El documento analiza el acuerdo de paz firmado en La Habana entre el gobierno colombiano y las FARC. Argumenta que el acuerdo deslegitima al Estado de derecho y le da la razón a las FARC, ya que las debilita militar, política y económicamente. Explica que las FARC surgieron como un grupo guerrillero comunista durante la Guerra Fría para oponerse a Estados Unidos, no por causas agrarias, y que el Estado colombiano había logrado debilitarlas a través de políticas de seguridad democrática

1. ANÁLISISDEL ACUERDO FINAL SUSCRITO EN
LA HABANA
Por Alfonso Monsalve Solórzano.
Medellín, septiembre 3 de 2016.
El intrincado tejido que se quiere imponer y cómo hará que el país se vuelva inviable
Índice
1. Antecedentes
a. Triunfo sobre la guerrilla y desmantelamiento de las autodefensas
b. El Acuerdo de 2012 y su resultado, el acuerdo de La Habana de agosto de
2016 deslegitiman el Estado de derecho y le da razón a las Farc.
2 El acuerdo de La Habana de 2016.
2.1 Reforma agraria integral.
2.2. Las drogas ilícitas
2.3. La política, la participación política y el cese al fuego
a. Sistema de justicia a la medida
b. Participación en la erradicación
c. Plebiscito en armas
d. Participación política, partidos y movimientos sociales y curules
e. Medios de comunicación
f. Estatuto de oposición, oposición leal y desleal, oposición sólo desde la izquierda
cercana
g. Lucha contra la corrupción

2. 2
2.4. Las víctimas y la Jurisdicción para la Paz
a. Las Farc negociando por todas las víctimas
b. Un nuevo sistema de justicia: Las Farc sin obligaciones con las víctimas
c. Dicho sistema prevalecerá sobre nuestro sistema judicial
d. Amnistía e indulto
e. La Justicia Especial para la Paz, JEP, composición, Tribunal de Paz
f. JEP, Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad
g. JEP, Unidad para la Investigación y Desmantelamiento de Organizaciones
Criminales y Sucesoras del Paramilitarismo
h. Comisión Nacional de Garantías de Seguridad
i. Fuerza Élite en la Policía para combatir a lo que han dado en llamar los Sucesores del
paramilitarismo y otras bandas criminales
j. La Comisión Nacional para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia
y la No Repetición
2.5 Las Farc gobernarán el país
2.6 El costo económico del acuerdo
1. Antecedentes
I.1 Triunfo sobre la guerrilla y desmantelamiento de las autodefensas
El acuerdo que creó la negociación del gobierno con las Farc
((https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/AcuerdoGeneralTermina
cionConflicto.pdf)) y la manera como fue desarrollado echa por la borda el triunfo militar y
político que el Estado había logrado sobre esa guerrilla. Esa organización se encontraba
derrotada estratégicamente en los campos militar, político y económico.
En efecto, en un esfuerzo realizado desde finales delgobierno de Andrés Pastranay durante
los 8 años del mandato de Álvaro Uribe, desde el punto de vista militar, se habían reducido
sus efectivos, sus zonas de influencia habían sido recuperadas por el Estado, hasta el punto
de que las fuerzas de policía hacían presencia en todas las cabeceras municipales del país,
y no había territorios vedados para el ejército, que avanzaba hacía el control total del
territorio. El retroceso militar de las Farc era tal que se los había devuelto a la forma de
guerra de guerrillas, luego de que había alcanzado la fase de la guerra de movimientos y se
había obligado al grueso de sus jefes y combatientes a replegarse hacia Venezuela y
Ecuador.
El resultado fue la disminución drástica de los asesinatos y masacres, secuestros,
destrucción de poblados y de infraestructura, contaminación ambiental, extorsiones,
desplazamiento forzado, reclutamiento de niños y otros crímenes causados por las Farc a
millones de colombianos en su demencial accionar. Fue una manera eficaz, por parte del
Estado de garantizar los derechos de gran número de compatriotas.

3. 3
Desde la perspectiva política, habían sido declarados por la comunidad de estados
democráticos, como un grupo terrorista , elapoyo de los colombianos asus banderas estaba
por debajo del 1%. Los resultados de esa política, denominada Seguridad Democrática,
fueron contundentes: en todo el país disminuyeron drásticamente los asesinatos,
secuestros,destrucción de poblaciones, oleoductos y otras infraestructuras, y la gente pudo
cultivar el campo, vivir sin temor a las milicias en las ciudades y disfrutar las carreteras y
sitios vacacionales. La producción creció, el comercio floreció, los ingresos de los
colombianos promedio aumentaron, al igual que sus oportunidades.
El mito de que la guerrilla era inderrotable, el llamado empate estratégico, se derrumbó
como un castillo de arena. No todo era un paraíso, pero era evidente que el país y su gente
progresaban.
ElEstado había logrado ladesmovilización y sometimiento de las autodefensas y lacreación
de un sistema de justicia transicional, denominado Justicia y Paz, dentro del sistema
constitucional colombiano, con jueces y fiscales de la rama judicial, había conducido a sus
principales cabecillas y miembros responsables de crímenes de lesa humanidad, a la cárcel
por ocho años, a su extradición a los Estados Unidos de aquellos que habían seguido
delinquiendo en el narcotráfico, con la condición de que los regresarían a Colombia para
cumplir aquí su condena. Justicia y Paz dio frutos: se confesaron miles de crímenes, se
reparó a las víctimas con los bienes de esos grupos y se sacó del sistema especial de
transición a quienes no hubiesen dicho toda la verdad, para que pagasen las penas
ordinarias.
La consecuencia fue el desmonte del fenómeno de las autodefensas como actores de la
violencia y el fin de innumerables crímenes de lesa humanidad contra los colombianos,
entre los que se contaron, como en la guerrilla, asesinatos selectivos, masacres,
desplazamientos, secuestros, extorsiones y un largo etc. El número de desmovilizado s que
volvieron a las actividades delictivas está por debajo de los porcentajes de otras
experiencias en distintos lugares del mundo -se calcula, que por debajo del 20%- quienes,
junto con algunos guerrilleros desmovilizados en respuesta a las políticas de reinserción del
gobierno, constituyeron lo que hoy se conocen como Bacrim, que no son autodefensas sino
simples bandas armadas organizadas a gran escala, dedicadas al narcotráfico y a la minería
ilegal, muchas veces, asociadas desde entonces con las Farc y otras guerrillas.
El estado promovió la cultura del respeto a los derechos humanos por parte de las fuerzas
de seguridad. Los delitos de militares y policías, relacionados con violaciones de derechos
humanos fueron perseguidos, incluso, con exceso de dureza por parte de algunos fiscales y
jueces, y sus investigaciones y fallos fueron acatados por el gobierno. Miles de militares y
policías están en la cárcel condenados o procesados por su presunta participación en esa
clase de delitos.
De esa manera se honraron los tratados internacionales y la normatividad de la Corte penal
Internacional, que prohíben la impunidad, aun al costo de llevar a la cárcel a muchos
militares y policías inocentes, víctimas de falsos testigos y otras maniobras de esa índole.
Con lapolítica de seguridad democrática la violencia contra los colombianos tocaba a sufin.

