Derecho penal tema 27; 28 y 29

UNIVERSIDAD NORORIENTAL“GRAN MARISCAL DE AYACUCHO”
FACULTAD DE DERECHO
ESCUELA DE DERECHO
NÚCLEO CIUDAD BOLÍVAR
DERECHO PENAL II
TEMA 26; 27 y 28.
DERECHO PENAL III
TEMA 26. Violencia contra la mujer y la familia. TEMA 27. Ley
Penal del Ambiente. TEMA 28. Consideraciones Generales sobre
Delitos Bancarios. Delitos en la Red de Internet, Delitos de Derecho de
autor.

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Tabla de contenido
INTRODUCCION ........................................................................................................................ 2
Tema 26. Violencia contra la mujer y la familia........................................................................... 3
Concepto ....................................................................................................................................... 3
Objeto de la ley ......................................................................................................................... 3
Derechos protegidos.............................................................................................................. 3
Tema 27 Ley Penal del Ambiente................................................................................................. 6
Antecedentes ............................................................................................................................. 6
Objeto de la ley ......................................................................................................................... 7
Responsabilidad penal de las personas jurídicas................................................................... 7
Tema 28 Consideraciones Generales sobre Delitos Bancarios. Delitos en la Red de Internet,
Delitos de Derecho de autor........................................................................................................ 19
Delitos bancarios..................................................................................................................... 19
Delitos en la Red de Internet................................................................................................... 22
Delitos de derecho de autor................................................................................................. 33
CONCLUSION........................................................................................................................... 38

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INTRODUCCION
En este trabajo vamos analizar tres importantes temas desde el Derecho Penal, porque
podemos decir que el Derecho Penal es el instrumento más enérgico del que dispone el
Estado para evitar las conductas que resultan indeseadas o insoportables socialmente.
En primer término vamos a comenzar con el tema de la Violencia contra la mujer y la
familia, la violencia es un fenómeno globalizado caracterizado por una situación que
rompe los límites de la persona y que se puede manifestar en el plano psicológico,
físico, económico y político entre otros. La naturaleza de la violencia que padecen las
mujeres comprende modalidades: física, sexual, psicológica y económica.
La violencia de género tiene lugar en casi todas las culturas y en todas las escalas
sociales y la mayoría de las veces ocurre en el hogar. Se trata de un problema social y
de salud pública debido al impacto negativo que ejerce sobre la salud, la morbilidad y la
mortalidad de las mujeres. En Venezuela la violencia contra la mujer está tipificada
como delito pero no por eso deja de practicarse y muchos casos no son denunciados por
miedo o vergüenza. En el presente trabajo haremos un análisis de la Ley Orgánica sobre
el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
En Venezuela existen 43 parques nacionales, 21 monumentos naturales e innumerables
reservas forestales que garantizan el derecho al ambiente que tienen los venezolanos,
establecidos en el Artículo 127 de la carta magna, porque este derecho ambiental es de
toda la humanidad, aquí en el país, la primera ley Penal de Ambiente fue promulgada en
1992 y la ley vigente la tenemos desde el año 2012, la cual crea delitos especiales que
buscan evitar la acumulación de daños irreversibles a la naturaleza venezolana como por
ejemplo la tala de bosques, la quema, el envenenamiento de fuentes de agua, la caza
indiscriminada de ciertas especies en riesgo de extinción, etc. para ello el ministerio
público (la fiscalía) está encargado de ejercer estás acciones que buscan garantizar el
resguardo ambiental para que la labor del fiscal sea exitosa.
Por ultimo analizamos tres problemas que se pueden decir que se han profundizado con
el avance tecnológico, son los Delitos Bancarios, los Delitos Informáticos y Delitos de
derecho de autor.

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Tema 26. Violencia contra la mujer y la familia
Concepto
Se entiende por violencia la agresión, amenaza u ofensa ejercida sobre la mujer u otro
integrante de la familia, por los conyugues, concubinos, ex conyugues, ex concubinos o
personas que hayan cohabitado ascendientes y parientes colaterales, consanguíneos o
afines que menoscabe su integridad física, psicológica, sexual o patrimonial.
Objeto de la ley
Tiene por objeto prevenir, controlar, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y
la familia, así como asistir a las víctimas de los hechos de violencia previsto en la ley.
Derechos protegidos
Esta ley abarca la protección de los siguientes derechos:
El respecto a la dignidad e integridad física, psicológica y sexual de la persona.
La igualdad de derechos entre el hombre y la mujer
La protección de la familia y de cada uno de sus miembros y los demás
consagrados en la ley de aprobación de la convención interamericana para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
Delito de amenaza
El que amenace a la mujer u otro integrante de la familia a que se refiere el artículo 4
con causarle un daño grave e injusto, en persona o en su patrimonio será castigado con
prisión de seis (6) a quince (15) meses.
Delitos de violencia física
El que ejerza violencia física sobre la mujer u otro integrante de la familia a que se
refiere el artículo 4 de esta ley o al patrimonio de estas, será castigado con prisión de
seis (6) a dieciocho (18) meses, siempre que el hecho no constituya otro delito. Si el
hecho a que se contrae este artículo se perpetrare habitualmente, la pena se
incrementara en la mitad.
Definición de violencia física. Se considera violencia física toda conducta que directa o
indirectamente está dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento físico sobre la persona,
tales como heridas, hematomas, contusiones, excoriaciones, dislocaciones, quemaduras,

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pellizcos, pérdida de diente, empujones o cualquier otro maltrato que afecte la
integridad física de las personas.
Análisis de los artículos 15 y 17
Articulo 15
El refugio para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, donde puedan recibir
protección de los victimarios, apoyo psicológico, asesoría legal, capacitación en una
actividad para su futuro desempeño laboral lo que mejorara su calidad de vida como
también la disminución de la dependencia del agresor. Por miedo, falta de información,
Carencia de medios económicos y de contención emocional familiar, numerosas
víctimas permanecen durante muchos años en un calvario con alto riesgo de engrosar
las estadísticas de muertes o mutilaciones por cuenta de sus parejas o ex parejas.
Fundamentalmente entre las capas de población más humildes y desprotegidas, existen
mujeres que necesitan irse del hogar para resguardar su integridad, pero no tienen dónde
alojarse con sus hijos Ni la propia familia quiere hacerse cargo.
Para la atención de dicha problemática, que resulta muy frecuente y en perspectivas de
incremento, se propone el apoyo gubernamental a la creación de refugios para víctimas
de violencia de género o bien el apoyo económico a instituciones que vienen
desarrollando dicha tarea, con la mejora que significa la posibilidad de ampliar los
servicios primarios brindados hasta el presente con otra serie de servicios no menos
importantes, que resultan necesarios para el tratamiento y la rehabilitación de las
familias enfermas
Articulo 17
La violencia, en la mayoría de los casos, ha llegado a ser parte de la vida cotidiana de
muchas personas a las cuales afecta en gran manera su comportamiento y el desarrollo
de diversas actividades que deseen ejercer. Es decir, la violencia también es una
conducta aprendida. La violencia puede manifestarse en cualquier ámbito social como el
cultural, político, económico y el ámbito social doméstico.
La violencia familiar tiene como base la cultura (el medio donde se desarrolla ésta
situación) y que incluso, engloba a los medios de comunicación. Este régimen de ideas
apoya ciertas justificaciones a las acciones clasificadas como violencia intrafamiliar por
el uso de estereotipos a los miembros de la familia. Durante la década de los setentas se
desarrollaron varias teorías sobre los posibles principios del abuso de la mujer por su
marido o pareja masculino. Una de ellas es a base del pensar feminista que postula que
la sociedad es patriarcal y que se acepta el uso de la violencia para mantener
dominación masculina. Según esta teoría el hombre utiliza la violencia para subordinar
a las mujeres porque las mujeres le temen a la violencia. Otra teoría refleja que los
hombres causan daño a su pareja reportan sentimientos de impotencia respecto a su
pareja.

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Delitos de acceso carnal violento
Incurrirá en la misma pena prevista en el artículo 375 del código penal el que ejecute el
hecho allí descrito en perjuicio de su conyugue o persona con quien haga vida marital.
Sujeto Activo logra realizar acceso carnal a otra persona mediante admite tentativa.
Violencia física o moral (amenazas) concurso real homogéneo (si varias personas
acceden a una en unidad de tiempo y lugar) o que una misma persona acceda a la misma
varias veces. El sujeto Los actos previos no son constitutivos de acceso carnal pasivo
es indiferente.
Análisis comparativo entre el artículo 18 de la ley y el artículo 375 del código penal.
En este tipo penal el legislador asume desde el punto de vista legal punitivo la realidad
social de la violación de la cual es víctima la mujer en calidad de esposa o concubina,
por parte de su pareja. Esta conducta violenta física o psíquica utilizada para conseguir
el acto sexual constituye la llamada violencia sexual", esto es, el comportamiento
violenta "referido a un fin genital específico" (Martínez Rincones, 1999: 6) A partir de
esta concepción de la violación, el esposo o concubino que utilice el constreñimiento
(físico o moral) para acceder carnalmente as pareja, se convierte automáticamente en
sujeto activo del delito d violación contemplado en el artículo 375 del Código Penal, y
ésta a su vez, se convierte en sujeto pasivo de dicho delito.
Es que los dos la pena de prisión será de 8 años a 14 años en el caso de la parte
primera, y de 10 años a 16 años.
Delito acoso sexual
El que solicitare favores o respuestas sexuales para sí o para un tercero o procurare
cualquier tipo de acercamiento sexual no deseado, prevaliéndose de una situación de
superioridad laboral, docente o análoga, o en ocasión de relaciones derivadas del
ejercicio profesional y con la amenaza expresa o tácita de causarle un mal relacionado
con las legítimas expectativas que puede tener en el ámbito de dicha relación, será
castigado con prisión de tres (3) a doce (12) meses, cuando el hecho se ejecutare en
perjuicio de la mujer u otro integrante de la familia a que se refiere el artículo 4 de esta
ley la pena se incrementara en una tercera parte.
Delito de violencia psicológica
Es toda conducta activa u omisiva ejercida en deshonra, descrédito o menosprecio al
valor o dignidad personal, tratos humillantes y vejatorios, vigilancia constante,
aislamiento, marginalización, negligencia, abandono, celotipia, comparaciones
destructivas, amenaza de separarla de los hijos e hijas; actos que conllevan a la mujer
objeto de violencia a disminuir su autoestima, a perjudicar o perturbar su sano
desarrollo, a la depresión e incluso al suicidio.
Definición y análisis de los artículos 6 y 20 de la ley. Agravantes.
Violencia psicológica está muy ceñida a la intimidación o fuerza moral entendiéndose
como bastante para infundir racionalmente un temor o un sufrimiento grave si no se

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accede a las pretensiones del sujeto activo, a través de la proliferación de frases de
carácter intimidatorio.
Es la actividad orientada a desestabilizar emocionalmente a una persona, afectando su
tranquilidad emocional, resultado del cual es el desequilibrio, y la desesperación al
momento de centrar una actividad.
No hay duda que la reiterada conducta del insulto y la expresión amenazante haya o no
circunstancias que permitan afirmar el anuncio de un mal emocional constituyéndose de
esta manera una violencia psíquica que directamente afecta a la dignidad de la persona
que las recibe, así como al derecho a la paz individual o familiar.
Este tipo de violencia es un menoscabo maltratando de palabra mediante palabras o
epítetos soeces, vulgares, denigrantes, afectando a la reputación y buen nombre, para lo
cual el agresor de vale o utiliza toda clase de medios que no causan daños físicos, pero
sí afectan a la personalidad, mediante ofensas, llamadas telefónica, difundiendo falsos
criterios de personalidad de la víctima., que en todo caso llegaríamos al tema de las
injurias sean calumniosas, graves conforme a la ley
Tema 27 Ley Penal del Ambiente
Antecedentes
Esta ley fue creada en enero de 1992 y publicada en la gaceta oficial N° 4358, para
complementa a la Ley Orgánica del Ambiente y su objetivo principal es determinar que
se debe considerar como delitos ambientales; generalmente definidos como acciones
que violan las reglas establecidas para la conservación, defensa y mejoramiento del
ambiente, y establece penalidades criminales para esos delitos. Bajo esta ley, es posible
sancionar crímenes ocasionados por unas conductas de negligencia o imprudencia.
Aunque las penalidades estipuladas para estas circunstancias serán reducidas a un tercio
o la mitad de las penas normales aplicables a los crímenes cometidos con intención. La
ley también crea un sistema de medidas precautelativas para la restitución y reparación,
con la finalidad de minimizar el daño ambiental.
El 02 de Mayo del 2012 se publicó la nueva versión de la LEY PENAL DEL
AMBIENTE en la Gaceta Oficial, número 39.913.

