La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de 2006, y su Protocolo Opcional facultativo, que forman parte del ordenamiento jurídico español desde el 3 de mayo de 2008, destaca el hecho de que la mayoría de las personas con discapacidad - que suponen un 15% de la población mundial según la Organización Mundial de la Salud (OMS)- vive en condiciones de pobreza y reconoce la necesidad crítica de abordar el impacto negativo que ésta tiene en las personas con discapacidad desde un enfoque basado en los derechos.