2890-6. Pronunciamiento del Consejo Institucional sobre el Proyecto de Ley “Código de Normas de Conducta del Servidor Público”, Expediente No. 19.092

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Secretaría Consejo Institucional
Ext. 2716-2239
PROPUESTA
Se somete a consideración del Consejo Institucional la siguiente propuesta:
ASUNTO: Pronunciamiento del Consejo Institucional sobre el Proyecto de
Ley “Código de Normas de conducta del Servidor Público”,
Expediente No. 19.092
1
CONSIDERANDO QUE:
1. El Artículo 88 de la Constitución Política de la República de Costa Rica
prescribe:
“Para la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a las materias
puestas bajo la competencia de la Universidad de Costa Rica y de las demás
instituciones de educación superior universitaria, o relacionadas directamente
con ellas, la Asamblea Legislativa deberá oír previamente al Consejo
Universitario o el órgano director correspondiente de cada una de ellas”.
2. La Secretaría del Consejo Institucional recibe oficio CG-331-2014, con fecha de
recibido 10 de setiembre de 2014, suscrito por la Licda. Ericka Ugalde
Camacho, Jefe de Área de la Comisión Permanente de Gobierno y
Administración, de la Asamblea Legislativa, dirigido al Dr. Julio César Calvo
Alvarado, Rector, en el cual solicita criterio sobre el Proyecto de Ley “Código de
Normas de conducta del Servidor Público”, Expediente No. 19.092
3. El Proyecto precitado fue conocido por el Consejo Institucional en la Sesión No.
2885, del 17 de setiembre de 2014, y se dispone remitirlo en consulta al Lic.
William Buckley, Coordinador de la Comisión Permanente de Estatuto Orgánico
del Consejo Institucional y la MSc. Grettel Ortiz, Directora de la Asesoría Legal
del ITCR.
4. Lista de oficios anexos:
Anexo 1
Oficio Asunto
CG-331-2014,
del 10 de set de
2014
Solicitud de Criterio al Instituto Tecnológico de Costa Rica sobre el texto
del Proyecto de Ley “Código de Normas de conducta del Servidor
Público”, Expediente No. 19.092
Anexo 2
Oficio Asunto
SCI-700-2014,
del 17 de set de
2014
Solicitud de Criterio a la Comisión Permanente de Estatuto Orgánico
sobre el texto del Proyecto de Ley “Código de Normas de conducta del
Servidor Público”, Expediente No. 19.092

Ext. 2716-2239
2
Anexo 3
Oficio Asunto
SCI-701-2014,
del 17 de set de
2014
Solicitud de Criterio a la Dirección de la Oficina de Asesoría Legal del
ITCR, sobre el texto del Proyecto de Ley “Código de Normas de
conducta del Servidor Público”, Expediente No. 19.092
Anexo 4
Oficio
Asunto
AL-524-2014, del
25 de setiembre
de 2014
Pronunciamiento de la Oficina de Asesoría Legal del UTCR sobre el
Proyecto de Ley “Código de Normas de conducta del Servidor Público”,
Expediente No. 19.092.
Recomiendan:
1- Como iniciativa de lucha contra la corrupción, el Instituto Tecnológico,
se encuentra de acuerdo de la necesidad de contar con los instrumentos
necesarios para el logro de tal fin.
2- No obstante lo anterior, se recomienda no apoyar el proyecto, por la
forma en que a la fecha están redactados algunos artículos, por
considerar que pueden tener vicios de inconstitucionalidad como por
ejemplo el artículo 28, l inciso b), se da una limitante convirtiendo la
misma en una doble pena, y lo que es más gravoso sometido a una
sanción perpetua. Lo que iría en contra de principios constitucionales
como por ejemplo artículo 40 “Nadie será sometido a tratamientos
crueles o degradantes ni a penas perpetuas, ni a la pena de
confiscación. Toda declaración obtenida por medio de violencia será
nula.” En la forma que fue incluida la obligatoriedad de una Comisión de
Ética, estableciendo su forma de elección, funciones y competencias,
se considera vulnera el principio de autonomía universitaria, así como
problemas prácticos de competencia y de los mismos sistemas ya
instaurados institucionalmente para atender acciones u omisiones que
puedan acarrear alguna responsabilidad. …”
Anexo 5
Oficio Asunto
SCI-752-2014,
del 01 de octubre
2014
Pronunciamiento de la Comisión Permanente de Estatuto Orgánico del
Consejo Institucional, sobre el Proyecto de Ley “Código de Normas de
conducta del Servidor Público”, Expediente No. 19.092.
PROPONEN:
1. 1. Apoyar Proyecto de Ley “Código de Normas de conducta del Servidor
Público”, Expediente Legislativo No. 19.092que se ha sometido a
consulta.
5. En la Sesión Ordinaria del Consejo Institucional No. 2888, celebrada el 6 de
octubre del 2014, se conoce la propuesta presentada por la Presidencia, la cual
fue retirada debido a la discusión con el fin de que el señor William Buckley
aclarara algunos aspectos sobre el dictamen emitido por la Oficina de Asesoría
Legal.

