1. XX de Abril de 2012, Santiago de Chile.
Sr. Fernando Montes
Rector Universidad Alberto Hurtado
Sr. Jorge Larraín
Prorrector Universidad Alberto Hurtado
Sres. Montes y Larraín,
Junto con saludarlos, quisiéramos manifestar inicialmente nuestra voluntad por mantener
un diálogo respetuoso y continuo con ustedes. Consideramos que es el primer paso para
construir procesos fundamentales en beneficio de la comunidad universitaria. En la presente
carta, abordamos una serie de cambios institucionales que dan cuenta de la necesidad de
incluir a otros estamentos de la universidad en la toma de decisiones, sobre políticas
internas que nos conciernen a todos. El objetivo de la misma, es construir una universidad
democrática, inclusiva y participativa.
En primer lugar, entendemos la designación del nuevo Pro-rector basándonos en su
experiencia, capacidades y bagaje académico. No obstante, manifestamos nuestro profundo
desacuerdo a los mecanismos a través de los cuales se conduce dicha designación
(mediante el Canciller Eugenio Valenzuela SJ.). Creemos que toda restructuración interna
no debe excluir a ningún estamento de la institución.
La inclusión de los estudiantes y trabajadores en los procesos, como el antes mencionado,
debe estar mediada por la determinación de espacios definidos de participación en las
decisiones estructurales como lo son: la elección de los Decanatos, Rectorías y
Vicerrectorías. Además, tanto estudiantes como trabajadores al participar en organizaciones
colectivas - como el Sindicato de Trabajadores y la Federación de Estudiantes- tienen la
posibilidad de dar a conocer sus puntos de vista con lo que aportan a enriquecer todo debate
interno, por consiguiente la propuesta y la participación.
En segundo lugar, quisiéramos manifestar nuestro malestar ante dos nuevas decisiones
institucionales: la implementación de cámaras de seguridad en los patios de la universidad
y el reglamento de conducta con sus respectivas modificaciones formuladas para este año.
Como estudiantes, comprendemos la necesidad de generar medidas de seguridad que logren
contener situaciones de violencia como lo constituyen los robos y hurtos dentro de la

2. universidad. No obstante, dicha preocupación en ningún caso deriva en el convencimiento
de que cámaras de seguridad sean una opción legítima.
Si efectivamente la preocupación que orienta la medida son los robos que suceden dentro
del espacio universitario, ¿los esfuerzos no deberían estar orientados a la generación de
conductas preventivas en los miembros de la comunidad? Parece paradójico que en una
institución educativa la medida coercitiva es la que tiene protagonismo. Una de las
consignas que ha liderado la publicidad de nuestra institución ha sido que la enseñanza
debe estar dirigida a formar ciudadanos críticos, en ese escenario parece complicado
exigirnos la aceptación de medidas como ésta.
¿Qué es lo que la cámara busca resguardar? Los casos puntuales de robos que llaman la
atención, como el de las bicicletas, sugieren que sólo sería necesario poner una en los
metros cuadrados donde estas se encuentran, sin embargo, las que vemos se encuentran
ubicadas en lugares bastante más amplios.
Las cámaras no solo graban los robos y hurtos, también graban todo el escenario de la
convivencia estudiantil. Los hurtos y robos suceden no solo en patios y accesos, ya
también suceden en las salas de clases e incluso en sus oficinas ¿El próximo semestre
tendremos que aceptar que estas se encuentren en nuestras salas? ¿En ese caso aún
podremos decir que nuestros profesores y profesoras tienen libertad de cátedra? Lo que
criticamos es la indiferenciación que hay entre la función de resguardo y la función
represiva de contener hurtos y robos, los límites no logran distinguirse de manera clara. Nos
parece legítimo exigir que dicha distancia sea explicitada por ustedes. ¿En qué casos las
cámaras serán utilizadas? ¿Cómo se nos protegerá de su uso represivo? ¿Todas las acciones
tipificadas en el reglamento de conducta serán observadas y sancionadas a través de las
cámaras? En el caso de una toma, ¿utilizarán las cámaras para determinar a quiénes aplicar
un causal de eliminación?
Las últimas preguntas nos llevan a la segunda medida que origina descontento. Este año
hemos revisado el reglamento de conducta que se aplica a nuestra vida universitaria y
hemos constatado normas que, pudiendo haber existido antes, nos parecen profundamente
delicadas en su formulación.
A continuación presentamos algunas:
“g) La utilización no autorizada del nombre, signos o logotipos distintivos de la
Universidad.”
“k) Toda acción u omisión que impida de manera grave y abrupta el normal
desarrollo de las actividades académicas y de los servicios universitarios.”

