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ACUERDO DE PAZ EN LA HABANA Y
FUNDAMENTACIONES DE LA OBJETACION
DE LA JEP
(Jurisdicción Especial de Paz)
D.L.V.M
ACUERDOS EN LA HABANA
El 24 de noviembre se conmemora un año de la firma definitiva del
acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la ex guerrilla de las Farc.
Aunque ha habido varios avances, la etapa del posconflicto aún tienen
muchos desafíos.
Han pasado 365 días desde que el presidente de Colombia, Juan Manuel
Santos, y Rodrigo Londoño, líder de la antigua guerrilla de las Farc, firmaron
por segunda vez y de forma definitiva los acuerdos de paz en una ceremonia
llevada a cabo en el Teatro Colón de la ciudad de Bogotá.
Esto ocurrió luego de que los acuerdos de la primera firma, celebrada en
Cartagena el 26 de septiembre de 2016, fueran rechazados en un plebiscito, el
2 de octubre del mismo año, con el 51 % de los votos.
Tras algunas modificaciones, el acuerdo se firmó definitivamente el 24 de
noviembre de 2016 y desde entonces cerca de 7.000 guerrilleros dejaron las
armas y comenzaron un complejo proceso de reintegración a la sociedad civil.
La implementación de la paz, a pesar de las dificultades normales de algo de
esta dimensión y del escepticismo de parte de un buen sector de la población
colombiana, "va marchando en la dirección correcta", aunque "algunos querían
dar el acta de defunción del acuerdo en el primer año", dijo Santos en una
rueda de prensa en la sede de presidencia con motivo del primer aniversario de
la firma.
A pesar de que ha habido avances y de que el 55 por ciento de los
desmovilizados ya se retiró de los llamados "pueblos de paz", las 26 áreas
remotas y rurales en que dejaron las armas y se desmovilizaron, la antigua
guerrilla, ahora convertida en Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común
(Farc), reclama de forma frecuente lo que considera un incumplimiento de lo
acordado por parte del Gobierno.
Lo esencial de los 5 puntos del acuerdo
Gobierno-Farc
1. HACIA UN NUEVO CAMPO COLOMBIANO: SE PROPONE UNA REFORMA RURAL
INTEGRAL
- Busca reversar los efectos de la guerra en el campo y llevar desarrollo a las áreas rurales.
- Subsidios y créditos para compra de tierras; actualización del catastro y el impuesto predial
rural (plazo 7 años).
- Formalización de propiedad rural: inicia con 7 millones de hectáreas.
- Fondo de Tierras para pequeños campesinos: arranca con 3 millones de hectáreas.
- Zonas de Reserva Campesinas.
- Planes Nacionales para acabar la pobreza rural extrema y reducir la pobreza del campo un
50% (plazo de 10 años). Incluye: infraestructura, vías terciarias, asistencia técnica, servicios
públicos, salud, educación, internet.
2. PARTICIPACIÓN POLÍTICA: APERTURA DEMOCRÁTICA PARA CONSTRUIR LA
PAZ
Con nuevos partidos, se distribuirán mejor los recursos públicos destinados a participación.
En zonas más afectadas por el conflicto habrá 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de
Paz, que permitirán elegir a 16 representantes a la Cámara por dos períodos electorales.
Se elaborará un Estatuto para la Oposición (que será proyecto de ley), así como un nuevo
Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, un Sistema de Alertas
Tempranas, un programa de protección para integrantes del nuevo movimiento político que
surja de las Farc y una misión electoral especial, conformada por siete expertos de alto nivel.
3. FIN DEL CONFLICTO
El fin del conflicto, la esencia pura del acuerdo, se dará en dos momentos. Uno,
cuando la Fuerza Pública y las Farc silencien sus fusiles, y estos últimos
entreguen todo su arsenal con el monitoreo de 500 observadores
internacionales y la experiencia en verificación de las Naciones Unidas. Dos,
cuando los guerrilleros inicien su reincorporación a la vida civil, después de
haber estado de manera transitoria, durante seis meses, en 28 zonas veredales
transitorias de normalización. Las Farc podrán crear su propio partido político
con garantías del Estado. Esto implica que por dos periodos tendrán 10 curules
fijas en el Congreso de la República.
4. SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS
- Las Farc se comprometen a dejar el narcotráfico que, “en función de la rebelión”,
hubiesen practicado.
- Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, integrado a la reforma rural.
- Tratamiento penal especial para pequeños cultivadores, sin condena para quien
cambie el cultivo. Tendrán beneficios sociales y económicos.
- Toda erradicación será manual.
- Programas de Prevención de Consumo y Salud Pública para los adictos, con énfasis
en rehabilitación.
- Estrategias de lucha contra el narcotráfico transnacional, crimen organizado,
corrupción y lavado de activos.
- Aumentar los controles a los insumos y precursores químicos.
5. ACUERDO SOBRE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO Y EL SISTEMA DE
JUSTICIA TRANSICIONAL
- Se creará el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No
Repetición, que incluye: Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad
(funcionará 3 años), Unidad para la Búsqueda de Desaparecidos, Tribunales de
Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
- Se concederá “la amnistía más amplia posible”, con excepción de los delitos
de lesa humanidad.
- Sanciones penales no generarán inhabilidades políticas. Las penas van desde
restricciones a la libre movilidad, hasta 20 años de prisión, según la
cooperación y gravedad del caso.
- Tribunal de Paz podrá eliminar sentencias pasadas y será única instancia.
LA JEP 2019
Lo bueno de la JEP
- Ya está aprobada la ley.
El 30 de noviembre del 2017 el Senado aprobó la conciliación del proyecto de
ley de la Justicia Especial de Paz (JEP) con 52 votos a favor y 1 en contra,
luego de que tres días antes la Cámara aprobara la ley en medio de
acusaciones al presidente de esa corporación, Rodrigo Lara, de estar dilatando
la discusión del articulado. La norma está pendiente de revisión de la Corte
Constitucional.
- La diversidad de las personas que ocuparán los cargos de la JEP.
El mayor reto del Comité de Escogencia era lograr que las personas que
conformaran el Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No
Repetición, además de ser competentes, representaran los sectores sociales de
un país tan diverso como Colombia. El mandato se cumplió en los tiempos
establecidos, de modo que el 18 de diciembre de 2017 el Comité había
terminado su labor.
El balance final: de las 82 personas escogidas el 54% son mujeres, 9%
afrocolombianos y un 6% población indígena. Además, un 54% son personas
provenientes de lugares distintos a Bogotá.
- Los militares se han demostrado acordes con la ley y están dispuestos a
acogerse al sistema.
En noviembre de 2017, el Ministerio de Defensa remitió a la Secretaría
Ejecutiva de la JEP los nombres de 1.793 miembros de la Fuerza Pública que
cumplen con los requisitos para aspirar a los beneficios judiciales que otorga
la JEP.
De estos, más de 1.200 se han acogido a la JEP y ya están libres.
- La participación política de Farc, luego de compromiso de ir a la JEP.
Las sanciones que imponga la JEP no inhabilitarán a los exguerrilleros para
participar en política. Los excombatientes que reconozcan su responsabilidad
tempranamente y se comprometan a reparar a las víctimas, podrán ocupar
cargos en caso de resultar elegidos en el 2018.
Los miembros del partido Farc ya tienen sus candidatos. A la presidencia el
candidato es Timoleón Jiménez, antiguo jefe de la guerrilla. La lista al Senado
la encabeza Iván Márquez. Mientras que para la Cámara de Representantes
aspirarán Olmedo Ruiz, por Antioquia; Byron Yepes, por Bogotá; Marco
Calarcá, por Valle del Cauca; Jesús Santrich, por Atlántico y Jairo Quintero,
por Santander.
Lo malo:
- Sacar de la JEP a los civiles y agentes del Estado no miembros de la
Fuerza Pública.
Ni los civiles que hayan participado indirectamente en el conflicto armado
(entre los que se encuentran los empresarios financiadores de los grupos
armados) ni los agentes del Estado no miembros de la Fuerza Pública
(alcaldes, ministros, funcionarios públicos y gobernadores) están obligados a
presentarse ante la JEP. Sin embargo, estas personas están obligadas a
responder ante la justicia ordinaria. Así lo estableció la Corte Constitucional
que declaró inexequible esta obligación debido a que la JEP es una instancia
transitoria creada por el proceso de paz y para la reincorporación de
excombatientes.
