Manual de administración pública (Ley habilitante y ley de costos y precios)

1. República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior
Universidad Nacional Experimental “Simón Rodríguez”
El Vigía Estado Mérida
Manual de administración
pública:
(Ley habilitante y ley de
costos y precios)
Facilitador: Participante:
El vigía 05-2014

2. INTRODUCCIÓN
La ley habilitante logró que todas la órdenes de Hitler (Führer Befehle), desde
las más sencillas hasta aquellas que implicaban la muerte de millones de judíos
y otros enemigos, tuvieran fuerza de ley, tal como en el siglo 21 la tuvieron en
Venezuela los “decretos con rango, valor y fuerza de ley” de Chávez y tendrán
los que de ahora en adelante dicte Maduro.
La Ley Habilitante es una herramienta jurídica de rango constitucional que
faculta al Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela a
dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre las materias que
estime pertinentes de acuerdo a las necesidades y/o emergencia del país.
De acuerdo a la previsión contenida en el artículo 203 de la Constitución, la ley
habilitante, fija las materias sobre las cuales el Presidente de la República
Bolivariana de Venezuela puede dictar decretos-leyesen las áreas donde el
ejecutivo nacional requiera legislar, de acuerdo a la situación de emergencia.
La Ley Orgánica de Precios Justos establece un control de precios y de
rentabilidad a partir de una estructura de costos que obedecería a criterios
generales contables establecidos en la Providencia Administrativa. Sin
embargo, el regulador en la medida que posea como objetivo fundamental
maximizar el bienestar social, se encontrará igualmente sujeto a satisfacer la
sostenibilidad del oferente, garantizando la cobertura de los costos de la
empresa.
La política y práctica regulatoria, en lo referido a los esquemas de regulación
de precios del tipo cost-plus y en lo que respecta a la regulación de
rentabilidades; reconoce fundamentalmente como benchmark de costos a tres
tipos de conceptos básicos:
Costo Marginal de Corto Plazo.
Costo Evitable.
Costo Incremental de Largo Plazo.

3. LEY DEL HABITANTE
Venezuela, como Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia,
propugna como valores superiores a su ordenamiento jurídico y de su
actuación, la vida, la libertad ; la justicia, la igualdad, la solidaridad, la
democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los
derechos humanos, la ética y el pluralismo político ; por lo, tanto, el Estado
garantiza la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad ; el
ejercicio democrático de la voluntad popular, la constitución de una sociedad
justa ,amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo,
y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes
reconocidos y consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela .El Estado venezolano tiene cómo deber ineludible el
fortalecimiento y la consolidación de las instituciones, que garanticen la '
protección plena del patrimonio público y el fomento de los valores y principios
éticos y morales en la Administración Pública, de manera que los servidores
públicos en el ejercicio de sus funciones estén orientados hacia una visión que
asegure, de manera absoluta, el respeto y. acatamiento de las disposiciones
jurídicas y éticas, para satisfacer las necesidades del. Pueblo venezolano.
Para garantizar los derechos constitucionales e inspirado en El Libertador
Simón Bolívar cuando dijo : "Mi constancia y mis deseos por el bien de la Patria
me harán emprenderlo todo, y trabajaré incesantemente por él, sin reparar en
las dificultades", es por lo que el Presidente de la República solicita ante la
Asamblea Nacional, de conformidad con los artículos 236 numeral 8 y 203
último aparte de la Carta Magna, Poderes Habilitantes, en materia contra la
corrupción y contra la guerra económica que acecha a la Patria, donde se
establezcan las directrices; propósitos y marco de las materias que se delegan
con rango y valor de ley, dentro de un plazo fijado para el ejercicio de esa
facultad `especial .Tomando en consideración lo establecido en el PLAN DE L
A PATRIA, concebido por el Comandante Eterno, Presidente
Hugo Chávez Frías y en las 12 LINEAS ESTRATÉGICAS DE TRABAJO, que
incluyen la construcción de: un sistema de gobierno popular, la consolidación y
aceleramiento de la recuperación de la economía nacional, la operación
eficiencia o nada. Y la lucha contra la corrupción, consagrando. La necesidad
de forjar la cultura humanista de servicio público en todos los ámbitos y así
dignificar al servidor público, haciéndolo cada vez más. Útil en el. Desempeño:
de sus funciones; de esta manera resaltan los valores tradicionales del Pueblo
venezolano, en especial el apego a los principios de solidaridad, honestidad,
responsabilidad, vocación de trabajo, amor al prójimo, voluntad de superación y
de lucha por la. Liberación Nacional de la Patria y los Pueblos .Indoamericanos
y Afrodescendientes; mediante su promoción permanente y a. través de los
medios disponibles para combatir los anti valores que fomentan el
individualismo, la explotación del hombre por el hombre, el mercantilismo, el