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Esta nueva versión de Ley sancionada y aprobada fue publicada el 02 de Mayo 2012,
viene a actualizar el marco legal sancionatorio penal ambiental y sustituye a la Ley
Penal del Ambiente del año 1992 publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria 4358 del
03/01/1992
La Ley Penal del Ambiente del 2012 mantiene como objeto tipificar como delitos, los
hechos atentatorios contra los recursos naturales y el ambiente e imponer las sanciones
penales, así mismo determina las medidas precautelativas de la restitución y reparación
a que haya lugar y las consideraciones de carácter procesal derivadas de la especificidad
de los asuntos ambientales.
En líneas generales la nueva Ley Penal del Ambiente es mucho más fuerte que la
anterior desde el punto de vista sancionatorio incluyendo mayor severidad de las
sanciones principales y accesorias.
Entre las sanciones accesorias incorporadas en la nueva Ley Penal se destaca la
disolución de la persona jurídica en aquellos casos que por el daño causado al ambiente
así lo amerite
Con el objeto de adaptarse a las nuevas situaciones ambientales y jurídicas de los
últimos 20 años, la nueva ley penal tiene 110 artículos, 41 artículos más que la Ley
penal del año 1992 que tenía 69 artículos.
Es importante destacar que la nueva Ley Penal del Ambiente entrara en vigencia el día
02 de Agosto del 2012 es decir noventa días después de su publicación en Gaceta
Oficial.
Objeto de la ley
La presente Ley tiene por objeto tipificar como delito los hechos atentatorios contra los
recursos naturales y el ambiente e imponer las sanciones penales. Asimismo, determinar
las medidas precautelativas, de restitución y de reparación a que haya lugar y las
disposiciones de carácter procesal derivadas de la especificidad de los asuntos
ambientales.
Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Artículo 4
Las personas jurídicas serán responsables por sus acciones u omisiones en los casos en
que el delito sea cometido con ocasión de la contravención de normas o disposiciones
contenidas en leyes, decretos, órdenes, ordenanzas, resoluciones y otros actos
administrativos de carácter general o particular de obligatorio cumplimiento.

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Es decir; Las personas jurídicas serán sancionadas de conformidad con lo previsto en la
presente Ley, en los casos en que el hecho punible descrito haya sido cometido a causa
del ejercicio de sus actividades o en su representación o por orden suya, con recursos
sociales y en su interés exclusivo o preferente.
Artículo 5
Sanciones Principales
Las sanciones aplicables serán principales y accesorias. Son sanciones principales:
1.- La prisión.
2.- El arresto.
3.- La disolución de la persona jurídica.
4.- La multa.
5.- El desmantelamiento de la instalación, establecimiento o construcción.
Artículo 6
Sanciones Accesorias
Son sanciones accesorias:
1.- La clausura definitiva de la instalación o establecimiento.
2.- La clausura temporal de la instalación o establecimiento hasta por un año.
3.- La prohibición definitiva de la actividad contaminante o degradante del ambiente.
4.- La reordenación de los sitios alterados.
5.- La suspensión de las actividades de la persona jurídica hasta por seis meses.
6.- La inhabilitación para el ejercicio de funciones o empleos públicos, hasta por dos
años después de cumplirse la pena principal, cuando se trate de hechos punibles
cometidos por funcionarios públicos o funcionarias públicas.
7.- La inhabilitación para el ejercicio de la profesión, arte o industria, hasta por un año
después de cumplida la sanción principal cuando el delito haya sido cometido por el
condenado o condenada con abuso de su industria, profesión o arte, o con violación de
alguno de los deberes que le sean inherentes o conexos.
8.- La publicación especial de la sentencia, a expensas del condenado o condenada, en
un órgano de prensa de circulación nacional y del municipio donde se cometió el delito
y con la colocación de dicha publicación a las puertas del establecimiento, dentro de los
treinta días siguientes a la decisión.
9-. La obligación de destruir, neutralizar o tratar las sustancias, materiales, instrumentos
u objetos fabricados, importados u ofrecidos en venta, en contravención a las normas
nacionales sobre la materia y capaces de ocasionar daños al ambiente o a la salud de las
personas.
10.- La suspensión del ejercicio de cargos directivos y de representación en personas
jurídicas hasta por tres años, después de cumplida la pena principal.
11.- La prohibición hasta por dos años, de contratar con órganos y entes de la
Administración Pública Nacional Estadal y Municipal y recibir beneficios fiscales.
12.- La ejecución de servicios ambientales a la comunidad afectada, que podrán
consistir en trabajos ambientales de acuerdo a formación y habilidades, financiamiento
de programas, proyectos o publicaciones ambientales, contribución a entidades
ambientales bajo la coordinación y supervisión de la Autoridad Nacional Ambiental;
ejecución de obras de recuperación en áreas degradadas o mantenimiento de espacios
públicos.
13.- La asistencia obligatoria a cursos, talleres o clases de educación y gestión
ambiental.

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Delitos contra el ambiente (Arts. 28 al 63 LPA).
La Ley destina siete capítulos a la tipificación de los delitos contra el ambiente y donde
destacan la administración ambiental; el territorio y las áreas ambientales protegidas;
omisiones en las evaluaciones ambientales y planes de manejo; biodiversidad biológica;
degradación, deterioro, alteración y demás acciones que puedan causar daños a las
aguas, suelos, vegetación, flora, fauna, topografía, paisaje y que atenten contra la
calidad ambiental.
Artículo 28 Procedimiento para el Comiso
Si el comiso es declarado con lugar, se procederá al remate de los efectos sujetos a
dicha pena, de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable. Cuando no
proceda el comiso, los efectos retenidos que la autoridad tenga bajo su custodia, se
devolverán al propietario y contra las enajenaciones realizadas en estos casos, el
propietario sólo podrá exigir el producto de la misma.
Artículo 29 Beneficios Procesales
Para el otorgamiento de los beneficios previstos en el Código Orgánico Procesal Penal u
otras leyes de similar naturaleza, el juez o jueza, además de los requisitos allí
establecidos, deberá imponer como condición la realización de las medidas ambientales
necesarias para interrumpir el daño, hacer cesar sus consecuencias lesivas y restaurar o
reordenar el ambiente; y si el delito fuere de peligro y no se hubiere producido un daño,
la ejecución de servicios ambientales a la comunidad, de acuerdo a su formación y.
habilidades y la asistencia obligatoria a cursos, talleres o clases de educación y gestión
ambiental.
Artículo 30 Contumacia
La persona Natural o jurídica será sancionada con arresto de tres a seis meses o multa de
tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.) a seis mil unidades tributarias (6.000 U.T.)
que haga funcionar en violación a una orden de prohibición de funcionamiento, una
instalación, planta, fábrica o establecimiento. Se le negará el otorgamiento de nuevos
permisos, autorizaciones, contratos o cualquier otro acto administrativo para ejercer la
misma actividad que dio origen al delito, hasta por un año después de cumplida la
sanción principal.
Artículo 31 Nombramiento de Expertos
A los fines de la determinación de la cuantía de los daños, el tribunal sólo podrá
nombrar como expertos a personas naturales especialistas en la materia, o a
instituciones oficiales, universitarias, fundaciones u organismos no gubernamentales
especializados, siempre que estas instituciones se encuentren debidamente acreditadas y
legalmente constituidas.
Artículo 32 Régimen de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Los miembros de los pueblos y comunidades indígenas que cometan hechos tipificados
en esta Ley dentro de su hábitat y tierras ancestrales serán juzgados de acuerdo a lo
establecido en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. En ningún caso
quedan exentas de la aplicación de las sanciones contempladas en esta Ley, las personas
naturales o jurídicas que instiguen o se aprovechen de la buena fe de los indígenas para
generar daños al ambiente.

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En caso de ser necesario, el juez o jueza podrá tomar las medidas preventivas adecuadas
para garantizar la protección del ambiente y la relación armoniosa de las comunidades
indígenas con el mismo. En todo lo referente a los pueblos y comunidades indígenas, el
juez o jueza solicitará un informe socio-antropológico del órgano rector de la política
indigenista del Estado y tomará en cuenta la opinión de los pueblos o comunidades
indígenas afectadas.
TÍTULO III
DE LOS DELITOS CONTRA EL AMBIENTE
Capítulo I
Delitos contra la Administración Ambiental
Artículo 33 Autorización de Actividades Tipificadas como Delitos
Los funcionarios públicos o funcionarias públicas que indebida o ilegalmente autoricen
la realización de actividades tipificadas como delitos en esta Ley, o como delitos o
contravenciones en las leyes especiales, serán sancionados o sancionadas con las penas
correspondientes al delito o contravención cometido, aumentadas al doble. La sanción
acarreará la inhabilitación para el ejercicio de funciones o empleos públicos hasta por
dos años después de cumplida la sanción principal.
Artículo 34 Obstrucción de Justicia por Funcionarios Públicos o Funcionarias
Públicas
Serán sancionados o sancionadas con prisión de uno a dos años y la inhabilitación para
el ejercicio de funciones o empleos públicos hasta por dos años después de cumplida la
pena principal los funcionarios públicos o funcionarias públicas que:
1.- Suministren información falsa u omitan o adulteren información científica en los
procedimientos autorizatorios
. 2.- Obstaculicen la labor del Ministerio Público y de los órganos de investigación en
causas ambientales.
3.- Permitan el incumplimiento de obligaciones ambientales relevantes en los
procedimientos que le fueren encomendados.
Artículo 35 Presentación de Información Falsa
La persona natural o jurídica que omita información necesaria o produzca o presente
información falsa o adulterada para la obtención de actos autorizatorios, será sancionada
con prisión de seis meses a un año y la inhabilitación para el ejercicio de la profesión
hasta por dos años después de cumplida la pena principal.
Capítulo II Delitos contra la Ordenación del Territorio
Artículo 36 Otorgamiento de Actos Autorizatorios para Actividades no Permitidas
El funcionario público o funcionaria pública que otorgue actos autorizatorios para la
construcción de obras y desarrollo de actividades no permitidas, de acuerdo a los planes
de ordenación del territorio o las normas técnicas, en los lechos, vegas y planicies
inundables de los ríos u otros cuerpos de agua, será sancionado o sancionada con prisión
de seis meses a un año. La sanción acarreará la inhabilitación para el ejercicio de
funciones o empleos públicos hasta por dos años después de cumplida la pena principal.
Artículo 37 Ejecución de Actividades no Permitidas