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Desde el punto de vista económico, el desmonte de los narcocultivos redujo a menos de 40
mil hectáreas las más de 150 mil que había a comienzos s la década del 2000, quitándole a
laguerrilla su gran fuente de financiación.Estapolítica de erradicación fue acompañada con
medidas para proteger a los campesinos pobres y sus familias, con proyectos productivos
rentables, titulación de tierras incautadas a los narcotraficantes y subsidios,lo que, de paso,
le quitó, aún más, el poco apoyo que tenía esa guerrilla.
1.2 El Acuerdo de 2012 y su resultado, el Acuerdo de La Habana de agosto de 2016,
deslegitiman el Estado de derecho y le da razón a las Farc.
Colombia, durante más de cienaños, con lasolaexcepción de ladictadura del General Rojas
Pinilla ha sido una democracia que ha pasado por períodos de violencia que ha logrado
superar, como el que se vivió en la década del cincuenta y comienzos de los sesenta, que
fue superado con el acuerdo consociacional conocido como Frente Nacional, que a pesar
de que limitabael ejerciciodel poder alos partidos liberaly conservador, de hecho, permitió
la participación de otras fuerzas, incluso de la oposición, como la Alianza Nacional Popular,
Anapo, del mencionado Rojas Pinilla y al Partido Comunista, través del Movimiento
Revolucionario Liberal, MRL, encabezado por Alfonso López Michelsen, (quien después fue
presidente de Colombia entre 1974 – 1978) que llevó al congreso a militantes del Partido
Comunista que hacía actividad guerrillera en Sumapaz, como Juan de Cruz Varela.
Se suponía que el Frente Nacional pondría final a la violencia política en Colombia, pero una
fuerza diferente, que devino en el Partido Comunista, pensaba otra cosa.
Las Farc han sostenido que fueron llevados a las armas por la persecución del Estado a los
campesinos de Colombia, pero la verdad es otra. Ya en 1927, la organización que antecedió
al Partido Comunista, infiltró y se tomó la dirección de la Huelga de las Bananeras contra la
bananera United Fruit Company -adalid de la explotación típica de la época por parte de las
empresas norteamericanas y expresión de una política imperial de su país- transformando
la lucha, y por condiciones justas y dignas de trabajo de los operarios de la Zona en el
departamento del Magdalena, en una batalla por la toma del poder, para implantar en
Colombia un régimen soviético.
En 1948 se realiza la Conferencia Panamericana en Bogotá, en la que, bajo el liderazgo de
Estados Unidos, se crea la Organización de Estados Americanos, OEA y se firman el Tratado
Americano de Soluciones Pacíficas y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre. Es, de alguna manera, el inicio de la Guerra Fría en Latinoamérica. La directriz
de la Unión Soviética es sabotearla -Fidel Castro estuvo en Bogotá por esos días para unirse
a la protesta que se estaba organizando internacionalmente, cuando fue asesinado el líder
liberal Jorge Eliecer Gaitán, cuyo decesomarcó, precisamente el inicio de laViolencia liberal
– conservadora a la que puso fin el Frente Nacional.
Pero participar en los disturbios no fue la orden final del Partido Comunista de la Unión
Soviética, se trataba de oponerse a los Estados Unidos en todos los campos durante el
tiempo que fuera necesario, y aprovechando la tradición guerrillera en Colombia, era
inevitable que el Partido Comunistas de Colombia impulsara lalucha armada, transformado
su presencia en el movimiento guerrillero, la propia y la que tenía en las guerrillas liberales,
de las que proviene Manual Marulanda Vélez, alias Pedro Antonio Marín, alias Tirofijo. Esa

5. 5
es la razón por la cual las llamadas Autodefensas Campesinas de ese Partido, rechazan,
primero, laamnistía ofrecida por elgeneral Rojas,y luego,la ofrecida por elFrente Nacional.
Las Autodefensas Campesinas comunistas estaban constituidas por un puñado de
guerrilleros que no representaban a los campesinos de las regiones donde comenzaron a
actuar, mucho menos, a los campesinos del país. No tienen entonces, un origen agrario sino
político, como resultado de la Guerra Fría. Y cuando se asentaron en algunos territorios,
comenzaron a construir enclaves que reproducían los cánones socialistas: tierra colectiva,
dominio del Partido, actividad armada defensiva y ofensiva contra el estado y los
campesinos y ganaderos ricos, como primer paso para ampliar su alcance. Fueron las
conocidas repúblicas independientes, que el presidente Guillermo León Valencia ordenó
combatir porque estaban violando la soberanía interna.
La prueba de que la actividad guerrillera de las Farc - y de otras que surgieron como el
Ejército de Liberación nacional, Eln, un grupo ínfimo de familiares y amigos que se
entrenaron en Cuba; el Ejército popular de Liberación, Epl, liderado por el Partido
Comunista marxista -Leninista disidencia pro china (y luego pro albanesa) resultado de la
escisión del movimiento comunista internacional, o el M-19, alianza entre militantes
radicales de la Anapo y disidentes de las Farc- es que otros movimientos armados de
liberación nacional contra el imperialismo norteamericano surgieron en Latinoamérica en
Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela, Nicaragua, El Salvador y Guatemala (para no
mencionar Asia y África). Todos financiados por la Unión Soviética.
La gran diferencia es que, en el resto de países, fueron enfrentados por dictaduras,
mientras Colombia lo hizo en democracia. Una democracia que creció y se fortaleció a pesar
de semejante desafío: entregó el voto a las mujeres (precisamente en el plebiscito que
aprueba el Frente Nacional ), mantiene la independencia de las ramas del poder,
especialmente de la justicia, aprueba la elección de gobernadores y alcaldes, cambia la
Constitución para reconocer la minoría étnicas, instituye la tutela como herramienta de
acceso a la justicia, construye un sistema de salud que incluye casi a la totalidad de los
colombianos, algo inédito, a pesar de las fallas continuas que posee (y que pueden
corregirse), aumenta ostensiblemente las oportunidades para la educación de todos los
colombianos, practica e pluralismo político como lo prueba que la oposición ha llegado al
poder a la alcaldía de Bogotá -segundo cargo público del país- de otras regiones y
localidades y que posee una representación importante en el congreso en las asambleas y
los consejos municipales. Elrespeto alos movimientos sociales hacrecido y seha tramitado
dentro de los cauces institucionales y el manejo de la fuerza, en términos generales, se da
cuando se rompen las normas legales y constitucionales de manera violenta.
De ser un estado casi fallido por acción de las guerrillas, las autodefensas y los
narcotraficantes y otros criminales, pasó a ser una democracia de mostrar en el entorno
latinoamericano. Y la lucha contra estos flagelos, con la reconquista de los territorios en
manos de criminales, aumentó la posibilidad de que millones de colombianos pudiesen
disfrutar sus libertades y derechos de los que los excluían los violentos de todos los
pelambres. Soviética y Cuba y bajo su égida.

6. 6
Cuando cayó el bloque soviético, algunos de estos grupos cesaron su lucha. Pero las Farc, el
Eln y alguna disidencia del Epl no lo hicieron, por la sencilla razón de que el narcotráfico se
convirtió en su principal financiador y fuente de creciente riqueza.
Pero lo expuesto hasta aquí indica que el derecho a la rebelión que plantean las Farc (y el
Eln) no se aplica en el caso colombiano. Esta no es una dictadura sino una democracia en la
que se pueden tramitar las legítimas reivindicaciones de los colombianos. Aquí se ha
combatido militarmente a los que están por fuera de la ley, usando la violencia y el
terrorismo, como un derecho legítimo del Estado en defensa de los ciudadanos
colombianos.
Por eso fue un verdadero despropósito en el acuerdo de 2012
(https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/AcuerdoGeneralTermina
cionConflicto.pdf) reconocer que las Farc tienen reivindicaciones justas que sólo podían
conseguirse si se alzaban en armas; también que son un interlocutor legítimo que está en
plan de igualdad con elEstado porque no ha sido derrotado y porque su rebelión sejustifica.
Adicionalmente, determina que hay que tranzar con ellos la agenda nacional en la cuestión
agraria, en la cual ellos pueden imponer su modelo productivo, premoderno y
“antiglobalización”, cualquier cosa que eso signifique; entregándoles el premio mayor de la
“reforma agraria integral2, apropiándose de un proceso en el que son los principales
victimarios, despojadores y acumuladores de tierra, proceso que aprovecharán para ganar
control de territorio a través, entre otras estrategias, de las zonas de reserva campesina y
de la política de combate al narcotráfico (el diablo haciendo hostias, porque son el principal
cartel de drogas del mundo).
En la política anticriminal, en la que pueden convertirse en socios del Estado para combatir
grupos de autodefensa, que para el colmo ya no existen, abriendo la posibilidad de que
planteen cambios en la justicia para perseguir a quienes se les opusieron, asimilándolos
tramposamente a tales grupos; en la obtención de impunidad y gabelas políticas,
inaceptable la primera, por violar los tratados internaciones de derechos humanos y del
DIH, e inequitativas las segundas; que asalten los medios de comunicación, ganen curules
gratis, creen circunscripciones electorales bajo su control, quiten el umbral.
Llama igualmente la atención que la reparación a las víctimas se puso, en dicho documento,
como “centro” de la negociación, pero sólo se habla de paso de dos puntos, verdad y
derechos humanos, acompañados, durante lanegociación de constantes declaraciones,por
parte de los jefes guerrilleros, de que ellos no tenían que pedir perdón, porque no habían
cometido crímenes, sino equivocaciones.
Y qué decir de incluir un punto sobre corrupción, con esa guerrilla como líder de la lucha
contra ese cáncer, la misma que ha narcotraficado, practicado la minería ilegal, lavado
dinero, sobornado funcionarios, reclutado algunos jueces y funcionarios, etc.
Uno no puede firmar un acuerdo así con el argumento peregrino , que han esgrimido los
defensores del sí en el plebiscito, según el cual, dado que el estado colombiano ganó la
guerra, hay que negociar un pacto como éste, en el que elderrotado termina vencedor. Hay
una gran dosis de ingenuidad o de perversión (o de ambas) asumir que el perdedor tiene