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6. La Secretaría del Consejo Institucional con fecha 15 de octubre del 2014, recibe
el memorando Asesoría Legal-582-2014, en el cual remiten criterio unificado
entre el Lic. William Buckley y la Asesoría Legal. Del dictamen se extrae las
siguientes recomendaciones:
3
“V- Recomendaciones:
1- Apoyar el proyecto como iniciativa de lucha contra la corrupción,
debido a que el Instituto Tecnológico de Costa Rica, se encuentra de
acuerdo en la necesidad de contar con los instrumentos necesarios
para el logro de tal fin.
2- Se recomienda revisión del artículo 28 inciso d), ante posibles vicios
de constitucionalidad en relación con el artículo 40 de la Constitución
Política, ya señalados.
3- Si bien la presente iniciativa, trata de establecer una conducta ética
generalizada, con implicaciones sancionatorias en caso de
incumplimiento, también lo es que para que se logre el objetivo
práctico, debe de existir un convencimiento interno que le permita
ejercer una determinada conducta, aceptable y aprobable no solo por
la sociedad sino por la legislación.
Como se indicó con anterioridad es importante ante el objetivo planteado
por la presente iniciativa, examinar la posibilidad que el mismo
contemple un Capítulo exclusivo relacionado con la Educación y
prevención de la ética, estableciendo verbigracia, en los programas de
educación (preescolar, general básica, media, diversificada y técnica
profesional o vocacional,) una materia específica sobre la conducta del
servidor público. Igualmente establecer un sistema de divulgación, por
los diferentes medios de comunicación que permitan ir construyendo una
conceptualización generalizada de actuaciones éticas, que permitirán,
por estos medios el convencimiento interno de un actuar apegado a la
ética en los diferentes campos en que se desarrolle la persona, ya sea
en el campo laboral, familiar y personal. Con ello se logrará un doble
propósito: la formación a temprana edad de una cultura de respeto de
las normas de conducta del Servidor Público, que serán interiorizadas y
puestas en práctica en caso que se llegue a ocupar un cargo público, y
/o propiciar una participación ciudadana, vigilante del cumplimiento del
bien común.”
SE PROPONE:
a. Apoyar el Proyecto de Ley “Código de Normas de conducta del Servidor Público”,
Expediente No. 19.092.
b. Instar a la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, de la Asamblea
Legislativa, tomar en consideración las observaciones emitidas por los entes
técnicos de esta Institución.

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Responsable:
Dr. Julio Calvo A., Presidente
Consejo Institucional
_______________________
PALABRAS CLAVE: Proyecto Ley – Normas – Conducta – Servidor Público – Ley 19 902
FECHA: 06 de octubre del 2014-15 de octubre del 2014
Presentada en la Sesión No. 2888-2890
Z:PROPUESTASPropuestas-PRESIDENCIA CIAÑO 2014S 2890
Vvl

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ANEXO 1
10 de setiembre de 2014
CG-331-2014
Doctor
Julio César Calvo Alvarado
Rector
Correo electrónico: scordoba@itcr.ac.cr
bsanchez@itcr.ac.cr
Estimado señor:
Con instrucciones del Presidente de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración,
diputado Franklin Corella Vargas, se solicita el criterio de esa institución en relación con el expediente
19.092 “CÓDIGO DE NORMAS DE CONDUCTA DEL SERVIDOR PÚBLICO", el cual se adjunta.
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar
también el criterio de forma digital.
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2194,
2243-2438, el fax 2243-2440 o el correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr.
Atentamente,
Licda. Ericka Ugalde Camacho
Jefa de Área

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ANEXO 2
SCI-700-2014
MEMORANDO
Para: Lic. William Buckley, Coordinador
Comisión de Estatuto Orgánico
De: Licda. Bertalía Sánchez Salas, Directora Ejecutiva
Secretaría del Consejo Institucional
Instituto Tecnológico Costa Rica
Fecha: 17 de setiembre del 2014
Asunto: Solicitud criterio sobre el Proyecto de Ley “Código de Normas de conducta del
Servidor Público”, Expediente Legislativo No. 19.092
En la Sesión Ordinaria No. 2885 del Consejo Institucional, celebrada el día 17 d setiembre del 2014,
se conoce el Proyecto de Ley “Código de Normas de conducta del Servidor Público”, Expediente
Legislativo No. 19.092; se dispuso solicitar el criterio de esa Comisión por ser un tema de su
competencia.
Sírvase remitir su criterio a más tardar el 1° de octubre del año en curso, para dar respuesta a la
Asamblea Legislativa, en el plazo reglamentario. El texto del Proyecto se localiza en la página de la
Asamblea Legislativa o bien pueda solicitar el archivo digital al correo de la funcionaria Cindy Picado
Montero (cpicado@itcr.ac.cr).
El Consejo Institucional agradece la colaboración en este asunto y le solicita remitir el criterio bajo
el siguiente formato: Consideraciones, observaciones al Proyecto y recomendación de apoyar o no
el Proyecto, así como señalar si el mismo atenta contra la autonomía universitaria; cuando
corresponda.
Se le agradece su pronta atención.
BSS/cmpm
CI: Consejo Institucional
Archivo
Ref: Z:Documentos_SCI-700-14Proyectos de Ley No. 19.092