La Corte Constitucional no tuvo en cuenta las críticas de la fiscal de la
Corte Penal Internacional (CPI) Fatou Bensouda.
Luego de su visita a Colombia, la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, hizo una
lista de críticas y recomendaciones para la JEP. Una de ellas se refería al
concepto de responsabilidad de mando, pues se aleja de lo previsto en el
derecho internacional y el Estatuto de Roma. Esto abría la puerta a la
impunidad para los militares que no previnieron ni castigaron crímenes de sus
subordinados. Sin embargo, el tribunal ignoró las recomendaciones de
Bensouda.
- Muchas víctimas se oponen al sistema porque dicen no estar
representadas.
Los cambios en la JEP dejaron de lado a las víctimas, esa es una
inconformidad general. Un ejemplo son los familiares de quienes fueron
asesinados en el marco de las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos.
Grupos de víctimas de estos crímenes y defensores de derechos humanos
consideran que este delito no se cometió en el marco del conflicto armado,
sino que fue producto de motivaciones personales de miembros de la Fuerza
Pública para recibir beneficios a cambio de aumentar las cifras de guerrilleros
muertos en combate.
- Las inhabilidades que impuso el Congreso a los magistrados.
Una de las modificaciones a la JEP que más levantó críticas fue el régimen de
inhabilidades para los magistrados que fueron escogidos. Se estableció que las
personas que durante los últimos cinco años hayan litigado en contra de los
intereses del Estado o hayan representado a grupos de derechos humanos no
podrán hacer parte de este sistema de justicia transicional. Según Kai Ambos,
amicus curiae de la JEP, esto dejaría por fuera a casi la mitad de los
magistrados que eligió el Comité de Escogencia.
- La exclusión de la JEP de los delitos sexuales contra menores abre una
puerta para quitarle los beneficios a los excombatientes.
Se estableció que no podrán acceder a los beneficios de la JEP los
exguerrilleros de las Farc que hayan cometido delitos sexuales en contra de
menores de edad. Esto desconoce que la violencia sexual fue utilizada como
un arma de guerra, explica María Camila Moreno, directora del ICTJ. Miles
de casos serían sancionados con las penas de la justicia ordinaria y no con la
máxima de la JEP, que es de 20 años.
Lo feo:
- El manoseo político a la ley.
El espíritu de la JEP era poder entregar justicia, verdad, reparación y garantías
de no repetición a las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, en el
proceso de aprobación entraron a jugar intereses políticos especialmente en la
Corte Constitucional y en el Congreso. Partidos políticos no votaron, se
ausentaron sus miembros y sabotearon los debates. Al presidente de la Cámara
de Representantes, Rodrigo Lara, lo acusaron de demorar mucho el inicio de
los debates de la ley estatutaria.
- Los ataques sin argumentos contra los escogidos en la JEP para
deslegitimar su mandato.
El ex procurador y candidato presidencial Alejandro Ordóñez, los senadores
del Centro Democrático, Ernesto Macías y Alfredo Ramos Maya
deslegitimaron la escogencia de los magistrados de la JEP diciendo que
habían sido elegidos por las Farc y por el gobierno Santos, así como haber
sido defensores de derechos humanos. Esto desconociendo la labor del Comité
de Escogencia, órgano que también atacaron por estar conformado con
extranjeros.
- La cirugía plástica que le hicieron a la JEP.
La intención de este nuevo sistema de justicia transicional era allanar el
camino hacia la justicia y la verdad del conflicto armado, no solo en lo que se
refiere a los miembros de las Farc. Sin embargo, en el Congreso la
transformaron totalmente, en comparación con lo que se había acordado en La
Habana (Cuba). La comparecencia voluntaria de los terceros responsables y
agentes del Estado, el concepto de responsabilidad de mando que va en contra
de las normas internacionales y las inhabilidades de los magistrados fueron
algunas cirugías a la JEP.
