Hamburgo por donde entraba a Europa gran parte del cacao ecuatoriano. Esta crisis que se veía reflejada en la descomposición de la hacienda serrana y en la ruina de las plantaciones cacaoteras, genera un movimiento migratorio rural-urbano, desde el campo hacia las dos ciudades que se habían desarrollado en el auge económico cacaotero. Quito y Guayaquil soportan entonces un incremento poblacional que rebasa la capacidad que estas ciudades habían desarrollado, generando problemas ligados al paulatino empobrecimiento de las masas urbanas que se ven obligadas a ubicarse formando tugurios insalubre, carentes de servicios básico, en la zona central de la ciudad en el caso de Quito, y en las periferias de Guayaquil formando suburbios. El fortalecimiento de un nuevo producto de exportación el banano en la década del 50, incentiva la urbanización en el conjunto del país de la siguiente manera: “a) el fortalecimiento de la bicefalia urbana que se venía configurando desde épocas pretéritas, con base al crecimiento poblacional de Quito y Guayaquil, paralelo al crecimiento urbano global del país; b) El alto dinamismo que adquiere la costa, particularmente las ciudades intermedias, unas nacidas en el periodo cacaotero y otras originarias de esta época; y c) el estancamiento relativo de las ciudades de la sierra. (Larrea, 1983:60 y ss.)”11 Paralelamente al crecimiento de las ciudades intermedias que sirven de apoyo al modelo agro-exportador, se da un crecimiento importante en las dos principales ciudades del país, a nivel interior: en Quito las obras urbanas que destaca son: la pavimentación y habilitación de las avenidas Patria, Orellana, y SENPLADES, Op. Cit. CARRION, Op. Cit.
  • 8. 12 de Octubre. Se iluminan los parques de la Alameda, el Ejido y la Recoleta. La producción inmobiliaria en este período es uno de las actividades que dinamizaba la economía de la capital, esta se dio gracias a la inversión de empresas privadas de capitales extranjeros sobre todo norteamericanos, en asociación con pequeños capitales nacionales, en el marco de la “Alianza para el Progreso.” Casi de forma paralela a mediados de los 50 y en la década del 60 el país emprende carrera hacia la industrialización del estado direccionando recursos económicos y financieros nacionales e internacionales al fortalecimiento de este fin; a esto se añade un paquete de reformas políticas de reajuste a la economía: Ley de reforma Agraria, Ley de fomento industrial, ley de reforma tributaria etc. Esto profundizo el proceso de urbanización del país, e incremento el crecimiento de las ciudades principales. En Quito, el emprendimiento de programas de vivienda que fueron llevados a cabo por Multinacionales que “exportaban capitales y tecnología para alimentar procesos industriales en los países satélites”12. Así la Mutualista Pichincha en representación de la firma norteamericana “INTERNATIONAL CONSTRUCTION CO.” ofertaba programas de vivienda con préstamos hipotecarios a 20 años plazo. Los programas de vivienda, estaban dirigidos en la mayoría de los casos a los sectores económicos medios, que eran quienes tenían la posibilidad de ahorro para vivienda A partir de los 70 gracias a los excedentes que dejaba el boom petrolero el proceso de urbanización se acelera de manera exponencial sobre todo en las principales ciudades del país. Las ciudades mayormente beneficiadas son aquellas de porte medio y grande, que cumplen con roles político administrativos de importancia (capitales provinciales y/o cantonales) y que tienen alguna significación económica regional o nacional. Quito absorbe gran parte de los recursos petroleros y sufre un proceso de desarrollo urbano especulativo, incentivado por una serie de obras viales que posibilitaron la expansión de la ciudad hacia el norte y el sur de forma fragmentada. Proceso histórico de crecimiento de la ciudad de Quito. Fuente: Corporación Instituto de la Ciudad ELABORACIÓN: MCP. ACHIG Lucas, El proceso urbano de Quito, Ediciones CAE-CIUDAD, Quito-Ecuador 1983,
  • 9. Como podemos ver el proceso de evolución histórica de los asentamientos humanos en el Ecuador tienen una estrecha relación con el modelo económico de desarrollo y las diferentes formas de apropiación de la riqueza. . Así tenemos claramente marcadas las etapas de la agro-exportación de cacao, posteriormente la época bananera, luego un primer proceso de industrialización y, finalmente, una etapa de explotación petrolera.13 El crecimiento urbano del país, entendido como la conformación y consolidación de asentamientos humanos concentrados (ciudades), ha carecido de un modelo de desarrollo urbano que direccione de forma técnica y coherente la urbanización del territorio, bajo principios de inclusión, equidad, y manejo responsable de los recursos eco-sistémicos del país. Esta falta de articulación sistémica del territorio, influye para que actualmente vivamos una crisis urbana que en el Ecuador se expresa en los siguientes aspectos: Crisis de inserción de los sectores populares o crisis social de la ciudad: El patrón de desarrollo urbano descrito anteriormente tiene una fuerte incidencia en el ámbito social, debido a que los desplazamientos migratorios que sierra – costa en primera instancia pero sobre todo rural - urbano llevan implícitos el desarraigo por un lado, y la exclusión de grupos humanos vulnerables debido al bajo nivel de inserción en las dinámicas socioeconómicas de los lugares de destino. La exclusión puede tener dos entradas de lectura: a) por un lado territorial entendido como la localización de los grupos humanos en áreas determinadas generalmente periféricas y con poca articulación al sistema urbano principal, o en zonas centrales tugurizadas con índices bajos de habitabilidad en ambos casos. Generalmente esta localización responde a lógicas de invasión no reconocidas por las autoridades y por tanto privando de beneficios a estos grupos humanos. b) Socio-económico, generalmente los grupos humanos que provienen de movimientos migratorios, no se insertan de forma fácil a las actividades productivas de las grandes ciudades. Por lo general estos grupos pasan a formar parte de una cadena de trabajo informal en el mejor de los casos o alimentan los índices de desempleo y marginalidad de las ciudades. SENPLADES, Op. Cit.