7. 7
que ser reconocido como igual y que hay que admitir sus puntos de partida para negociar.
Eso no corresponde ni a la correlación de fuerzas ni a la justeza de su causa. La negociación
debió ser un acuerdo para su reincorporación a la vida civil bajos los términos de la ley
colombiana, en un marco parecido o igual a la ley de justicia y paz.
Es ese disparate el que llevó al desastre de lo pactado en La Habana en agosto 2016.
2.El acuerdo de La Habana de 2016.
2. I.1 Características centrales.
Seis son las características centrales del acuerdo:
- Produce la dictadura de las Farc, como se verá en el numeral 2.6 de este trabajo
- Le entregó funciones constitucionales a las Farc y al gobierno, de manera que intenta
blindar lo pactado dándole el rango de bloque de constitucional, inmodificable, dicen
(Preámbulo, p.1), porque respeta la Constitución, el DIH y el Tribunal Penal Internacional ,
los fallos proferidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y todos los otros
tratados internaciones que sobre los motivos de negociación han acordado (establece una
estructura paralela de comisiones, mesas, sistemas, etc., que entorpece y diluye la
democracia representativa a nombre de la democracia participativa, utilizada
abusivamente;
- Crea un sistemajudicialparalelo al existente, que sustituye a nuestros jueces y ala Fiscalía,
compuesto por funcionarios y extranjeros, es decir, que entrega la soberanía judicial de
Colombia; que es indefinido y que se autorreproduce y controla, porque no tiene que darle
cuentas a nadie, en nuestro ordenamiento constitucional, con el silencio cómplice de las
altas cortes y un congreso en venta
Será un instrumento de venganza : perseguirán a sus contradictores, mediante un festival
de falsos testigos y creará una unidad espacial adscrita a la Fiscalía, pero con un director
autónomo, que no tiene control, pues el Fiscal no lo puede remover ni exigirle que le rinda
cuentas, que tendrá un período de 6 años, cuando el Fiscal tiene 4, dedicado a combatir a
los “grupos paramilitares”. Es una fiscalía paralela. Es un golpe de estado, en toda la línea,
al poder judicial.
El Acto legislativo para la paz, si la Corte Constitucional no lo deroga o modula, le da hasta
por seis meses, facultades extraordinarias al presidente para que emita decretos que
materialicen el acuerdo, sin que el congreso los pueda modificar y por la vía conocida como
fasttrack (trámite rápido y recortado). Golpe de estado contra el legislativo,consentido por
los congresistas afectos al acuerdo, que son la mayoría.
En este sentido, como dice Carlos Holmes Trujillo (Portafolio, 30.08.2016) habrá un país con
dos constituciones, una que se monta sobre la del 91 y ésta, que languidece a medida que
la del sistema de justicia transicional la absorbe.
- La justicia transicional será utilizada para dar impunidad y poder a las Farc, algo destacado
por todos, pero inaceptable para el sistema internacional de justicia en cabeza del Tribunal
Penal internacional. Adicionalmente, creará un sistema de investigación propio,
absolutamente violatorio de la Constitución. Este sistema paralelo de justicia, también se

8. 8
utilizará para perseguir a los civiles que se hayan opuesto a las Farc. Junto a estos
instrumentos, el Cuerpo de Élite que se conformará en la policía para perseguir y combatir
a los remanentes paramilitares que puedan existir, según su criterio (el de las Farc), y a las
bandas criminales.
La impunidad no será sólo la ausencia de penas privativas de la libertad y la posibilidad de
que los máximos criminales de guerra y de lesa humanidad hagan política durante sus
“procesos” y “condenas”: las Farc no repararán a sus víctimas -presunto eje central de la
negociación- y terminarán por librarse del castigo que les corresponde por ser
narcotraficantes, productores ilegales de oro y otros minerales, a través de amnistía e
indulto, según el caso; estos delitos internacionales no aparecen explícitamente como
objeto de tales perdones, si se exponen en todas las condiciones para que el gobierno y el
tribunal para la paz, lo hagan.
- Introduce un modelo de producción agrícola que cambia el que se utiliza en Colombia y en
otras democracias liberales;
- Crea condiciones políticas para establecer poderes locales y preparar la llegada al poder
nacional, a través del control de la reforma agraria, la sustitución de cultivos ilícitos, la
creación de zonas de reserva campesina, cooperativas agrícolas, circunscripciones
electorales especiales, los mencionados mecanismos de participación.
No se procederá en la exposición en el orden temático establecido por los acuerdos, que se
expresa en seis puntos (1. Hacia un nuevo campo colombiano. Reforma Rural Integral, 2.
Participación política. Apertura democrática para construir la paz, 3. Fin del conflicto, 4.
Solución al problema de las drogas ilícitas, 5. Víctimas. Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y no Repetición y 6) Implementación, verificación y refrendación). En cambio,
desde la consideración de que se trata de un pacto político, que se expresa en todos y cada
uno de los seis puntos, todas las reflexiones tratarán de vincularse a ese eje. Por eso, en
cada acápite de este texto, se citan acuerdos que aparecen en los distintos puntos,
independientemente del orden en que se presentaron en el Acuerdo.
Por otra parte, no se analizan en su totalidad los acuerdos logrados, sino la parte de ellos
que tienen un abierto interés desde el punto de vista político.
En esa lógica, se han determinado tres grandes temas: la cuestión agraria, la participación
política y el sistema de justicia transicional, a su vez, cruzados de referencias entre ellos en
el texto.
2.1 La reforma rural integral, RRI
En cuanto a la RRI, 3 millones serán destinados a un fondo de tierra para distribuir
gratuitamente a personas sin tierra, pero también a asociaciones y comunidades que
busquen asentamientos, y exclusivamente para fortalecer la producción alimentaria, punto
sobre el que se volverá más abajo (1.1.3, p. 11 y 12).
Las tierra provendrán, entre otros mecanismos, de extinciones de dominio aplicadas a
tierras recuperadas a favor de la nación, por lo que se entiende baldíos indebidamente
apropiados u ocupados, sin que se establezca definición alguna de baldío ni criterio alguno
acerca de la indebida apropiación u ocupación; tierras inexplotadas, es decir, recuperadas