4. consumismo y la acumulación perversa de capitales, propio s del depredador
sistema capitalista . Todo ello, con la finalidad de profundizar y ejecutar los
mecanismos de sanción penal, administrativa, civil y disciplinaria, según sea el
caso, para los que incurran en ineficiencia administrativa, política y en hechos
de corrupción, así como en conductas que atente n contra el sistema
económico. El Estado se. ve en la necesidad de reforzar el acervo moral del
Pueblo venezolano mediante la promoción de los valores del socialismo
bolivariano, la ética, la moral, la formación y autoformación humanista, la
disciplina consciente basada en la crítica y la autocrítica, la práctica de la
solidaridad y el amor, la consciencia, del deber social y. la lucha contra la
corrupción y el burocratismo, á través de la contraloría social como estrategia
para el ejercicio de la potestad y la capacidad del pueblo, que permita,
supervisar la gestión de los órganos y entes de la Administración Pública, en el
manejo de los fondos públicos, en la eficiencia revolucionaria y en el alcance
de las metas de gestión pública.
LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUEL A
Decreta:
LEY QUE AUTORIZA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
PARA DICTAR DECRETOS CON RANGO, VALOR Y
FUERZA DE LEY EN LAS MATERIAS QUE SE DELEGAN
Artículo 1. Se autoriza al Presidente de- la República para que, en Consejo
de Ministros, dicte Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley, de, acuerdo "
con las .directrices, propósitos y marco de las materias que se. Delegan en
esta Ley, de conformidad con el último aparte del articulo 203 y el numeral 8
del. Artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y,
en consecuencia:
1. En el ámbito de la lucha contra la corrupción:
a) Dictar y/o reformar normas e instrumentos destinado s
A fortalecer los valores esenciales del ejercicio de la Función pública, tales
como, solidaridad, honestidad, responsabilidad; vocación de trabajo, amor al
prójimo, voluntad de superación, lucha por' la emancipación y el proceso de
liberación nacional, inspirado en la ética. y la moral socialista, la disciplina
consciente, la conciencia del deber social y la lucha contra la corrupción y el

5. burocratismo, todo ello, en aras de garantizar y proteger los intereses del
Estado en sus diferentes niveles de gobierno.
b) Dictar. y/o reformar normas destinadas a profundizar. Y fortalecer los
mecanismos de sanción penal, administrativa, civil y disciplinaria para evitar
lesione s o el manejo inadecuado del patrimonio público y prevenir hechos de
corrupción.
c) Dictar normas contra la legitimación de capitales.
d) Establecer mecanismos estratégicos de lucha contra aquellas potencias
extranjeras que pretendan destruir la Patria en lo económico, político y
mediático.
e) Combatir el financiamiento ilegal de los partidos políticos.
f) Establecer normas que eviten y sancionen la fuga de divisas.
g) Emitir disposiciones en defensa de moneda nacional a .fin de contravenir el
ataque a la misma
h) Fortalecer el Sistema financiero nacional.
2. En el ámbito de la defensa de la economía:
a) Dictar y/o reformar leyes que consoliden el principios de justicia social,
eficiencia ; equidad, productividad , solidaridad, a los fines de asegurar el
desarrollo humano integral, una existencia digna y provechos para el pueblo
venezolano y lograr de este modo la mayor suma de felicidad y el buen vivir
b) Dictar y/o reformar las normas que establezcan los lineamientos y
estrategias para la planificación, articulación, organización y coordinación de
los procedimientos, especialmente en materia de producción. , importación,
distribución y comercialización de los alimentos, materia prima y artículos de
primera necesidad, que deben seguir los órganos y entes del Estado
involucrados, garantizando la seguridad y soberanía alimentaria.
c) Dictar y/o reformar las normas y/o medida destinadas a planificar,
racionalizar y regular la economía, como medio para propulsar la
transformación del sistema económico y defender la estabilidad económica
para evitar la vulnerabilidad de la economía ; así como, velar por la estabilidad
monetaria y de precios, y el desarrollo armónico de la economía nacional con el
fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel
de vida de nuestro pueblo y fortalecer la soberanía económica del país, para de
este modo, garantizar la seguridad jurídica, la solidez, el dinamismo, la
sustentabilidad, la permanencia y la equidad del crecimiento económico, en
aras de logra runa justa distribución de la riqueza para atender los
requerimientos y las necesidades más sentidas del pueblo venezolano .