  • 10. Niños lustrabotas en un portal quiteño. Fuente: http://migranviaje.wordpress.com/category/ecuador/ Otro síntoma de exclusión es la estigmatización de los grupos inmigrantes: generalmente la sociedad que recepta a estos nuevos pobladores tiende a trazar líneas de relación directa entre delincuencia y migración. Esto genera una cultura de miedo y rechazo a lo diferente, produciendo reacciones de segregación y rechazo. Crisis de los servicios del sistema intra-urbano: Las ciudades deben garantizar a todos y cada uno de los ciudadanos el acceso indiscriminado a los componentes que forman parte de la trama urbana junto a los servicios que hacen posible el funcionamiento de los subsistemas urbanos. Es decir deben garantizar no solo vivienda y trabajo, ni solo ocuparse de las necesidades elementales en materia de educación salud, sanidad e intercambio, sino también se debe posibilitar a la ciudadanía el disfrute de cualquier actividad cultural, recreativa y creadora al más elevado nivel posible. Ocupación y usos del suelo: Generalmente el desarrollo interno de nuestras ciudades, que como ya hemos visto responde a factores de carácter económico productivo, se ha dado de forma espontánea y hasta cierto punto caótico, carente de planificación. Esto ha generado en las grandes ciudades de nuestro país un crecimiento urbano que no responde a una demanda social real. En nuestro medio el uso de suelo que marca la pauta de crecimiento urbano es el residencial. Son las áreas residenciales las que se expanden sobre el territorio de forma especulativa debido a que, por un lado no son producto de una política de vivienda que tenga como fin el acceso de los sectores sociales más vulnerables. La oferta inmobiliaria que direcciona el crecimiento de las ciudades en nuestro país, responde a lógicas de mercado y no parte de un estudio detallado de déficit de vivienda, en el cual se ubique de forma clara cuales son los grupos sociales a los que tienen que apuntar las ofertas inmobiliarias.
  • 11. Las tendencias de crecimiento de la ciudad están caracterizadas por la proliferación de conjuntos habitacionales que niegan la condición de ciudad, ya que se amurallan para brindar una imagen de seguridad y exclusividad. Esto ha incrementado la fragmentación urbana y social: urbana porque las relaciones que establecen estos proyectos con el conjunto de la ciudad son a través de vías vehiculares, ya que por lo general se implantan en zonas periféricas de la ciudad; y social porque al ser concebidas como espacios aislados del entorno generalmente no favorecen la interrelación social. Equipamientos: Generalmente el crecimiento de la estructura edificada con fines residenciales no prevé áreas destinadas para equipamientos comunitarios, ni recreativos menos aun culturales, ya que al ser las inversiones para vivienda de iniciativa privada, su fin es el lucro; por tanto buscan localizarse en áreas de baja plusvalía para reducir los costos de inversión, despreocupándose del insuficiente acceso a servicios y equipamientos que ofertan sus proyectos, aportando en teoría a la reducción del déficit de vivienda, pero no garantizando calidad de vida. Otro de los aspectos que surge como alarmante dentro del esquema urbano nacional, es la distribución poco equilibrada y por tanto excluyente de la oferta cultural. Al interior de las ciudades mayores Quito, Guayaquil y Cuenca, los escenarios que acogen manifestaciones artístico-culturales se localizan en las áreas centrales de la ciudad. Dejando fuera de esta lógica de implantación a grandes estratos sociales que residen en las periferias. Lo mismo sucede a escala mayor, la actividad cultural en las ciudades intermedias y pequeñas es casi nula, desconociendo la importancia del arte y la cultura en el desarrollo social. Redes de Infraestructura y servicios básicos: El problema de la cobertura de redes de infraestructura es un aspecto que ninguna de las ciudades de nuestro país tiene resuelto, sin embargo el verdadero problema no está simplemente en la dotación de redes de infraestructura sino en la calidad del servicio, y en la optimización de rendimientos en el conjunto del área urbana. Por un lado entonces los municipios tienen el reto de dotar de infraestructura a una ciudad que se expande sobre el territorio sin límites claros y sin control alguno, a veces a manera de invasiones de los sectores populares más vulnerables, con unos costos de habilitación del suelo que no se justifican si se analiza los bajos rendimientos de ocupación de la edificación. En ciudades como Quito que ha sufrido un crecimiento urbano importante en las últimas décadas la densidad poblacional urbana ha descendido de 154,93hab. /hec. en 1950 hasta 73.12 hab. /hec. en el
  • 12. 2001; esto nos da una idea de los bajos rendimientos que se producen al interior de las ciudades no solo en términos de ocupación de suelo sino también en relación a las redes de infraestructura existentes. Y por otro lado está la calidad del servicio, que generalmente en nuestras ciudades a nivel nacional es lo más deficiente: bajas de voltaje inesperados, apagones, agua potable o no por tuberías que han cumplido su vida útil, y por tanto se convierten en dañinas para la salud, canalización de aguas servidas en mal estado o colapsadas cuando existen, entre otros son las condiciones que caracterizan los servicios básicos en nuestras ciudades. Un factor fundamental en la administración y gestión de las ciudades, con una incidencia directa sobre la calidad de vida de los ciudadanos es el manejo de desechos sólidos. Este factor se va de las manos de los municipios inclusive en las ciudades con un nivel de organización mayor, ya que si bien es cierto que el sistema de recolección puede estar cubierto en la totalidad del territorio en algunos casos, la disposición posterior de los mismos, cuidando reducir el impacto ambiental, es un asunto que está lejos de estar controlado por los GADs. Finalmente existe otro factor a ser considerado dentro de las necesidades básicas de los ciudadanos y tiene que ver con la cobertura de internet: La CEPAL(2005) logro determinar que para el año 2002, en el caso del área urbana del Ecuador, un porcentaje no mayor al 35% de personas, ubicadas en los dos quintiles más pobres, no cuentan con servicio telefónico y consecuentemente reducen sus posibilidades de acceder a servicios de internet por este medio14 Espacio público e imagen urbana: El espacio público se vacía de sentido, y se configura como el canal de conexión entre los lugares privados, perdiendo así no solo su contenido político sino también su carácter de escenario de interacción social. Las principales restricciones para el acceso universal a espacios públicos de encuentro común son el costo, las barreras físicas (en el caso de personas discapacitadas), la falta de transporte público, la falta de seguridad, la existencia de prácticas discriminatorias y la carencia de espacios para grupos específicos. […] La desvalorización del/a otro/a, la negación de la interculturalidad, la discriminación de género, étnica, generacional, a personas discapacitadas, a ciertas culturas urbanas, a extranjeros en general, a personas refugiadas, ‘”’‘”ƒ…‹×
  • 13. •–‹–—–‘ †‡ Žƒ ‹—†ƒ† —‹–‘ — …ƒŽ‡‹†‘•…‘’‹‘ †‡ ’‡”…‡’…‹‘‡• ‹†‹‡†‘ Žƒ …ƒŽ‹†ƒ† †‡ ˜‹†ƒ