9. 9
por el procedimiento administrativo actual de extinción de dominio por “incumplimiento
de la función social y ecológica de la propiedad”, sin que, de nuevo, se fije el significado de
incumplimiento de la función social y ecológica”.
Además, 7 millones serán formalizadas (1.1.5, p.13), relacionadas con Programas de
Desarrollo con Enfoque territorial y zonas de reserva campesina, entre otro tipo de
asociaciones. Otra vez, no existen criterios definidos, y por lo tanto expuesto a cualquier
cantidad de interpretaciones arbitrarias, que impulsarán el despojo.
El de tierras comprometidas por la RRI será de 10 millones de hectáreas de los 21 millones
de hectáreas que posee el país para uso agrícola y todo esto en manos de nuevas
estructuras administrativas y jurisdiccionales que le quitan funciones a las que actualmente
hay en el Estado. De hecho, se creará una nueva jurisdicción agraria (1.1.8 p.14) y “una
instancia de alto nivel que se encargará de la formulación de lineamientos generales de uso
de la tierra” (1.1.8, p. 15).
Además, se introduce la elevación progresiva del avalúo catastral para que “quienes tiene
más, paguen más”. Impuestos, para financiar, en parte, la infinita cantidad de programas
pactados. El punto es que, sin verificar el estado productivo de la tierra, la condición del
suelo y la capacidad económica de los propietarios -no todos los que poseen tierra tienen
capital de trabajo- se convertirá en un mecanismo disfrazado de expropiación.
Los campesinos pobres tienen derecho a acceder a la tierra. El problema es que el gobierno
haya renunciado a esafunción, que ya venía adelantándose con laentrega alos campesinos
pobres de tierras expropiadas a los narcotraficantes, y que semejante función del Estado
haya sido entregada a las Farc. Santos les dio ese premio mayor, algo muy curioso, porque
éstas son unas de las mayores despojadoras de tierras en el país, y por supuesto, “sus
predios” no serán tocados. La política de restitución y expropiación será un arma de guerra
de las Farc contra el Estado, en su estrategia de llegar al poder.
La concepción de desarrollo que encarna el buen vivir (1.1.5, p.14), toma partido sobre el
modelo de estado. Este concepto está incorporado a las constituciones, cómo no, de
Ecuador y Bolivia, para combatir, el de desarrollo, capitalista e imperialista. El Buen Vivir,
dicen sus teóricos, “enfrenta la imposición de una cultura globalizada única con la que el
imperialismo viene aplastando culturas y pueblos. El concepto del “Buen Vivir” parte de su
versión indígena ancestral, el “Sumak Kawsay”, que propone medidas de equilibrio y
complementariedad entre los seres humanos tales como laminga, el randi-randi, el cambia-
mano y la integración con la Pacha Mama, la naturaleza tan violentamente agredida por los
capitalistas, que anteponen el lucro individual sobre cualquier otro elemento” (Isch Edgar,
2008 en http://filosofiadelbuenvivir.com/definiciones/). Semejante categoría ideológica,
propia de la pre modernidad, sumirá a nuestros campesinos en el atraso económico, los
llevará a la economía de subsistencia, impedirá la creación de un sistema productivo que
genere riqueza que se pueda distribuir. Además, es una imposición cultural profunda, que
altera los modos de vida de quienes no estánacostumbrados altrabajo comunal obligatorio
y a las tierras compartidas, como los campesinos no indígenas y la mayoría de las
comunidades negras, quienes prefieren producir desde su propia tierra, a la que no le
aceptan ninguna limitación en el derecho de propiedad y con el objetivo de obtener dinero

10. 10
de sus productos para mejorar su calidad de vida en una sociedad de mercado. Y lo peor es
que el acuerdo establece este modelo, propio de los dirigentes de las comunidades
indígenas -quienes no deben confundirse con los miembros corrientes de dichas
comunidades- a nombre del multiculturalismo y la defensa de las comunidades étnicas.
Ahora bien, este concepto es usado en el acuerdo para esconder el impulso a la economía
agraria colectiva, forma embrionaria de una economía socialista, como se plasma en el
documento a la importancia que se les da a las zonas de reserva campesina, ZRC, que serán
especialmente estimuladas en la RRI, y que serán constituidas por el gobierno a pedido de
las comunidades interesadas, quienes fijarán las áreas (1.1.10, p. 17).
No es casual que El texto haga énfasis en que la RRI está destinada a fortalecer la economía
campesina -como la que se producirá en las ZRC, o en cooperativas, mutuales, comunales,
microempresariales y de asociación solidaria, más las propias de los indígenas,
comunidades negras, palenqueras y raizales - estará orientada exclusivamente a la
producción de alimentos y regidas por los Planes de Desarrollo con enfoque Territorial,
PDET, que tendrán en cuenta los principios de buen vivir (1.2.1, P.18).
Un estado liberal democrático afirma la economía de mercado y la libertad de empresa -
con distintas modulaciones: desde el neoliberalismo hasta la social democracia, según las
tendencias electorales en distintas épocas- pero lo pactado introduce la noción de buen
vivir como modelo a los campesinos, inmodificable de producción y de vida, para
contraponerla a la de desarrollo. Es una concepción premoderna y falaz, la del buen salvaje,
que pinta el mundo bucólico de las comunidades indígenas, no como ellas son, sino como
sus teóricos piensan que deben ser como alternativa al capitalismo.
¿Cuál es la razón para que los campesinos no puedan incursionar en la generación de
productos agrícolas ypecuarios distintos ala producción de alimentos? ¿Por qué amarrarlos
a planes específicos PDET, con lineamientos preestablecidos hacia la economía colectiva?
No hay sino una respuesta: las formas de propiedad privilegiadas y el tipo de PDET, ligados
al buen vivir, en este acuerdo (1.2.1 p.18) demuestra que la economía campesina pensada
de esa manera conlleva al atraso de los campesinos y a su sujeción a lo determinado por las
Farc. Es una forma de control económico: no les conviene que los campesinos sean grandes
empresarios, altamente productivos, ni que participen activamente, como empresarios, en
las oportunidades del mercado global, porque estarán encerrados siempre en el estrecho
marco de la economía local y si acaso, regional. Y de control político, porque con su maraña
de organizaciones “representativas” de los campesinos, se apoderarán de la vida política y
cultural de la gente. Herramientas perfectas para impulsar la lucha de clases en lugar de la
gestación de la dignidad real y el beneficio real de los campesinos.
2.2. Las drogas ilícitas
Capítulo aparte merece el tratamiento de los cultivos ilícitos, en el numeral 4 del acuerdo
Final, que se presentará aquí, por la evidente relación que tiene con el acuerdo agrario.
Lo primero que hay que decir sobre este punto es que se las Farc reconocen sólo de manera
hipotética y en relación con la rebelión (4, p. 97), alguna vinculación con el narcotráfico.
Esto significa abrir las puertas de par en par al indulto y la amnistía por esa actividad, pues,

