Este documento discute el impacto de las políticas neoliberales en la educación pública y los derechos humanos en Colombia. Argumenta que las políticas neoliberales han privatizado y mercantilizado la educación, convirtiéndola en un servicio en lugar de un derecho humano. Esto ha llevado a restricciones de acceso, aumento de costos, y una orientación del conocimiento hacia los intereses del capital en lugar de las necesidades sociales. Además, señala que el Estado ha violado los derechos humanos de los estudiantes a través

1. DERECHOS HUMANOS Y EDUCACIÓN PÚBLICA
¿COMO CONCEBIMOS LA UNIVERSIDAD?
El problema de la educación está ligado al contexto histórico en el cual nos
encontremos. Hacer referencia a la educación implica necesariamente pensar
en nociones sobre los hombres y las mujeres, sus capacidades y
potencialidades y, por supuesto, una idea sobre la sociedad.
Encontramos en el debate educativo diferentes proyectos de educación y
sociedad enfrentados, abierta o soterradamente. En el contexto actual se
enfrentan el proyecto del capital globalizado contra la posibilidad de un nuevo
proyecto de humanidad. Este enfrentamiento no es nada nuevo y está
relacionado con el problema de la dominación.
En la actualidad nos encontramos ante un conjunto de ideas del bloque
dominante: la ideología del mercado. Este conjunto de ideas nos sugiere que el
triunfo del capitalismo a nivel mundial demuestra que es la única forma de
organizar la sociedad y marca el fin de las ideologías. Por supuesto, la mano
invisible del mercado como eje regulador de la sociedad y garantía de la
redistribución social.
Este conjunto de ideas se ha conocido como neoliberalismo y se vienen
instalando como prácticas en diversos escenarios de la sociedad. Uno de estos
escenarios es la educación, espacio privilegiado para la
producción/reproducción de ideas y por qué no: control del espíritu y del cuerpo
del ser humano. En esta lógica, es pertinente sólo aquel conocimiento que
puede ser útil para el mercado. Es decir, la educación en el modelo, deja de ser
un derecho para convertirse en un servicio que ingresa al libre mercado y al
que deben aplicarse los estándares de competitividad -medios de cualquier
proceso productivo: calidad, cobertura, eficiencia y racionalización del gasto. La
ampliación y liberación de los mercados cambia los enfoques académicos, los
perfiles profesionales, la duración de los ciclos formativos, las dinámicas de
financiación y las nociones de gestión y gobierno educativo.
La relación universidad - sociedad se reduce a la relación universidad –
empresa. Se trata de una adaptación funcional y acrítica al contexto mundial
(innovación, competitividad, emprendimiento, etc.); en esta visión “Lo
importante no es el ser humano y el desarrollo de su potencial sino su
posibilidad de inserción en el mercado del trabajo.”1
Es así como la educación empieza a ser reformada con unos objetivos muy
claros:
1. Aumentar la productividad económica, condicionando la educación a
las nuevas exigencias de la empresa privada, que presupone un estudio
calculado para la adaptación acrítica al modelo, internacionalización y
mercantilización de la misma.
1
CONDE Cotes, Alfonso. El rumbo de la Universidad Pública. http://firgoa.usc.es/drupal/node/31827

2. 2. Liberar al Estado de los gastos de funcionamiento, impulsando la
autofinanciación a través de la venta de servicios, el aumento de matrículas y la
reducción del bienestar universitario.
3. Coartar, manipular y controlar el desarrollo de todo tipo de actividades
sociales, políticas, culturales y pedagógicas que no se inserten en las lógicas
de mercado.
4. Controlar la investigación, orientando sus fines hacia el desarrollo del
sector productivo.
5. Fortalecer la universidad privada en detrimento de la pública.
Para el logro de estos objetivos se han diseñado políticas como la Ley 30 de
1992, la cual determina los aportes que la nación debe dar a las universidades
y que hoy pretende ser reformada para avanzar en el camino privatizador de
las mismas, enfrentándolas a la des-financiación, argumentando la falta de
presupuesto y la ineficiencia de las instituciones públicas. Esto contrasta con el
desmedido gasto presupuestal en políticas de Seguridad.
Hay que decir que a partir del año 2002, estas medidas se profundizan con la
entrada en vigencia de políticas funcionales al sistema, entre las cuales
encontramos la mal llamada “Revolución Educativa”, el Plan Decenal de
Educación y el Plan Visión 2019. Políticas educativas que se fundan
básicamente en la Centralización curricular trayendo como consecuencias:
1. La asignación basada en la demanda
2. Altas tasas de deserción
3. Un alto déficit presupuestal que hace inviable a las universidades y demás
instituciones educativas públicas.
4. Una brecha entre ciencia, desarrollo y educación.
5. Insuficiente apoyo a carreras de las artes, las ciencias sociales y humanas.
Todas estas políticas no sólo restringen el acceso a las universidades y elevan
los costos en las matrículas, también modifican la orientación del conocimiento,
promoviendo una idea del mismo al servicio del capital nacional y
transnacional. Esto desemboca en la no producción de saberes pertinentes y
necesarios para la sociedad; situación que se ve reflejada a diario en la venta
de investigaciones al capital transnacional, las reformas académicas que
promueven la formación técnica y tecnológica en detrimento de la formación
profesional y los procesos de extensión universitaria que se convierten en
convenios con la empresa privada.
Como consecuencia de la aplicación de las políticas neoliberales, las
universidades acaban formando técnicos que se insertan acríticamente en el
precario mercado laboral colombiano, dejando de lado la posibilidad de una
universidad que forme hombres y mujeres libres, que lean y actúen
críticamente en su entorno y sean capaces de proponer caminos para superar
los grandes problemas del presente.
En general y debido al desarrollo desigual y conflictivo de la política del bloque
dominante, en el sector específico de análisis, el educativo, se presentan
problemas endémicos que desarrollan coyunturas cíclicas, entre ellas la des-