  • 14. portadoras de VIH/Sida, etc. Ello se refleja en la poca presencia de estos grupos en los espacios públicos y en los pocos espacios públicos en los que pueden darse encuentros entre toda la ciudadanía. Se pueden apreciar asimismo procesos de censura y criminalización de ciertas prácticas en los espacios públicos. […] En este mismo sentido se pueden observar procesos de elitización de los espacios públicos. Ciertos grupos y sectores experimentan con mayor agudeza estas problemáticas. La falta de una oferta diversificada de espacios públicos de encuentro y actividades culturales, deportivas y recreativas es mayor en zonas rurales y urbano- marginales, para extranjeras/os, especialmente refugiados, para familias de emigrantes y para migrantes que regresan. […] Plan Nacional del Buen Vivir, 2009-2013 Algo que generalmente está relegado al final en la lista de prioridades en las agendas municipales es el espacio público y la imagen urbana, por considerarlo superficial y secundario comparado con los problemas de dotación de redes de infraestructura, obras viales, o servicios de salud y educación. Al respecto y en referencia al espacio púbico y patrimonio, en el Plan Nacional del Buen Vivir se menciona: Otro problema que afecta al uso de los espacios públicos es el poco conocimiento del patrimonio cultural y natural existente. Los actuales habitantes desconocemos en buena medida la enorme biodiversidad del país así como el valioso legado arqueológico e histórico que nos dejaron los antiguos habitantes. Pese a que en los últimos dos años se han desarrollado esfuerzos muy importantes para salvaguardar los patrimonios, aún el patrimonio cultural en general está deteriorado, la ciudadanía accede poco a él, y hay un amplio desconocimiento antropológico. La memoria, tanto colectiva como individual es frágil, no tiene sostenibilidad. Asimismo, el contacto con la naturaleza es escaso y restringido para los habitantes de áreas urbanas. […] Plan Nacional del Buen Vivir, 2009-2013 Algo que caracteriza a las ciudades del Ecuador en mayor o menor medida es el nivel de deterioro en términos de imagen urbana que ofrece el espacio público. Contaminación visual producida por el cableado eléctrico, publicidad que reviste los edificios ocultando y minimizando la arquitectura, deterioro de fachadas por smog, desorden e indefinición del perfil urbano, entre otros son los factores que hacen
  • 15. del espacio público un lugar agresivo, sobrecargado de actividades comerciales en el caso de las ciudades grandes e intermedias e inhóspito e inseguro y en las ciudades pequeñas carente de identidad. El espacio público queda reducido así al espacio residual de conexión que deja la localización de las áreas privadas, exaltando el significado meramente utilitario como espacio de flujos vehiculares y en menor medida peatonales, y olvidando la importancia vital que conlleva el espacio público en la construcción de ciudadanía, al ser el espacio de encuentro e interacción social, donde se manifiesta la vida común de la sociedad. Avenida de las Américas: vehículos que se estacionan en las veredas para ser atendidos. Diario EL TIEMPO, Cuenca Mayo del 2011. Áreas verdes y paisaje: Otro de los componentes olvidados y en estrecha relación con el anterior, son las áreas verdes que desaparecen de forma progresiva de las ciudades favoreciendo la edificabilidad, con una incidencia directa sobre la calidad medioambiental ya que la vegetación cumple algunos roles dentro de las ciudades, por un lado sirve de pulmón a las áreas urbanas a través de la absorción de CO2 y renovación del oxígeno que producen las especies vegetales, por otro lado la presencia de área verdes aumentan la capacidad de absorción del suelo, favoreciendo así la filtración del agua, además son el hogar de especies animales e insectos que ayudan al equilibrio ecológico del ambiente, y finalmente cumplen un rol paisajístico que contribuye a la conformación de un hábitat de calidad. Por otro lado las áreas verdes pueden configurarse como espacios de recreación activa y pasiva, importantes en el desarrollo social. A pesar de esto el porcentaje de áreas verdes en las ciudades grandes e intermedias cada vez es menor y de menor calidad. Los índices de áreas verdes en ciudades como Quito y Guayaquil no llegan a los 10m2 por habitante, y no forman un sistema coherente que se organiza en función de la cobertura que puede brindar a la comunidad sin obligar a que se produzcan grandes desplazamientos internos desde las áreas de residencia hacia las áreas recreativas.
  • 16. c. EL ROL DEL PATRIMONIO EN EL DESARROLLO URBANO Y EN LA ECONOMIA DEL TERRITORIO En nuestro medio la problemática de los centros históricos tiene dos consecuencias igualmente nefastas para el patrimonio, y están relacionadas a la escala de las ciudades donde se localizan estas centralidades. Por un lado están las ciudades grandes que como ya hemos mencionado se convierten en atractoras de población migrante que se localiza en las zonas de bajo costo, al alcance de sus posibilidades económicas, estas áreas generalmente son los centros históricos15 o las periferias de la ciudad. Por otro lado está el fenómeno de abandono de las áreas históricas que generalmente tiene lugar en las ciudades intermedias y sobre todo pequeñas. En ambos casos los efectos sobre el patrimonio son de gran impacto, puesto que en el primero, la llegada de la población migrante sin políticas que acompañen el proceso, y con una legislación débil en términos de ocupación de las áreas históricas, tienen como consecuencia factores negativos de tipo urbanístico y social; por un lado la estructura urbana sufre un proceso de transformación espontanea para adaptar la arquitectura a las nuevas demandas sociales y aparecen añadidos que modifican la tipología histórica y generan una sobre ocupación del suelo con las consecuencias ambientales16 y sociales que eso implica. El impacto social de esta transformación urbana es la tugurización, entendida como la disminución de los índices de habitabilidad. Este factor de hacinamiento poblacional generalmente está acompañado de condiciones de habitabilidad precarias, producto de la intervención espontanea, que genera ambientes sin ventilación e iluminación natural, con problemas de humedad por la precariedad de las instalaciones etc, poniendo en riesgo no solo la integralidad del patrimonio edificado sino y sobre todo el bienestar de los habitantes. En el segundo caso ligado al abandono, el efecto de deterioro es similar y quizá más acelerado y con un costo mayor para el estado, puesto que al encontrarse estos bienes en abandono, existe una variable de bajo rendimiento de la estructura edificada que puede ser cuantificada, ya que son inmuebles dotados de servicios básicos, de recolección de basura, que tienen abastecimiento de transporte etc, cuyos costos son asumidos por la municipalidad y por tanto, por la ciudadanía a través de los impuestos. La problemática descrita ha llevado a reflexionar sobre cómo manejar las centralidades históricas de tal forma que se conserven sus valores urbanos, arquitectónicos y artísticos, todos ellos ligados a la estructura física de las áreas históricas, descuidando el factor cultural que sobre este se desarrolla. En el caso de Quito los grupos migrantes se ubican en el área de transición, no en el núcleo central de mayor valoración patrimonial que tiene un rol turístico y político administrativo, y que ha expulsado de su interior el uso residencial. ƒ •‘„”‡ ‘…—’ƒ…‹× †‡Ž •—‡Ž‘ ‰‡‡”ƒ —ƒ †‹•‹—…‹× †‡ Žƒ •—’‡”ˆ‹…‹‡ †‡ ƒ„•‘”…‹× †‡Ž ‹•‘ …‘ ‡ˆ‡…–‘• •‘„”‡ ‡Ž ƒ„‹‡–‡ › •‘„”‡ Ž‘• À†‹…‡• †‡ ž”‡ƒ• ˜‡”†‡• †‹•’‘‹„Ž‡• ’‘” Šƒ„‹–ƒ–‡