11. 11
como todo mundo sabe, sólo son amnistiables e indultables los delitos comunes ligados a
la rebelión. Lo segundo, que las Farc, se convierten en aliado primordial del gobierno en la
lucha contra esos cultivos (Ibid).
Lo anterior es absolutamente pasmoso, porque es verdad sabida que las Farc intervienen
en el narcotráfico, desde el cultivo hasta su mercadeo internacional, que ha logrado
aumentar la extensión de cultivos de coca por encima de las 150.000, apoyada en la
presencia en territorios que han disparado la producción.
Lasustitución será voluntaria concertada con las comunidades, básicamente colectiva,pues
se dará en las ZRC y en territorios priorizados donde haya formas organizacionales,
muchísimas de ellas controladas por las Farc. Es de resaltar que son las comunidades
quienes fijan la duración del proceso de sustitución Sólo si no se llegase a una concertación
con las comunidades habrá erradicación manual. Quienes acepten la sustitución recibirán
una parcela en las condiciones dela RRI, es decir, dedicada a la producción de alimentos y
dentro de la estructura de economía comunal que la define.
Se creará, para coordinar la estrategia un Programa Nacional Integral de Sustitución de
Cultivos de UsoIlícito, PNIS, dentro de laRRI,especialpara los narcocultivos, que coordinará
planes locales y comunitarios que contará con mecanismos de participación, que se
manifestarán a través de asambleas comunitarias locales para concertar la sustitución con
ellas y concertar los planes y de allí surgirán los planes locales municipales.
Como puede verse, las Farc tendrán el control casi total desde el punto de vista social y
político de la política de sustitución, controlarán los territorios, por la simple razón de que
hacen presencia en el negocio en todos ellos, y por supuesto, a la población. Como se hará
un censo, que manejarán las asambleas comunitarias, de recolectores, no recolectores y
que se harán en ellos (4.1.3.6, p. 102), determinarán, más todavía, porque ahora y desde
hace tiempo ya lo hacen, quien entra, quien sale y quien se queda; además se dará
asistencia alimentaria por familia, mediante bonos (como en las caucheras de los Arana en
el Amazonas o en las bananeras de la United Fruit del Magdalena) o mercados. Clientelismo
de la peor laya, con la complicidad del gobierno
2.3. La política, la participación política y el cese al fuego
Hay que recordar que la estrategia de este análisis es hacer un recorrido transversal del
acuerdo por los 6 puntos del acuerdo, en este caso, para la política, la participación política
y el fin del conflicto. Conservando la transversalidad, muchas de las observaciones que se
hacen ahora, corresponden al punto 2 del Acuerdo Final, la participación política y al
punto3, el cese al fuego.
Es por eso que en el texto se habla de ciertos mecanismos y formas políticas, pero como,
quedo plasmado en los planteamientos anteriores -en los que queda en evidencia que la
RRI está enfocada a darle ventajas políticas a las Farc- pero también en la sustitución del
estado de derecho, la impunidad y la persecución a los contradictores. En realidad, todo el
acuerdo está cruzado por formas de participar en la política absolutamente ventajosas, que
no se reducen a los mecanismos porque este es un acuerdo político que significa el triunfo
de las Farc sobre el estado de derecho. Veamos:

12. 12
a. Sistema de justicia a la medida. El que se les dé penas alternativas, compatibles con la
participación política en el congreso y otros escenarios, a criminales de guerra y de lesa
humanidad, desobedeciendo al TPI, es uno de los dos premios mayores, que se analizará
más bajo.
Pero políticamente es tan importante como lo anterior, otro verdadero premio mayor, el
que creen un sistema de justicia, que podrá perseguir civiles que se hayan opuesto a las
Farc y juzgarlos tribunales espurios, apoyado en la Fiscalía paralela (Unidad para la
Investigación y Desmantelamiento de Organizaciones Criminales y Sucesoras del
Paramilitarismo, una nueva Fiscalía dentro de la Fiscalía que existe, punto que también se
analizará más abajo
b. Participación en erradicación, socios de la política de erradicación, les dará dividendos
políticos, pues se calcula que más de 70.000 familias viven de éste en territorios que,
seguramente, se convertirán en ZRC, bajo su control (como ocurre por ejemplo en la
solicitud que se tramita en el Catatumbo, en contra de la voluntad de los Motilones,
comunidad ancestral establecida allí). Las Farc han impulsado el bloqueo de las
comunidades cocaleras en 400 veces en los últimos tiempos.
c. Esaguerrillahará campaña para el plebiscitoestando armada y sindesplazarsea las zonas
veredales transitorias de concentración ni a los campamentos acordados.
En otros puntos del acuerdo, se tiene que:
d. Se introduce el concepto de “participación política” (punto 2. P.30 y ss.), como si ella no
estuviese consignada en nuestra Constitución, pero rompiendo el equilibrio entre
participación y representación, que supone que la primera se da dentro de la segunda. Con
ese concepto comienzan a sustituirse, como ya se mencionó, las instituciones democráticas
por un sinnúmero de comités, comisiones, mesas, sistemas, etc., dominadas por las
organizaciones de las Farc, que impedirán la labor de un gobierno democrático. Solo en el
punto 2 hay más de 10: sistema de alertas, comités de diálogo a niveles nacional, regional
y local, etc.
Se sostiene que no hay garantías a la oposición, lo cual, como se demostró, es
absolutamente falso, y abusivamente denominan como oposición sólo a sus organizaciones
políticas y a sus organizaciones “sociales”, (2.1.1, p. 32 y ss.), diferenciando claramente
entre ellas.
Ya el Partido político en que se conviertan las Farc tiene un sinnúmero de trofeos: desde la
fecha y hastajulio de 2026 (10 años, independientemente de sus resultados) recibirá el 10%
del presupuesto de funcionamiento de los partidos y un 5% adicional para la difusión de su
plataforma sus campañas a la presidencia y al congreso de 2018 y 2022, serán financiadas
preponderantemente por el Estado, recibiendo como anticipo para el senado, el 10% del
límite de gastos autorizado por la autoridad electoral y no están sujetos a devolución
(3.2.1.1, p. 63 y ss.).
Tendrán 5 curules en el senado y 5 en la cámara, participación en el Consejo Nacional
Electoral (3.2.1.2, p. 64); a esto se suman las 10 curules que conseguirán en las 16
Circunscripciones Transitorias Especiales de paz (2.3.6, p.48), en la que las comunidades y

13. 13
territorios escogidos y controlados por ellos,sinparticipación de los partidos que participen
en las elecciones, elegirán cada una, un representante a la Cámara. 26 curules son un botín
que ya quisieran los partidos políticos que han sido leales a la democracia.
e. Las Farc, además de participar en el canal de televisión privada que se creará, como
partido, junto con los otros, pero también a través de movimientos sociales que controla,
tendrá 31 emisoras FM para hacer pedagogía para la paz, que luego del plebiscito serán
administradas por una cooperativa controlada por ellos. Ese número de emisoras supera
con creces a muchas cadenas radiales, les permite tener cobertura nacional que otros
partidos no tienen (5.5, p.91). Esto sin contar con los 18 meses a través de medios
institucionales de radio y televisión para la pedagogía para la paz y de la implementación
del acuerdo final.
f. Se promulgará un Estatuto de la Oposición, escrito por una comisión en la que estarán,
los partidos que tengan personería jurídica (6) y el partido de las Farc, el Congreso de los
Pueblos y Marcha patriótica (3). La idea en la que se sustenta esta directiva es que en
Colombia se ha perseguido sistemáticamente a la oposición, encarnada en las Farc, el Eln y
otros movimientos guerrilleros. Es completamente deslegitimadora del Estado democrático
y social de derecho colombiano. Para entenderlo hay que distinguir entre oposición leal al
sistema,que respeta laConstitución y las instituciones y se opone al gobierno, y laoposición
desleal, que busca destruir el sistema. En Colombia ha habido respeto a la oposición, hasta
el punto de que en varias ocasiones ha llegado al poder, incluso al segundo cargo
administrativo más importante del país, la alcaldía de Bogotá; al congreso de las
gobernaciones, asambleas, otros municipios y concejos municipales, recibiendo todo tipo
de garantías y han efectuado los debates que han querido, sin sufrir merma de sus
libertades de expresión, movilización y garantías de seguridad; los atentados y acciones en
su contra, cuando fueron realizados, fueron hechos por grupos fuera de la ley, y fueron
perseguidos por el Estado.
Cosa distinta es la oposición desleal. Ya se estableció que siendo Colombia una democracia,
no se justifica la rebelión y que el Estado está obligado a perseguir, con el uso de la fuerza,
a quienes toman las armas en su contra y, además, practican el terrorismo. Muchas de las
personas de la guerrilla que han caído han sido víctimas de las autodefe nsas o del fuego
amigo. Son estos grupos y las mafias, quienes han desangrado al pueblo colombiano La
guerra sucia que algunos miembros de las fuerzas de seguridad han llevado a cabo, ha sido
perseguida, muchos de sus ejecutores han sido castigados, muchos inocentes, falsamente
imputados, han sido encarcelados. Pero es importante resaltar la constante pedagogía de
respeto a los derechos humanos que nuestras fuerzas de seguridad han recibido, la
constante vigilancia de organismos internacionales, sus propias depuraciones. Y hay que
subrayar que, en todo caso, las infracciones graves de las Fuerzas Armadas y de Policía son
al menos, mil veces, menos que las cometidas por las Farc
La combinación de todas las formas de lucha ha sido un cáncer utilizado para destruir
nuestra democracia. Ciertos partidos que ejercen la lucha electoral, son participes, o
proclives o no condenan explícitamente esta mezcla letal. Aun así, han tenido garantías en
lo que depende del Estado.