6. d) De Fortalecer la lucha contra el acaparamiento y la especulación que
afectan la economía nacional.
e) Regular lo concerniente a las solicitudes de divisas a objeto de evitar el uso
contrario para él fin solicitado.
f) Garantizar el derecho del Pueblo a tener bienes y servicios, seguros, de
calidad y a precios justos.
Artículo 2. Cuando se trate de un Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
Ley, al cual el Presidente de la República le confiera carácter Orgánico y no
sea calificado como tal por l a
Constitución de la República, deberá remitirse antes de su publicación en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, a la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de que ésta se
pronuncie sobre la constitucionalidad de tal carácter, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela.
Artículo 3. La habilitación al Presidente de la República para dictar Decretos
con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las materias que se delegan tendrá un
lapso de duración de doce (12) meses, para su ejercicio, contados a partir de la
publicación de esta Ley en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela.
Artículo 4. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Da, firmada y
sellada en el Palacio Federal Legislativo, se le de la Asamblea racional, en
Caracas, a los ocho (08) días del mes de Octubre de dos mil trece. Año 203°
de la Independencia y 154° de la Federación y 14° de la Revolución Bolivariana
Ley de Costos y Precios Justos
(Gaceta Oficial N° 39.715 del 18 de julio de 2011)
1. ¿Cuál es el propósito del Decreto Ley y que tipo de actividades regula?
El Decreto Ley de Costos y Precios Justos (LCPJ) fue creado con el objeto de
establecer las regulaciones y los mecanismos de administración y control,
necesarios para mantener la estabilidad de precios y propiciar el acceso a los
bienes y servicios de toda la población en igualdad de condiciones.
El tipo de actividades a las cuales se aplican las disposiciones del Decreto son
todas aquellas relaciones establecidas entre sujetos de derecho público o
privado que, con ocasión de su giro comercial, productivo o de prestación de

7. servicios, determinen los precios que correspondan a la venta de bienes o la
prestación de sus servicios, así como tambillos costos inherentes a tales
operaciones
2. ¿Quiénes son los sujetos regulados?
Los sujetos regulados por este Decreto son todas aquellas personas naturales
y jurídicas de derecho público o privado, nacionales o extranjeras, que con
ocasión del desempeño de sus actividades dentro del territorio nacional,
produzcan, importen o comercialicen bienes o presten servicios, razón por la
que reciben una contraprestación pecuniaria que satisfaga su intercambio. De
igual forma serán regulados los mencionados sujetos aún cuando los precios
de los productos comercializados o los servicios prestados sean objeto de
regulación por parte del Estado.
Sin embargo, se exceptúan los bancos e instituciones financieras sometidas a
la vigilancia de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario.
3. Se crea por medio de la LCPJ el Sistema Nacional Integrado de Costos
y Gastos (SNICP).
El SNICP, tiene como finalidad establecer los mecanismos de control a
aquellas empresas cuyas ganancias sean excesivas. Del mismo modo, el
SNICP deberá fijar criterios de justo intercambio y sincerar costos y gastos.
El SNICP estará integrado por la Superintendencia Nacional de Costos y
Precios (SNCP), los ministros del ramo y demás entes con competencia en la
materia. De manera especial, el Decreto menciona como órganos de
cooperación al SENIAT, CADIVI, INDEPABIS, BCV y Ministerio Público.
Igualmente son incluidas las instancias del Poder Popular.
Los fines del SNICP serán materializados por medio del Sistema Automatizado
de Administración de Precios (SAAP), consiste en una plataforma tecnológica
que facilita la centralización de información de SNICP y cuya creación
corresponde a la Superintendencia.
Entre las atribuciones que corresponden a la Superintendencia le son
otorgadas las más amplias facultades de inspección y fiscalización, entre las
cuales se pueden destacar las siguientes:
Realizar inspecciones y fiscalizaciones así como la verificación de la
información recibida.
 Exigir a los sujetos de aplicación del Decreto Ley la información que
requiera en el ejercicio de sus funciones, así como los soportes físicos o
electrónicos donde dicha información repose.
 Requerir a terceros, incluso de entes, órganos o funcionarios públicos, la
información que estime necesaria a los efectos de constatar los datos
aportados por los sujetos inspeccionados o fiscalizados. Dicha información
podrá ser retenida y asegurada si fuere necesario, de lo cual se dejará
constancia mediante acta.
 Requerir la comparecencia a sus oficinas de los representantes de los
sujetos inspeccionados o fiscalizados.