3. financiación, la falta de acceso, cobertura y calidad, el carácter de la
construcción y reproducción del conocimiento, docencia, investigación y
extensión, autonomía e ingobernabilidad.
LA UNIVERSIDAD COMO ESCENARIO DE DISPUTA
En esta dinámica la Universidad juega un papel fundamental, pues el bloque
dominante ve ésta como un escenario para la formación de los cuadros
técnicos e intelectuales necesarios para la reproducción de la sociedad de
mercado.
Por lo anterior ésta es un escenario de disputa, donde se da una constante
contradicción entre las distintas concepciones de Universidad, Educación,
Conocimiento y lo Público; entre otros. Es así, como se ven enfrentados los
intereses del bloque dominante que cuentan con entes estatales y
paraestatales para posicionar sus disposiciones contra las necesidades de los
estudiantes, las visiones de algunos de sus sectores, y las actividades de
organización y movilización de estos.
Aquí se confrontan el proyecto neoliberal anteriormente nombrado contra una
propuesta de cuestionar y criticar el conocimiento que la universidad produce,
el tipo de profesionales que forma, y los intereses y necesidades a los que esta
institución responde; para avanzar en la disputa ideológica y en la lucha por la
universidad orientada a satisfacer las demandas del pueblo; y problematizar
acerca de la socialización del conocimiento y del rol de una universidad
restrictiva en este proceso.
En esta disputa, los estudiantes desde hace varias décadas han venido
desarrollando procesos de movilización y organización planteando la necesidad
de construir una nueva propuesta de educación. En la cual históricamente los
diversos sectores de la Educación han reivindicado ésta como un Derecho
Humano. Este es reconocido en el artículo 26 de la declaración universal de los
Derechos Humanos. Pero más allá de que se encuentre en la Declaración, se
trata de la justificación político-filosófica que se encuentra tras este Derecho
Humano.
Este Derecho ha intentado materializarse mediante la implementación de la
Educación Pública, la cual ha sido defendida desde todos los sectores
populares del país que consideran necesario la democratización de la
Educación.
Entender la Educación Pública como un Derecho Humano, es asumir que esta
es necesaria para la dignificación del ser humano. Pues es patrimonio
colectivo/cultural y crítico de la sociedad y que hoy en día ha sido convertida en
un bien o servicio que debe pagarse.
Según la UNESCO; "al igual que los demás derechos humanos, el derecho a la
educación les impone a los Estados tres niveles de obligación:

4. La obligación de respetar, la de proteger y la de cumplir con cada uno de los
“rasgos esenciales” (disponibilidad, accesibilidad y adaptabilidad) del derecho a
la educación.
La obligación de respetar exige que los Estados eviten tomar medidas que
estorben o impidan el disfrute del derecho a la educación.
La de proteger obliga al Estado a tomar medidas para prevenir que una tercera
parte pueda interferir en el ejercicio del derecho a la educación. A su vez, la
obligación de cumplir entraña la de facilitar y suministrar.
La obligación de facilitar le impone al Estado la adopción de medidas positivas
con el fin de ayudar a los particulares y a las comunidades a disfrutar del
derecho a la educación.
Además, los Estados tienen también la obligación de hacer efectivo el derecho
a la educación."2 Lo anterior se encuentra en el “Marco de Acción de Dakar”,
firmado por el Ministerio de Educación de Colombia en el año 2000.
El Estado tiene la obligación de hacerse cargo de este derecho, porque esa
formación educativa redunda en beneficio de toda la sociedad, y no sólo de
aquel que la obtiene.
El Estado Colombiano con la Constitución Política de 1991, en su artículo 67,
plasma el derecho a la educación, pero a la vez le da a este el trato de servicio
público. Al mismo tiempo en el inicio de la década del 90, durante el gobierno
de César Gaviria se da la apertura económica. Esta “política económica es una
de las partes integrales de la ideología política conocida como
Neoliberalismo”.3 Anteriormente se nombró las implicaciones del modelo
Neoliberal para la educación. En este sentido el Estado Colombiano ha
evadido su obligación de hacerse cargo del derecho a la educación. Lo cual,
históricamente ha sido una práctica repetitiva de este; por esto los estudiantes
se han movilizado en torno a la reivindicación del derecho a la educación como
un bien social y colectivo, haciendo énfasis en la función social de esta. Es
decir, de cómo la educación debe estar para resolver las necesidades del
pueblo, lo que lleva a asegurar el hecho de que más allá de ser un beneficio
individual es un beneficio para toda la sociedad.
Lo anterior ha redundado en crear un malestar general en toda la comunidad
educativa, por lo cual se ha visto obligada a movilizarse constantemente
exigiéndole al Estado el cumplimiento de sus obligaciones de respetar y
garantizar el derecho a la educación y a la vez una reforma en la cual se dirija
su enfoque a la transformación social.
En este sentido la comunidad educativa ha sido constantemente víctima de
crímenes de Estado y de la violencia paramilitar.
2
UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
http://www.unesco.org/es/right-to-education/normative-action/state-obligations/
3
Biblioteca Luis Angel Arango, Banco de la República de Colombia.
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli69.htm

5. VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA UNIVERSIDAD
Las violaciones de derechos humanos dentro de las universidades ha sido
una herramienta utilizada por el Estado y toda su maquinaria para acallar las
voces críticas que se expresan en la universidad.
En el sector estudiantil desde hace varias décadas recae la violencia estatal y
paraestatal, convirtiendo a los estudiantes en víctimas de la desaparición
forzada, las masacres y homicidios, el desplazamiento forzado, las amenazas
perpetuadas a mano de grupos paramilitares, los procesos judiciales iniciados
en contra de algunos miembros del “movimiento estudiantil”, por medio de los
cuales se inician investigaciones por falsos delitos, la estigmatización a través
de los medios de comunicación, entre otros.
Así mismo, como planteó la Corporación Jurídica Libertad en su comunicado
del 02 de junio de 2010 “algunas instituciones gubernamentales y diferentes
medios de comunicación, tanto nacional como local, han registrado varios
artículos, posiciones y declaraciones frente a la problemática que se vive en
la(s) Universidad(es)”4
“Los ejes que se plantean como problemáticas, son: el expendio y consumo de
drogas, los atracos a mano armada, supuestas violaciones sexuales al interior
de los baños de mujeres, presencia de los venteros informales y las acciones
de protesta de algunos estudiantes. Sin embargo, la mayoría de las
publicaciones sobre este tema evaden o pretenden ocultar el problema real que
afronta la Universidad: la expansión del proyecto paramilitar que desde hace
rato penetró al interior (…) de la mayoría de las universidades públicas del
país.”5
El Estado al ignorar y ser cómplice de estos hechos ha contribuido a que estos
se conviertan en una práctica sistemática, que se puede entender como política
de Estado.
Con esto el bloque dominante ha logrado instaurar una cultura del miedo y del
olvido en el sector estudiantil. Miedo a pensar diferente, miedo a opinar sobre
algunos temas, miedo a la organización y el olvido de su historia de lucha y
resistencia.
Por esto nos empezamos a plantear la necesidad de defender los Derechos
Humanos en el sector estudiantil, pues los crímenes en contra de estos quedan
en la impunidad, ya que el Estado colombiano al ser manipulado por el bloque
dominante maniobra las instituciones jurídicas para imposibilitar el ejercicio de
nuestros derechos.
4
Corporación Jurídica Libertad. La Universidad de Antioquia hace la vista ciega al paramilitarismo que
desde hace rato penetró la institución.
5
Ibídem.

6. Las herramientas jurídicas son útiles en la medida que podemos ir visibilizando
estos crímenes tanto en los escenarios nacionales como en los internacionales,
por medio de las denuncias a las violaciones de Derechos Humanos y es una
posibilidad para ir comprometiendo el Estado públicamente para que genere
garantías de no repetición.
Si bien estas instituciones jurídicas obstaculizan esta labor, es de vital
importancia tener en cuenta que mas allá de las herramientas jurídicas están
las herramientas de organización social, por medio de las cuales se construye
la verdad de los de abajo, generando escenarios para la construcción de
Memoria Histórica en la búsqueda de la defensa de los derechos humanos.
Así iremos aportando a la reconstrucción del tejido social, que permitirá
articular distintas iniciativas encaminadas a construir una propuesta de nuevo
país.
Por eso levantamos nuestra voz, esperando que esa voz se convierta en
muchas voces y así lograr ese proyecto de universidad crítica al servicio de la
sociedad que tanto necesitamos y tanto soñamos.