14. 14
De manera que no tiene sentido pedir garantías en el sentido que se consigna en el
documento. Más razón tendrían en exigirlas quienes en estos últimos 6 años han ejercido
la oposición democrática e institucional, pues han sido objeto de montajes, persecución
judicial, injusto encarcelamiento o exilio, por el sólo hecho de criticar las negociaciones
entre el gobierno y las Farc.
En cualquier caso, las Farc pactaron con el gobierno todo un programa de protección que
incluye sus propios guardaespaldas (2.1.2.1, p.35 y ss.)
Vale la pena destacar que el acuerdo distingue entre oposición política de los partidos, que,
además, reduce el concepto de oposición a la que haga la izquierda, especialmente su
partido -Marcha patriótica y el Congreso de los Pueblos- y sus aliados; y oposición de los
movimientos sociales (2. P.30) que les son afines. Igual que con los partidos, sólo son de
oposición los que son de izquierda y cercanos a las Farc (2.1.1, p. 32. Eso es una
tergiversación grosera, porque la oposición se define por oponerse al gobierno de turno y
puede ser, en esesentido, de derecha, de centro o de izquierda. Al definirse en los términos
de las Farc, no hay oposición distinta a la que ellos definen, y los demás no serán objeto de
ventajas y garantías especiales para el ejercicio de la política.
Pues bien, la oposición de sus movimientos sociales debe gozar de todo tipo de garantías,
no pueden ser reprimidos -deben ser tratados con civilidad- y sus demandas deben ser
acatadas por las autoridades locales (2.1.2.2, p.38). Otro golpe al Estado de Derecho, que
se da desde la consolidación de poderes locales alternativos.
g. Como se dijo más arriba en la presentación del acuerdo inicial de 2012, el gobierno le
cede a las Farc la vocería de la lucha contra la corrupción. En lo pactado en 2016 (3.4.11,
p.86 y 87), las Farc propondrán medidas para lalucha contra esefenómeno y ligalo pactado
para contener a los grupos políticos y miembros de partidos que estuvieron ligados a la
denominada “parapolítica”. Como se ha visto, muchos de los líderes políticos vinculados a
este fenómeno han sido investigados y un buen número, condenados, con base a falsos
testigos y curiosas teorías de comportamiento de la votación en municipios y regiones, sin
ningún sustento político. El señalamiento de tener vínculos con las autodefensas se
convertirá en el pan de cada día, mientras que los vínculos ostensibles de los miembros de
las Farc con las bandas criminales (que ellos llamarían sucesoras del paramilitarismo) serán
olvidaos o no serán objeto de investigación. Y lo mismo ocurre con la Farc política, cuyos
miembros aun hoy, no han sido juzgados porque se utilizan ardides como la que se rompió
la cadena de custodia, como ocurrió con una conocida exparlamentaria. Y no sobra
mencionar el laberinto de militantes, de testaferros, funcionarios de bancos nacionales e
internacionales, corredores de bolsa, gerentes de empresas para lavar dinero, con los que
las Farc ocultan sus inmensas riquezas. ¿Qué hay de la corrupción de las Farc?
2.4. Las víctimas y la Jurisdicción para la Paz
a. La consideración política esencial aquí, es que, en este punto tan importante para los
colombianos de apie, en la líneade entregar las facultades del Estado de derecho y negociar
con las Farc la agenda nacional entre la que se encuentra la visualización de las víctimas y
su reparación, elgobierno nacional concierta con las Farc una serie de mecanismos que sólo
le competen a él, como la justicia para los victimarios. No son las Farc quienes tenían el

15. 15
mandato constitucional de perseguir y juzgar a todos los victimarios porque ellos son los
primeros de todos.
Gravísimo fue aceptar la tesis fariana de que, como ellos no reconocen el Estado de
Derecho, ni, por consiguiente, su justicia, había que montar un sistema alterno, la ya citada
Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que sustituye a efectos de los hechos punibles
acontecidos durante el conflicto armado, al sistema judicial constitucional, especialmente
a la Corte Suprema de Justicia, a los tribunales y jueces y a la Fiscalía. Un verdadero golpe
de Estado, que de entrada le da a las Farc un poder constitucional que no pueden poseer,
subsumido en el que constituye el Acuerdo para la Finalización del Conflicto mismo, que se
blindó como bloque constitucional, es decir, como un tratado internacional dentro de los
Acuerdos de Ginebra sobre el DIH, que priman sobre las normas internas, en este caso,
sobre la Constitución, posición que ha sido rebatida por expertos constitucionalistas,
quienes plantean que esos Convenios sólo pueden versar sobre DIH, y el Acuerdo va mucho
más allá, pues implica cambios profundos en nuestra estructura jurídica, que no tiene nada
que ver con cómo preservar los derechos de las víctimas en la guerra, pues el DIH es un
derecho para las víctimas en la guerra y no uno para manejar un país.
En una negociación adecuada, este capítulo debía versar sólo sobre las víctimas que ellos
produjeron, que son millones, en cuanto son los mayores criminales de guerra y de lesa
humanidad según los informes oficiales existentes, en particular, ¡Basta ya! Colombia:
memorias de guerra y dignidad, que es el informe general presentado por el Grupo de
Memoria Histórica (Bogotá. Imprenta Nacional 2013) y las estadísticas que el Centro tiene
(http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/estadisticas.h
tml) sobre esos crímenes. Más aún, si se tiene en cuenta, como ya se dijo antes, que la Ley
de Justiciay Paz de 2005, arrojó importantes resultados Y siestaley no ha arrojado mayores
resultados es porque su aplicación fue desestimulada a partir del primer mandato de
Santos, desde cuando se centró el interés en una nueva ley, que, con este Acuerdo, será
puesta en marcha.
b. Se crea un Sistema Integral de Verdad, Justicia,Reparación y No Repetición, SIVJRNR, que
no tiene una sola palabra respecto a la obligación de las Farc de pedir perdón a las víctimas
y, mucho menos, de repararlas económicamente. Nunca, como se ha dicho antes, van a
pedir perdón por sus crímenes; y en cuanto alareparación económica, elgobierno nacional,
con Santos a la cabeza, ha tenido la desvergüenza de admitir y defender la afirmación de
los jefes de la organización, de que no tienen dinero, cuando hay analistas nacionales e
internacionales que calculan que tienen decenas de miles de millones de dólares, por lo
que ese derecho tendrá que garantizarlo el Estado con los recursos de todos los
colombianos.
c. Que prevalecerá sobre la rama judicial del país, pues tendrá competencia exclusiva en lo
penal, administrativo y disciplinario (JEP; II No 33, p. 134); que tendrá presencia de jueces
extranjeros, lo que constituye un verdadero acto de entrega de la soberanía nacional y , en
consecuencia, de traición a la patria, por parte de los miembros del gobierno que
efectuaron el acuerdo; que es indefinido, pues no tiene una fecha de término (algo que el
presidente Santos, reafirmó); que es autónomo, pues los tribunales que los compongan