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La persona natural o jurídica que construya obras o desarrolle actividades no permitidas
de acuerdo a los planes de ordenación del territorio o las normas técnicas, en los lechos,
vegas y planicies inundables de los ríos u otros cuerpos de agua, será sancionada con
prisión de seis meses a un año o multa de seiscientas unidades tributarias (600 U.T.) a
un mil unidades tributarias (1.000 U.T).
Artículo 38 Contravención de Planes de Ordenación del Territorio
La persona natural o jurídica que provoque la degradación o alteración nociva de la
topografía o el paisaje por actividades mineras, industriales, tecnológicas, forestales,
urbanísticas o de cualquier tipo, en contravención de los planes de ordenación del
territorio y de las normas técnicas que rigen la materia, será sancionada con arresto de
tres a nueve meses o multa de trescientas unidades tributarias (300 U.T.) a novecientas
unidades tributarias (900 U.T).
Artículo 39 Contravención de Planes de Ordenación del Territorio en Zonas
Montañosas
La persona natural o jurídica que provoque la degradación o alteración nociva de la
topografía o el paisaje en zonas montañosas, en sierras o mesetas por actividades
mineras, industriales, tecnológicas, forestales, urbanísticas o de cualquier tipo, en
contravención de los planes de ordenación del territorio y de las normas técnicas que
rigen la materia, será sancionada con prisión de uno a dos años o multa de un mil
unidades tributarias (1.000 U.T.) a dos mil unidades tributarias (2.000 U.T).
Se ordenará al infractor la ejecución de medidas a fin de impedir la repetición de los
hechos y de corregir la situación alterada y se fijará un plazo para ello. Si vencido el
plazo los conectivos no han sido ejecutados, se procederá a la ejecución de la astreinte
según lo previsto en la presente Ley, y se ordenará la prohibición definitiva de la
actividad origen de la agresión.
Si los correctivos no fuesen posibles por resultar los daños irreparables, se acordará la
reordenación de los lugares alterados y la pena será aumentada el doble.
Artículo 40 Ocupación Ilícita de Áreas Naturales Protegidas
La persona natural o jurídica que ocupare ilícitamente áreas naturales protegidas, o que
en dichas áreas se dediquen a actividades comerciales o industriales o efectúe labores de
carácter agropecuario, pastoril o forestal o alteración o destrucción de la flora o
vegetación, en violación de las normas sobre la materia, será sancionada con prisión de
dos meses a un año o multa de doscientas unidades tributarias (200 U.T.) a un mil
unidades tributarias (1.000 U.T).
Artículo 41 Modificación o Destrucción de Bienes Protegidos
La persona natural o jurídica que degrade, altere o destruya edificaciones o bienes
protegidos por su valor paisajístico, turístico, ambiental o ecológico, en violación a las
normas sobre la materia será sancionada con prisión de dos meses a un año o multa de
doscientas unidades tributarias (200 U.T.) a un mil unidades tributarias (1.000 U.T.).

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Artículo 42 Edificación en Terrenos no Edificables
La persona natural o jurídica que promueva o construya edificaciones en espacias no
destinados a ese fin según los planes de ordenación del territorio o en aquellos
declarados zonas de riesgo, será sancionada con prisión de cuatro meses a dos años o
multa de cuatrocientas unidades tributarias (400 U.T,) a dos mil unidades tributarias
(2.000 U.T.).
Capítulo IVOmisiones en las Evaluaciones Ambientales y Planes de Manejo
Artículo 43 Otorgamiento de Permisos o Autorizaciones sin Estudios de Impacto
Ambiental
El funcionario público o funcionaria pública que otorgue permisos o autorizaciones sin
exigir, evaluar y aprobar el estudio de impacto ambiental y sociocultural u otras
evaluaciones ambientales en las actividades para las cuales lo exigen las normas sobre
la materia, será sancionado o sancionada con arresto de tres meses a un año. La sanción
dos años después de cumplida la pena principal.
Artículo 44 Otorgamiento de Actos Administrativos sin Plan de Manejo
Sustentable
El funcionario público o funcionaria pública que otorgue contratos, concesiones,
asignaciones, licencias u otros actos administrativos sin cumplir con el requisito del
plan de manejo sustentable, en las actividades para las cuales lo exigen las normas sobre
la materia, será sancionado o sancionada con arresto de tres meses a un año. La sanción
dos años después de cumplida la pena principal.
Capítulo IV Delitos contra la Diversidad Biológica
Artículo 45 Transacciones sobre Derechos de Propiedad Reconocidos
La persona natural o jurídica que realice transacciones sobre derechos de propiedad
intelectual ya reconocidos en materia de diversidad biológica, será sancionada con
prisión de uno a dos años o multa de un mil unidades tributarias (1.000 U.T.) a dos mil
unidades tributarias (2.000 U.T.). Las transacciones realizadas serán nulas de nulidad
absoluta, sin perjuicio de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados.
Artículo 46 Acceso a los Recursos Genéticos sin Autorización
La persona natural o jurídica que realice actividades de acceso a los recursos genéticos
sin contar con la correspondiente autorización, en los términos previstos en la ley que
rige la materia, será sancionada con prisión de dos a cuatro años o multa de dos mil
Unidades tributarias (2.000 U.T.) a cuatro mil unidades tributarias (4.000 U.T.) y la
inhabilitación por un año para suscribir contratos de acceso.
Artículo 47 Transacción de Material Genético en Violación a Contratos de Acceso

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La persona natural o jurídica que realice transacciones relativas a productos derivados o
de síntesis provenientes de los recursos genéticos, o al componente intangible asociado
en contravención a los términos de los contratos de acceso exigidos en la ley, será
sancionada con prisión de dos a cuatro años o multa de dos mil unidades tributarias
(2.000 U.T.) a cuatro mil unidades tributarias (4.000 U.T.). Las transacciones realizadas
serán nulas de nulidad absoluta, sin perjuicio de la obligación de indemnizar los daños y
perjuicios causados.
Artículo 48 Otorgamiento de Patentes sobre Seres Vivos
El funcionario público o funcionaria pública que otorgue patentes sobre seres vivos,
será sancionado o sancionada con prisión de dos a cuatro años, así como la suspensión
por dos años para el ejercicio de funciones o cargos públicos.
Artículo 49 Reconocimiento sobre Muestras Adquiridas Ilegalmente
El funcionario público o funcionaria pública que reconozca derechos de propiedad
intelectual sobre muestras modificadas o partes de ellas, productos sintetizados y
procesos para su obtención cuando las mismas hayan sido adquiridas en forma ilegal,
será sancionado o sancionada con prisión de uno a dos años, así como la inhabilitación
para el ejercicio de funciones o cargos públicos por igual tiempo.
Artículo 50Omisión del Consentimiento Informado y Fundamentado Previo
El funcionario público o funcionaria pública que reconozca derechos de propiedad
intelectual sobre muestras modificadas o partes de ellas, productos sintetizados y
procesos para su obtención cuando las mismas empleen componentes intangibles
asociados, sin el consentimiento informado y fundamentado previo de los pueblos y
comunidades indígenas o comunidades locales, será sancionado o sancionada con
prisión de uno a tres años, así como la suspensión por un año para el ejercicio de
funciones o cargos públicos.
Igual sanción se aplicará al investigador o investigadora que realice el acceso sin el
consentimiento informado y fundamentado previo.
En tales casos, el Estado no reconocerá derechos de propiedad intelectual ni patentes
sobre el material genético obtenido.
Artículo 51Introducción o Liberación de Material Genético Modificado
La persona natural o jurídica que introduzca al país o libere al ambiente material
genético modificado sin el acto autorizatorio correspondiente, será sancionada con
prisión de dos a cuatro años o multa de dos mil unidades tributarias (2.000 U.T.) a
cuatro mil unidades tributarias (4.000 U.T.). Si se causare daño a la salud humana, la
sanción será aumentada al doble.
Artículo 52 Daños Irreversibles por Investigación Científica
La persona natural o jurídica que en la realización de actividades de investigación
científica, innovación o desarrollo tecnológico, causare daños irreversibles a la
diversidad biológica o a sus componentes, será sancionada con prisión de uno a dos

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años o multa de un mil unidades tributarias (1.000 U.T.) a dos mil unidades tributarias
(2.000 U.T.). Si se causare daños a la salud humana, la sanción será aumentada al doble.
Artículo 53 Uso de Jaulas Flotantes, Encierros o Corrales
La persona natural o jurídica que use jaulas flotantes, encierros o corrales para la
crianza o cultivo de especies exóticas acuícolas en el país sin los permisos y
autorizaciones correspondientes o en violación a sus términos, será sancionada con
prisión de uno a dos años o multa de un mil unidades tributarias (1.000 U.T.) a dos mil
unidades tributarias (2.000 U.T.).
Artículo 54 Uso de la Biodiversidad como Arma Biológica
La persona natural o jurídica que use la diversidad biológica para el desarrollo de armas
biológicas o prácticas de carácter bélico, será sancionada con prisión de ocho a diez
años o multa de ocho mil unidades tributarias (8.000 U.T.) a diez mil unidades
tributarias (10.000 U.T.) y la disolución de la persona jurídica.
Artículo 55 Daños por Aplicación de la Biotecnología
La persona natural o jurídica que ocasione daños graves o irreversibles a la diversidad
biológica por el manejo, uso, transferencia o utilización indebidos de organismos
resultantes de la aplicación de biotecnología moderna, será sancionada con prisión de
ocho a diez años o multa de ocho mil unidades tributarias (8.000 U.T.) a diez mil
unidades tributarias (10.000 U.T.) y la disolución de la persona jurídica.
Capítulo VDegradación Alteración, Deterioro y Demás Acciones Capaces de
Causar Daños a las Aguas
Artículo 56 Cambio, Obstrucción o Sedimentación
La persona natural o jurídica que modifique el sistema de control o las escorrentías de
las aguas, obstruya el flujo o el lecho natural de los ríos, o provoque su sedimentación
en contravención a las normas técnicas vigentes y sin la autorización correspondiente,
será sancionada con prisión de uno a cinco años o multa de un mil unidades tributarias
(1.000 U.T.) a cinco mil unidades tributarias (5.000 U.T.).
Artículo 57Interrupción del Servicio de Agua
La persona natural o jurídica que ilegalmente interrumpa el servicio de agua a un centro
poblado, será sancionada con prisión de dos a cinco años o multa de dos mil unidades
tributarias (2.000 U.T.) a cinco mil unidades tributarias (5.000 U.T.).
Artículo 58 Uso Ilícito de Aguas
La persona natural o jurídica que utilice aguas ilícitamente o en cantidades superiores a
las que las normas técnicas sobre su uso racional le señalen, será sancionada con arresto
de dos a cuatro meses o multa de doscientas unidades tributarias (200 U.T.) a
cuatrocientas unidades tributarias (400 U.T.).
Si el uso ilícita o en cantidades superiores a las permitidas impide o entorpece a centros
poblados el aprovechamiento de las mismas aguas, la sanción será de arresto de cuatro a