  • 17. Los planes de recuperación de las áreas históricas han sido conceptualizados como operaciones urbanísticas aisladas en algunos casos, de recuperación de inmuebles individuales, otorgando valor a la estructura física en función de cierta argumentación histórica elitista, como por ejemplo la casa de algún prócer de la independencia, o personaje importante del periodo republicano, hecho histórico que legitima y justifica la inversión pública en la recuperación de dicho inmueble; pero que deja fuera de las intervenciones de recuperación, a todo un conjunto de bienes que a pesar de no tener un hecho histórico singular como referencia, forman parte del conjunto urbano mayor igualmente importante y digno de ser preservado. Al tener este tipo de aproximación al patrimonio, donde se prioriza la inversión en función del grado de significación histórica que se atribuye a los bienes, siempre desde una óptica “cultural” elitista, se convierte en un reto para las administraciones municipales la sostenibilidad económica que garantice que el bien recuperado, generará recursos que posibiliten su mantenimiento posterior. Así pues se requiere de mecanismos de financiamiento que generalmente provienen del sector privado o de asociación público-privado, lo que lleva implícito un cambio de uso del bien, desde el residencial hacia un uso que genere recursos económicos, (generalmente comercio o servicios con enfoque turístico), y por tanto un recambio poblacional, ya que al no ser programas de recuperación integral de las centralidades históricas, entendiendo la integralidad como la conservación de todos los valores y actividades relacionadas con la estructura física, sus mecanismos de aplicación no prevén la conservación de la población residente, dando paso a la gentrificación. La elitización es el tercer fenómeno que ataca a los centros históricos, y que se da por la incapacidad de las autoridades encargadas de la gestión del patrimonio, de dotar de contenidos sociales y réditos a largo plazo a los procesos de rehabilitación de las áreas centrales, aplicando transformaciones desde el punto de vista funcional que vacían a los centros históricos de los usos residenciales y plantean una problemática de especialización ligada a los servicios, el comercio, y el turismo, generando con ello un bajo rendimiento de la estructura urbana en horas de la noche, y por tanto volviéndolos inhóspitos e inseguros cuando los servicios y comercios cierran. Toda esta problemática descrita en párrafos anteriores, tiene un factor común, que no diferencia la escala de las ciudades, y actúa de igual manera, legitimado a través de un discurso modernizante, muchas veces desde las mismas autoridades estatales en los diferentes niveles de gobierno, como agente degradante de las áreas históricas. Se trata del factor especulativo del manejo del suelo. El suelo en nuestro medio, como en la mayoría de los países que funcionan bajo una economía capitalista, está considerado como objeto de intercambio que se rige bajo las leyes del mercado, esto posibilita que el mercado inmobiliario aplique presiones para la habilitación de nuevos suelos urbanos sobre las periferias de bajo costo, donde desarrolla proyectos de vivienda generalmente bajo el concepto de conjunto habitacional, marcando un divorcio con el tejido urbano existente y aislándose en su interior.
  • 18. Este desarrollo periférico atrae los grupos sociales que habitan en el centro histórico, el cual, por falta de voluntad política y de inversión, entra en procesos de deterioro, volviéndose poco atractivo y por tanto, perdiendo la capacidad de mantener a la población que lo habita brindando condiciones de habitabilidad aceptables, quienes al no tener vínculos afectivos que les hagan permanecer en este lugar, y seducidos por la idea de “modernización y exclusividad”, optan por abandonar el centro y dirigirse a las nuevas zonas de expansión urbana. Es en este factor donde se encuentra el vinculo estructural que permite entender que la conservación y revitalización de los centros históricos no puede ser entendida fuera del manejo de desarrollo urbano general, puesto que mientras el mercado inmobiliario y la especulación del suelo sean los que direccionen el desarrollo urbano, cualquier intento de recuperación de la centralidad histórica claudicara sin mayores resultados, en términos económicos, sociales y urbanísticos. A partir de esta reflexión, se convierte en una necesidad prioritaria organizar el territorio direccionando el desarrollo urbano de forma sostenible; y es en esta sostenibilidad, donde el patrimonio entendido como la ciudad existente y sobre todo la ciudad histórica, cumple un papel clave, ya que está dotada de redes de infraestructura, sistemas viales, equipamientos comunitarios, generalmente concentra actividades político-administrativas y es el escenario de encuentro multicultural, donde se ratifica y evidencia el contacto con los otros, ya que acoge diversos grupos humanos provenientes de distintos lugares del país, pero también atrae a turistas, por ser el origen del asentamiento que aún conserva rasgos identitarios, volviéndolo atractivo para el visitante que valora lo autentico. Todos estos factores ubican a la ciudad histórica en una posición aventajada en relación a los nuevos desarrollos urbanos, generalmente ubicados en las periferias, desprovistos de equipamientos y servicios, desarticulados del sistema de transporte urbano, y con poca identidad urbana y arquitectónica, porque no surgen desde una lógica de integración al tejido existente en la ciudad, sino mas bien como conjuntos aislados y amurallados que buscan excluirse, amprados en un falso discurso de seguridad y exclusividad. Esto nos hace pensar que el manejo de los centros históricos y la definición de políticas sobre este, no pueden ser autónomas y marginadas de la política económica y territorial general, solo si las disposiciones para la tutela del patrimonio histórico, artístico, cultural y ambiental proceden contextualmente con toda una serie de intervenciones profundamente reformadoras de las actuales orientaciones económicas y urbanísticas, el patrimonio cultural tendrá posibilidades de recuperar su rol dentro del sistema urbano, como una centralidad que concentra equilibradamente, residencia y servicios, manteniendo su vitalidad y poder de atracción fuera del enfoque netamente turístico. La rehabilitación de los centros históricos, de forma integral es decir rescatando la estructura física y todos los valores, funciones, y actividades que ha acumulado a lo largo del proceso de desarrollo urbano, priorizando el uso social del patrimonio, más una articulación adecuada al sistema de centralidades urbanas a lo largo del país, requieren de una solida voluntad