8.  Practicar avalúos de bienes muebles e inmuebles.
 Adoptar las medidas administrativas necesarias para impedir la destrucción,
desaparición o alteración de la documentación que se exija.
 Requerir el auxilio de la fuerza pública cuando lo considere necesario para
la continuidad y culminación del procedimiento de Inspección o
fiscalización.
 Solicitar a los tribunales competentes las medidas cautelares necesarias
para el aseguramiento de las resultas del procedimiento.
 Notificar al Ministerio Público sobre las presunciones de ilícitos cometidos
por las entidades sometidas a la regulación y control de La
Superintendencia.
De igual forma, debemos destacar que la Ley otorga a la Superintendencia la
potestad sancionatoria en materia de ilícitos relacionados con la determinación
y control de precios. Los ilícitos establecidos en la Ley son los siguientes:
 Infracciones genéricas, principalmente, de índole formal (multa de 15 SMU,
clausura e inhabilitación).
 Aumento arbitrario de precios regulados por la SNCPJ (aumento de precio
sin autorización), con sanción de multa (15 a 30 SMU, aumentable al 50%),
inhabilitación.
 Especulación (venta por encima del precio regulado o notificado), con
sanción de multa (10 a 50 SMU), clausura temporal e inhabilitación.
En este mismo sentido, la SNCP podrá dictar la normativa necesaria para la
implementación de este Decreto y demás aspectos necesarios para la
determinación de costos y precios justos incluso, podrá establecer la obligación
de colocar en sus listas de precios o en el marcaje de productos una leyenda
que indique que los precios han sido registrados, determinados o modificados
de conformidad con el presente Decreto.
Igualmente, la SNCP podrá fijar precios máximos de venta al público (PMVP) o
rangos de precios de bienes y servicios, de acuerdo a su importancia
económica y carácter estratégico en beneficio de la población.
4. Se crea el Registro Nacional de Precios de Bienes y Servicios (RNPBS)
A través del RNPBS, los sujetos regulados por este Decreto deberán
obligatoriamente, inscribirse y mantener sus datos actualizados. A lo que les
será emitida una constancia de inscripción, la cual podrá ser solicitada por
cualquier organismo o ente de la administración pública previo a la realización
de cualquier trámite. La solicitud de inscripción será sometida a la aprobación
del funcionario competente dentro de la SNCP. En caso de ser rechazada la
inscripción el sujeto podrá, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes,
proceder a ejercer los recursos pertinentes.
5. ¿En qué consiste la categorización de bienes y servicios, según la
determinación y fijación de precios?

