Este documento critica la propuesta del presidente Rafael Correa de realizar una consulta popular que afectaría la institucionalidad establecida en la Constitución de 2008. Argumenta que la consulta debilitaría la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional, el poder judicial y la función de transparencia, socavando los pilares de la democracia ecuatoriana. Además, sostiene que la consulta se usa para desmontar la propia Constitución en lugar de fortalecerla, y que esto podría conducir a un gobierno dominado por

1. REQUIEM POR LA CONSTITUCION Y
ALGO MAS
Fernando Vega, ex-asambleísta de Alianza País por el Azuay, presidente de la
Mesa de Justicia en la Asamblea Cosntituyente de Montecristi
21/Enero 2011
El proceso que condujo a la revolución ciudadana y a la constituyente del 2008
tuvo como telón de fondo del diagnóstico de una crisis terminal de la democracia
ecuatoriana y de las instituciones del Estado, aquejadas por la ausencia del
Estado de Derecho, la privatización de lo público y la corrupción. Se hacía
imprescindible una re fundamentación de Estado desde la propia Carta Magna y
sentar las bases de una nueva institucionalidad que tendrían que construirse
paulatinamente en los años subsiguientes, mediante las leyes secundarias y una
dirección política decidida y constante en la dirección marcada por el espíritu y la
letra de la nueva Constitución. El pueblo aprobó la Constitución a pesar de la
feroz campaña de desinformación y mentiras de la oposición al cambio necesario.
Ahora , cuatro años después del inicio del gobierno del Presidente Rafael Correa,
asistimos con estupor, a un acontecimiento curioso. Los papeles parecen haberse
trastocado, pues quienes impulsaron, hicieron y defendieron el proceso
constitucional hoy parecen renegar de él. Cuatro años después, cierto que la
Constitución muestra sus falencias, producto del apuro impuesto por el
Presidente, otra vez, invocando la necesidad de una mayor prisa para transformar
la justicia, se propone una consulta popular que afecta a la institucionalidad del
Estado y que se adhiere con sordina a la tesis opositora de que los males de la
inseguridad que vive el Ecuador se deben a las doctrinas de avanzada en temas de
derechos y garantía consagrados en la Constitución. En nombre de la prisa y del
pragmatismo, nos aprestamos a dejar a un lado la Constitución y asumir, al
menos en parte, la doctrina represiva defendida por la oposición.
En su anuncio de la temática de la consulta popular expuesta por el presidente
arremete con toda frontalidad contra la recién estrenada Constitución y contra la
incipiente institucionalidad del Estado post 2008 que ha comenzado a
construirse sobre ella. Cuatro de los cinco pilares de esta institucionalidad van a
ser puestos a prueba y mal heridos en la consulta propuesta: la Asamblea
Nacional, la Corte Constitucional, la Función Judicial y la Función de
Transparencia y Control Social. Si logran sobrevivir, quedarán violados y
mancillados y desacreditados, con su propia complicidad, ante los ojos de la

2. ciudadanía, que con su voto, estará cavando tumba la propia, (y la suya propia)
de una democracia que apenas acabada de nacer va morir, antes siquiera de haber
llegado a la adolescencia. En este contexto, no será de sorprenderse si grupos de
la oposición votarán por varias de las tesis represivas y contra institucionales del
gobierno que ante la pérdida de los votos de sus antiguos aliados, busca nuevos
proveedores de apoyo en la derecha.
Temas de competencia de la Asamblea Nacional se llevarán a consulta,
desdibujando aún más una Asamblea a la que se le acusa de haberse convertido
en el patio trasero de Carondelet. Hoy el Ejecutivo es el gran legislador y la
Asamblea apenas pone el “co” (legislador) para aprobar disciplinadamente todo
lo que baja desde arriba y allanarse a los vetos en temas largamente discutidos y
consensuados dentro de la Asamblea. Situaciones como las especulaciones
presidenciales sobre el uso del mecanismo de la “muerte cruzada”, y los intentos
de purgas internas de “disidentes” del bloque PAIS, así como las producidas
después del 30 de setiembre en torno a temas policiales, marcan los tira y afloja
de una Asamblea que no ha logrado pararse sobre sus propios pies para cumplir
su vocación de Poder Legislativo, fundamental para la democracia. Ahora lo que
se propone no es la muerte “cruzada”, sino muerte de la Asamblea, a secas.
La Corte Constitucional, va a recibir el tsunami de las preguntas para la consulta
popular. Si resiste, ojalá sea así, las preguntas deberán enmarcarse en la
Constitución y entonces algunas de ellas deberán ser rechazadas, como aquella
que afecta una garantía fundamental como la de la caducidad de la detención
preventiva cuando no hay sentencia en un año. De ser así, no sería extraño que
seamos testigos de una campaña del Gobierno para desprestigiar y descalificar a
la Corte Constitucional y proponer su recomposición (hay argumentos para
hacerlo, pero hasta ahora no ha sido necesario esgrimirlos). De no asumir una
posición de dignidad, la mencionada Corte, sometida a la voluntad del Ejecutivo,
se convertirá en cómplice y ejecutora de la muerte del Control Constitucional,
asestándose a sí misma un tajo suicida, dejando a la deriva de los caprichos de
todos los ecuatorianos, la interpretación constitucional.
Durante la Constituyente, de ello soy testigo por haber presidido la mesa de
Justicia, y en coherencia con el diagnóstico y el discurso de la revolución
ciudadana, los constituyentes y el propio gobierno estuvieron de acuerdo en la
tesis de sentar las bases para la “independencia de la Justicia de los poderes
facticos y políticos”. Se rechazó la tentación “meter manos en la Justicia” y
rehacer los viejos caminos que condujeron a las pichi cortes y cortes vitalicias
funcionales a los gobiernos de turno y evitar el manoseo político que ha llevado a
la Justicia al deshonroso sitial que todavía ocupa en la actualidad. La