  • 19. política de ordenamiento territorial que considera a los centros urbanos existentes como elementos pertenecientes a sistemas poli-céntricos integrados entre sí, con el fin de disminuir, por un lado, las presiones de acción terciaria y trasformación direccional del centro histórico, y por otro individualizar dentro del ámbito nacional, un rol preciso a representar, en base a las vocaciones territoriales presentes sin modificar las funciones especificas que se atribuye al centro histórico. “Desde esta perspectiva es necesario afrontar con mayor rigor el problema de la definición de centro histórico como asentamiento donde están presentes edificios, organismos, hombres y ambientes que se pretenden conservar –física y socialmente- y en el cual es necesario que estén también presentes vínculos y normas de tipo jurídico en oposición y como alternativa al funcionamiento normal del mercado.”17 Pensar y actuar a favor del patrimonio implica romper con la política urbanística que a la par de la indiscriminada expansión de la construcción privada y especulativa, fomentada por el mercado inmobiliario, busca entre otras cosas, el aumento de las zonas degradadas y ruinosas en el interior del tejido urbano consolidado; fomentando directa o indirectamente la degradación como condición y fase inicial para la destrucción de los centros, la marginación de la clases menos pudientes y el alejamiento de las actividades menos rentables18. La centralidad histórica puede y debe constituirse como el punto de partida para romper la lógica de desarrollo urbano que ha producido la crisis urbanística a nivel nacional y ha generado al interior de las ciudades paisajes urbanos caóticos e impersonales. “Solo se puede pensar en resolver esta crisis urbana eliminando las causas que la ha originado; y, en este sentido, el centro histórico no representa únicamente un bien cultural, sino también un notable bien económico y urbanístico que se debe conservar, intentando recuperar nuevamente su valor original como estructura portante del territorio.”19, e incidiendo de esta manera sobre el factor especulativo del suelo. Las ciudades deben ser entendidas como el escenario que materializa la inversión social históricamente acumulada, por tanto su manejo requiere mecanismos de optimización y recuperación que pongan en valor la ciudad existente evitando el crecimiento especulativo sobre territorio, de nuevos asentamientos. El freno al manejo especulativo del desarrollo urbano es la clave para construir un hábitat equitativo y democrático, donde los derechos sociales, de vivienda, transporte, salud, educación, cultura etc, se cumplen sin distinción de clase social ni étnica. Construir ciudades justas que garanticen el buen vivir de los ciudadanos implica volver la mirada a la optimización de la ciudad existente, aumentar sus rendimientos, considerando la inversión social
  • 21. ‘„‡”–‘ ‘Ž‘‹ƒ ’‘ŽÀ–‹…ƒ• › ‡–‘†‘Ž‘‰Àƒ †‡ Žƒ ”‡•–ƒ—”ƒ…‹× †‡ …‡–”‘• Š‹•–×”‹…‘•
  • 22. acumulada en su construcción histórica, como recurso estratégico para evitar el crecimiento especulativo de la mancha urbana en desmedro de las áreas agrícolas. Los rendimiento urbanos tienen que medirse en función no solo de factores económicos, sino, sobre todo en fusión de factores sociales, es decir, se debe calcular cual es la capacidad receptiva optima que posee la estructura edificada existente, en términos de espacio (m2 por habitante) y de dotación de servicios básicos (capacidad de carga de la infraestructura), y generar políticas de poblamiento que incrementen el rendimiento de la estructura edificada, antes de fomentar nuevos áreas de expansión urbana, en desmedro de las áreas de producción agraria y el entorno natural. La rehabilitación urbana es un mecanismo técnico-político que permite mejorar los rendimientos del componente edificado y se basa en dos decisiones relacionadas entre sí: la primera consiste en la contención de la expansión urbana en el interior de cada uno de los municipios; la segunda es la recuperación del patrimonio edificaddo existente, y por tanto también del centro histórico, junto con la realización de servicios y dotaciones sociales en todo el territorio20. Complementariamente cabe señalar que dentro de los principios conceptuales de la rehabilitación urbana, existe un énfasis en la conservación de los tejidos sociales que habitan la estructura física, y la llenan de contenidos, es decir existe un principio innegociable de conservación y uso social del patrimonio, un rechazo a las acciones urbanísticas que fomentan el recambio poblacional, modificando los usos sociales por usos comercialmente mas lucrativos. El dotar a los centros históricos y a la ciudad en general de sostenibilidad económica y social, implica pensar en mecanismos de planificación y gestión del territorio, que rompan con ciertas dinámicas, que a pesar de estar aceptadas en el conjunto de la sociedad, conllevan una serie de inequidades que se expresan por ejemplo en el acceso a la vivienda, o a los servicios y equipamientos sociales. Un ejemplo evidente de estas dinámicas que fomentan inequidades urbanas, es el problema de la vivienda en nuestro país, que sigue siendo manejado bajo principios especulativos, debido a que se habla de déficit de vivienda en base a la tenencia de la misma en propiedad, es decir cuántos hogares ecuatorianos cuentan con vivienda propia, entendiendo a la vivienda como la unidad aislada sin tomar en cuenta factores cualitativos y de integración al sistema urbano y por tanto con acceso a servicios de calidad. El pensar las políticas de vivienda desde un modelo de tenencia en propiedad privada, incentiva la acumulación inmobiliaria de los sectores sociales que bien o mal tienen capacidad de ahorro y acceso a crédito, quienes adquieren viviendas no necesariamente porque no poseen, sino como una estrategia que permite complementar la economía familiar. Este hecho aunque legítimo -y de ninguna manera cuestionable-, pone en evidencia, que con ese enfoque de producción de vivienda desde el mercado inmobiliario privado, jamás se llegara
  • 25. a cubrir los déficits existentes en el país, que están constituidos por los grupos sociales más vulnerables, los cuales no poseen la mas mínima capacidad de ahorro y crédito. Por otro lado están los programas de vivienda del estado, que repiten el patrón de producción de vivienda, bajo el mismo esquema de crecimiento del parque inmobiliario privado, en las periferias del tejido urbano de mayor densidad, con la diferencia de que la localización y las propuestas espaciales de los proyectos de vivienda generados desde el estado, son de menor calidad que los del mercado inmobiliario privado, no prevén equipamientos, áreas verdes, espacios de encuentro, ni se interesan mucho de las posibilidades de articulación a las principales redes de conectividad a través del transporte público. La ciudad existente y por tanto los centros históricos por su localización estratégica, gozan de buena cobertura de servicios básicos, y equipamientos culturales, buena conectividad a través del transporte público, y están dotados de espacios públicos que merecen ser recuperados por ser emblemáticos y referentes claves en la memoria colectiva. Desde esta perspectiva debe considerarse a las áreas centrales como lugares óptimos para la generación de políticas de vivienda a través de la rehabilitación integral de conjuntos urbanos deteriorados, pero con posibilidades de ser incorporados al sistema urbano general con roles específicos, mejorando así no solo los rendimientos de la estructura urbana existente, sino sobre todo fomentando la interculturalidad y la diversidad al interior de la ciudad, eliminando de esta manera la segregación socio-espacial que ha localizando históricamente, a los sectores populares más vulnerables en las periferias carentes de servicios y conectividad o en los centros deteriorados, tugurizados y con pocas posibilidades de ofrecer calidad de vida. Bajo estas premisas es necesario pensar en que la ciudad debe consolidarse antes de generar nuevas expansiones, pero esto no solo implica densificar la estructura edificada