¿Invertimos recursos públicos en inclusión o aplicamos esos recursos a engordar el complejo punitivo judicial/policial/penitenciario? ¿Es ese el debate de fondo?

1. ¿Punición o Inclusión? Atrapados en la
habitación cerrada de la democracia argentina.
Una salida desde el SIPPD1
.
Lic. José Benito Cupeiro Ratti2
1. Introducción
“Porque si podía convencerme de que lo estaba buscando, eso necesariamente significaba que él estaba en alguna
otra parte, en alguna parte fuera de mí, más allá de los límites de mi vida. Pero me había equivocado. (…) Esa
habitación, lo descubrí entonces, estaba situada dentro de mi.”
(Paul Auster. La habitación cerrada. 1986)
¿Invertimos recursos públicos en inclusión o aplicamos esos recursos a engordar el complejo
punitivo judicial/policial/penitenciario? ¿Es ese el debate de fondo?
Bajo los paradigmas de organización societal vigentes, los campos Inclusivo y Punitivo no
configuran zonas puras. Como el yin y el yang, ambos se contienen; pero esa variación en las
proporciones diferencia tanto el contenido cuanto el horizonte estratégico de cada variante.
Desde ambas opciones se articulan ideas, necesidades políticas, intereses corporativos,
mercados laborales y negocios; y si bien, por componer un mismo campo de fuerzas, sus
conformaciones exhiben similar estructuración, no son equivalentes. Ambas suponen -y
conducen a- sociedades distintas; la variante inclusiva expresa el programa de una sociedad que
conquista la Ciudadanía para todos y con todos; mientras la variante punitiva ostenta el
programa de una sociedad que acepta una Ciudadanía segmentada, parcial, incompleta ya que
una parte de esa sociedad no participa de ella: está castigada.
El sábado 5 de abril último, una vez que el gobierno bonaerense coronó la Contrarreforma
iniciada en 2007 por Carlos Stornelli, Ricardo Casal y los porongas3
de la Bonaerense poniendo
en vigencia la “Emergencia en Seguridad” por doce meses, cuyo efecto esperable en el corto
plazo es el retorno al servicio activo de policías y penitenciarios exonerados, la compra de
1
Sistema Integral de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños de la PBA (Ley 13.298).
2
Licenciado en Sociología (Universidad de Buenos Aires)
3
http://www.latecla.info/3/nota_1.php?noticia_id=60365
1

2. pertrechos sin licitación, el incremento de las prisiones preventivas y los casos de gatillo fácil,
quedó claro que uno de los componentes del campo de fuerzas enfrentadas polarmente en el
sistema político consiguió romper el balance a favor de guiar, desde el enfoque punitivo, la
acción estatal sobre los territorios en los que se concentra el excedente social que produjo la
reconversión capitalista denominada neoliberalismo, a fin de garantizar la gobernabilidad bajo
ciertas condiciones (status quo).
La Policía de la Provincia de Buenos Aires es una fuerza de unos 56.000 efectivos4
afectados a
la seguridad de 16.000.000 de personas (285 habitantes por efectivo) distribuidos en una
superficie de 300.000 km2. Comparado con territorios con tasas de criminalidad iguales o
menores5 6
y cifras de población y superficie similares no se trata de un cuerpo de policía
particularmente numeroso; de hecho parece razonable el proyecto impulsado por el actual
Ministro de Seguridad provincial Alejandro Granados tendiente a bajar aquel ratio a unos 160
en dos años7
.
En todo caso el dilema con la Bonaerense es el de siempre: si los agentes nuevos, con la
vocación intacta y formados, por ejemplo, en la Universidad de La Matanza, actuarán en la
calle a las ordenes de la estrategia de protección ciudadana impulsada desde el poder
político o lo harán al servicio de “La Caja” administrada desde las Superintendencias y
Departamentales8
. De ello dependerán las tasas de criminalidad durante los próximos años.
A continuación ofrecemos una síntesis esquemática del cuadro que hoy enmarca la situación de
la Seguridad Ciudadana en la Provincia de Buenos Aires tomando fuentes bibliográficas y
periodísticas accesibles aplicando en Google, entro otros, los tags Policía Bonaerense,
Reforma, Contrarreforma, León Arslanián, Marcelo Saín, Juan Pablo Cafiero, Alberto Binder,
Ragendorfer, Amia, Juan José Ribelli, Cabezas, Gustavo Prellezo, Pedro Klodczyk, Juan
Carlos Paggi, Porongas, Masacre de Ramallo, Caso Candela, Patas Negras, Buenos Aires 2,
ley 13.202, Caja Feliz.
4
http://www.sipoba.com.ar/index.php?option=com_k2&view=item&id=376:la-inseguridad-que-padecemos-tiene-responsables-
con-nombre-y-apellido&Itemid=822
5
http://www.worldwewant2015.org/file/302726/download/328431
6
http://www.slideshare.net/carlosguillermoblanco/fuerzas-policiales-en-la-nueva-unin-europea-una-sinopsis-16584052
7
http://www.agepeba.org/Lectura.asp?id=7560
8
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-114450-2008-11-04.html
2