15
seis Meses o multa de cuatrocientas unidades tributarias (400 U.T.) a seiscientas
unidades tributarias (600 U.T.).
Si el uso ilícito o en cantidades superiores a las que hubieren sido autorizadas se realiza
con motivo de la ejecución de actividades industriales, agrícolas, pecuarias, mineras,
urbanísticas o cualesquiera otras de explotación económica, la sanción será de prisión
de seis meses a un año o multa de seiscientas unidades tributarias (600 U.T.) a un mil
unidades tributarias (1.000 U.T.).
Artículo 59 Medida Accesoria
En los casos previstos en los artículos precedentes se ordenará además al infractor
realizar lo necesario para que pueda ser restablecido el uso de las aguas y se señalará un
plazo para ello.
Artículo 60 Surgimiento de Peligro de Inundación o Desastre
La persona natural o jurídica que rompiendo o inutilizando, en todo o en parte, barreras,
esclusas, diques u otras obras destinadas a la defensa común de las aguas, a su normal
conducción, o a la reparación de algún desastre, haya hecho surgir el peligro de
inundación o de cualquier desastre, será sancionada con prisión de seis meses a dos años
o multa de quinientas unidades tributarias (500 U.T), a dos mil unidades tributarias
(2.000 U.T.).
Si efectivamente se hubiere causado la inundación o desastre, se aplicará la pena de
prisión de tres a cinco años o la disolución de la persona jurídica y la multa elevada al
doble. En todo caso se ordenará al infractor la restauración de las obras o lugares y la
publicación especial de la sentencia.
Capítulo VI Degradación, Alteración, Deterioro y demás Acciones Capaces de
Causar Daños a los Suelos, la Topografía y el Paisaje
Artículo 61 Extracción de Minerales no Metálicos
Será sancionada con prisión de cinco a ocho años o multa de cinco mil unidades
tributarias (5.000 U.T.) a ocho mil unidades tributarias (8.000 U.T.) la persona natural o
jurídica que extraiga minerales no metálicas sin la debida autorización en los siguientes
sitios:
1.- Dentro de la zona protectora de ríos y quebradas.
2.- A menos de tres mil Metros aguas arriba de tomas para acueductos.
3.- En embalses para dotación de agua a comunidades.
4.- En embalses para aprovechamiento hidroeléctrico.
5.- A menos de un mil metros aguas abajo de puentes o de cualquier obra de
infraestructura ubicada en el río o sus tributarios.
6.- A menos de doscientos metros aguas arriba de puentes o de cualquier obra de
infraestructura ubicada en el río o sus tributarios.

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7.- A menos de cien metros en el sentido lateral a ambas márgenes del río o quebrada
donde estén establecidas obras de infraestructura.
8.- A menos de quinientos metros aguas arriba y aguas abajo de estaciones
hidrométricas.
9.- A menos de mil quinientos metros de una explotación continua.
10.- En la confluencia con tributarios.

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Artículo 62
Dificultad de Acceso a Playas
La persona natural o jurídica que impida o dificulte el acceso a las playas con muros,
barreras u otros obstáculos, será sancionada con arresto de cuatro a ocho meses o multa
de cuatrocientas unidades tributarias (400 U.T.) a ochocientas unidades tributarias (800
U.T.).
Se ordenará además al infractor, realizar lo necesario para que pueda ser restablecido el
libre acceso a las playas y se señalará un plazo para ello.
Artículo 63 Degradación de Suelos Aptos para la Producción de Alimentos
La persona natural o jurídica que provoque la degradación de los suelos o la destrucción
de la cobertura vegetal de suelos clasificados como aptos para la producción de
alimentos, sin tomar en cuenta sus condiciones agroecológicas específicas, los planes de
ordenación del territorio, los planes del ambiente o las normas técnicas o legales que
dicte la autoridad competente, será sancionada con prisión de cinco a ocho años o multa
de cinco mil unidades tributarias (5.000 U.T.) a ocho mil unidades tributarias (8.000
U.T.).
Se ordenará al responsable la ejecución de medidas a fin de impedir la repetición de los
hechos y corregir la situación alterada. Para la ejecución de las medidas se fijará un
plazo; si vencido el plazo los correctivos no han sido ejecutados, se procederá a la
ejecución de según lo previsto en la presente Ley y se ordenará la prohibición definitiva
de la actividad origen de la agresión.
Si los correctivos no fuesen posibles por resultar los daños irreparables, se ordenará la
reordenación de los lugares alterados.
ATENUANTES
Artículo 13
Atenuantes Genéricas
Son atenuantes genéricas de la responsabilidad penal a los fines de la presente Ley:
1.- Haber cometido el hecho punible con fines de subsistencia personal o familiar.
2.- Haber reparado de manera espontánea el daño o disminuir significativamente la
degradación ambiental.
3.- Haber informado previamente del peligro inminente.
4.- Haber colaborado con los agentes encargados de la vigilancia o control ambiental en
la cesación del hecho.
AGRAVANTES
Artículo 14
Agravantes Genéricas
Constituyen circunstancias agravantes de la responsabilidad penal:
Detentar la condición de funcionario público o funcionaria pública el sujeto activo del
hecho punible, en aquellos casos en que el tipo no lo requiera y siempre que actuare en
ejercicio de sus funciones.
2.- Constreñir a otro para la realización del hecho.

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3.- Poner en peligro la salud pública.
4.- Cometer el hecho en día domingo o feriado.
5.- Cometer el hecho en época de inundación o sequía.
6.- Cometer el hecho mediante abuso de actos autorízatenos.
7.- Cometer el hecho con nocturnidad o en descampado.
Prescripción de Acciones
Las acciones penales y civiles derivadas de la presente Ley, prescribirán así:
1.- Las penales:
a.- A los cinco años, si el delito mereciere pena de prisión de más de tres años.
b.- A los tres años, si el delito mereciere pena de prisión de tres años o menos, o arresto
de más de seis meses.
c.- Al año, si el hecho punible sólo acarreare arresto por tiempo de uno a seis meses.
2.- Las civiles:
a. A los diez años.
El término de prescripción comenzará desde la oportunidad en que los efectos
ambientales del delito se manifiesten o la autoridad tenga conocimiento de su comisión.
DISPOSICIONES PROCESALES
Artículo 21
Acciones Penales y Civiles
De todo delito contra el ambiente nace acción penal para el castigo del culpable.
También nace acción civil para el efecto de las restituciones y reparaciones a que se
refiere esta Ley. La acción penal que surja en virtud de la comisión de hechos previstos
en la presente Ley como delitos, es pública y procede por denuncia o de oficio.
Artículo 8
Medidas Precautelativas
El juez o jueza competente podrá adaptar, de oficio o a solicitud del Ministerio Público,
en cualquier estado o fase del proceso, las medidas precautelativas que fuesen
necesarias para eliminar un peligro, interrumpir la producción de daños al ambiente o a
las personas, impedir la continuación o reaparición del daño o peligro, evitar las
consecuencias degradantes del hecho que se investiga o asegurar el restablecimiento del
orden. Tales medidas podrán consistir en:
1.- Prohibición de funcionamiento de instalaciones o establecimientos hasta tanto se
corrija o elimine la causa de la alteración o se obtengan las autorizaciones
correspondientes.
2.- Interrupción de la actividad origen de la contaminación o deterioro ambiental sujeta
a control del Ejecutivo.
3.- Ocupación temporal, total o parcial, de las fuentes contaminantes hasta tanto se
corrija o elimine la causa degradante o se otorguen las garantías necesarias para evitar la
repetición de los hechos.
4.- La ejecución de trabajos a fin de eliminar o impedir el resurgimiento de daños al
ambiente, por parte del infractor o infractora, o de oficio, a costa del responsable de los
riesgos o daños.

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5.- La retención de substancias, materiales, recursos naturales u objetos sospechosos de
estar contaminados, causar contaminación o estar en mal estado.
6.- La destrucción o neutralización de substancias, recursos naturales o productos
comprobadamente contaminantes o contaminados.
7.- El retiro o retención de vehículos u objetos abandonados en lugares donde su sola
presencia alteren el ambiente.
8.- La ocupación o eliminación de obstáculos, aparatos, objetos o elementos
cualesquiera que alteren el aspecto o el aprovechamiento racional de los recursos
naturales, medio marino o zonas bajo régimen de administración especial.
9.- La ocupación o eliminación de obstáculos, aparatos, objetos u elementos
cualesquiera que trastornen el funcionamiento adecuado de vehículos, establecimientos,
instalaciones, plantas de tratamientos o fuentes emisoras de contaminantes.
10.- La prohibición de movilización de vehículos terrestres, fluviales, marítimos o
aéreos.
11.- La instalación de dispositivos necesarios para evitar la contaminación o
degradación de los recursos naturales o el ambiente.
12.- Cualquier otra medida tendiente a conjurar un peligro o evitar la continuación de
actos perjudiciales al ambiente.
Tema 28 Consideraciones Generales sobre Delitos Bancarios. Delitos en la Red de
Internet, Delitos de Derecho de autor.
Delitos bancarios
Delitos bancarios es un acto u omisión que altera, el sistema de reglas en el cual está
inmerso el individuo y consiste en la ejecución de una conducta que viola un buen
jurídico tutelado constitucionalmente.
Los Bancos: son instituciones financiera cuya finalidad es la captación de capital en
forma de depósitos de pequeños o grandes inversionistas y ahorristas, para producir sus
propios capitales a través de la inversión.
En el circuito económico de un país es imprescindible la intervención tanto de la banca
privada como de la banca pública, pues sirven de soporte indispensable a los capitales
cualquiera sea su fuente legal, facilitando en gran medida las diferentes operaciones o

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transacciones propias de las instituciones que conforman el sistema económico, tales
como empresas pequeñas, mediana, grandes; transnacionales, instituciones del Estado.
En tal sentido surge la necesidad de que las instituciones de crédito, así como las
operaciones que realizan sean protegidas legalmente, inclusive con la norma más
enérgica del sistema jurídico nacional, que es la norma penal, para tal fin se crea la
Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, para ejercer la
supervisión y regulación, mediante la inspección de los sujetos sometidos a su control,
con el objetivo de fortalecer la estabilidad y transparencia del sistema financiero de la
República Bolivariana de Venezuela, respondiendo a las necesidades sociales,
económicas y de justicia de los ciudadanos y ciudadanas, consagrando así los fines
supremos del Estado y la Nación.
SUDEBAN ejerce una supervisión y regulación de los sujetos sometidos a su control,
bajo esquemas preventivos y correctivos conforme a los estándares universalmente
establecidos y en concordancia con los postulados de justicia social, transparencia
conforme lo consagra la Constitución Venezolana Y La Ley General de Bancos y Otras
Instituciones Financieras.
Así pues, el Art., 213 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, la
Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras establece que tendrá
como funciones: La inspección, supervisión, vigilancia, regulación y control de los
bancos, entidades de ahorro y préstamo, otras instituciones financieras, casas de cambio,
operadores cambiarios fronterizos y empresas emisoras y operadoras de tarjetas de
crédito.
Para satisfacer los extremos previstos en esta norma, su actuación deberá comprender
(según lo consagra el Art. 217, ejusdem) como mínimo, los siguientes aspectos:
• Asegurar que los bancos, entidades de ahorro y préstamo e instituciones financieras
tengan sistemas y procedimientos adecuados para vigilar y controlar sus actividades a
escala nacional e internacional, si fuere el caso.
• Obtener información sobre el grupo financiero a través de inspecciones regulares,
estados financieros auditados y otros informes.
• Obtener información sobre las transacciones y relaciones entre las empresas del grupo
financiero, tanto nacionales como internacionales, si fuere el caso.
• Recibir estados financieros consolidados a nivel nacional e internacional, si fuere el
caso, o información comparable que permita el análisis de la situación del grupo
financiero en forma consolidada.
• Evaluar los indicadores financieros de la institución y del grupo.