con incrementos de edificabilidad, sino y sobre todo, pensar en mecanismos de planificación, que nos permitan por un lado cualificar la estructura edificada existente, las condiciones de habitabilidad que las viviendas ofrecen, la calidad y accesibilidad al espacio público, el transporte colectivo, los servicios y equipamientos, para luego generar mecanismos de gestión que contemplen procesos participativos, en los cuales los ciudadanos tengan incidencia en la toma de decisiones sobre cuales son las prioridades sociales que orientan y condicionan las intervenciones. Complementariamente se debe fomentar créditos blandos donde el apoyo del estado tiene una fuerte presencia, posibilitando el mantenimiento de la población residente en las áreas rehabilitadas, y la incorporación de nuevos pobladores que no tengan acceso a vivienda. Estas políticas de re-poblamiento de los centros históricos enmarcados en la rehabilitación urbana integral del territorio, ponen como reto a las autoridades estatales generadoras de política pública, la re- conceptualización de la política de vivienda que se aplica a nivel nacional, y que ha excluido la rehabilitación de la ciudad existente, como mecanismo real de cobertura de los déficits habitacionales, bajo una lógica de inversión social de largo plazo, que considera a la vivienda un servicio social.
  • 26. Eso implica poner en debate el tema de la “propiedad” de la vivienda como único camino hacia la cobertura de déficits, y apostarle a un esquema que platee la vivienda bajo régimen de arrendamiento, con posibilidades de adquisición a costos regulados por el estado como estrategia alternativa al mercado, y generando mecanismos de adquisición de bienes por parte del estado a través de los municipios o gobiernos provinciales, para ser puestos a disposición de los grupos sociales más vulnerables, como vivienda protegida. La construcción de ciudad bajo principios de equidad territorial, el acceso a vivienda, la democratización del espacio público, son deudas sociales que aún conserva el estado, porque no ha asumido con responsabilidad y valentía el reto de marginar en el proceso de desarrollo urbano, la acción especulativa del mercado como único mecanismo de hacer ciudad. La actual coyuntura política brinda las posibilidades de revertir las dinámicas que hasta el momento han guido el desarrollo urbano; abre una posibilidad de pensar en los asentamientos humanos, como espacios de convivencia y equidad, donde los derechos ciudadanos están garantizados, derechos que van mas allá de los que históricamente han sido objeto de luchas sin reivindicación, y que Jordi Borja y Zaida Muxí21 los resumen como se cita a continuación: 1. Derecho al lugar. La gente tiene derecho a mantener su residencia en el lugar donde tiene sus relaciones sociales, en sus entornos significantes. O a tener otro de su libre elección. Todas las personas que viven en un lugar que han contribuido a construir, en el que están arraigadas y que proporciona sentido a su vida, deben poder continuar viviendo en él y tienen derecho al re-alojo en la misma área si esta se transforma por medio de políticas de desarrollo urbano o de rehabilitación de hábitat degradados o marginales. Las autoridades locales protegerán a las poblaciones vulnerables que puedan sufrir procesos de expulsión por parte de las iniciativas privadas. 2. Derecho al espacio público y a la monumentalidad. En la ciudad actual existen fuertes dinámicas desequilibrantes que tienden a hacer de ella un conjunto de espacios de geometría variable y de territorios fragmentados (física, social y administrativamente), difusos y privatizados. El espacio público es, o puede ser lo opuesto, una de las condiciones básicas para la justicia urbana, un factor de redistribución social, un ordenador del urbanismo de vocación igualitaria e integradora. Todas las zonas de la ciudad deben estar articuladas por un sistema de espacios públicos y dotadas de elementos de monumentalidad que las den visibilidad e identidad. Ser visto y reconocido por los otros es una condición de ciudadanía: se puede ser plenamente ciudadano cuando los otros te ven y te reconocen, cuando conoces tu lugar y cuando cada uno puede decir con orgullo el lugar donde vive. 3. Derecho a la belleza. El lujo del espacio público y de los equipamientos colectivos no es despilfarro, es justicia. Los programas públicos de vivienda, infraestructuras y servicios deben incorporar la dimensión ‘”†‹ › A ƒ‹†ƒ •’ƒ…‹‘ ’ï„Ž‹…‘ …‹—†ƒ† › …‹—†ƒ†ƒÀƒ ƒ”…‡Ž‘ƒ
  • 27. estética como prueba de calidad urbana y de reconocimiento cívico. Cuanto más contenido social tiene un proyecto urbano, más importante son la forma, el diseño, la calidad de los materiales...La estética del espacio público es ética. 4. Derecho a la identidad colectiva dentro de la ciudad. La organización interna del espacio urbano debe facilitar la cohesión sociocultural de las comunidades (barriales, de grupos de edad, étnicas, etc.). La integración ciudadana es más factible si las personas están también insertas en grupos referenciales próximos. No es comunitarismo, es reconocer el derecho al patrimonio cultural de cada colectivo social y favorecer la solidaridad de grupo y su aceptación en la sociedad urbana. Lo cual requiere ser reconocido como grupo, es decir expresar fuerza colectiva. 5. Derecho a la movilidad y a la accesibilidad. Hay que tender a igualar las condiciones de acceso a las centralidades y la movilidad desde cada zona de la ciudad metropolitana. Estos derechos son hoy indispensables para que las llamadas libertades urbanas o posibilidades teóricas que ofrece la ciudad sean realmente utilizables. El derecho a moverse con facilidad por la ciudad metropolitana debe universalizarse, no reservarse a los que disponen de vehículo privado. Y cada parte de la ciudad debe ser accesible, visible e interesante por alguna razón para el resto. El derecho a la movilidad teniendo en cuenta la heterogeneidad de las demandas y de los movimientos de la población requiere hoy una oferta pública muy diferenciada. 6. Derecho a la centralidad. Todas las áreas de la ciudad metropolitana deben poseer lugares con valor de centralidad y todos los habitantes deberían poder acceder con facilidad a diversos centros urbanos o metropolitanos. En la ciudad metropolitana la articulación de los centros viejos y nuevos, el acceso y la recalificación de los centros históricos no solo de la ciudad central sino también de las áreas periféricas, la creación de nuevas centralidades polivalentes en sus funciones y mixtas en su composición social son elementos consustanciales de la democracia urbana. Las centralidades marcan las principales diferencias entre las ciudades. 7. Derecho al acceso y al uso de las tecnologías de información y comunicación. Las administraciones públicas no solo deben proteger y garantizar este derecho en todos los ámbitos, sino también utilizar las TIC (tecnologías de la información y comunicación) para democratizar realmente el acceso de todos a los servicios de interés general. Derecho al uso social de las actuales tecnologías de información y comunicación, especialmente en las relaciones con las Administraciones públicos (por ej. ventanilla única, consultas y gestiones a través de Internet). Barrios y viviendas tienen, todos, derecho al cableado. Los gobiernos locales deben así mismo facilitar el acceso gratuito a Internet, la formación de los usuarios y la constitución de redes ciudadanas.