3. 2. Punición
“La ausencia de la autoridad traerá un gran desorden en la sociedad:
la tan temida anarquía! ¿Es aquí donde verdaderamente queremos estar?”
(Subofl. Ppal. Carlos R. Massacane. APROPOBA.COM.AR. 2014)
Los brotes de violencia social expresados, entre otros, como delitos contra la propiedad y
homicidios en ocasión de robo, impulsados por la des-regulación policial del micro delito
intersticial y amplificados por hipercoberturas mediáticas9
, tienen como horizonte estratégico
la clausura de la variante inclusiva hegemonizada hoy por el kirchnerismo a favor de la
variante punitiva. El complejo punitivo, especialmente su andarivel policial/penitenciario
sobre-autonomizado, dejó de ser neutro; produce intervenciones que desafían la estabilidad del
sistema político. La democracia aún tiene cuentas pendientes con él; y mientras continúan sin
saldarse, asiste a la hipertrofia de aquella autonomía y al crecimiento exponencial de su
capacidad y vocación de influir sobre el sistema de toma de decisiones estatal.
En la vasta zona de Pauperización que fundó la reconversión neoliberal pueden identificarse
varias sub-zonas: la pauperización Social que produjo entre otros efectos una marginalidad
intersticial y de borde urbano sedimentada, y por ello poco sensible a la reactivación económica
pos 2003, configurando recortes de la población que reproducen una subcultura marginal
signada por el desamparo y la anomia; y una pauperización Institucional que produjo en el
nivel del complejo punitivo un cártel de corrupción transversal a los sub-sistemas judicial,
penitenciario y policial proveedor de logística, inteligencia y cobertura. La actual Organización
Criminal entrama esas pauperizaciones persiguiendo no solo disponer de un amplio mercado de
trabajo cautivo aceitado con pasta base y prisión preventiva sino también de aquellos tres
insumos básicos merced a un agregado público y privado pre existente a su despliegue
territorial y entrelazado a él.
Guillermo Suárez Mason y Ramón Camps desde la Provincia de Buenos Aires (1er Cuerpo)
junto a Luciano Benjamín Menéndez desde Córdoba (3er Cuerpo) representaron al ala dura de
la primera junta procesista en la empresa iniciada por José López Rega abocada a formatear
las fuerzas policiales y penitenciarias (federal y provinciales) como apéndices logísticos y
operativos de los grupos de tarea coordinados desde las FFAA.
9
http://www.lanacion.com.ar/1679660-chile-cuba-y-argentina-tienen-las-tasas-de-homicidio-mas-bajas-de-america-latina
3