COLOMBIANO TE INVITO
CORDIALMENTE A INFORMARTE Y NO
SOLO VER UN PUNTO DE VISTA
ES NUESTRO PAIS, EL FUTURO QUE
LE ESPERA A NUESTROS HIJOS.

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Acuerdo paz Habana y JEP Colombia

  • 1. ACUERDO DE PAZ EN LA HABANA Y FUNDAMENTACIONES DE LA OBJETACION DE LA JEP (Jurisdicción Especial de Paz) D.L.V.M
  • 2. ACUERDOS EN LA HABANA El 24 de noviembre se conmemora un año de la firma definitiva del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la ex guerrilla de las Farc. Aunque ha habido varios avances, la etapa del posconflicto aún tienen muchos desafíos. Han pasado 365 días desde que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y Rodrigo Londoño, líder de la antigua guerrilla de las Farc, firmaron por segunda vez y de forma definitiva los acuerdos de paz en una ceremonia llevada a cabo en el Teatro Colón de la ciudad de Bogotá. Esto ocurrió luego de que los acuerdos de la primera firma, celebrada en Cartagena el 26 de septiembre de 2016, fueran rechazados en un plebiscito, el 2 de octubre del mismo año, con el 51 % de los votos. Tras algunas modificaciones, el acuerdo se firmó definitivamente el 24 de noviembre de 2016 y desde entonces cerca de 7.000 guerrilleros dejaron las armas y comenzaron un complejo proceso de reintegración a la sociedad civil. La implementación de la paz, a pesar de las dificultades normales de algo de esta dimensión y del escepticismo de parte de un buen sector de la población colombiana, "va marchando en la dirección correcta", aunque "algunos querían dar el acta de defunción del acuerdo en el primer año", dijo Santos en una rueda de prensa en la sede de presidencia con motivo del primer aniversario de la firma. A pesar de que ha habido avances y de que el 55 por ciento de los desmovilizados ya se retiró de los llamados "pueblos de paz", las 26 áreas remotas y rurales en que dejaron las armas y se desmovilizaron, la antigua guerrilla, ahora convertida en Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), reclama de forma frecuente lo que considera un incumplimiento de lo acordado por parte del Gobierno.
  • 3. Lo esencial de los 5 puntos del acuerdo Gobierno-Farc 1. HACIA UN NUEVO CAMPO COLOMBIANO: SE PROPONE UNA REFORMA RURAL INTEGRAL - Busca reversar los efectos de la guerra en el campo y llevar desarrollo a las áreas rurales. - Subsidios y créditos para compra de tierras; actualización del catastro y el impuesto predial rural (plazo 7 años). - Formalización de propiedad rural: inicia con 7 millones de hectáreas. - Fondo de Tierras para pequeños campesinos: arranca con 3 millones de hectáreas. - Zonas de Reserva Campesinas. - Planes Nacionales para acabar la pobreza rural extrema y reducir la pobreza del campo un 50% (plazo de 10 años). Incluye: infraestructura, vías terciarias, asistencia técnica, servicios públicos, salud, educación, internet.
  • 4. 2. PARTICIPACIÓN POLÍTICA: APERTURA DEMOCRÁTICA PARA CONSTRUIR LA PAZ Con nuevos partidos, se distribuirán mejor los recursos públicos destinados a participación. En zonas más afectadas por el conflicto habrá 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, que permitirán elegir a 16 representantes a la Cámara por dos períodos electorales. Se elaborará un Estatuto para la Oposición (que será proyecto de ley), así como un nuevo Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, un Sistema de Alertas Tempranas, un programa de protección para integrantes del nuevo movimiento político que surja de las Farc y una misión electoral especial, conformada por siete expertos de alto nivel.
  • 5. 3. FIN DEL CONFLICTO El fin del conflicto, la esencia pura del acuerdo, se dará en dos momentos. Uno, cuando la Fuerza Pública y las Farc silencien sus fusiles, y estos últimos entreguen todo su arsenal con el monitoreo de 500 observadores internacionales y la experiencia en verificación de las Naciones Unidas. Dos, cuando los guerrilleros inicien su reincorporación a la vida civil, después de haber estado de manera transitoria, durante seis meses, en 28 zonas veredales transitorias de normalización. Las Farc podrán crear su propio partido político con garantías del Estado. Esto implica que por dos periodos tendrán 10 curules fijas en el Congreso de la República.