9. La categorización de bienes consiste en la potestad que tiene la SNCP de
agrupar o clasificar los bienes o servicios, atendiendo a los criterios técnicos
que estime convenientes. Basándose también en la consulta pública con la
participación del poder popular.
6. Determinación y Modificación de Precios.
La determinación y modificación de precios estará a cargo de la SNICP y se
fundamentará en los siguientes supuestos:
 Los precios libremente fijados antes de la entrada en vigencia de la
LCPJ mantendrán su vigencia, siempre y cuando sean oportunamente
informados a la Superintendencia. La SNCP podrá modificar de oficio a fin
de establecer un precio justo.
 Los precios sujetos a control de precios por otras leyes. En este caso la
LCPJ no incide en los precios establecidos por otras leyes o el Ejecutivo.
 Los precios regulados por la SNCP como precios justos.
7. ¿Qué es y cómo se calcula el precio justo?
La ley no define el concepto de precio justo, sin embargo, podemos inferir que
éste será el establecido por la SNCP luego de haber considerado que el ya
previamente fijado es excesivo. El precio justo está compuesto por: (i) la
información suministrada por las empresas, incluyendo sus estructuras de
costos, (ii) gastos generales y (iii) la utilidad esperada. Así como también
elementos que por su vinculación puedan considerarse validos.
Sus cálculos están sujetos a cualquier metodología establecida por la SNCP,
la cual establecerá sus lineamientos tanto generales como especiales.
8. ¿La modificación de precios es solo de oficio o un tercero interesado
podría solicitarla?
De acuerdo con lo señalado en el artículo 21 de la LCPJ, la modificación de
precios podrá ser motivada por un tercero interesado que manifieste su
desacuerdo a la SNCP a través de una solicitud de evaluación de ajuste.
Siempre y cuando que la mencionada solicitud cumpla con los requisitos que
establezca la SNCP.
Es importante destacar que con la incorporación de nuevos bienes o servicios
dentro de la empresa, se deberá notificar a la SNCP siguiendo el procedimiento
establecido para la determinación del precio justo, previo a su oferta.
9. Infracciones y sanciones
Las infracciones constituyen cualquier incumplimiento por parte de los sujetos
obligados de las obligaciones establecidas en este Decreto. Los tipos de
sanciones contemplados son; multa, inhabilitación temporal del ejercicio del
comercio, la actividad o profesión y el cierre temporal del almacén, depósitos o
establecimientos.

10. Con respecto a la multa y cierre temporal, serán impuestas por la SNCP y la
inhabilitación temporal será impuesta por los Tribunales con competencia en
materia penal.
Dentro del Decreto están establecidas unas infracciones genéricas, que de
cometerlas los sujetos obligados serán sancionados con una multa de quince
(15) salarios mínimos urbanos. Algunos de los supuestos son:
 La no inscripción, o inscribirse fuera del lapso, en el RNPBS.
 No informar a la SNCP de las modificaciones en las estructuras de costos o
precios de los productos o servicios, que posee la empresa.
 La obstaculización de la actuación de los funcionarios de la SNCP, en el
cumplimiento de sus atribuciones durante los procedimientos de inspección
y fiscalización, entre otras.
La reincidencia una primera vez, le será aplicada el doble de la sanción inicial,
si es el caso que la empresa reincide por segunda vez, se le aplicará la sanción
más la clausura temporal del almacén, establecimiento o depósito, hasta por un
plazo de 90 días, dependiendo de la gravedad del incumplimiento. Ahora bien,
si se ha reincidido por más de dos veces le será aplicada la sanción, más la
inhabilitación temporal del ejercicio, hasta por un plazo de diez (10) años.
Otras de las causales de sanción son:
 El Aumento arbitrario de precios será sancionado con multa a quien
aumente el precio de un bien o servicio, sin autorización de la SNCP en los
casos que así lo requiera.
 La Especulación. Por especulación serán sancionado con la ocupación
temporal del almacén, depósito o establecimiento más multa a quienes
vendan bienes o presten servicios por precios superiores a los que hubiere
informado a la SNCP o, los que hubiera determinado dicha
Superintendencia.
A los sujetos regulados por este Decreto, que sean denunciados y se les
compruebe que algún usuario pagó con exceso los precios establecidos, estará
en la obligación de devolver el monto excedido pagado por el usuario. Sin
perjuicio de su responsabilidad civil, penal y administrativa que le corresponda.
Siempre y cuando el usuario haya ejercido las acciones respectivas.
10. ¿Quiénes serán las personas responsables ante la SNCP?
 En el caso de personas naturales: son responsables del cumplimiento del
procedimiento por sí mismas o por representantes legales o mandatarios.
 En el caso de personas jurídicas debidamente registradas o inscritas: por
sus representantes legales de conformidad con el respectivo instrumento de
creación o sus estatutos.
 En las entidades o colectividades que, sin haber llenado las formalidades
de inscripción y registro, constituyan una unidad productiva, dispongan de
patrimonio y tengan autonomía funcional: el cumplimiento estará a cargo de
la persona que administre los bienes y, en su defecto, de cualquiera de los
integrantes de la entidad.