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ANEXO 3
SCI-701-2014
MEMORANDO
Para: MSc. Grettel Ortiz, Directora
Oficina de Asesoría Legal
De: Licda. Bertalía Sánchez Salas, Directora Ejecutiva
Instituto Tecnológico Costa Rica
Fecha: 17 de setiembre del 2014
Asunto: Solicitud criterio sobre el Proyecto de Ley “Código de Normas de conducta del
En la Sesión Ordinaria No. 2885 del Consejo Institucional, celebrada el día 17 d setiembre del 2014,
se conoce el Proyecto de Ley “Código de Normas de conducta del Servidor Público”, Expediente
Legislativo No. 19.092; se dispuso solicitar el criterio de esa Oficina por ser un tema de su
competencia.
Sírvase remitir su criterio a más tardar el 1° de octubre del año en curso, para dar respuesta a la
Asamblea Legislativa, en el plazo reglamentario. El texto del Proyecto se localiza en la página de la
Asamblea Legislativa o bien pueda solicitar el archivo digital al correo de la funcionaria Cindy Picado
Montero (cpicado@itcr.ac.cr).
El Consejo Institucional agradece la colaboración en este asunto y le solicita remitir el criterio bajo
el siguiente formato: Consideraciones, observaciones al Proyecto y recomendación de apoyar o no
el Proyecto, así como señalar si el mismo atenta contra la autonomía universitaria; cuando
corresponda.
Se le agradece su pronta atención.
BSS/cmpm
CI: Consejo Institucional
Archivo
Ref: Z:Documentos_SCI-701-14Proyectos de Ley No. 19.092

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ANEXO 4
Asesoría Legal-524-2014
Memorando
PARA Licda. Bertalia Sánchez Salas, Directora
Secretaria del Consejo Institucional
DE: M.Sc. Grettel Ortíz Álvarez, Directora
Asesoría Legal
FECHA: 24 de setiembre 2014
ASUNTO: Solicitud de criterio sobre el pronunciamiento del Proyecto de “Código
de Normas de Conducta del Servidor Público”. Expediente N. 19.092
Bajo la Supervisión y visto bueno de la Master Grettel Ortíz Álvarez, Directora de la
Asesoría Legal, se procede a emitir criterio solicitado por el Consejo Institucional,
de conformidad con la Sesión Ordinaria N. 2885 de fecha 17 de setiembre de 2014,
relacionado con el Proyecto de Ley “Código de Normas de conducta del Servidor
Público”. Expediente N. 19.092, por lo que se procede conforme:
I-Generalidades:
El proyecto de Ley “Código de Normas de conducta del Servidor Público” fue
presentado por la entonces diputada Yolanda Acuña Castro, el 28 de abril de 2014,
se encuentra en estudio ante la Comisión Legislativa Permanente de Gobierno y
Administración.
II- Iniciativa:
De conformidad con la exposición de motivos, el presente Proyecto pretende ser
un complemento de los instrumentos ya existentes tendientes a combatir, la
corrupción en la función pública, ello por considerar que “hace falta una parte
importante en esta política, y es el elemento formativo o preventivo, es decir, el
esfuerzo por educar, por crear una nueva cultura de la acción política, un nueva
conciencia ética en el funcionario y el político, para que conozca, comprenda y
acoja como propias, las reglas técnicas y éticas que rigen su función”. Es así como
se considera la necesidad de una legislación “que recoja, defina y sistematice las
reglas de conducta para la correcta escogencia de “lo bueno” en el ejercicio de la
función pública, teniendo como ideal ético para esos efectos la consecución del
bien común, y como medio para alcanzarlo, el correcto uso de los recursos públicos”
La Iniciativa consta de 33 artículos; el Capítulo I comprende los Principios
Generales, Capítulo II: Deberes éticos del servidor público, el Capítulo III: Deberes
Formales del servidor, Capítulo IV: Prohibiciones, Capítulo V: Disposiciones
especiales para funcionarios de elección popular y otros funcionarios., Capítulo VI:
Sanciones, Capítulo VII: De la Comisión de Ética, Capítulo VIII: La Participación
ciudadana en el control del ejercicio de la función pública. Un Capítulo VIII:

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Disposiciones Finales y Transitorias. Se nota un error material en la numeración
de este último Capítulo que correspondería; según secuencia al Capítulo IX.
Como en anteriores criterios, se recomienda mantener la posición Institucional en
el sentido que se comparte cualquier gestión, tendiente a mejorar y dotar a la
Administración Pública de instrumentos adecuados que permitan en la práctica un
mayor control , fortalecimiento del deber de probidad bajo los principios legalidad,
transparencia, imparcialidad, razonabilidad, rendición de cuentas. Lo anterior se
reitera, porque una legislación actualizada permite con mayor facilitad hacer frente
a actos que van en perjuicio de la sociedad y socaban nuestro Estado de Derecho.
III-Legislación
A nivel de Convenciones suscritas por Costa Rica, y de normativa interna se
encuentra una diversidad de instrumentos jurídicos, de lucha contra la corrupción
en la función pública y, entre otras:
1. En nuestra legislación encontramos la Ley N. 7670 por cuyo medio se
aprueba la Convención Interamericana contra la Corrupción teniendo como
propósito “Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados
Partes, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y
erradicar la corrupción…”
2. Por Ley 8557 se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción, adquiriendo el compromiso la prevención y la lucha contra la
corrupción.
3. El artículo 11 de la Constitución Política contempla el deber de los
funcionarios públicos de cumplir con los preceptos legales, el deber de
rendición de cuentas en el ejercicio de cargos públicos.
4. Con la promulgación de la Ley 8422 “Ley contra la Corrupción y el
enriquecimiento ilícito en la función Pública”, se cumple uno de los
compromisos adquiridos por el país, en la lucha contra la corrupción, la cual
ha sido reformada de acuerdo a la realidad y necesidades del momento.
5. La Ley General de Administrativo establece los deberes de los funcionarios
públicos, pautas en la prestación de servidor público sus responsabilidades
entre otros.
6. Ley Orgánica de la Contraloría General, Reglamento de Abstenciones y
Marco Ético institucional, así como para los funcionarios de las auditorías
internas Ley General de Control Interno, Leyes de Colegios profesionales.
De esta forma se tiene un amplio ordenamiento jurídico de lucha contra la
corrupción, y de componentes éticos, tendientes a regular el ejercicio de la
función pública dirigido al bien común.
III- Observaciones y consideraciones recomendativas.
1-La presente iniciativa según su mismo título lo indica comprende un “Código de
Normas de Conducta del Servidor Público”, y unir una diversidad de normas
dispersas en diferentes leyes que tienden a luchar contra la corrupción, acciones
que perjudican el bien común, estableciendo una serie de conductas “reprochables”
y sancionables.
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2-Ahora bien, loable es el objetivo que persigue la presente iniciativa, no obstante
es recomendable realizar un estudio minucioso de las diferentes normas
relacionadas con el tema, ello para evitar duplicidad, dejar de lado acciones u
omisiones que están catalogadas y ya sancionadas en otras leyes y que de darse
estos supuestos pueden alejarse el cumplimiento del fin que persigue el presente
proyecto.
3-Se considera que la obligatoriedad establecida en el Capítulo VII, sobre la
conformación de una Comisión de Ética donde se establece el tiempo de
nombramiento, la conformación de la misma y sus funciones, violenta la
autonomía universitaria otorgada constitucionalmente por el artículo 84, ello
porque interviene en la libertad de administración y gobierno de una institución
superior universitaria, como el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Constitución
Política de Costa Rica “ARTÍCULO 84.- La Universidad de Costa Rica es una
institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de
sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. Las demás
instituciones de educación superior universitaria del Estado tendrán la misma
independencia funcional e igual capacidad jurídica que la Universidad de Costa
Rica.
El Estado las dotará de patrimonio propio y colaborará en su financiación.”
4- Este proyecto como bien lo indica la exposición de motivos busca “crear una
nueva cultura de la acción pública, una nueva conciencia ética en el funcionario,
para que conozca, comprenda y acoja como propias, las reglas técnicas y éticas
que rigen su función”. Ahora bien se parte de la consideración que tanto las normas
éticas como las normas jurídicas, tienen como fin en su acatamiento el mantener
una armonía y equilibrio social, ello para el logro anhelado de una convivencia
pacífica entre seres humanos.
Partiendo de este objetivo es importante tener en cuenta que para que prevalezca
una conducta ética en todos los campos, debe de existir además de una
obligatoriedad, un convencimiento interno o sea que toda persona este convencida
que su conducta y sus actuaciones en general deben de cumplir ciertos cánones,
esto a diferencias de las normas jurídicas que son impositivas y sancionatorias. Si
bien es cierto la presente iniciativa, trata de establecer una conducta ética
generalizada, con implicaciones sancionatorias en caso de incumplimiento, también
lo es que para que se logre el objetivo práctico, debe de existir un convencimiento
interno que le permita ejercer una determinada conducta, aceptable y aprobable no
solo por la sociedad sino por la legislación. Ahora bien bajo esta línea de ideas, se
considera importante ante el planteamiento de un Código de Normas de Conducta
del Servidor Público, como el presente, que el mismo contemple un Capítulo
exclusivo relacionado con la educación y prevención de la ética, estableciendo por
ejemplo en los programas de educación, (preescolar, general básica, media,
diversificada y técnica profesional o vocacional) incluir como materia específica
normas de conducta relacionadas con el servidor público. Igualmente establecer un
sistema de divulgación, por los diferentes medios de comunicación que permitan ir
construyendo una conceptualización, generalizada de actuaciones éticas, que
permitirán, por estos medios el convencimiento interno de un actuar apegado a la
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ética en los diferentes campos en que se desarrolle la persona, ya sea en el campo
laboral, familiar y personal. Al fin y al cabo a pesar de las diferencias que puedan
darse entre lo ético y lo jurídico no se puede negar que éste último para su validez,