  • 6. 4. SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS - Las Farc se comprometen a dejar el narcotráfico que, “en función de la rebelión”, hubiesen practicado. - Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, integrado a la reforma rural. - Tratamiento penal especial para pequeños cultivadores, sin condena para quien cambie el cultivo. Tendrán beneficios sociales y económicos. - Toda erradicación será manual. - Programas de Prevención de Consumo y Salud Pública para los adictos, con énfasis en rehabilitación. - Estrategias de lucha contra el narcotráfico transnacional, crimen organizado, corrupción y lavado de activos. - Aumentar los controles a los insumos y precursores químicos.
  • 7. 5. ACUERDO SOBRE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO Y EL SISTEMA DE JUSTICIA TRANSICIONAL - Se creará el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que incluye: Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (funcionará 3 años), Unidad para la Búsqueda de Desaparecidos, Tribunales de Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). - Se concederá “la amnistía más amplia posible”, con excepción de los delitos de lesa humanidad. - Sanciones penales no generarán inhabilidades políticas. Las penas van desde restricciones a la libre movilidad, hasta 20 años de prisión, según la cooperación y gravedad del caso. - Tribunal de Paz podrá eliminar sentencias pasadas y será única instancia.
  • 9. Lo bueno de la JEP - Ya está aprobada la ley. El 30 de noviembre del 2017 el Senado aprobó la conciliación del proyecto de ley de la Justicia Especial de Paz (JEP) con 52 votos a favor y 1 en contra, luego de que tres días antes la Cámara aprobara la ley en medio de acusaciones al presidente de esa corporación, Rodrigo Lara, de estar dilatando la discusión del articulado. La norma está pendiente de revisión de la Corte Constitucional. - La diversidad de las personas que ocuparán los cargos de la JEP. El mayor reto del Comité de Escogencia era lograr que las personas que conformaran el Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición, además de ser competentes, representaran los sectores sociales de un país tan diverso como Colombia. El mandato se cumplió en los tiempos establecidos, de modo que el 18 de diciembre de 2017 el Comité había terminado su labor. El balance final: de las 82 personas escogidas el 54% son mujeres, 9% afrocolombianos y un 6% población indígena. Además, un 54% son personas provenientes de lugares distintos a Bogotá. - Los militares se han demostrado acordes con la ley y están dispuestos a acogerse al sistema. En noviembre de 2017, el Ministerio de Defensa remitió a la Secretaría Ejecutiva de la JEP los nombres de 1.793 miembros de la Fuerza Pública que cumplen con los requisitos para aspirar a los beneficios judiciales que otorga la JEP. De estos, más de 1.200 se han acogido a la JEP y ya están libres.
  • 10. - La participación política de Farc, luego de compromiso de ir a la JEP. Las sanciones que imponga la JEP no inhabilitarán a los exguerrilleros para participar en política. Los excombatientes que reconozcan su responsabilidad tempranamente y se comprometan a reparar a las víctimas, podrán ocupar cargos en caso de resultar elegidos en el 2018. Los miembros del partido Farc ya tienen sus candidatos. A la presidencia el candidato es Timoleón Jiménez, antiguo jefe de la guerrilla. La lista al Senado la encabeza Iván Márquez. Mientras que para la Cámara de Representantes aspirarán Olmedo Ruiz, por Antioquia; Byron Yepes, por Bogotá; Marco Calarcá, por Valle del Cauca; Jesús Santrich, por Atlántico y Jairo Quintero, por Santander.