3. El análisis de lo anterior parece presentar serias dificultades. En relación al “nombre, signos
o logotipos”, ¿quién puede autorizar dicha utilización? Hace tiempo las autoridades vienen
afirmando que la universidad la construimos todos. Consideramos que son también sus
estudiantes, profesores y funcionarios los que deben determinar el buen uso y construir
formas de utilización representativas. La petición de autorización a ustedes parece
contradecir la idea de una construcción conjunta.
Sobre “normal desarrollo de las actividades académicas y de los servicios universitarios”,
¿qué implica un normal desarrollo?, ¿a qué servicios hace referencia dicha afirmación?
Aquellos capaces de decidir sobre el normal desarrollo no solo son ustedes como conjunto
directivo, sino también lo somos estudiantes y trabajadores. Consideramos dicha capacidad
de decisión un ejercicio legítimo de la democracia de nuestras formas organizativas, y uno
de los elementos centrales en la construcción de una universidad al servicio del país y su
contexto social.
Este reglamento parece exceder su función inicial que es propiciar un ambiente fundado en
el respeto, para convertirse en un instrumento que ubique como ilegítimas conductas cuyo
ejercicio no depende de los directivos de la universidad, sino de otros estamentos.
En tercer lugar, proponemos que en conjunto busquemos los mecanismos que permitan
explicar y aclarar el despido de profesores de planta, como a contrata, de la Facultad de
Ciencias Sociales. Estudiantes de las carreras de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales junto con Trabajo Social demandan una carta oficial desde sus cargos para
poder comprender como es que profesores ya confirmados en sus cátedras fueron
despedidos sin previo aviso.
Urge conocer las nuevas definiciones que la Compañía de Jesús, ha tomado en nuestra
institución. Creemos que informaciones de ese peso no deben ser ajenas al conocimiento de
toda la comunidad universitaria.
En todas las temáticas planteadas aparece un elemento transversal, el cual es la poca
disposición de los directivos de nuestra universidad para integrar a otros estamentos
universitarios, entre ellos las organizaciones estudiantiles, como participantes en
discusiones y decisiones como las aquí presentadas.
Desde la rectoría siempre se ha planteado la necesidad de tener interlocutores válidos para
sentarse a conversar de forma democrática, sin embargo, parecen no considerarnos
interlocutores legítimos para todas las materias, aun cuando nuestros representantes han
sido electos democráticamente. La Federación de Estudiantes, los Centros de Estudiantes,
las Coordinadoras y Mesas Planas legítimamente conformadas deben ser reconocidas no
solo en su existencia, sino también como canales para concretizar y poner en discusión las
decisiones que afectan a la vida universitaria.

4. Nuestro fin no es imponer modos de hacer universidad, sino pedir la garantía de
participación de los diferentes estamentos que la construyen.
En definitiva, lo que solicitamos, como estudiantado universitario, es participar en la
discusión de todas las instancias de deliberación que se realicen sobre políticas
universitarias, con voz y voto dentro de la misma. Por lo demás, tenemos la plena
convicción que los trabajadores de la universidad también puedan participar y tener una
presencia de carácter resolutivo en estas instancias.
Mediante la presente solicitamos la creación de una mesa de trabajo en la que estén
presentes todos los estamentos de la universidad (trabajadores/as, académicos/as,
estudiantes y directivos) en la cual podamos construir un proyecto de participación que
incluya a todos los integrantes de la comunidad universitaria.
En conclusión, creemos que el proceso de restructuración, mediante debates y votaciones
de toda la comunidad tomaría una legitimidad que lo dotaría de un peso político muy
relevante en el debate nacional en el que hoy nos situamos. No se debe ignorar la misión de
nuestra Universidad, la que establece que:
“Como Universidad buscamos cultivar un nuevo humanismo
mediante una interacción creativa de las ciencias con la
concepción cristiana del ser humano y del mundo en actitud de
diálogo respetuoso, plural y fecundo”1
Se despide atentamente,
1
http://www.uahurtado.cl/universidad/