legitimidad, y creación se base en gran parte en consideraciones éticas.
Ante la realidad nacional, y la necesidad de combatir actos contrarios al bien
común, se considera necesario crear los mecanismos jurídicos pero también
aquellos que aún sin ser de naturaleza estrictamente legal, vayan creando una
cultura ética en el servicio público, lo cual permitirá, que no solo se cumplan con
estos principios por mandato imperativo sino por convicción, todo ello beneficiará
y guiará el actuar de la población en general, en todos los campos de desarrollo
humano y sin duda será uno de los mejores instrumentos de lucha contra la
corrupción.
Con ello se lograra un doble propósito , formar desde temprana edad, una cultura
de normas de conducta del Servidor Público, que serán interiorizadas y puestas en
práctica en caso que se llegue a ocupar un cargo público, y /o propiciar una
participación ciudadana, vigilante del cumplimiento del bien común.
5. Observaciones relacionadas con el ARTÍCULO 28. (Capítulo VII de la Comisión
de Ética”- “Requisitos para ser miembro de la Comisión”
Los miembros de la Comisión de Ética deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Ser funcionario de la institución, con no menos de cinco años de servicio.
b) Haber destacado en el servicio por méritos de responsabilidad, eficiencia y buen
manejo de las relaciones humanas.
c) No haber sido sancionado por falta laboral en los cinco años anteriores.
d) No haber sido condenado por delito doloso o culposo contra los deberes de la
función pública u otro delito de carácter doloso.
Sobre este artículo se considera recomendable, revisar el inciso a) en relación al
tiempo de servicio, esto bajo el entendido que la fijación del mismo, no definirá el
buen desempeño, sino el conocimiento la experiencia del tema, y el compromiso.
En relación al inciso b), se da una limitante convirtiendo la misma en una doble
pena, y lo que es más gravoso sometido a una sanción perpetua. Lo que iría en
contra de principios constitucionales del artículo 40 “Nadie será sometido a
tratamientos crueles o degradantes ni a penas perpetuas, ni a la pena de
confiscación. Toda declaración obtenida por medio de violencia será nula.”
6. Comisión de Ética. La Comisión propuesta va a tratar asuntos de ética, conforme
a lo establece el presente proyecto, no obstante en muchas instituciones, como la
nuestra, existe todo un sistema establecido internamente, con base a la Legislación
vigente y contemplado en la Segunda Convención Colectiva y sus Reformas, donde
se establece un Órgano Director, para conocer acciones u omisiones, que pueden
llevar una responsabilidad laboral o administrativa.
Ahora bien precisamente al existir un hilo conductor y a veces diferenciador entre
ética y derecho, esto podría en la práctica producir un problema a nivel de
competencia, por ejemplo a quién corresponde atender la situación, cuando se da
posible violación, a los principios éticos e igualmente de naturaleza propiamente
legales. En igual sentido podría pensarse que un solo hecho este siendo conocido
por dos órganos a la vez, la Comisión de ética y el Órgano Director Disciplinario,
estas son inquietudes que podrían surgirle al operador jurídico. Los razonamientos
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esbozados obedecen al hecho que en muchos asuntos no necesariamente lo
considerado antiético, es también antijurídico o a la inversa. Sobre éste punto en
particular podría pensarse en la posibilidad, que sea el mismo Director del
Procedimiento Disciplinario quien vea en conjunto las posibles violaciones por
acción u omisión, éticas, y propiamente jurídicas. Los anteriores comentarios
llevan como fin, dar a conocer algunas situaciones que podrían darse y que las
mismas puedan quedar resueltas, en aras del cumplimiento del objetivo de la
presente iniciativa.
RECOMENDACIONES
1- Como iniciativa de lucha contra la corrupción, el Instituto Tecnológico, se
encuentra de acuerdo de la necesidad de contar con los instrumentos necesarios
para el logro de tal fin.
2- No obstante lo anterior, se recomienda no apoyar el proyecto, por la forma en
que a la fecha están redactados algunos artículos, por considerar que pueden tener
vicios de inconstitucionalidad como por ejemplo el artículo 28, l inciso b), se da una
limitante convirtiendo la misma en una doble pena, y lo que es más gravoso
sometido a una sanción perpetua. Lo que iría en contra de principios
constitucionales como por ejemplo artículo 40 “Nadie será sometido a tratamientos
crueles o degradantes ni a penas perpetuas, ni a la pena de confiscación. Toda
declaración obtenida por medio de violencia será nula.” En la forma que fue incluida
la obligatoriedad de una Comisión de Ética, estableciendo su forma de elección,
funciones y competencias, se considera vulnera el principio de autonomía
universitaria, así como problemas prácticos de competencia y de los mismos
sistemas ya instaurados institucionalmente para atender acciones u omisiones que
puedan acarrear alguna responsabilidad.
3- Se destaca que si bien es cierto la presente iniciativa, trata de establecer una
conducta ética generalizada, con implicaciones sancionatorias en caso de
incumplimiento, también lo es que para que se logre el objetivo práctico, debe de
existir un convencimiento interno que le permita ejercer una determinada conducta,
aceptable y aprobable no solo por la sociedad sino por la legislación. Como se
expuso con anterioridad, se considera importante ante el planteamiento de un
Código de Normas de Conducta del Servidor Público, como el presente, que el
mismo contemple un Capítulo exclusivo relacionado con la educación y prevención
de la ética, estableciendo por ejemplo en los programas de educación (preescolar,
general básica, media, diversificada y técnica profesional o vocacional,) una materia
específica sobre conducta del servidor público. Igualmente establecer un sistema
de divulgación, por los diferentes medios de comunicación que permitan ir
construyendo una conceptualización, generalizada de actuaciones éticas, que
permitirán, por estos medios el convencimiento interno de un actuar apegado a la
ética en los diferentes campos en que se desarrolle la persona, ya sea en el campo
laboral, familiar y personal. Con ello se lograra un doble propósito, formar desde
el inicio de la educación de los niños, una cultura de respeto de las normas de
conducta del Servidor Público, que serán interiorizadas y puestas en práctica en
caso que se llegue a ocupar un cargo público, y /o propiciar una participación
ciudadana, vigilante del cumplimiento del bien común.
Cordialmente,
12