4. Durante los últimos treintipico años de democracia el sistema político en sus variopintas
expresiones con avances y retrocesos hizo sus respectivos aportes para que el aparato militar
fuera descabezado, desfinanciado, desmantelado, reducido e incipientemente rediseñado es
decir, democratizado, a fin de completar la reconversión de una democracia del partido militar
a unas fuerzas armadas de la democracia.
Sin embargo las fuerzas policiales y penitenciarias, fuertemente estructuradas de arriba hacia
abajo para servir a la criminalidad sistemática (organizada) pero a partir de 1983
repentinamente sin conducción estratégica ni misión específica y a salvo de objeciones
institucionales, se replegaron territorial y corporativamente sobre sus capacidades instaladas
ociosas complementando su labor como auxiliares de la justicia con la articulación y regulación
de las actividades ilícitas a través de las Brigadas de Investigación como administradoras del
sistema de zonas (cuadrículas) liberadas con sus recaudaciones correspondientes.
A mediados de los años ‘90 la pauperización social e institucional acumuladas y combinadas
con la irrupción de drogas duras baratas comenzó a arrojar sus primeros emergentes que, por
oleadas, hicieron saltar las tasas de criminalidad pero también insinuaron transformaciones
profundas en las modalidades y especificidad del delito. El garito del pueblo y el sauna del
barrio incorporaron las apuestas y la trata de personas; el breve circuito nocturno y vip de coca
y heroína mutó en complejas redes de trafico, fraccionamiento, distribución y exportación de
pluri-sustancias; mientras los tradicionales pungas y rateros y la más reciente mano de obra
desocupada del proceso (Gordon, Puccio) devinieron en un complejo mercado de trabajo
integrado por recurso humano de diversa cualificación donde el pibe fisurado con pasta base,
que en cualquier barrio sale a buscar un celular o una billetera para comprar otra dosis y que
ayuda a mantener constante la demanda de adicionales, convive e interactúa con los miles de
exonerados por Arslanian y juanpi Cafiero dedicados, en actitud empresarial, a la piratería vial,
el comercio de auto partes usadas, el delivery minorista de armamento reglamentario con la
numeración limada y la inteligencia interna por medio de pantallas conocidas como agencias
de seguridad privada.
O sea el delito se incrementó pero sobre todo se hizo más complejo, diversificado y extendido
requiriendo y fomentando una cada vez mayor organicidad por los vértices entre sus propios
organigramas y los de las fuerzas de seguridad responsables de prevenirlo y reprimirlo.
***
4

5. 3. Inclusión
“Yo lo único que pido al gobierno es que me cuiden, que me protejan”
(Mirtha Legrand. ACML, Canal 13. 2014)
Evidentemente la reorganización de la plataforma local del capitalismo mundializado
emprendida a partir de 2003 y a la que algunos definen como neo-desarrollista, no ha sido
capaz aún de ofrecer un horizonte real de inserción formal para los contingentes desafiliados
que proliferan en los intersticios de la pobreza estructural.
En esta fase de la configuración capitalista local, cuyo contexto económico es el de la “Edad de
Oro” de las comoditis, el Estado cierra la economía a favor de un nomenclador de bienes que se
corresponden con los núcleos fabriles trabajo intensivos que sostienen la recomposición del
mercado de trabajo formal cuyos aportes previsionales sostienen las políticas públicas de
inserción. Esos núcleos productivos ineficientes, escasamente competitivos y caros consumen
sojadolares vía retenciones (que de otro modo serían absorbidos por un añorado mercado de
bonos nominados en moneda extranjera) y los traducen en utilidades patronales pesificadas y
recursos fiscales y previsionales que la afip y la anses a su vez traducen en gobernanza.
Esta fase evidencia pues su límite en iniciativas como Argentina Trabaja, Ellas Hacen,
Progresar y AUH admitiendo que la propia dinámica sustitutiva provee un coeficiente de
elasticidad empleo-producto insuficiente (estancado en 0,20/0,22) que obliga a ralentizar el
crecimiento del mercado de trabajo a fin de evitar el derrumbe del salario real y la consecuente
caída de los recursos fiscales y previsionales necesarios.
No es raro que los impulsores de la variante punitiva exijan también el 82% móvil: ocurre que
los recursos con los que se sostienen las políticas de inserción provienen principalmente de
recursos directos o indirectos transferidos desde activos formales y jubilados.
Así como la boleta de los ABLs municipales incluye la tasa de seguridad con la que los
intendentes le ponen gasoil a las patrullas e instalan cámaras inútiles para bajar el delito pero
cuyo negocio mantiene precariamente contenido el asedio de los referentes punitivos locales, en
la boleta de sueldos y jubilaciones vienen explícitos y tácitos los descuentos que alimentan el
presupuesto de la seguridad social; es decir de la paz y la convivencia social que las fracciones
con capacidad contributiva pretenden obtener del Estado a cambio de esos aportes hechos a
regañadientes.
5