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• Obtener información sobre la respectiva estructura accionaria, incluyendo los datos
que permitan determinar con precisión la identidad de las personas naturales,
propietarias finales de las acciones o de las compañías que las detentan.
• Obtener la información necesaria, mediante inspecciones in situ o extra situ, a los fines
de verificar que las agencias, sucursales, oficinas, filiales y afiliadas en el exterior, de
bancos o instituciones financieras venezolanos, cumplen con las regulaciones y
disposiciones aplicables del lugar donde funcionan.
• Asegurar que los bancos, entidades de ahorro y préstamo, instituciones financieras y
demás empresas sujetas a la Ley, tengan sistemas y procedimientos adecuados para
evitar que sean utilizados para legitimar capitales provenientes de actividades ilícitas.
En tal sentido la Ley General de Bancos y Otras Entidades Financieras prevé en el
Capítulo II las sanciones para los delitos tipificados en la misma. Entre las conductas
sancionadas por la ley, encontramos:
• Prestar el servicio de banca y crédito sin la autorización correspondiente; quienes sin
estar autorizados capten capitales serán sancionados con prisión de ocho (8) a diez (10)
años
• Los miembros de la junta administradora, directores, administradores que aprueben
créditos conociendo la falsedad de la información causando daño patrimonial a la
institución, serán penados con prisión de ocho (8) a diez (10) años.
• La apropiación o distracción de recursos por parte de la junta administradora,
acarreara una pena de ocho a diez años.
• El forjamiento de documentos, la utilización de datos falsos para cometer un acto
ilícito o para ocultarlos, será penado con prisión de nueve a once años.
• La persona, con la finalidad de realizar un operación bancaria financiera o solicite un
crédito o cualquier otra transacción bancaria, presenten, entreguen o suscriban,
balances, estados financieros, y en general, documentos o recaudos de cualquier clase
que resulten ser falsos, adulterados o forjados será castigado con prisión de ocho a diez
años.
• Las personas sometidas a control financiero por SUDEBAN que presenten
información financiera falsa recibirán una pena de o a diez años
• Quienes realicen la capitalización de dichos entes mediante suscripción simulada de
capital serán sancionados con pena de nueve a once años.
• Los auditores externos que suscriban, certifiquen, adulteren, falsifiquen o suministren
un dictamen que no refleje la verdadera solvencia, liquidez o solidez económica de las
personas sometidas al control de SUDEBAN, recibirán una pena de ocho a diez años.

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• Los peritos avaluadores que suscriban, certifiquen o suministren dictamen mediante el
cual no se refleje el valor razonable de realización o de mercado de los bienes, serán
castigado con pena de ocho diez años.
• Los miembros de la junta administradora que incumplan con las estipulaciones del
fideicomiso causando daño patrimonial a terceros serán castigados con pena de prisión
de nueve a once años y quienes suministre información falsa a respecto acarrearan una
pena de prisión de tres a ocho años.
• Quienes oculten información en la declaración institucional serán castigado con pena
de ocho diez años.
• Cualesquiera funcionario que revele información o datos reservados de carácter
confidencial contenida en medios escritos, magnéticos o electrónicos, serán penados con
prisión de ocho a diez años.
• Quien a través de la manipulación informática o mecanismo similar, con ánimo de
lucro, efectúe una transferencia o encomienda electrónica de bienes no consentida, en
perjuicio del banco, entidad de ahorro y préstamo, institución financiera o casa de
cambio, o de un cliente o usuario, será penado con prisión de ocho a diez años.
• Quien a través de la manipulación informática o mecanismo similar, se apodere o
altere documentos, cartas, mensajes de correo electrónico o cualquier otro documento o
efecto personal remitido por un banco, institución financiera o casa de cambio, a un
cliente o usuario de dicho ente, será penado con prisión de ocho a diez años.
• difundan noticias falsas o empleen otros medios fraudulentos capaces de causar
distorsiones al sistema bancario nacional que afecten las condiciones económicas del
país, serán penados con prisión de nueve a once años.
• Pena Accesoria: Las personas condenadas mediante sentencia definitivamente firme,
por delitos castigados de conformidad con este Decreto Ley, quedarán inhabilitadas para
el desempeño de cargos en bancos, entidades de ahorro y préstamo, instituciones
financieras y casas de cambio, por un lapso de diez años, contados a partir de la fecha
del cumplimiento de la condena correspondiente.
• Las personas que en el curso de un procedimiento instruido por la Superintendencia de
Bancos y Otras Instituciones Financieras incurran en falso testimonio, serán castigados
conforme a lo previsto en el Código Penal para los delitos contra la Administración de
Justicia.
Delitos en la Red de Internet
Conductas delictivas más habituales en la Red.

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Las amenazas surten un efecto intimidatorio más grave cuando se realizan a través de
Internet, bien por la publicidad que se le de, bien por el simple hecho de hacerse por
escrito, y el autor debe saber que, cuando advierte a otra persona que le va a causar un
mal, puede encontrarse con una sanción penal de prisión de tres meses a un año. Si
además exige algo a cambio, e incluso amenaza con cometer un delito si no se hace,
entonces la sanción puede llegar a ser hasta de cinco años de prisión. Las injurias, los
insultos y comentarios vejatorios contra otra persona, son más graves cuando se
hacen en público (Internet da esa publicidad, por ejemplo en un chat), y eso significa
que puede ser también más grave la multa económica con que se suelen sancionar estas
conductas que pueden llegar a ser cifras muy, muy, elevadas. Y si se trata de
calumnias, acusando falsamente a otro de haber cometido un delito, a sabiendas de que
no es tal, puede llegar incluso a sancionarse con la pena de prisión de dos años.
Entre los delitos de opinión, también podemos citar la apología del terrorismo, o la
incitación a la comisión de otros delitos, conductas que también pueden ser sancionados
con penas de prisión, si se cometen a través de Internet.
Los delitos contra la intimidad se circunscriben generalmente a tratamientos de datos
personales de terceros sin su consentimiento, con ánimo de perjudicarles, ya sea
difundir su teléfono o domicilio, ya sea difundir su fotografía o conversaciones
privadas, pudiendo incurrirse incluso en sanciones de prisión de hasta dos años y, si con
ello se revelan aspectos de su intimidad (“descubrimiento y revelación de secretos”),
con penas de prisión de hasta cuatro años.
Entre los más graves, están los delitos contra la libertad sexual, que van desde el mero
acoso hasta el exhibicionismo o la provocación sexual y, que toman su expresión más
grave cuando de uno u otro modo afecta a menores. En este sentido, hay especial
sensibilidad respecto de los supuestos de posesión, elaboración o difusión de
pornografía infantil. Internet es un medio que puede facilitar la sensación de impunidad
del autor de este tipo de delitos, y esto es una ventaja, pues aún así, cada día son
detectadas redes completas de pederastas que, de otro modo, de no haber dejado su
rastro en Internet, tal vez sólo nunca serían localizado físicamente un número reducido
de implicados y no se les podría aplicar las penas de prisión que habitualmente
conllevan este tipo de conductas.
Por otra parte, los delitos contra el patrimonio, aquellos que pretenden daños de
naturaleza más bien económica, como los daños informáticos (por ejemplo saltarse los
dispositivos de seguridad de una institución pública, aunque se limite a una cuestión de
orgullo y prueba de valía del propio autor), castigado con penas de prisión de hasta tres
años; los delitos contra la propiedad industrial, por ejemplo, la venta de productos de
marca falsificados por Internet y, los delitos contra la propiedad intelectual, cuando se
realizan en el marco de una actividad comercial, que pueden llegar a ser sancionados
con penas de hasta dos años de prisión. Sin embargo, los más graves y frecuentes, son
las llamadas “estafas informáticas”, que se suelen producir mediante engaños al
internauta con promesas de recompensas, de comisiones, de premios. En otros casos,

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simplemente suplantan la identidad de un banco, de una empresa que ofrece trabajos
poco habituales del vendedor de un coche “chollo”, etc. Las estafas se castigan con
penas de prisión de hasta tres años y, en todo caso, se evitan con la prudencia (por
ejemplo contrastando la información antes de actuar)
En el especial caso de los menores y, además de los dispositivos que la tecnología
pueda ofrecer, para evitar que sean víctimas de la Red, debe insistirse en la
“precaución” como escudo por excelencia: evitar que se muestren sin límites en
Internet, que tengan en cuenta el alcance que puede tener cualquier tipo de información
que sea insertada en Internet. Como precauciones generales, debe insistirse en la
“educación”, saber distinguir entre el bien y el mal, cuando se le causa un mal a
alguien, o no, ser conscientes de la diferencia entre una broma, una gamberrada y un
delito, saber que Internet no es anónima y, saber que se les pueden imponer desde
sanciones económicas (que en muchos casos deberán asumir sus padres), sanciones
educativas, como las horas de trabajo en beneficio de la comunidad, hasta sanciones
correctivas que pueden llegar al materializarse en privaciones de libertad, tales como no
poder acercarse a los lugares que frecuente el que haya sido su víctima o, ser recluidos
en un centro de internamiento para menores. En todo caso, deben ser educados en el
respeto y esa, es la principal tarea de los padres y, porque eso afecta tanto a Internet
como a su vida física.
RÉGIMEN JURÍDICO PREVISTO EN VENEZUELA CONTRA LOS DELITOS
INFORMÁTICOS
Concepto
El delito informático implica actividades criminales que en un primer momento los
países han tratado de encuadrar en figurar típicas de carácter tradicional, tales como
robos o hurto, fraudes, falsificaciones, perjuicios, estafa, sabotaje, etcétera. Sin
embargo, debe destacarse que el uso de las técnicas informáticas ha creado nuevas
posibilidades del uso indebido de las computadoras lo que ha propiciado a su vez la
necesidad de regulación por parte del derecho.
A nivel internacional se considera que no existe una definición propia del delito
informático, sin embargo muchos han sido los esfuerzos de expertos que se han
ocupado del tema, y aún cuando no existe una definición con carácter universal, se han
formulado conceptos funcionales atendiendo a realidades nacionales concretas.
Por otra parte, debe mencionarse que se han formulado diferentes denominaciones para
indicar las conductas ilícitas en las que se usa la computadora, tales como "delitos
informáticos", "delitos electrónicos", "delitos relacionados con las computadoras",
"crímenes por computadora", "delincuencia relacionada con el ordenador".
En este orden de ideas, en el presente trabajo se entenderán como "delitos informáticos"
todas aquellas conductas ilícitas susceptibles de ser sancionadas por el derecho penal,
que hacen uso indebido de cualquier medio informático.