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13
GOA/pgm
Elaborado por: Licda. Marielos Medaglia Gómez
Apartado 159-7050 Cartago Costa Rica 

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ANEXO 5
SCI-752-2014
Memorando
Para: Licda. Bertalía Sánchez Salas, Directora Ejecutiva
De: Lic. William Buckley B, Coordinador
Comisión Estatuto Orgánico
Fecha: 01 de octubre del 2014
Asunto: Criterio sobre el Proyecto de Ley “Código de Normas de conducta del
En atención al oficio SCI-700-2014, respecto a la solicitud de Criterio sobre el Proyecto de
Ley “Código de Normas de conducta del Servidor Público”, Expediente Legislativo No.
19.092. A continuación se detalla el dictamen consensuado en la Comisión de Estatuto
Orgánico:
CONSIDERANDO:
a. Que la ética en el servicio público, no es un enunciado de buenas intenciones, desprovisto
de contenido normativo preciso y sancionatario.
b. Que a lo largo de los últimos años, dado el aumento galopante de la corrupción en todos
sus matices, el Estado costarricense se ha visto en la imperiosa e ineludible necesidad de
promulgar instrumentos normativos aplicables a los funcionarios públicos en el ejercicio de
sus cargos, entre los que a guisa de ejemplo se pueden citar entre otros, la Ley General de
la Administración Pública, Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función
Pública, así como directrices formuladas por la Contraloría General de la República en
materia de probidad.
c. Que los funcionarios públicos, sin distinción, deben orientar su actuar a la satisfacción del
interés público, por encima de cualquier interés particular, atendiendo a las necesidades
que demanda la población, mediante una acción planificada, regular, eficiente, continua y
en condiciones de igualdad para los habitantes del país.
d. Que la Constitución Política de la República, que es, norma de normas, en su numeral 11
expresa que: “Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a
cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella.
Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles
la responsabilidad penal por sus actos es pública.
La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de
resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios
en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y
rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas.” Asimismo,
la Ley General de la Administración Pública, artículos 113 y 114, por su orden disponen que:
“Artículo 113: 1. El servidor público deberá desempeñar sus funciones de modo que
satisfagan primordialmente el interés público, el cual será considerado como la expresión
de los intereses individuales coincidentes de los administrados.

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2. El interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública cuando pueda
estar en conflicto.
3. En la apreciación del interés público se tendrá en cuenta, en primer lugar, los valores de
seguridad jurídica y justicia para la comunidad y el individuo, a los que no puede en ningún
caso anteponerse la mera conveniencia.
Artículo 114:-
1. El servidor público será un servidor de los administrados, en general, y en particular de
cada individuo o administrado que con él se relacione en virtud de la función que
desempeña; cada administrado deberá ser considerado en el caso individual como
representante de la colectividad de que el funcionario depende y por cuyos intereses
debe velar.
2. Sin perjuicio de lo que otras leyes establezcan para el servidor, considérase, en
especial, irregular desempeño de su función todo acto, hecho u omisión que por su
culpa o negligencia ocasione trabas u obstáculos injustificados o arbitrarios a los
administrados.”
e. Que son principios rectores del servicio público y pilares del Estado social Democrático, la
trasparencia, la rendición de cuentas, la imparcialidad, el apego al principio de legalidad, la
eficacia y la economía, todo lo cual debe permear de modo prístino la conducta del servidor
público.
f. Que el proyecto de ley consultado sistematiza y precisa los postulados de orden moral que
deben regir la conducta de los servidores públicos en el desempeño de sus funciones, amén
de que viene a humanizar el servicio que se presta a los administrados, a la vez que crea
los mecanismos jurídicos para que la misma se operativice, a través de la denuncia
ciudadana y la comisión de Etica que se debe instaurar en cada institución pública.
g. Que se establece todo un elenco normativo de sanciones por la transgresión de las normas
de conducta enunciadas, tanto en el orden administrativo y laboral, sin perjuicio de las de
carácter civil y penal aplicables en cada caso concreto.
h. Que las instituciones de educación superior, consideradas como la conciencia lúcida de la
patria, no podemos estar ajenos al clamor de la ciudadanía, para que vuelvan a reinar en el
Estado la probidad en toda su extensión y que se llegue al servicio público, a servir y a no
servirse
En concordancia con todo lo anterior, SE PROPONE:
a. Apoyar Proyecto de Ley “Código de Normas de conducta del Servidor Público”,
Expediente Legislativo No. 19.092que se ha sometido a consulta.
b. Proponentes: Comisión Permanente Estatuto Orgánico.
Cualquier información adicional, con gusto le será atendida.
15
ci: Archivo
Z:COMISIONES COMISIONES PERMANENTESCOMISION DE ESTATUTO ORGANICO_ Criterio Proyecto Ley Normas conducta Exp
Legislativo 19 092/2014 2014Memos