11.  En el caso de las comunidades conyugales, uniones estables de hecho
entre un hombre y una mujer, sucesiones y fideicomisos, estará a cargo de
sus representantes, administradores, albaceas, fiduciarios o personas que
designen los componentes del grupo y en su defecto, por cualquiera de los
interesados.
11. ¿Qué medidas puede tomar la SNCP?
Los funcionarios que durante la inspección o fiscalización detectaran indicios
del incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Decreto Ley,
estarán facultados para imponer y ejecutar en el mismo acto medidas
preventivas destinadas a impedir la continuidad de los incumplimientos que
pudieran derivarse del procedimiento. Estas medidas consisten en:
 Suspensión del intercambio, distribución o venta de los productos, o de la
prestación de los servicios.
 Comiso.
 Requisición u ocupación temporal de los establecimientos o bienes
indispensables para el desarrollo de la actividad o, para el transporte o
almacenamiento de los bienes comisados.
 Cierre temporal preventivo del establecimiento.
 Suspensión temporal de las licencias, permisos o autorizaciones.
 Todas aquellas que sean necesarias para impedir la vulneración de los
derechos de los ciudadanos, protegidos por en este Decreto.
La medida preventiva de la requisición o la ocupación temporal, será
materializada mediante la posesión inmediata, la puesta en operatividad y el
aprovechamiento del establecimiento, local, vehículo, nave o aeronave, por
parte del Órgano o ente competente o, el uso inmediato de los bienes
necesarios para la continuidad de las actividades de producción o
comercialización de bienes, o la prestación de los servicios, garantizando el
abastecimiento y la disponibilidad de éstos durante el curso del procedimiento.
En los casos en que el comiso preventivo se ordene sobre alimentos o
productos perecederos, podrá ordenarse su disposición inmediata con fines
sociales, lo cual deberá asentarse en acta separada firmada por el
representante del organismo público o privado destinatario de las mercancías
comisadas.
12. ¿Cuál será el plazo para dictar el reglamento interno y creación del
Registro?
En un plazo máximo de noventa (90) días hábiles, contado a partir de la
publicación del presente Decreto Ley en Gaceta Oficial, deberá dictarse el
reglamento interno de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios y
crearse el Registro Nacional de Precios de Bienes y Servicios.
13. ¿Cuál es el lapso de prescripción de las sanciones de este Decreto
Ley?
La facultad para imponer las sanciones a que se refiere esta Ley, prescribirá a
los tres (03) años, contados a partir de la fecha en que se hubiere cometido la

12. infracción. Si es el caso en que han transcurrido más de cinco (05) años desde
la fecha de inicio del trámite para conocer sobre una posible infracción, sin
haberse resuelto definitivamente al respecto, también prescribirá la acción,
debiendo alegarla el interesado. Los funcionarios o empleados públicos
responsables del retardo en la resolución serán sancionados de conformidad
con la legislación vigente. Las facultades de inspección y fiscalización
prescriben a los tres (03) años.
14. Vigencia
El presente Decreto entrará en vigencia vencido el plazo de noventa (90) días
hábiles contado a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela, exceptuando las normas contenidas en los artículos
23, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36 y 37, que entrarán en vigencia inmediatamente
sea publicado el Decreto.

13. CONCLUSIÓN
Una Ley Habilitante es necesaria porque permitirá el marco jurídico apropiado y
sin demora para atender con prontitud a miles de familias que perdieron sus
viviendas o que fueron desalojadas preventivamente para preservarles su vida
y otorgarles un hogar digno en terrenos estables. Chávez piensa en el Pueblo y
quiere grandes soluciones en un corto plazo y está consciente de que esa
solución abarca a más de 130 mil personas que permanecen en refugios y
albergues en, al menos, la mitad del país. La aprobación de la Ley Habilitante
se traduce en poder al Pueblo Bolivariano. En esta emergencia como
consecuencia de las lluvias el Comandante Chávez da respuesta a la población
afectada garantizándole la protección y la seguridad con la habilitación de
albergues para vivir temporalmente hasta ser ubicados en viviendas dignas.
También cabe destacar y considerar que la regulación y control de precios por
medio de la determinación de una estructura de costos relevantes, debe
encontrar un benchmark que satisfaga los objetivos del regulador; así como los
objetivos de la empresa de sostenibilidad y beneficio. Tanto el criterio de los
costos evitables como el criterio de los costos incrementales de largo plazo
constituyen criterios estrictamente económicos que cuentan con amplia,
robusta y fundamentada jurisprudencia a nivel mundial. En este orden de ideas,
tanto las empresas como el regulador requieren desarrollar una serie de
labores a favor de utilizar patrones comunes y mutuamente beneficiosos; que
eviten que se lesione la eficiencia dinámica en la economía venezolana.