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Lógicamente este concepto no abarca las infracciones administrativas que constituyen la
generalidad de las conductas ilícitas que la legislación refiere a derecho de autor y
propiedad intelectual, sin embargo, deberá tenerse presente que la propuesta final de
este trabajo tiene por objeto la regulación penal de aquellas actitudes antijurídicas que
estimamos más graves como último recurso para evitar su impunidad.
Delitos Informáticos.
Existen diversos tipos de delito que pueden ser cometidos y que se encuentran ligados
directamente a acciones efectuadas contra los propios sistemas como son:
· Acceso no autorizado: Uso ilegitimo de passwords y la entrada de un sistema
informático sin la autorización del propietario.
· Destrucción de datos: Los daños causados en la red mediante la introducción de
virus, bombas lógicas, etc.
· Infracción al copyright de bases de datos: Uso no autorizado de información
almacenada en una base de datos.
· Interceptación de e-mail: Lectura de un mensaje electrónico ajeno.
· Estafas electrónicas: A través de compras realizadas haciendo uso de la red.
· Transferencias de fondos: Engaños en la realización de este tipo de transacciones.
Por otro lado, la red Internet permite dar soporte para la comisión de otro tipo de
delitos:
· Espionaje:
Acceso no autorizado a sistemas informáticos gubernamentales y de grandes empresas e
interceptación de correos electrónicos.
· Terrorismo:
Mensajes anónimos aprovechados por grupos terroristas para remitirse consignas y
planes de actuación a nivel internacional.
· Narcotráfico:
Transmisión de fórmulas para la fabricación de estupefacientes, para el blanqueo de
dinero y para la coordinación de entregas y recogidas.
· Otros delitos:
Las mismas ventajas que encuentran en la Internet los narcotraficantes pueden ser
aprovechadas para la planificación de otros delitos como el tráfico de armas,
proselitismo de sectas, propaganda de grupos extremistas, y cualquier otro delito que
pueda ser trasladado de la vida real al ciberespacio o al revés.

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Las personas que cometen los "Delitos Informáticos" son aquellas que poseen ciertas
características que no presentan el denominador común de los delincuentes, esto es, los
sujetos activos tienen habilidades para el manejo de los sistemas informáticos y
generalmente por su situación laboral se encuentran en lugares estratégicos donde se
maneja información de carácter sensible, o bien son hábiles en el uso de los sistemas
informatizados, aun cuando, en muchos de los casos, no desarrollen actividades
laborales que faciliten la comisión de este tipo de delitos. Con el tiempo se ha podido
comprobar que los autores de los delitos informáticos son muy diversos y que lo que los
diferencia entre sí es la naturaleza de los delitos cometidos. De esta forma, la persona
que "ingresa" en un sistema informático sin intenciones delictivas es muy diferente del
empleado de una institución financiera que desvía fondos de las cuentas de sus clientes.
Sin embargo, teniendo en cuenta las características ya mencionadas de las personas que
cometen los "delitos informáticos", los estudiosos en la materia los han catalogado
como "delitos de cuello blanco" término introducido por primera vez por el criminólogo
norteamericano Edwin Sutherland en el año de 1943. Efectivamente, este conocido
criminólogo señala un sinnúmero de conductas que considera como "delitos de cuello
blanco", aun cuando muchas de estas conductas no están tipificadas en los
ordenamientos jurídicos como delitos, y dentro de las cuales cabe destacar las
"violaciones a las leyes de patentes y fábrica de derechos de autor, el mercado negro, el
contrabando en las empresas, la evasión de impuestos, las quiebras fraudulentas,
corrupción de altos funcionarios, entre otros". Asimismo, este criminólogo
estadounidense dice que tanto la definición de los "delitos informáticos" como la de los
"delitos de cuello blanco" no es de acuerdo al interés protegido, como sucede en los
delitos convencionales sino de acuerdo al sujeto activo que los comete.
Entre las características en común que poseen ambos delitos tenemos que: el sujeto
activo del delito es una persona de cierto status socioeconómico, su comisión no puede
explicarse por pobreza ni por mala habitación, ni por carencia de recreación, ni por baja
educación, ni por poca inteligencia, ni por inestabilidad emocional.
Es difícil elaborar estadísticas sobre ambos tipos de delitos. Sin embargo, la cifra es
muy alta; no es fácil descubrirlo y sancionarlo, en razón del poder económico de
quienes los cometen, pero los daños económicos son altísimos; existe una gran
indiferencia de la opinión pública sobre los daños ocasionados a la sociedad; la sociedad
no considera delincuentes a los sujetos que cometen este tipo de delitos, no los segrega,
no los desprecia, ni los desvaloriza, por el contrario, el autor o autores de este tipo de
delitos se considera a sí mismos "respetables" otra coincidencia que tienen estos tipos
de delitos es que, generalmente, son objeto de medidas o sanciones de carácter
administrativo y no privativos de la libertad.
Este nivel de criminalidad se puede explicar por la dificultad de reprimirla en forma
internacional, ya que los usuarios están esparcidos por todo el mundo y, en
consecuencia, existe una posibilidad muy grande de que el agresor y la víctima estén

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sujetos a leyes nacionales diferentes. Además, si bien los acuerdos de cooperación
internacional y los tratados de extradición bilaterales intentan remediar algunas de las
dificultades ocasionadas por los delitos informáticos, sus posibilidades son limitadas.
Manipulación de los datos de entrada.
Este tipo de fraude informático conocido también como sustracción de datos, representa
el delito informático más común ya que es fácil de cometer y difícil de descubrir. Este
delito no requiere de conocimientos técnicos de informática y puede realizarlo cualquier
persona que tenga acceso a las funciones normales de procesamiento de datos en la fase
de adquisición de los mismos.
La manipulación de programas.
Es muy difícil de descubrir y a menudo pasa inadvertida debido a que el delincuente
debe tener conocimientos técnicos concretos de informática. Este delito consiste en
modificar los programas existentes en el sistema de computadoras o en insertar nuevos
programas o nuevas rutinas. Un método común utilizado por las personas que tiene
conocimientos especializados en programación informática es el denominado Caballo
de Troya, que consiste en insertar instrucciones de computadora de forma encubierta en
un programa informático para que pueda realizar una función no autorizada al mismo
tiempo que su función normal.
Manipulación de los datos de salida.
Se efectúa fijando un objetivo al funcionamiento del sistema informático. El ejemplo
más común es el fraude de que se hace objeto a los cajeros automáticos mediante la
falsificación de instrucciones para la computadora en la fase de adquisición de datos.
Tradicionalmente esos fraudes se hacían a base de tarjetas bancarias robadas, sin
embargo, en la actualidad se usan ampliamente el equipo y programas de computadora
especializados para codificar información electrónica falsificada en las bandas
magnéticas de las tarjetas bancarias y de las tarjetas de crédito.
Fraude efectuado por manipulación informática que aprovecha las repeticiones
automáticas de los procesos de cómputo. Es una técnica especializada que se denomina
"técnica de salchichón" en la que "rodajas muy finas" apenas perceptibles, de
transacciones financieras, se van sacando repetidamente de una cuenta y se transfieren a
otra.
Falsificaciones informáticas.
Como objeto. Cuando se alteran datos de los documentos almacenados en forma
computarizada.
Como instrumentos. Las computadoras pueden utilizarse también para efectuar
falsificaciones de documentos de uso comercial. Cuando empezó a disponerse de
fotocopiadoras computarizadas en color a base de rayos láser, surgió una nueva

28
generación de falsificaciones o alteraciones fraudulentas. Estas fotocopiadoras pueden
hacer copias de alta resolución, pueden modificar documentos e incluso pueden crear
documentos falsos sin tener que recurrir a un original, y los documentos que producen
son de tal calidad que sólo un experto puede diferenciarlos de los documentos
auténticos.
Daños o modificaciones de programas o datos computarizados.
Sabotaje informático. Es el acto de borrar, suprimir o modificar sin autorización
funciones o datos de computadora con intención de obstaculizar el funcionamiento
normal del sistema. Las técnicas que permiten cometer sabotajes informáticos son:
· Virus.
Es una serie de claves programáticas que pueden adherirse a los programas legítimos y
propagarse a otros programas informáticos. Un virus puede ingresar en un sistema por
conducto de una pieza legítima de soporte lógico que ha quedado infectada, así como
utilizando el método del Caballo de Troya.
· Gusanos.
Se fabrica en forma análoga al virus con miras a infiltrarlo en programas legítimos de
procesamiento de datos o para modificar o destruir los datos, pero es diferente del virus
porque no puede regenerarse. En términos médicos podría decirse que un gusano es un
tumor benigno, mientras que el virus es un tumor maligno. Ahora bien, las
consecuencias del ataque de un gusano pueden ser tan graves como las del ataque de un
virus; por ejemplo, un programa gusano que subsiguientemente se destruirá puede dar
instrucciones a un sistema informático de un banco para que transfiera continuamente
dinero a una cuenta ilícita.
· Bomba lógica o cronológica.
Exige conocimientos especializados ya que requiere la programación de la destrucción o
modificación de datos en un momento dado del futuro. Ahora bien, al revés de los virus
o los gusanos, las bombas lógicas son difíciles de detectar antes de que exploten; por
eso, de todos los dispositivos informáticos criminales, las bombas lógicas son las que
poseen el máximo potencial de daño. Su detonación puede programarse para que cause
el máximo de daño y para que tenga lugar mucho tiempo después de que se haya
marchado el delincuente.
Acceso no autorizado a servicios y sistemas informáticos.
Es el acceso no autorizado a sistemas informáticos por motivos diversos: desde la
simple curiosidad, como en el caso de muchos piratas informáticos (hackers) hasta el
sabotaje o espionaje informático.
Piratas informáticos o hackers. El acceso se efectúa a menudo desde un lugar exterior,
situado en la red de telecomunicaciones, recurriendo a uno de los diversos medios que

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se mencionan a continuación. El delincuente puede aprovechar la falta de rigor de las
medidas de seguridad para obtener acceso o puede descubrir deficiencias en las medidas
vigentes de seguridad o en los procedimientos del sistema. A menudo, los piratas
informáticos se hacen pasar por usuarios legítimos del sistema; esto suele suceder con
frecuencia en los sistemas en los que los usuarios pueden emplear contraseñas comunes
o contraseñas de mantenimiento que están en el propio sistema.
Reproducción no autorizada de programas informáticos de protección legal.
La reproducción no autorizada de programas informáticos puede entrañar una pérdida
económica sustancial para los propietarios legítimos. Algunas jurisdicciones han
tipificado como delito esta clase de actividad y la han sometido a sanciones penales. El
problema ha alcanzado dimensiones transnacionales con el tráfico de esas
reproducciones no autorizadas a través de las redes de telecomunicaciones modernas.
Sujeto activo en los delitos informáticos.
Las personas que cometen los "Delitos informáticos" son aquellas que poseen ciertas
características que no presentan el denominador común de los delincuentes, esto es, los
sujetos activos tienen habilidades para el manejo de los sistemas informáticos y
generalmente por su situación laboral se encuentran en lugares estratégicos donde se
maneja información de carácter sensible, o bien son hábiles en el uso de los sistemas
informatizados, aún cuando, en muchos de los casos, no desarrollen actividades
laborales que faciliten la comisión de este tipo de delitos.
Sujeto pasivo de los delitos informáticos.
En primer término tenemos que distinguir que sujeto pasivo o víctima del delito es el
ente sobre el cual recae la conducta de acción u omisión que realiza el sujeto activo, y
en el caso de los "delitos informáticos" las víctimas pueden ser individuos, instituciones
crediticias, gobiernos, etcétera que usan sistemas automatizados de información,
generalmente conectados a otros.
LEGISLACIÓN VENEZOLANA SOBRE DELITOS INFORMÁTICOS
Venezuela cuenta con una serie de instrumentos jurídicos en materia comunicación,
informática y/o tecnologías de información, sin embargo, en esta materia la más
importante es la recién creada, Ley Especial sobre Delitos Informáticos ("la Ley"), cuyo
objetivo es proteger los sistemas que utilicen tecnologías de información, así como
prevenir y sancionar los delitos cometidos contra o mediante el uso de tales tecnologías
(Gaceta Oficial N° 37.313 del 30 de octubre de 2001). Se trata de una ley especial que
descodifica el Código Penal y profundiza aún más la incoherencia y falta de
sistematicidad de la legislación penal, con el consecuente deterioro de la seguridad
jurídica.