6. Las políticas de inserción actúan sobre varios flancos del problema:
1) Ayudan a recomponer micro intervenciones estatales discontinuadas a partir del
desguace operado durante la fase anterior (neoliberalismo). Pintar cordones y ralear
malezas periurbanas o refaccionar y mantener escuelas y plazas eran funciones básicas
que los estados locales desahuciados dejaron de cumplir y recuperan por esta vía.
2) Contienen una parte de los sans-culottes en el nivel territorial entrelazándolos a las
orgánicas estatales y para-estatales (MMSS, ONGs).
3) Crean una zona mixta de transición y descompresión en la antesala del mercado de
trabajo para quienes se aprestan a incorporarse como población económicamente activa
amortiguando las presiones sobre las tasas de empleo y sub empleo y sobre el salario
real.
4) Otorgan apoyatura territorial al proyecto político inclusivo neodesarrollista.
El complejo punitivo y las representaciones políticas que se articulan en torno a él disputan
esos recursos no solo en beneficio propio sino fundamentalmente para apurar la clausura,
desfinanciándola, de la variante inclusiva actualmente en funciones de gobierno pero sin
perspectivas claras de poder renovar el liderazgo que dejará vacante la presidenta Cristina
Fernández. En esa incertidumbre se originan los principales impulsos por alcanzar un
escenario sucesorio fuertemente estructurado en torno a la problemática de la “Inseguridad”
(seguridad ciudadana) al cual solo la variante punitiva viene pudiendo responder con solvencia
como solo la variante inclusiva es capaz de hacerlo en un escenario dominado por la
problemática de la movilidad social ascendente y la seguridad social.
Porque cuando las fracciones sociales contribuyentes que financian y votan variantes inclusivas
se sienten desamparadas y en peligro trasladan su apoyo a quienes dominan la escena punitiva.
Las agendas que proponen quienes hoy encarnan el re-cambio desde adentro y desde afuera del
oficialismo colocan la lupa sobre el momento en que la violencia social emerge como actividad
criminal, invisibilizando el momento en el que la violencia se produce que es cuando se
encuentran y entraman las pauperizaciones Social e Institucional como precondiciones del
afianzamiento y desarrollo de actividades e incipientes redes criminales.
6

7. El ancho campo inclusivo, más allá del signo político o la pertenencia partidaria que ostente,
comparte la necesidad estratégica de colocar en el centro del debate público el momento de la
producción de la violencia social tanto en su faz social cuanto en su faz institucional.
Sin embargo el problema parece fácil de formular pero no es tan fácil de abordar cuando la
dimensión ética (deber ser) entra en tensión con las restricciones presupuestarias y políticas:
invertir lo suficiente para revertir ambas pauperizaciones es caro y requiere reasignaciones
presupuestarias y eso requiere un Estado cuya especificidad, cuya composición traduzca ciertos
consensos sociales y estos solo pueden conquistarse demostrando fehacientemente que la
solución propuesta resuelve el problema o al menos lo acota dentro de plazos razonables. De lo
contrario la gestión judicial/penitenciaria/policial basada en la regulación recaudatoria de las
redes criminales resultará una solución conocida, fácil de comunicar e instrumentar y
relativamente barata.
***
7