16. 16
dictarán sus propios reglamentos (Ibid, II, 46, P. 138) y porque no hay ningún sistema de
rendición de cuentas al estado a o la sociedad colombiana; que viola el principio universal
de derecho, de la cosa juzgada, porque revisará sentencias penales (en caso de “protesta
social”, (Ibid, No 35, p. 135), administrativas y disciplinarias en firme, realizadas por
nuestras cortes y tribunales (Ibid; II No 33, p. 135), y que se aplicará a las Farc y a los
militares (con un tratamiento gravoso respecto a las Farc (Ibid; No 44, p. 147), pero también
a civiles, que el sistema considere que han participado activa y prolongadamente en el
conflicto (Ibid, p. 135). Como se ha venido diciendo, es un verdadero golpe de Estado.
d. La amnistía y el indulto será para los guerrilleros de las Farc que no hayan cometido
crímenes de guerra y de lesa humanidad. Ahora bien, serán objeto de esos beneficios el
concierto para delinquir con fines de rebelión y otros delitos conexos (JEP; II; No 38, p.135).
Dentro de estos está” la aprehensión de combatientes efectuadas en operaciones militares
y las conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión,
para lo cualdeberán definirse cadauno de los contenidos de las anteriores conductas” (JEP;
II No 39, p. 136). Con esto, la extorsión y el secuestro económico (y depende de la
interpretación, también el plagio político) son indultables o amnistiables; y claro, el
narcotráfico, que ha servido para financiar la “rebelión”.
Hay que resaltar, además, el derecho a participar en política de los miembros de las Farc,
así hayan sido encontrado responsables o confesado crímenes de guerra y de lesa
humanidad (JEP, II, No 36, p.135). Un verdadero insulto a las víctimas y a los que han hecho
política sin ensuciarse las manos de sangre.
Para que se hagan una idea de hasta dónde va la impunidad, se transcribe el punto JEP, III,
No 60, p. 146 y ss.),
Las sanciones propias de la JEP, que se impondrán a quienes reconozcan verdad y
responsabilidad ante la Sala de Reconocimiento, respecto a determinadas infracciones muy
graves, tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de las funciones reparadoras y
restauradoras de la sanción de cinco años y un máximo de ocho años. Comprenderán
restricciones efectivas de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y
movimiento, que sean necesarias para su ejecución, y además deberán garantizar la no
repetición.
Restricción efectiva significa que haya mecanismos idóneos de monitoreo y supervisión
para garantizar el cumplimiento de buena fe de las restricciones ordenadas por el Tribunal,
de tal modo que esté en condición de supervisar oportunamente el cumplimiento, y
certificar sisecumplió. La JEP determinará las condiciones de restricción efectiva de libertad
que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la sanción, condiciones que en
ningún casoseentenderán como cárcelo prisión ni adopción de medidas de aseguramiento
equivalentes. En el caso de reconocimiento de verdad y responsabilidad ante la Sala, las
restricciones de los anteriores
derechos y libertades serán menores que en el caso de reconocimiento de verdad y
responsabilidad ante el Tribunal o que en el caso de no reconocimiento.

17. 17
Las sanciones alternativas para infracciones muy graves que se impondrán a quienes
reconozcan verdad y responsabilidad ante laSección de enjuiciamiento, antes de Sentencia,
tendrán una función esencialmenteretributiva de pena privativa de lalibertad de 5 a 8 años.
e. La JEP se compone de: “a) Sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de
determinación de los hechos y conductas, b) El Tribunal para la Paz, c) Sala de Amnistía o
indulto, d) Sala de definición de situaciones jurídicas, para los casos diferentes a los literales
anteriores o en otros supuestos no previstos y, e) Unidad de Investigación y acusación”,
donde elTribunal es el organismo de cierre (JEP, III, No 43, p. 137). ElTribunal de Paz tendrá
20 magistrados colombianos y extranjeros, pero a solicitud de los interesados, en la sección
que conozca su caso, deberá haber tres colombianos y dos extranjeros (Ibid, No 65 -66, pp.
148 -149). El 12 de agosto de este año, las “partes” crearon una comisión de selección
integrada por dos extranjeros y dos nacionales. En total, la JEP tendrá 57 magistrados
colombianos y 15 extranjeros, como explica José Alvear Sanín en
www.periodicodebate.com, el sábado 3 de septiembre. Por la forma de nombrarse y la
manera de funcionar, se entrega, ya se ha dicho, la soberanía del país y se reafirma el golpe
de estado a la justicia colombiana.
f. Será clave la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, (Ibis; No 38, p. 148 y
ss.), que decidirá si los hechos y conductas que se atribuyan a personas son competencia
del Sistema por haber sido cometidos en relación directa o indirecta con el conflicto armado
interno o con ocasión de este; también recibirá los informes de lalaFiscalía,laProcuraduría,
y de cualquier otro órgano competente sobre asuntos que caigan bajo la competencia de la
JEP, así como de las sentencias de los organismos judiciales que sean pertinentes, así como
de la Procuraduría y la Contraloría, más las sentencias proferidas por Justicia y Paz, para ver
si las conductas allí establecidas son de su competencia. Investigará exhaustivamente, sin
que haya un término para ello, por lo que el proceso y la inclusión en el sistema JEP de un
investigado puede ser de muy larga duración, con las consecuencias sicológicas y
económicas que esotiene. Luego determinará, luegode lacomparecencia de los implicados
si eventualmente hubo o no una conducta susceptible de estar tipificada en la JEP y si hubo
ya o no un reconocimiento de responsabilidad y pasa el caso a la Sala de Definición de
Situaciones Jurídicas.
Esta sala decidirá la situación jurídica para quienes no sean objeto de amnistía e indulto y a
las que sí lo sean (Ibid, III, No 50, p. 141 y ss.) definir el tratamiento que se dará a personas
que han recibido sentencia previamente al establecimiento de la JEP.
También remitirá a la Sala de Indulto y Amnistía la lista de los guerrilleros que podrán ser
beneficiaros de estas.
g. Cuando no haya reconocimiento individual, la JEP se apoyará en la Unidad para la
Investigación y Desmantelamiento de Organizaciones Criminales y Sucesoras del
Paramilitarismo, una nueva Fiscalía dentro de la Fiscalía que existe. Esta Unidad será
totalmente autónoma y podrá ordenarle a la Fiscalía investigaciones; su director tendrá un
período de 6 años, frente a los 4 del Fiscal, quien no podrá nombrarlo ni removerlo, pero

18. 18
tampoco exigirle cuentas legalmente, pues será la Comisión Nacional Disciplinaria quien
podrá hacerlo, aunque sólo será sustituido si comete faltas gravísimas (3.3,p. 72 y ss.;3.4.4,
p. 74 y ss.).Como quien dice, tendrá un amplio margen de discrecionalidad entendida como
impunidad. Y, como legado del anterior Fiscal, la Unidad utilizará, entre otras, la
metodología de análisis de contexto (Ibid), que tan buenos frutos le dio a aquel para
perseguir a los que diferían del gobierno. ¡Que tiemblen los colombianos!
La evidencia de que esta Unidad, pero, en general, la Jurisdicción Especial para la Paz, será
usada para golpear a los opositores civiles delas Farc, de manera torva, es la aparición, en
laúltima semana de agosto y comienzos de septiembre, de una primera listade empresarios
que habrían colaborado voluntariamente con las autodefensas. Sacada, dicen algunos, de
los expedientes de Justicia y Paz, se filtró y se puso en circulación, sin que se sepa, hubiese
procesos iniciados contra los presuntos involucrados; y, lo que es peor, sin que todavía
estuviese funcionando la JEP. Con esta acción se puso contra la pared a las empresas, que
vieron su buen nombre afectado y se atemorizó a los responsables de estas para la época,
pero, de paso, se envió un mensaje político claro de hasta dónde llegará la retaliación de
las Farc, bajo la mirada complaciente del gobierno.
h. Lo anterior se ensambla con la conformación de una Comisión Nacional de Garantías de
Seguridad (3.4.3, p. 73 y ss.)paradiseñar, seguir y coordinar elcombate alas organizaciones
criminales, incluyendo las sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo. En ella,
además de tres ministros, el Fiscal, el Defensor del pueblo, tendrá asiento el director de la
Unidad de Investigación, 2 representantes de las Farc y 2 de voceros de Ongs, afectas, se
presume, a las Farc. Por sus funciones, es una nueva instancia de composición híbrida de
decisión y ejecución (JEP; 3.4.3, p. 73), que quita, por esta vía, las responsabilidades
asignadas por la Constitución y la ley al Estado.
i. Y como si eso no fuera suficiente, se pacta construir una Fuerza Élite en la Policía para
combatir a lo que han dado en llamar los sucesores del paramilitarismo y otras bandas
criminales que les puedan estorbar en su estrategia de consolidación territorial. De esta
manera el Estado entrega a la guerrilla una función que le es esencial: garantizar la vida, los
derechos y libertades de los colombianos, produciéndose, adicionalmente, la paradójica
situación de que, distinto a lo dicho por Uribe, no es que las Farc se conviertan en un grupo
paramilitar del Estado, sino que este deviene una fuerza paramilitar al servicio de esa
organización criminal. Si hay una victoria política importante para ese grupo, es esta.
j. La Comisión Nacional para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No
Repetición (Ibid, III, No 5.1.1.1, p. 118 y ss.), que durará tres años y que supuestamente
está,como lo dice su pomposo nombre para aclarar la verdad sobre elconflicto, de manera
que las víctimas y el país sepan que pasó, es un organismo fraudulento.
En efecto, Serán elegidos por el Comité de Escogencia que seleccionará a magistrados,
fiscales y demás miembros de la JEP, del que ya hablamos. Pero, adicionalmente, serán el
gobierno y las Farc, quienes escogerán a su Presidente (Ibid, No 5.1.1.1.6, p. 125). Es poner
alcriminal aliderar labúsqueda de laverdad de sus propios crímenes. Elresultado no podrá
ser otro que la operación de lavado de la cara de los gravísimos delitos de las Farc, los que