  • 28. 8. Derecho a la justicia local y a la seguridad. Hoy la justicia es inaccesible para la mayoría de ciudadanos (por su coste, lentitud, etc.,). La seguridad es vista principalmente en términos de represión y se plantean políticas de seguridad que reducen el ámbito de la vida pública, cuando la «inseguridad » afecta a sectores medios y altos y a agentes y representantes de las instituciones. La justicia local, de base municipal y la seguridad como actuación concertada entre la institución local y la sociedad civil organizada es hoy una demanda inaplazable de las mayorías ciudadanas, en la medida que puede asegurar una prevención más eficaz y si es preciso una reacción sancionadora más rápida. La seguridad urbana requiere espacios públicos protectores, es decir, animados. 9. Derecho a la calidad del medio-ambiente. Como derecho a una calidad de vida integral y como derecho a preservar los patrimonios ciudadanos para las generaciones futuras. Este derecho incluye el uso de los recursos naturales y energéticos, el patrimonio histórico-cultural y la protección frente a las agresiones a la calidad del entorno (contaminaciones, congestiones, suciedad, fealdad, etc.). EL PAISJE CULTURAL COMO NUEVA CATEGORIA DE MANEJO PATRIMONIAL La necesidad de incorporar una visión integral de manejo patrimonial ha llevado a reflexionar dentro de los organismos internacionales relacionados a la preservación del patrimonio cultural, sobre la urgencia de incorporar nuevas categorías de manejo del territorio, que de forma integral aborden los elementos del patrimonio cultural, entendiéndolos dentro de su contexto natural, proponiendo el paisaje como una categoría de análisis, donde se puede leer la acción transformadora del hombre, que va dejando huellas en algunos casos con un nivel de inserción orgánica y no agresiva sobre el entorno natural. Así surge la categoría de “Paisaje Cultural”, en el seno del Convenio Europeo sobre Paisajes Culturales impulsado por la UNESCO en el año 2002, como una posibilidad de integración de los factores naturales y culturales bajo un mismo concepto, incorporando de esta manera un enfoque que fomente el desarrollo sostenible del territorio, direccionando e induciendo las actuaciones antrópicas que sobre el paisaje opera la evolución social, económica y cultural. La categoría de paisaje cultural en nuestro medio es de reciente incorporación, y no existen aun experiencias que demuestren resultados concretos derivados de la aplicación de los principios de planificación y gestión, que aporta la categoría de Paisaje Cultural; sin embargo desde los organismos estatales encargados de precautelar el patrimonio y generar políticas e instrumentos para su manejo, se han iniciado procesos de conceptualización y aplicación a casos concretos de estudio, en dos regiones del país, donde se están desarrollando estudios que decanten en la construcción de guías del Paisaje
  • 29. Cultural, respondiendo a las especificidades ambientales y culturales que ofrece un país mega-diverso como el Ecuador. Las experiencias emprendidas desde el Ministerio Coordinador de Patrimonio y el INPC, han posibilitado descubrir territorios donde el proceso de evolución cultural, ha ido configurando paisajes de gran valor, con una arquitectura que surge de forma orgánica en el territorio y se integra por mimesis o sutil contraste en el paisaje, donde el manejo y utilización de los recursos suelo y agua, son el resultado de un proceso de aprehensión del territorio, posibilitando la configuración de mosaicos territoriales en los cuales, las acciones antrópicas dibujan y construyen paisajes singulares. Cahuasquí, Provincia Imbabura El Angel, Provincia del Carchi El Paisaje Cultural, entendido como todo paisaje natural que ha sido sometido a la acción transformadora del hombre, es un instrumento que aporta al desarrollo de los territorios, puesto que por un lado busca precautelar el paisaje natural sin que esto signifique excluir las actividades humanas, sino mas bien direccionándolas de forma sostenible, buscando un equilibrio entre los factores naturales y culturales. Por otro lado permite romper con la dicotomía urbano- rural y posibilita entender el territorio como un todo, donde los asentamientos humanos concentrados o dispersos, deben tener una coherencia orgánica y sensible al lugar donde se ubican, sin poner en riesgo los recursos de soporte de las actividades humanas. El abordaje al Paisaje Cultural como una entrada de lectura territorial, implica un trabajo multidisciplinario que permita entender el territorio de forma integral, y a partir de esta comprensión de los factores ambientales, sociales, económicos, culturales e inclusive políticos, desarrollar estrategias que cohesionen estos factores bajo criterios de sostenibilidad, y orienten la planificación territorial hacia el equilibrio entre cultura y ambiente. Es por lo expuesto que desde el sector patrimonial, se está impulsando la construcción de “Guías del Paisaje Cultural” para el cantón Urcuquí en la provincia de Imbabura y los cantones Tena, Archidona y Arrosemena Tola en la provincia del Napo. En el primer caso el paisaje encontrado da testimonio de una producción agraria ligada a la caña de azúcar, algodón, granos y cereales, que históricamente han ido configurando el paisaje, en medio de disputas y
  • 30. conflictos sociales por el recurso agua. La presencia humana en estos territorios se remonta a épocas pre-incas, y ha soportado las transformaciones que en términos sociales y territoriales han significado acontecimientos históricos como: la conquista española y todo el periodo colonial, la incorporación de la hacienda como unidad productiva, la reforma agraria y el fraccionamiento de la tierra, la llegada del ferrocarril y la incorporación de sistemas de trasporte y apertura de vías, etc. A pesar de todo este proceso de acción transformadora, el paisaje sigue siendo un elemento predominante y con características de singularidad, donde se puede observar que las acciones del hombre más que tener una actitud depredadora han tenido la sensibilidad de fusionarse en el entorno sin agredirlo. LA DIMENSION ECONOMICA DEL PATRIMONIO CULTURAL: DISTRITOS CULTURALES EVOLUCIONADOS Lo señalado hasta aquí en teoría, se encuentra con un conflicto de tipo económico en la práctica, ya que siempre tras la conservación del patrimonio cultural, primarán criterios de costo - beneficio y de quien asume los costos que la