8. 4. Abrir la habitación
“Vinimos a ocupar el territorio. Se terminaron las zonas liberadas”
(Sergio Berni. La Capital de Rosario. 2014)
El 29 de diciembre de 2009 fue presentado desde el Congreso Nacional el Acuerdo para la
Seguridad Democrática10
suscripto por una amplia y heterogénea coalición política,
institucional y ciudadana que provee un verdadero programa de intervención integral; el
documento enmarca la problemática de la Inseguridad a través de diez puntos y se propone
“conseguir un acuerdo político y social amplio que permita avanzar en el diseño e
implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar
soluciones inmediatas y perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad”.
Sin embargo habiendo transcurrido ya más de cuatro años y dos turnos electorales el debate que
propone el documento ha sido reemplazado por otros menos progresivos y superadores. Es
decir, la capacidad del sistema político de interpelarse a si mismo no ha exhibido similar
capacidad respecto del conjunto de la sociedad que se encuentra atrapada en debates primitivos
que ponen incluso en tensión las propias bases normativas del estado de derecho y la
convivencia democrática.
Dicen que el ex presidente Néstor Kirchner decía que la política si no quiere someterse a los
condicionamientos corporativos debe desplazarse por el límite de lo posible11
; lejos de ese límite
se ganaría en tranquilidad pero gobernando para las corporaciones, las mafias y el loby; a su
vez traspasándolo bruscamente la política se aísla. O sea que el límite sería el límite de la
política de masas: la política pensada como democracia de masas, es decir la democracia
popular. Se puede estar del otro lado del límite pero solo como minoría intensa.
Desde esta perspectiva la peor opción para el campo que articula la variante inclusiva es
mostrar desinterés y sordera frente a las demandas y reclamos de las capas sociales que
acuerdan solo tácticamente con el proyecto político que la impulsa, pudiendo explorar
respuestas satisfactorias formuladas en clave democrática y popular.
El Operativo Rosario desplegado el último 9 de abril por 3000 efectivos de fuerzas federales
al mando del Ministerio de Seguridad Nacional que conducen Cecilia Rodríguez y Sergio Berni
10
http://www.asd.org.ar/
11
http://vimeo.com/67029334
8

9. se basó en los protocolos de actuación aplicados desde 2008 por José Benincá Beltrame desde
la Secretaría de Seguridad de Río de Janeiro12
en veinte favelas bajo la denominación de
Unidades de Policía de Pacificación (UPP armada y UPP social).
Con un esfuerzo ideológico y operativo notable, esta experiencia originada en Medellín hace
una década, tomando distancia del Plan Colombia y la “Guerra contra las Drogas” impulsados
en el subcontinente por el gobierno estadounidense desde los años ’80, aplica la táctica de
ocupación conocida como saturación policial que implica el despliegue relámpago y
abrumador de fuerzas para forzar el repliegue automático y pacífico o con escasa resistencia del
aparato militar mafioso evitando bajas en la población civil. Desde este paradigma la
ocupación territorial por parte del estado implica devolver para uso público un espacio que los
cárteles habían privatizado; se ocupa en el sentido de que se retrotrae la privatización de un
espacio devolviéndole la condición de espacio público. Sin embargo se asume que la inclusión
no acontece en espacios sino en tramas; la Ciudadanía son los nudos del entramado social. Sin
entramado no hay nudo y sin nudo no hay Ciudadano. Las fuerzas policiales recuperan un
territorio más que ocupándolo des-ocupándolo; pero eso no resuelve el problema ya que para
reconquistar la Ciudadanía hacen falta además de un espacio frágilmente “pacificado”,
relaciones comunitarias. Entonces el vacío habrá de llenarse de relaciones que en parte proveerá
el propio Estado a través de sus agencias sanitarias, de empleo y formación y de desarrollo
social que enmarcarán y sostendrán la regeneración del propio entretejido comunitario que el
neoliberalismo deshizo facilitando que el crimen organizado filtrara por esas grietas
cristalizándolas como marginalidad.
El futurible de mediano plazo sería la pacificación del territorio intervenido (desarme militar),
con el consecuente repliegue gradual de la saturación policial dejando a las demás agencias
estatales desplegando sus esfuerzos de largo plazo.
Si bien la colonización territorial que sufre el Gran Rosario por parte de redes narcopoliciales
es más profunda y extensa que la bonaerense, ambos cuadros de situación comparten un fuerte
compromiso del complejo punitivo en el accionar y con las orgánicas criminales dejando en
12
http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/collect/clacso/index/assoc/D5534.dir/gthi2-7.pdf
http://cosecharoja.org/rio-de-janeiro-postales-de-la-pacificacion/
http://www.surjournal.org/esp/conteudos/getArtigo16.php?artigo=16,artigo_10.htm
http://uppsocial.org/programa/
9