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PROYECTO DE LEY
CÓDIGO DE NORMAS DE CONDUCTA DEL SERVIDOR PÚBLICO
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Expediente Nº 19.092
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
El presente proyecto de ley retoma, en lo fundamental, el que fue presentado con el nombre de
Código de Ética del Servicio Público, en 1995, por todos los diputados que conformaban entonces la fracción
del Partido Liberación Nacional, a iniciativa del exdiputado OTTÓN SOLÍS FALLAS, así como el proyecto
de ley, con el mismo nombre que el presente, presentado en setiembre de 2002, por la exdiputada RUTH
MONTOYA ROJAS.
El primer proyecto siguió el trámite normal y llegó a obtener un Dictamen Unánime Afirmativo de
la Comisión de Asuntos Jurídicos, donde fue largamente discutido y hasta donde se hicieron llegar numerosas
observaciones y aportes. Llegado el trámite de Plenario, se inició la discusión en primer debate, etapa que no
se llegó a superar, ya que ahí se dispuso devolver el expediente para estudio de una comisión especial al
efecto, que nunca llegó a integrarse.
Transcurrido el plazo reglamentario sin que el asunto obtuviera nuevo dictamen, el expediente fue
enviado al archivo, misma suerte que corrió el segundo expediente, los recuperamos por considerar que hoy
más que nunca, con los ya incontables y crecientes eventos de lamentable corrupción en el ejercicio de la
función pública, en todas las esferas del Gobierno Central, así como del descentralizado y los gobiernos
locales, lo recuperamos para presentarlo de nuevo al conocimiento de la Asamblea, renovado en varias partes
con iniciativas propias tendientes a armonizarlo con el ordenamiento jurídico vigente, ya que estamos
convencidos de su pertinencia y actualidad, asímismo se ha actualizando el texto, en virtud de los cambios
que ha sufrido la institucionalidad nacional en los últimos años.
Efectivamente, si hace diecisiete y diez años el proyecto era lo suficientemente revolucionario como
para augurar al momento de su presentación, el final negativo que tuvo, pese al valioso trabajo que hizo la
Comisión de Asuntos Jurídicos, ampliándolo y perfeccionándolo, hoy el no solo es revolucionario, sino que
es altamente urgente, máximo cuando nuestro país, a pesar de ser una democracia de larga data, reconocida
en el mundo entero, es el único país de Latinoamérica que carece de legislación sobre la ética en la función
pública; tema que sin duda alguna es esencial para combatir el creciente desencanto de los y las ciudadanas,
la ingobernabilidad, situaciones que ponen en riesgo la democracia misma, por lo que es urgente hacer algo
al respecto y de forma pronta.
La conciencia política nacional ha evolucionado en esos años, en los cuales se ha desarrollado, lenta
pero inexorablemente, una doctrina de principios y algunas normas reguladoras concretas tendientes a la
conformación de un sistema de responsabilidad política y de gobierno del que forman parte, como
elementos básicos, la rendición de cuentas, el control interno de la administración y la ética del servicio
público.
Es así como en los últimos años nacieron a la vida jurídica: la reforma del artículo 11 de la
Constitución Política, la Ley de Presupuestos Públicos y de Administración Financiera, la Ley de Control
Interno. Y se encuentran hoy en la corriente legislativa la reforma integral a la Ley de Enriquecimiento
Ilícito y el Código de Ética Parlamentaria. Lo cual viene a complementar la Ley General de la
Administración Pública, cuerpo normativo básico que regula el actuar de la Administración.
Todo esto es muy importante y viene a consolidar una tarea urgente en estos tiempos: el desarrollo
de una política gubernamental de lucha contra la corrupción. Sin embargo, hace falta una parte
importante en esta política, y es el elemento formativo o preventivo, es decir, el esfuerzo por educar, por
crear una nueva cultura de la acción pública, una nueva conciencia ética en el funcionario y el político, para
que conozca, comprenda y acoja como propias, las reglas técnicas y éticas que rigen su función.

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Porque la lucha contra la corrupción tiene que darse desde muy diversos puntos y por medio de distintas
acciones. Una de ella es la promoción de los valores sociales que fundamentan y orientan la acción pública.
Una forma de apoyar la política contra la corrupción pública, es la definición de una ética de la
función pública, que tenga carácter normativo y coercitivo. La formulación de reglas éticas de carácter
jurídico puede cumplir funciones importantes para apoyar la estrategia de acción gubernamental.
Una ley que recoja, defina y sistematice las reglas de conducta para la correcta escogencia de “lo bueno”
en el ejercicio de la función pública, teniendo como ideal ético para esos efectos la consecución del bien común,
y como medio para alcanzarlo, el correcto uso de los recursos públicos, puede resultar una medida eficaz para
complementar las políticas educativas sobre la misma materia que se emprendieran en otros sectores de gobierno,
en la medida en que reivindica y fortalece los valores fundamentales del sistema político.
A la vez, el carácter normativo, coercitivo y la imposición de sanciones para las conductas que
contravengan las reglas éticas, fortalecen una política gubernamental de ética en la función pública, en el tanto en
que eliminan el efecto negativo que la impunidad del incorrecto ejercicio de la función pública produce en la
ciudadanía.
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Esta propuesta
El Código de Normas de Conducta del Servidor Público que presentamos a la consideración de los
señores diputados tiene, por tanto, la intención de coadyuvar, desde la Asamblea Legislativa, al fortalecimiento
de los valores sociales que fundamentan y justifican el sistema político en que vivimos. Colaborar en la
definición de una política de acción gubernamental contra la corrupción pública, con el fin de fortalecer la
credibilidad del ciudadano en el sistema y en el gobierno, y facilitar así la gobernabilidad del país y la acción
pública. En última instancia, la ética en la función pública, la honradez en el uso de los recursos públicos y la
eficiencia de la administración, contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, y es esta
tarea la que nos compete como funcionarios y como representantes populares.
Tal y como se enuncia en sus primeros artículos, el Código se fundamenta en el principio ideológico
básico de la acción pública en una democracia: la acción política, el sistema político en sí mismo, se justifica por
la búsqueda del bien común. La diversidad de intereses de la sociedad civil, impiden que desde ahí, la
comunidad pueda buscar y obtener el beneficio general. Esa circunstancia justifica la existencia del sistema
político y del gobierno ejercido por individuos designados por el resto de los ciudadanos para ejercer esa acción
concertada orientada al bien común. El desarrollo de las políticas públicas, de la acción estatal en general y de los
servicios públicos en especial, debe tener como punto de partida y norte de acción esa finalidad y esa
legitimación del sistema. Los recursos públicos deben ser utilizados con ese fin, los servicios públicos son para
cumplir ese fin, el ejercicio de la función pública debe cumplir ese fin.
El capítulo I del Código, dedicado a los Principios Generales, resalta, por tanto, esos principios, así
como la importancia de los principios y valores sociales de justicia, paz, libertad y democracia, como marco
ideológico fundamental del quehacer político.
En cuanto a su contenido normativo, el Código pretende tener un ámbito de aplicación comprensivo de
todos los servidores públicos, tanto del sector central como descentralizado, instituciones autónomas y demás
entes públicos, incluidos los entes de autonomía territorial, como las municipalidades y los de autonomía
orgánica, como las universidades públicas. Por ello, en su primer capítulo incluye las definiciones necesarias
para lograr ese nivel de aplicabilidad.
En el cumplimiento del fin último de la acción pública -ejercida por todos los funcionarios al servicio
del Estado, desde los mandos más altos de la jerarquía superior, formada por los miembros de los Supremos
Poderes- los servidores públicos deben acatar normas éticas que redunden en el uso óptimo de los recursos
públicos y garanticen la eficiencia del aparato estatal. Esas reglas se definen y aclaran en tres capítulos
denominados Deberes Éticos del Servidor Público, Deberes Formales del Servidor y Prohibiciones de
carácter general que afectan a todos los funcionarios públicos. Un quinto capítulo incluye Disposiciones
especiales para Funcionarios de Elección Popular y otros Funcionarios. En este capítulo se estipulan