3. Constitución creó los mecanismos para la auto reforma y depuración de la
Justicia sobre el pilar de un Consejo de Judicatura estructurado bajo el control y
la vigilancia de poder de Transparencia y Participación Social.
Al proponer el Presidente la sustitución del Consejo de la Judicatura, establecido
por la Constitución, por un comité tripartito, bajo el argumento de que hay que
las cosas van lentas, (vale recordar el refrán “vísteme despacio que tengo prisa”),
se ataca el corazón mismo de la propuesta constitucional sobre la reforma de la
Justicia. En todos los países en los que la Justicia ha logrado superar sus viejos
vicios, la existencia de un Consejo de la Judicatura y un Corte Constitucional, al
estilo propuesto en la Constitución, han sido fundamentales. La propuesta
presidencial hiere de muerte a la Constitución y al régimen de transición, y pone
en manos del Ejecutivo, avalado por un presumible “sí” en la consulta, el proceso
de reinstauración de la justicia. Por muy imparcial que fuera el proceso, se sabe
que “cada perro es fiel a la mano que le da de comer” y aunque el presidente diga
que no tiene “intereses”, no pocos en su entorno si lo tendrán. Yo no pondría la
mano en el fuego por nadie.
Además, de aprobarse la consulta, el Ejecutivo da un manotazo a la Función de
Transparencia y Control Social descalificándola y condenándola a la inutilidad.
Ya ha habido interferencias como la presencia del Secretario de la Presidencia a
favor de una de las candidatas a determinada función y los manoseos
denunciados para impedir su descalificación. Los delegados del gobierno ya no
asisten a las sesiones, los procesos se paralizan. El propio Ejecutivo desacredita a
la Función para luego darle el golpe mediante la consulta. Todo el capítulo quinto
del Título IV sobre la participación y Organización del Poder en la Constitución
del 2008 hay que tirarlo a la basura. Quien puede lo más puede lo menos: Si la
más alta e importante tarea del Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social se sustrae de su competencia, cualquiera otra puede ser también sustraída
en el futuro, a capricho del gobernante en funciones. A la basura el estado de
Derecho. Una vez mancillada la virgen, todos pueden prostituirla a su antojo.
Cierto que la consulta popular tiene fundamento constitucional, pero este
argumento no puede ser usado en contra de la propia Constitución. No es
coherente ni honesto acudir a la Constitución cuando conviene para desmontar la
propia Constitución en lo que no conviene al Ejecutivo empeñado en imponer sus
puntos de vista y sus urgencias. Solo para terminar esta reflexión y a modo de
ejemplo de lo perverso que puede ser el recurso a implementarse: En este
momento, si el presidente incluyera una pregunta sobre la implementación de la
pena de muerte en el Ecuador, la pregunta ganaría ampliamente, pero ¿sería sabio
y prudente hacerlo? No será, que la vuelta de la esquina el presidente tenga que

4. rasgarse las vestiduras ante cárceles atestadas y sobrepobladas de detenidos –
inocentes y culpables- sin sentencia por largos años, y constatar que la calentura
de la violencia y la inseguridad no estaba en las sábanas.
El gobierno y el movimiento PAIS, puestos a escoger entre la institución del
Estado y el carisma del Caudillo de la Revolución Ciudadana, le apuestan al
indudable carisma que es el mayor de sus activos. Se nos pide confiar y creer
con fe casi religiosa en él líder a costa de la vida de las instituciones
democráticas. Asamblea y Quinto Poder entran en receso ante la consulta. Los
incondicionales acatan sin problema la llamada patriótica a la convocatoria del
pueblo. La mayoría se apresta a perpetrar la ruptura de la constitución con la
complicidad de todos los poderes. El temor reverencial y disciplinado de los
militantes de PAIS, de los funcionarios del régimen, anticipan la sumisión de
todos los poderes, en el nuevo orden propuesto, incluida la sumisión de los jueces
a la nueva jusrisprudencia, que no será otra que el beneplácito o el disgusto del
presidente.
Es sorprendente cómo personajes, que uno consideraba de cierto criterio, olvidan
tan pronto principios que hace pocos días defendían con tanto ardor y que ahora
con el mismo ardor vituperan para echar leña al fuego el fuego de la hoguera que
el presidente quiera atizar. Con qué desparpajo, superficialidad, prisa y
obscenidad, el gobierno y el populacho se dispone a arrastrar por la calles e
incinerar la Constitución del 2008, redactada en Ciudad Alfaro, Montecristi,
Manabí. Quienes participamos en la Asamblea con sueños de largo aliento, no
podemos menos que sentir que se quema la última oportunidad de esta
generación de construir algo más que una banana republic, manejada como
propiedad de los gobernantes de turno, una banana republic del siglo XXI, pero a
la postre mucho de banana y poco o nada de republic.