30
La Ley define los términos tecnología de la información, sistema, data, documento,
computadora, hardware, firmware, software, programa, procesamiento de datos o de
información, seguridad, virus, tarjeta inteligente, contraseña y mensaje de datos.
La ley presenta varias deficiencias y problemas, entre los que podemos mencionar los
siguientes:
· Utiliza términos en el idioma inglés, cuando la Constitución sólo autoriza el uso
del castellano o lenguas indígenas en documentos oficiales;
· No tipifica delito alguno relativo a la seguridad e integridad de la firma
electrónica y a su registro;
· La terminología utilizada es diferente a la de la Ley de Mensaje de Datos y
Firmas Electrónicas, tal como se observa en la definición que hace del mensaje de datos
con lo que se propicia un desorden conceptual de la legislación en materia electrónica;
· Repite delitos ya existentes en el Código Penal y en otras leyes penales, a los
cuales les agrega el medio empleado y la naturaleza intangible del bien afectado;
· Tutela los sistemas de información sin referirse a su contenido ni sus
aplicaciones;
· No tutela el uso debido de Internet; y
· Establece principios generales diferentes a los establecidos en el libro primero del
Código Penal, con lo cual empeora la descodificación.
La Ley, que pretende ser un Código Penal en miniatura, pero carece de la
sistematicidad y exhaustividad propias de tal instrumento, elabora cinco clases de
delitos:
Contra los sistemas que utilizan tecnologías de información;
Contra la propiedad;
Contra la privacidad de las personas y de las comunicaciones;
Contra niños y adolescentes y;
Contra el orden económico.
DELITOS CONTRA LOS SISTEMAS QUE UTILIZAN TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN
Son los siguientes:
El acceso indebido a un sistema, penado con prisión de uno a cinco años y multa de 10
a 50 unidades tributarias (UT);

31
Ausencia de tratados de extradición, de acuerdos de ayuda mutuos y de mecanismos
sincronizados que permitan la puesta en vigor de la cooperación internacional.
El sabotaje o daño a sistemas, incluyendo cualquier acto que altere su funcionamiento,
penado con prisión de cuatro a ocho años y multa de 400 a 800 UT, que aumentará a
prisión de cinco a diez años y multa de 500 a1.000 UT si para su comisión se utiliza un
virus o medio análogo. Si se trata de sabotaje o daño culposo, la pena se reduce entre la
mitad y dos tercios. Si se trata de sabotaje o acceso indebido a sistemas protegidos, la
pena aumenta entre la tercera parte y la mitad;
La posesión de equipos o prestación de servicios para actividades de sabotaje, penado
con prisión de tres a seis años y multa de 300 a 600 UT;
El espionaje informático, que incluye la obtención, difusión y revelación de
información, hechos o conceptos contenidos en un sistema, penado con prisión de tres a
seis años y multa de 300 a 600 UT. Si el delito se comete para procurar un beneficio
para sí o para otro, la pena aumenta entre un tercio y la mitad. El aumento será de la
mitad a dos tercios si se pone en peligro la seguridad del Estado, la confiabilidad de la
operación de las personas afectadas o si como resultado de la revelación alguna persona
sufre un daño.
DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD
La técnica legislativa utilizada en este caso es incorrecta, pues a delitos ya previstos en
la codificación penal se les crea una supuesta independencia, cuando la única diferencia
existente es el medio utilizado (electrónico en lugar de mecánico o material) y la
naturaleza del bien tutelado, que en este caso es intangible, mientras que en los bienes
muebles es física. En esta clase se incluyen:
La falsificación de documentos mediante el uso de tecnologías de información o la
creación, modificación o alteración de datos en un documento, penado con prisión de
tres a seis años y multa de 300 a 600 UT. Si el delito se comete para procurar un
beneficio para sí o para otro, la pena aumenta entre un tercio y la mitad. Si el hecho
resulta en un perjuicio para otro, el aumento será de la mitad a dos tercios.
El hurto, que consiste básicamente en apoderarse de un bien o valor tangible o
intangible de carácter patrimonial, sustrayéndolo a su tenedor mediante el acceso,
interceptación, interferencia, manipulación o uso de un sistema que utilice tecnologías
de información, penado con prisión de dos a seis años y multa de 200 a 600 UT;
El fraude realizado mediante el uso indebido de tecnologías de información, penado con
prisión de tres a siete años y multa de 300 a 700 UT;
La obtención indebida de bienes o servicios mediante el uso de tarjetas inteligentes
(tarjetas de crédito, de débito o de identificación que garanticen el acceso a un sistema
reservado u otras similares, penado con prisión de dos a seis años y multa de 200 a 600
UT;

32
El manejo fraudulento de tarjetas inteligentes, o la creación, duplicación o
incorporación indebida de datos a registros, lista de consumo o similares, penado con
prisión de cinco a diez años y multa de 500 a 1.000 UT. La misma pena será impuesta a
quienes sin tomar parte en los hechos descritos se beneficien de resultados obtenidos;
La apropiación indebida de tarjetas inteligentes, penado con prisión de uno a cinco años
y multa de 10 a 50 UT. La misma pena se impondrá a quien reciba o adquiera dichas
tarjetas f) Provisión indebida de bienes o servicios utilizando una tarjeta inteligente, a
sabiendas de que dicho instrumento ha sido falsificado, está vencido o ha sido alterado,
penado con prisión de dos a seis años y multa de 200 a 600 UT.
DELITOS CONTRA LA PRIVACIDAD
La posesión de equipos para falsificaciones, penado con prisión de tres a seis años y
multa de 300 a 600 UT.
La violación de la privacidad de la data o información de carácter personal que se
encuentre en un sistema que use tecnologías de información, penado con prisión de dos
a seis años y multa de 200 a 600 UT. Esta pena se aumentara de un tercio a la mitad si
como consecuencia del delito descrito resulta un perjuicio para el titular de la
información o para un tercero;
La violación de la privacidad de las comunicaciones, penado con prisión de dos a seis
años de prisión y una multa de 200 a 600 UT; y
El tema de la privacidad ha sido uno de los ms discutidos en los ordenamientos jurídicos
extranjeros, debido a los derechos humanos. Principalmente, en cuanto a los dos
primeros puntos. Las discusiones se han concentrado, básicamente, en la posibilidad de
que el empleador revise las conversaciones y envío de datos de los empleados que
utilizan como medio el sistema del empleador, así como la propiedad de la información
contenida en del sistema del empleador. Con relación al tercer punto, el tema se ha
centrado en la posibilidad de que el dueño de un sistema venda información personal de
los usuarios del sistema con fines de comercialización.
DELITOS CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
La revelación indebida de datos o información obtenidos por los medios descritos en los
literales a) o b) anteriores, penado con prisión de dos a seis años y multa de 200 a 600
UT. Esta pena se aumentara de un tercio a la mitad si el delito se cometió con fines de
lucro o si resulta en un perjuicio para otro.
La difusión o exhibición de material pornográfico sin la debida advertencia para que se
restrinja el acceso a menores de edad, penado con prisión de dos a seis años y multa de
200 a 600 UT; y
La exhibición pornográfica de niños o adolescentes, penado con prisión de cuatro a
ocho años y multa de 400 a 800 UT.

33
DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO
La apropiación indebida de propiedad intelectual mediante la reproducción,
divulgación, modificación o copia de un software, penado con prisión de uno a cinco
años y multa de 100 a 500 UT;
La oferta engañosa de bienes o servicios mediante la utilización de tecnologías de la
información, penado con prisión de uno a cinco años y multa de 100 a 500 UT, sin
perjuicio de la comisión de un delito más grave.
PENAS ACCESORIAS
Además de las penas principales indicadas anteriormente, se impondrán, sin perjuicio de
las establecidas en el Código Penal, las siguientes penas accesorias:
· El comiso de equipos, dispositivos, instrumentos, materiales, útiles, herramientas
y cualquier otro objeto que haya sido utilizado para la comisión de los delitos previstos
en los artículos 10 y 19 de la Ley(posesión de equipos o prestación de servicios de
sabotaje y posesión de equipos para falsificaciones).
· Trabajo comunitario por el término de hasta tres años en los casos de los delitos
previstos los artículos 6 y 8 de la Ley (acceso indebido y favorecimiento culposo del
sabotaje o daño).
· La inhabilitación para el ejercicio de funciones o empleos públicos; para el
ejercicio de la profesión, arte o industria; o para laborar en instituciones o empresas del
ramo por un período de hasta tres años después de cumplida o conmutada la sanción
principal, cuando el delito se haya cometido con abuso de la posición de acceso a data o
información reservadas, o al conocimiento privilegiado de contraseñas, en razón del
ejercicio de un cargo o función público, del ejercicio privado de una profesión u oficio,
o del desempeño en una institución o empresa privada.
· La suspensión del permiso, registro o autorización para operar o para ejercer
cargos directivos y de representación de personas jurídicas vinculadas con el uso de
tecnologías de información, hasta por el período de tres años después de cumplida o
conmutada la sanción principal, si para cometer el delito el agente se valió de o hizo
figurar a una persona jurídica.
Además, el tribunal podrá disponer la publicación o difusión de la sentencia
condenatoria por el medio que considere más idóneo.
Delitos de derecho de autor.
El derecho de autor es un término jurídico que describe los derechos concedidos a los
creadores por sus obras literarias y artísticas.
El tipo de obras que abarca el derecho de autor incluye: obras literarias como novelas,
poemas, obras de teatro, documentos de referencia, periódicos y programas
informáticos; bases de datos; películas, composiciones musicales y coreografías; obras

34
artísticas como pinturas, dibujos, fotografías y escultura; obras arquitectónicas;
publicidad, mapas y dibujos técnicos.
Autoría y Titularidades en el reglamento de la ley de derecho de autor.
Artículo 3°.- El autor tiene la titularidad originaria de los derechos sobre la obra. Una
persona natural o jurídica, distinta del autor, puede ostentar la titularidad derivada de los
derechos sobre la obra, por efecto de la Ley, presunción legal de cesión, transferencia
por acto entre vivos o transmisión mortis causa.
Artículo 4°.- Para la determinación de la autoría y la titularidad de los derechos en las
obras colectivas, cuando sea imposible identificar a los autores, se aplicará lo dispuesto
en la Ley para las obras anónimas, en cuanto corresponda.
Contenido del Derecho de Autor.
El contenido del Derecho de Autor se divide en dos clases de derechos, los
patrimoniales o de explotación, y los morales.
Derechos morales.
Son derechos no económicos, personales, sobre el recurso.
Derecho de Divulgación: Facultad del autor de decidir si publica (divulga) su obra
(recurso) o no, y en qué forma lo hará.
Derecho de Paternidad: Derecho de exigir la paternidad, reconocimiento como autor
del recurso.
Derecho de Revelación y Ocultación: El autor puede decidir divulgar una obra con
su nombre, con un seudónimo (nick) o signo, o de forma anónima. Esto no quiere
decir que renuncie a la autoría de la obra.
Derecho de Integridad: Facultad de impedir cualquier deformación de la obra que
pueda perjudicar el honor y reputación del autor. En un entorno como la Web, este
derecho cobra especial importancia, debido a la facilidad con la que se pueden
manipular y deformar los recursos electrónicos.
Derecho de Arrepentimiento y Modificación: Derecho del autor de retirar la obra del
Medio, o modificarla.
Derechos Patrimoniales.
Los Derechos Patrimoniales o de Explotación representan el derecho del autor de
beneficiarse económicamente de su producción intelectual.
Derecho de Reproducción: El autor puede obtener beneficio económico de las
reproducciones o copias que se realicen de su obra o recurso. Reproducir o copiar un
recurso sin consentimiento del autor es ilegal.
Derecho de Distribución: Puesta a disposición del público del original o copias de la
obra mediante su venta, alquiler, préstamo, o de cualquier otra forma.
Derecho de Comunicación Pública: La comunicación pública es todo un acto por el
que una pluralidad de personas puede tener acceso a la obra sin previa distribución
de ejemplares a cada una de ellas. La discusión en este sentido sería, ¿puede
considerarse la publicación web como Comunicación Pública?
Derecho de Transformación: Derecho del autor para autorizar y obtener una
remuneración por las transformaciones que se hagan sobre la obra, como por ejemplo
las traducciones.