19. 19
quedarán ocultos mientras se resaltan los de los demás actores. Lo dicho. Un fraude para
las víctimas.
2.5 Las Farc gobernarán el país.
En este punto quiero citar de manera completa el artículo de Libardo Botero, titulado la
dictadura de las Farc, porque expresa de manera contundente la manera como estas
controlarán el país:
Se crea un organismo incontrolable y de facultades inconmensurables, con la excusa de
vigilar la implementación de los acuerdos, que significará nada más ni nada menos que la
vía para que las Farc ejerzan durante los diez años que durará la “transición” (o el
“posconflicto”) un poder omnímodo, sometiendo al engranaje del Estado a su arbitrio.
Se le denomina “Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final
de Paz y de Resolución de Diferencias” (CSVR), y estará compuesto por tres delegados del
gobierno y tres de las Farc, como se contempla en el punto 6 del documento. No responde
ante nadie ni está sometido a nadie y obrará como un supra-poder, al cual deberán
someterse desde el Presidente de la República hasta el Congreso.
Aunque es paritario en sucomposición, el poder real lo tendrá laguerrilla, pues los acuerdos
establecieron que el gobierno es el único encargado “de la correcta implementación de los
acuerdos”, so pena de que aquella vuelva a su aventura armada si no se procede así. Se
repite el chantaje a todo lo largo del documento, pero quiero citar, solo a manera de
ejemplo, lo que se advierte en el punto 1.1.5 al hablar de la propiedad rural, señalando que
es imperativo cumplir todo lo acordado, “de manera que no se vuelva a recurrir a la
violencia para resolver los conflictos relacionados con ella”. Es el chantaje atroz de volver a
empuñar los fusiles si no se les satisface en sus desmedidas ambiciones. ¿Puede pensarse
que en eseorganismo el gobierno osará contradecir lo que las Farcpropongan? En absoluto.
Como es sabido, fue un gran triunfo para las Farc que los convenidos en La Habana se
consideraran “acuerdos especiales” según los Convenios de Ginebra, que por ende
entrarían a hacer parte del “bloque de constitucionalidad” con lasolafirma de Santos y alias
Timochenko. A partir de allícontaremos con una Constitución en lasombra, de 297 páginas,
más extensaque la de 1991, que en adelante será “parámetro de interpretación y referente
de desarrollo y validez de las Normas y las Leyes de Implementación y Desarrollo del
Acuerdo Final.” Así lo impuso a trancazos el gobierno al parlamento, por mandato de La
Habana, al añadir a última hora un artículo con esa estipulación en el Acto Legislativo No. 1
de este año, o Acto Legislativo para la Paz.
Aunque tendrá una etapa crucial, intensa, durante los 12 primeros meses, la
“implementación” no termina allí, ya que está previsto que dure diez años, como ya lo
indicamos. Precisamente con esa óptica, el Acuerdo Final estableció que la tal CSVR tendrá
un primer período hasta 2019, pero su vida útil está pensada para una década si es
necesario.
Si revisamos sus funciones encontramos el veneno que nos están tratando de hacer ingerir.
Destaco las siguientes: “Resolver cualquier diferencia o situación imprevista que pueda
surgir en la interpretación de los acuerdos…”; “Constatar que el contenido de todos los

20. 20
proyectos de decreto, ley o acto legislativo que sean necesarios para implementar el
Acuerdo Final, corresponda a lo acordado, antes de que sean expedidos o presentados,
según sea el caso, por el Presidente de la República”; “Proponer borradores de normas que
deban ser acordadas para la implementación del Acuerdo Final”.
Está claro. Ninguna norma podrá expedirse o presentarse sin la anuencia del poder tras el
trono de la CSVR: las Farc. El Congreso, ya lo sabemos, por disposición del Acto Legislativo
para la Paz, será un simple notario, pues no puede modificar ni una coma de lo que el
gobierno le envíe. Lo que presumíamos, pero no sabíamos con exactitud, era que lo que se
presentaba al parlamento provenía directamente de los narco-terroristas. Ahora tenemos
la prueba palmaria de que será así. El Congreso será solo un notario de lo que le envíe el
Presidente; y el Presidente, apenas un amanuense de lo que le dicten las Farc. Es más, no
solo serán los proyectos de ley. Los mismos decretos que expida el Presidente, gracias a las
facultades absurdas que le otorgó el mismo Acto Legislativo para la Paz, requerirán el visto
bueno previo de las Farc, o sus borradores serán directamente elaborados por ellas.
Adicionalmente nos asalta una duda: ¿la CSVR será también la última instancia para
interpretar las previsiones de la “jurisdicción especial para la paz” (JEP), cuando hubiere
dudas en su aplicación y en la expedición de sus fallos? No por azar lo preguntamos. En
ninguna parte está establecido que la Corte Constitucional o cualquier órgano de nuestro
Estado puede resolver dichos entuertos. Pero la CSVR sí está facultada para “resolver
cualquier diferencia o situación imprevista que pueda surgir en la interpretación de los
acuerdos”, y la JEP hace parte del mamotreto. Además, encontramos en uno de los
acuerdos “especiales”sellados el19deagosto, sobre las reformas constitucionales y legales
previstas, que se determina que la CSVR también será la que “elaborará un texto con la
propuesta de Acto Legislativo” para poner en vigencia la JEP.
El ejecutivo y el legislativo, a partir de la firma del Acuerdo Final, quedarán sometidos a los
designios y voluntad de la CSVR, la troika que ejercerá su mandato tiránico en Colombia. Y
la JEP, el aparato que sustituirá nuestra justicia ordinaria, de igual modo quedará bajo la
batuta de este esperpento. Ni más ni menos que una dictadura. Con una condición singular
-al menos durante un tiempo-: las Farc no aparecerán ni darán la cara, pues operarán a
través de marionetas, que no otra cosa serán nuestros “gobernantes”.
2.6 El costo económico del acuerdo
No hay cálculos establecidos, pero lo que deja ver este acuerdo es que costará centenares
de billones de pesos, que saldrán de los bolsillos ¿ de los colombianos; piensen usted es
cuánto costará la JEP con la burocracia infinita que establece; cuánto costará las reforma
agrariacon los astronómicos recursos que serequieren para tierra, su adecuación, subsidios
y funcionamiento de todos los comités habidos y por haber; ¿Cuánto el dinero que habrá
que darle a las Farc para mantener su partido y subsidiar por largo tiempo a sus militantes,
que crecerán como la espuma, ante tanto beneficio.
Y todo esto, con un país en déficit,quebrado por ladilapidación de recursos y lamermelada,
con caída de ingresos petroleros, inflación creciente y amenaza de una nueva reforma
tributaria que esquilmará a los más pobres, todavía más.

21. 21