10. evidencia que es posible explorar modalidades de intervención federales cuando las fuerzas de
seguridad locales o están desbordadas o son parte del problema.
En la Argentina los complejos punitivos provinciales no pueden aportar la solución porque una
parte de sus organigramas constituye y refuerza el problema; lo cual implica asumir la
necesidad de que eventuales esfuerzos federales se acompañen con profundas Reformas de
todo el andamiaje vinculado a la seguridad ciudadana y a la administración de justicia.
El Acuerdo para la Seguridad Democrática provee referencias normativas consistentes y
legitimidades suficientes para poder hacerlo si se llegara a revelar una determinación política
que el gobierno bonaerense no ha exhibido desde que en 2007 regresó la conducción táctica y
política de la fuerza a los jerarcas de la propia fuerza.
***
10

11. 5. Abrir la discusión
“Salió de casa y tras de sí dejó sus miedos,
y con el frío que sintió lloró de nuevo ya ves...
Al caminar se tropezó con mi desvelo,
y allí la tuve q abrazar bajo mi cielo ya ves....”
(La Vela Puerca. Se Donde Quiere Ir. 2011)
El 27 de Enero de 2005, es decir nueve meses antes que el Senado de la Nación sancionara la
ley 26.061 de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, la Legislatura bonaerense
mediante la sanción de la ley 13.298 creó el primer Sistema Integral de Promoción y
Protección de Derechos (SIPPD) de la niñez en Argentina.
Esta decisión legislativa pionera, promovía un Estado con vocación de accionar sobre el
momento de producción de la violencia social yendo a los territorios con proliferación de
vulneración de derechos de niños y jóvenes con políticas de resguardo y promoción de esos
derechos en lugar de reaccionar con políticas paliativas y represivas cuando el problema
sedimenta y emerge.
Sin embargo el presente de las políticas públicas provinciales no es el mejor. La ley 13.298, al
igual que diversas normativas impulsadas desde el ejecutivo provincial a mediados de la década
pasada, propone un óptimo de intervención estatal que en los hechos estamos lejos de haber
alcanzado. Cumplidos los formalismos previstos en los capítulos II y III de la Ley, es decir,
conformados los órganos administrativos (art. 16 y 18), la programática auxiliar (art. 29, 30 y
31) y definido el compromiso presupuestario (art. 17) el impulso que el desarrollo del Sistema
continuó recibiendo de la autoridad de aplicación provincial se desaceleró a partir de 2010/2011
recayendo en los municipios cuotas de responsabilidad cada vez mayores no solo en materia
de gestión descentralizada (art. 15 y 22) sino también en cuanto al sostenimiento financiero de
los equipos cuyos profesionales, técnicos, operadores y educadores afectados a los órganos
administrativos (Servicios Zonales y Locales) y a los programas auxiliares (p.e. Envión, Envión
Educativo13
y UDIs14
) sostienen su labor en condiciones precarias con ingresos devaluados que
se cobran con varios meses de retraso.
13
http://www.lapulseada.com.ar/site/?p=6747
14
http://www.lanacion.com.ar/1668874-ante-la-falta-de-fondos-algunos-comedores-ya-cerraron
http://www.lanacion.com.ar/1668872-denuncian-atrasos-en-los-programas-bonaerenses-de-ayuda-social
11