35
De la Duración del Derecho de Autor, en la ley sobre el derecho de autor.
Artículo 25
El derecho de autor dura toda la vida de éste y se extingue a los sesenta años contados a
partir del primero de enero del año siguiente al de su muerte, incluso respecto a las
obras no divulgadas durante su vida.
Artículo 26
Para las obras hechas en colaboración, los sesenta años a que se refiere el artículo
anterior comenzarán a contarse a partir del primero de enero del año siguiente al de la
muerte del colaborador que sobreviva a los demás. No obstante, el derecho de
explotación de una obra audiovisual, de una obra radiofónica o de un programa de
computación, se extingue a los sesenta años contados a partir del primero de enero del
año siguiente al de su primera publicación o, en defecto de ésta, al de su terminación.
Esta limitación no afecta a los derechos morales de cada uno de los coautores ni al
derecho establecido en el último aparte del artículo 10 de esta Ley.
Artículo 27
El derecho de autor sobre obras anónimas o seudónimas se extingue a los sesenta años
contados a partir del primero de enero del año siguiente al de su primera publicación. La
fecha de ésta se determinará por cualquier medio de prueba y especialmente por el
depósito legal de la obra. No se aplica tal limitación en los casos previstos en el aparte
único del artículo 7º ni cuando, dentro del plazo indicado, el autor o sus
derechohabientes revelen la identidad de aquél conforme al artículo 8º de esta Ley.
Respecto de las obras anónimas o seudónimas publicadas en forma escalonada, el plazo
comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la publicación de cada
elemento. No obstante, si se publica la totalidad de la obra dentro de los veinte años
siguientes al de la publicación de su primer elemento, el derecho sobre la totalidad de la
misma se extingue a los sesenta años contados a partir del primero de enero del año que
sigue al de la publicación del último de sus elementos.
Artículo 28
Aun después de extinguido el derecho de autor no puede emplearse el título de una obra
en las condiciones indicadas en el artículo 24 de esta Ley, en perjuicio de quienes
divulguen la obra.
De la dirección nacional del derecho de autor, de la ley sobre derecho de autor.
Artículo 130
Para ejercer las funciones de registro, vigilancia e inspección, en el ámbito
administrativo y las demás contempladas en esta Ley, se crea la Dirección Nacional del
Derecho de Autor, adscrita al Ministerio que la Ley Orgánica de la Administración
Central le establezca competencia en la materia. Esta Dirección tendrá las atribuciones
siguientes:
1º Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de esta Ley y su Reglamento.
2º Llevar el Registro de la Producción Intelectual, en los términos previstos en el Título
V de esta Ley.

36
3º Decidir sobre los requisitos que deben llevar la inscripción y el depósito de las obras,
productos y producciones, salvo en aquellos casos resueltos expresamente por el
Reglamento.
4º Autorizar el funcionamiento de las entidades de gestión de derechos patrimoniales,
conforme lo disponga el Reglamento y ejercer su fiscalización.
5º Supervisar a las personas naturales o jurídicas que utilicen las obras, productos y
producciones protegidas, en cuanto den lugar al goce y ejercicio de los derechos
establecidos en esta Ley.
6º Servir de árbitro, cuando lo soliciten los interesados, en los conflictos que se susciten
entre titulares de derechos; entre las entidades de gestión colectiva; entre éstas y sus
miembros; y entre las entidades de gestión o titulares de derechos y los usuarios de las
obras, productos o producciones protegidos en esta Ley.
7º Aplicar las sanciones previstas en este Título.
8º Llevar el Centro de Información relativo a las obras, productos y producciones,
nacionales y extranjeras, que se utilicen en el territorio de la República.
9º Las demás que le señalen esta Ley y su Reglamento.
Artículo 131
En los casos de arbitraje sometidos a la Dirección Nacional del Derecho de Autor, se
aplicará el procedimiento breve contemplado en el Código de Procedimiento Civil.
Artículo 132
La Dirección Nacional del Derecho de Autor podrá imponer sanciones a las entidades
de gestión colectiva que infrinjan sus propios estatutos o reglamentos, o que incurran en
hechos que afecten los intereses de sus representados, sin perjuicio de las sanciones
penales o de las acciones civiles que correspondan.
Artículo 133
Las sanciones a que se refiere el artículo anterior podrán ser:
1. Amonestación privada y escrita;
2.
3. Amonestación pública difundida por un medio de comunicación escrita de
circulación nacional, a costa del infractor;
4. Multa que no será menor de dos ni mayor de diez veces del monto equivalente al
salario mínimo urbano, fijado por el Ejecutivo Nacional de conformidad con la
Ley Orgánica del Trabajo, de acuerdo a la gravedad de la falta;
5. Suspensión de la autorización de funcionamiento hasta por el lapso de un año, de
acuerdo a la gravedad de la infracción; y
6. Cancelación de la autorización para funcionar, en casos particularmente graves y
en los términos que señale el Reglamento.
Artículo 134
Las infracciones a esta Ley o a su Reglamento que no constituyan delito, serán
sancionadas por la Dirección Nacional del Derecho de Autor, previa audiencia del
infractor, con multa calculada de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo
precedente. A tal efecto, se notificará al presunto responsable, emplazándolo para que

37
dentro de un plazo de quince (15) días ofrezca las pruebas para su defensa. En caso de
reincidencia, que se considerará como tal la repetición de un acto de la misma
naturaleza en un lapso de un año, se podrá imponer el doble de la multa.
Artículo 135
De las decisiones de la Dirección Nacional del Derecho de Autor se podrá apelar ante el
Ministerio al cual esté adscrita dicha Dirección, en los plazos y mediante el
procedimiento establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Artículo 136
El monto de las multas impuestas conforme a este Título y la restitución de los gastos
en caso de amonestación pública, ingresarán al patrimonio del Ministerio al cual esté
adscrita dicha Dirección, con los privilegios y prerrogativas contemplados en la Ley
Orgánica de la Hacienda Pública Nacional.
Artículo 137
El titular de la Dirección Nacional del Derecho de Autor será designado por el
Ministerio al cual esté adscrita dicha Dirección.
Historia del Servicio autónomo de propiedad intelectual.
El Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), ente adscrito al Ministerio de
Producción y Comercio, fue creado según Decreto Presidencial Nº1768, el 25 de marzo
de 1997, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela No. 36.192 de
fecha 24/04/1997; entra en funcionamiento en el 01 de mayo de 1998 según Resolución
Ministerial Nº054 del 07 de abril de 1998, publicada en la Gaceta Oficial Nº36.433 del
15 de abril de 1998. La creación del SAPI ha permitido unir bajo una misma
organización la Propiedad Industrial y el Derecho de Autor. Esta fusión ha hecho
posible agilizar y optimizar el proceso de registro, protección y difusión de las
creaciones del intelecto humano bajo los diversos esquemas que operan actualmente en
el Sistema Venezolano de Propiedad Intelectual.
La transformación de la estructura organizativa del Sistema de Propiedad Intelectual
nacional, ha sido concebida en respuesta a los dinámicos cambios del entorno y al
surgimiento de nuevas estructuras y modelos económicos y comerciales. El SAPI
cuenta con dos direcciones operativas principales: la Dirección de Registro de la
Propiedad Industrial, encargada de administrar la concesión efectiva de derechos a los
inventores sobre sus creaciones, a través de las patentes de invención, modelos de
utilidad, diseños industriales, certificados de obtentor, certificados de circuitos
integrados; a los comerciantes sobre signos que utilizan para distinguir sus productos y
servicios en el mercado, mediante las marcas, nombres comerciales, lemas comerciales,
denominaciones de origen; y la Dirección Nacional de Derecho de Autor, encargada de
ejercer funciones de registro, vigilancia e inspección sobre los derechos de autor y los
derechos conexos, en el ámbito administrativo.

38
CONCLUSION
Después del desarrollo de los tres temas presentado en este trabajo, podemos decir sobre
la Violencia contra la mujer y la familia constituye un cuerpo normativa que plantea
novedosas figuras dentro de la legislación penal venezolana. En ella se asume un nuevo
modelo jurídico-penal a partir del cual se aborda de manera distinta el fenómeno de la
violencia intra-familiar que afecta directa e indirectamente a la mujer o a cualquier otro
integrante del seno familiar, En esta ley el legislador parte de un concepto básico de
violencia que desmiembra posteriormente en cada una de sus formas, como es por
ejemplo el caso de la violencia física, moral o psicológica y sexual.
Este problema social que es reflejo de relaciones de poder no puede resolverse solo con
la simple instrumentación de leyes y códigos. Son imprescindibles transformaciones
radicales en la situación social de las mujeres que posibiliten la desconstrucción de los
monopolios de poder y de los estereotipos que tradicionalmente han marcado la
construcción de la identidad femenina y la masculina. Por supuesto, la sociedad
Venezolana en la que tantas y tan importantes transformaciones se han producido en la
situación social de las mujeres, no está ajena a esta realidad.
Para cada tipo de violencia plantea el legislador un tipo penal, elevando a la categoría de
delito cualquier comportamiento que se produzca o que lleve implícito el factor
violencia. Entre las novedades que plantea esta legislación penal venezolana pueden
mencionarse: la figura del acoso sexual y el reconocimiento del carácter delictivo del
acceso carnal violento entre cónyuges.
Con la Ley Penal del Ambiente hemos desarrollado varios artículos del capítulo
concerniente a los delitos ambientales, revisando sus atenuantes y agravantes y las
sanciones, así como las medidas judiciales precautelativas. Podemos decir que La Ley
Penal del Ambiente, desde un punto de vista jurídico es una de las tantas leyes
especiales que existen en la república, perteneciente a la jurisdicción penal, y como tal
implica la tipificación de ciertos hechos como punibles en una materia específica, en
este caso: se refiere al ambiente.
Finalmente analizamos brevemente como herramientas sobre los delitos bancarios,
delitos informáticos y Delitos de derecho de Autor las siguientes leyes: la Ley General
de Bancos y Otras Instituciones Financieras, la Superintendencia de Bancos y Otras
Instituciones Financieras; Ley Especial Contra los Delitos Informáticos y la Ley sobre
el Derecho del Autor

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