conservación del patrimonio implica para que este no se deteriore y desaparezca en el tiempo. Sin embargo esta entrada de análisis que pone en debate, si la conservación del patrimonio es una acción rentable en términos económicos, debe contemplar que existen bienes que no son comerciables en absoluto, -como por ejemplo un aire limpio-, ya que son bienes que una vez que se han producido, todos pueden beneficiarse de ellos sin que estén obligados a pagar por su disfrute. El patrimonio cultural pertenece a esta categoría de bienes no comerciales, ya que los beneficios derivados de este son generalmente tan difusos que se dificulta su negociación en transacciones mercantiles. Sin embargo se puede pensar que el patrimonio cultural puede generar beneficios económicos, posibles cuando, a un objeto patrimonial se le otorga un valor de uso directo para las personas, es ahí cuando las leyes de mercado si entran en juego. La gente compra cuadros, va a exposiciones, visita edificios emblemáticos y lugares históricos, porque el consumo cultural es parte del desarrollo individual y colectivo. El que la gente esté dispuesta a pagar por una experiencia cultural determinada posibilita crear un mercado y determinar un precio. Las experiencias culturales asumen cada vez más un rol protagónico en los procesos de creación de valor, debido a que una de las características de la sociedad en una era posindustrial, está marcada por factores de movilidad e intercambio permanente, expresados en las dinámicas de transmisión de códigos culturales a través de los mas media y los tics, volviendo difusos los referentes culturales productores de identidad; ante esto, se genera una actitud de búsqueda y reafirmación de las identidades mediante de la elección de bienes con un valor cultural agregado. “La experiencia cultural permite a los individuos desarrollar nueva habilidades que determinan la necesidad de ampliar su gama de productos de consumo,
  • 31. favoreciendo de esta manera un proceso de renovación continua de estos productos y una nueva demanda. El consumidor solicita cada vez más productos y servicios nuevos, en los cuales el componente creativo e innovador se convierte en algo fundamental.”22 Para entender con mayor claridad el rol que cumple en el escenario económico la cultura y el patrimonio, cabe señalar que a los recursos patrimoniales materiales -descritos hasta ahora con mayor detalle puesto que son los que tienen más evidencia en el desarrollo urbano-, se les debe sumar los recursos ligados a los factores inmateriales presentes en el territorio. Son estos últimos los que brindan una posibilidad de anclaje de activación económica y de desarrollo local, ya que complementan y refuerzan la identidad y especificidad territorial con productos que contienen un alto valor de originalidad e innovación. Son los saberes ancestrales, las manifestaciones culturales, el grado de innovación en la producción cultural, lo que determina la capacidad productiva de un territorio, que se diferencia proponiendo una oferta cultural con posibilidades de competitividad, en un mundo tendiente a la estandarización y homogenización cultural. Estas especificidades territoriales que encuentran sus fundamentos sobre todo en el capital inmaterial, de forma complementaria al capital material, deben ser gestionadas desde un enfoque sistémico que permita por complementariedad, maximizar el crecimiento competitivo del sistema y su capacidad de atraer recursos del exterior, atribuyendo nuevas connotaciones a las estrategias de desarrollo territorial. Con estas reflexiones nos atrevemos a pensar que el Distrito Cultural Evolucionado, propuesto por los estudios desarrollados por Pierluigi Sacco y Guido Ferilli, se convierte en una opción válida para territorios que han logrado desarrollar cierto nivel de sofisticación y especificidad en su oferta cultural, donde la totalidad de la cadena productiva de los bienes producidos entran en un proceso de valorización. En este esquema la cultura asume ahora un papel más amplio como agente sinérgico que suministra a todos los demás contenidos, instrumentos, practicas creativas, y valor añadido, en términos de valor simbólico e identitario.23 Los paradigmas que posibilitan configuración de un Distrito Cultural Evolucionado según los autores de este modelo son: la atracción del talento creativo, la reconversión competitiva del sistema productivo, y la capacitación sistémica de la comunidad local. En el estudio desarrollado para la Revitalización del Centro Histórico de Cartagena de Indias, los autores proponen el establecimiento de doce lineamientos que pueden configurarse como propuestas políticas de intervención sobre el territorio direccionadas al desarrollo territorial en base a sus recursos culturales. ‹‡”Ž—‹‰‹ ›
  • 32. —‹†‘ ‘…—‡–‘ •‡…–‘”‹ƒŽ †‡Ž ‹ˆ‘”‡ ˆ‹ƒŽ †‡Ž ’”‘‰”ƒƒ ’ƒ”ƒ Žƒ ”‡˜‹–ƒŽ‹œƒ…‹× †‡Ž …‡–”‘ Š‹•–×”‹…‘ †‡ ƒ”–ƒ‰‡ƒ †‡
  • 34. 1. Calidad de la oferta cultural: es decir la capacidad de presentar una oferta cultural integrada en el contexto internacional; 2. Preparación y formación de la comunidad: predisposición ante la oportunidad de aprender; 3. Desarrollo empresarial: proceso de creación de un nuevo empresariado; 4. Atracción de empresas foráneas: recursos que lleva a las empresas locales a atraer a las de afuera; 5. Atracción del talento: recursos aportados por las empresas foráneas; 6. Gestión de la crítica social y de la marginación: capacidad de mediar formas sociales en el proceso de aculturación; 7. Desarrollo del talento local: capacidad del territorio de crear oportunidades sobre la base del talento; 8. Participación de los ciudadanos y de la comunidad local: disposición de la población para implicarse en el proyecto; 9. Calidad del gobierno local: 10. Calidad de la producción de conocimiento: todo lo que se refiere a la investigación; 11. Capacidad de producir redes locales: capacidad de hacer funcionar coordinadamente redes locales activas y cohesionadas; 12. Capacidad de producir redes externas: relaciones internacionales o interregionales Las acciones interactúan con los diversos capitales del territorio entendiendo como capital cualquier recurso acumulable y necesario para la producción de otros bienes. Los resultados de estas acciones se deben traducir posteriormente en la producción/acumulación de una forma específica de capital, de naturaleza tangible o intangible que constituye el depósito de valores producidos por el territorio.