12. Como ocurrió durante la década del ’90 con los servicios educativos y sanitarios transferidos
desde la Nación a las Provincias sin los recursos suficientes, en este caso al transferirse las
atribuciones y competencias del SIPPD desde la provincia a los municipios discontinuándose y
desactualizándose las transferencias netas de los recursos financieros comprometidos,
comenzaron a desdibujarse las líneas de acción estratégicas sostenidas por equipos
territoriales crecientemente vaciados y desarticulados.
Así, lo que podría haber sido una herramienta de política pública capaz de promover un amplio
y profundo despliegue reparador e igualador junto al piberío, las familias y la comunidades
que habitan el desamparo y la pauperización provincial, va quedando poco a poco reducido al
desborde en los andariveles administrativos (Cap. IV y V) acompañados por esfuerzos
municipales en el nivel territorial muy destacables pero insuficientes para rescatar el sentido
estratégico de una ley de profundo raigambre constitucional e inspirada en las mejores
tradiciones del Estado Social argentino.
Es decir que en 2015, en este contexto provincial sombrío, los bonaerenses paradójicamente
podremos celebrar los diez primeros años de vida de esta criatura jurídica que formalizó y a la
vez impulsó un denso entramado estatal y comunitario volcado a la defensa y promoción del
Interés Superior del Niño incorporado por la Constitución Nacional en 1994 como principio
ordenador y orientador del accionar estatal.
Se trata de una efeméride que el campo Inclusivo provincial podría vislumbrar como una
instancia propicia para reunir sus fragmentos, exhibir sus logros y acumulaciones y ponerle voz
a los desafíos pendientes.
***
12

13. 6. Conclusión
“Me dolía el cuerpo del pibe, me dolía el corazón de los que pateaban”
(Francisco I. Telam. 2014)15
En este inicio de 2014 asistimos a la intensificación de la campaña mediática y política que
tiende a invisivilizar la condición de victimas respecto de múltiples pauperizaciones que
también poseen la gran mayoría de los jóvenes protagonistas de una parte importante de la
violencia social que las comunidades, con toda razón, repudian y frente a las cuales a veces
reaccionan espiralizándola.
Los ciudadanos de todas las capas sociales no manifiestan interés en incursionar en análisis
estadísticos acerca de la prevalencia de aquellas violencias; si dos o cuatro muertos cada cien
mil habitantes es mucho o poco. Simplemente parecen pretenden que se evite aquella violencia
que pueda ser evitada. Y la orientación estratégica del proyecto político a cargo del Gobierno
nacional desde hace casi once años, demostraría que es falso que los consensos sociales se
organicen necesariamente poniendo en juego una matriz de pensamiento punitivista. Más bien
las mayorías sociales parecen optar por variantes punitivas en última instancia. Es decir, en
todo caso podrá estar comenzando a perderse una batalla cultural, es decir una batalla por los
sentidos comunes, que en algún momento se ganaba ampliamente; pero esa batalla aún está sin
definir.
El falso dilema “Punición o Inclusión” solo funciona para el complejo punitivo y sus
representaciones políticas porque relega la variante inclusiva a un rol auxiliar y paliativo, casi
testimonial, sin efectos de poder y sin impacto en la configuración del sistema de correlaciones
de fuerza sociales que definen las prioridades en materia de políticas públicas. Por eso es
necesario superar aquel dilema colocando el complejo punitivo como auxiliar de la labor
inclusiva. Las redes narcopoliciales se despliegan en los territorios de la pobreza estructural
merced a dos recursos básicos: violencia y dinero; juntos debilitan las referencias normativas e
institucionales y someten el frágil entramado comunitario predisponiendo los cuerpos y el
sentido común del piberío para que naturalicen a esas redes como único horizonte de inclusión
posible.
15
http://www.telam.com.ar/notas/201404/58596-francisco-sobre-el-linchamiento-de-moreira-me-dolia-el-cuerpo.html
13

14. Un horizonte alternativo lo proveen hoy la Ley 13.298 y el Acuerdo por una Seguridad
Democrática. El desafío que tiene por delante el campo inclusivo es que esta opinión sea
compartida en 2015 por la mayoría de la sociedad.
Resulta urgente por lo tanto abandonar los debates de micro climas y abrir discusiones amplias,
concretas y audibles que clarifiquen aquel horizonte, impulsándolo.
Lo requieren la sociedad, aturdida y angustiada por una vociferación de mensajes retrógrados;
el sistema político, que en breve deberá definir las plataformas y discursos con los que
intervendrá en aquel barullo a fin de reorganizar los consensos sociales susceptibles de
traducción electoral; y los trabajadores del Sistema Integral de Promoción y Protección de
Derechos, que todos los días en toda la Provincia resignamos nuestros propios derechos en
defensa de los derechos de los pibes.-
Ituzaingó (PBA), 14 de Abril de 2014
14