  • 11. Lo malo: - Sacar de la JEP a los civiles y agentes del Estado no miembros de la Fuerza Pública. Ni los civiles que hayan participado indirectamente en el conflicto armado (entre los que se encuentran los empresarios financiadores de los grupos armados) ni los agentes del Estado no miembros de la Fuerza Pública (alcaldes, ministros, funcionarios públicos y gobernadores) están obligados a presentarse ante la JEP. Sin embargo, estas personas están obligadas a responder ante la justicia ordinaria. Así lo estableció la Corte Constitucional que declaró inexequible esta obligación debido a que la JEP es una instancia transitoria creada por el proceso de paz y para la reincorporación de excombatientes. La Corte Constitucional no tuvo en cuenta las críticas de la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Fatou Bensouda. Luego de su visita a Colombia, la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, hizo una lista de críticas y recomendaciones para la JEP. Una de ellas se refería al concepto de responsabilidad de mando, pues se aleja de lo previsto en el derecho internacional y el Estatuto de Roma. Esto abría la puerta a la impunidad para los militares que no previnieron ni castigaron crímenes de sus subordinados. Sin embargo, el tribunal ignoró las recomendaciones de Bensouda. - Muchas víctimas se oponen al sistema porque dicen no estar representadas. Los cambios en la JEP dejaron de lado a las víctimas, esa es una inconformidad general. Un ejemplo son los familiares de quienes fueron asesinados en el marco de las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos. Grupos de víctimas de estos crímenes y defensores de derechos humanos consideran que este delito no se cometió en el marco del conflicto armado, sino que fue producto de motivaciones personales de miembros de la Fuerza Pública para recibir beneficios a cambio de aumentar las cifras de guerrilleros muertos en combate. - Las inhabilidades que impuso el Congreso a los magistrados. Una de las modificaciones a la JEP que más levantó críticas fue el régimen de inhabilidades para los magistrados que fueron escogidos. Se estableció que las personas que durante los últimos cinco años hayan litigado en contra de los
  • 12. intereses del Estado o hayan representado a grupos de derechos humanos no podrán hacer parte de este sistema de justicia transicional. Según Kai Ambos, amicus curiae de la JEP, esto dejaría por fuera a casi la mitad de los magistrados que eligió el Comité de Escogencia. - La exclusión de la JEP de los delitos sexuales contra menores abre una puerta para quitarle los beneficios a los excombatientes. Se estableció que no podrán acceder a los beneficios de la JEP los exguerrilleros de las Farc que hayan cometido delitos sexuales en contra de menores de edad. Esto desconoce que la violencia sexual fue utilizada como un arma de guerra, explica María Camila Moreno, directora del ICTJ. Miles de casos serían sancionados con las penas de la justicia ordinaria y no con la máxima de la JEP, que es de 20 años.
  • 13. Lo feo: - El manoseo político a la ley. El espíritu de la JEP era poder entregar justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición a las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, en el proceso de aprobación entraron a jugar intereses políticos especialmente en la Corte Constitucional y en el Congreso. Partidos políticos no votaron, se ausentaron sus miembros y sabotearon los debates. Al presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, lo acusaron de demorar mucho el inicio de los debates de la ley estatutaria. - Los ataques sin argumentos contra los escogidos en la JEP para deslegitimar su mandato. El ex procurador y candidato presidencial Alejandro Ordóñez, los senadores del Centro Democrático, Ernesto Macías y Alfredo Ramos Maya deslegitimaron la escogencia de los magistrados de la JEP diciendo que habían sido elegidos por las Farc y por el gobierno Santos, así como haber sido defensores de derechos humanos. Esto desconociendo la labor del Comité de Escogencia, órgano que también atacaron por estar conformado con extranjeros. - La cirugía plástica que le hicieron a la JEP. La intención de este nuevo sistema de justicia transicional era allanar el camino hacia la justicia y la verdad del conflicto armado, no solo en lo que se refiere a los miembros de las Farc. Sin embargo, en el Congreso la transformaron totalmente, en comparación con lo que se había acordado en La Habana (Cuba). La comparecencia voluntaria de los terceros responsables y agentes del Estado, el concepto de responsabilidad de mando que va en contra de las normas internacionales y las inhabilidades de los magistrados fueron algunas cirugías a la JEP.
  • 14. COLOMBIANO TE INVITO CORDIALMENTE A INFORMARTE Y NO SOLO VER UN PUNTO DE VISTA ES NUESTRO PAIS, EL FUTURO QUE LE ESPERA A NUESTROS HIJOS.