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prohibiciones especiales tendientes a erradicar conductas no éticas en que pueden incurrir más fácilmente los
funcionarios que ostentan cargos con poder decisorio en las altas esferas de la jerarquía burocrática.
Los deberes éticos y las prohibiciones se refieren a tres aspectos esenciales del hacer público, que tratan
de garantizar: el correcto uso de los recursos públicos, el ejercicio honesto y eficiente del cargo público que se
ostenta, y la prevención y eliminación de los eventuales conflictos que pueden presentarse cuando hay intereses
contrapuestos entre el funcionario y el Estado o la institución a la que sirve, los llamados por la
doctrina “conflictos de intereses”.
Con base en la convicción de principio, de que el funcionario público es la parte visible de la acción
estatal, y que esta se juzga por la imagen que aquel da, se exige del servidor una conducta pública y privada tal,
que admita la fiscalización de los ciudadanos sin menoscabo alguno para la dignidad del cargo que ostenta y la
credibilidad de la institución a la que sirve.
El Código tiene, además, un capítulo dedicado a las sanciones por el incumplimiento o la violación de
sus disposiciones, las cuales se asocian fundamentalmente con la relación laboral. Se establece un vínculo de
carácter general con el contrato laboral, con lo que será posible en cada institución pública utilizar las sanciones
propias de esa materia, cuando no existan normas específicas de carácter penal, civil o administrativo que
castiguen determinadas conductas.
Además, se prevén sanciones especiales para los funcionarios públicos que no sirven al Estado bajo esa
18
modalidad, como los de elección popular.
Pero, dada la naturaleza del fenómeno de la corrupción, que como antes se dijo, es un fenómeno cultural
de gran complejidad, estimamos que sancionar jurídicamente en forma gravosa esas conductas, sin considerar la
necesidad de trabajar, paralelamente, en el estudio y combate de las causas no jurídicas de la corrupción, podría
ser una solución injusta. Además, es preciso tomar en consideración la falta de definición que hasta hoy, han
tenido las reglas propias de la ética del funcionario público, lo que, a nuestro juicio, ha facilitado el aumento
creciente de la corrupción pública a través de la imitación.
Por ello, en el afán de dar al Código un carácter formador, se establece una obligación para el Estado,
por medio de cada una de las administraciones particulares, de promover el conocimiento de esta nueva ética
profesional, divulgando sus disposiciones y fiscalizando por medio de un órgano especialmente competente su
cumplimiento.
Se propone para ello la creación de una Comisión de Ética en cada institución pública, cuya función
principal será la divulgación y promoción del Código entre sus funcionarios y entre los administrados. Podrá
también, conocer de denuncias concretas por faltas a sus disposiciones y sancionar con amonestaciones de
carácter moral, cuando la naturaleza de la falta no requiera sanciones mayores, las cuales deberán ser impuestas
por el jerarca, con base en su informe. Para el caso de los servidores de la Administración Central, esas
importantes funciones se le asignan al Servicio Civil.
Un capítulo importante es el que se dedica a la participación ciudadana en el control del ejercicio de
la función pública, en el cual se crean los canales jurídicos para promover la participación ciudadana en este
aspecto, como una forma activa de garantizar la rendición de cuentas, mediante procedimientos eficaces que
faciliten su exigibilidad por parte de los habitantes de la República.
Concluyo expresando mi sincero deseo de contribuir al fortalecimiento de nuestra democracia y a la
eficacia de la acción pública, por medio de este llamamiento a los funcionarios públicos de todo nivel, a cumplir
sus funciones observando sus obligaciones éticas con entusiasmo y convicción, para dar una dimensión más
noble a su participación en la vida social.
Sistematizar, ordenar y clarificar ciertas reglas de conducta, promover una cultura y el fortalecimiento
de los valores sociales, y una función ejemplarizante mediante el castigo de los casos más graves de corrupción

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no delictual, son los objetivos fundamentales del siguiente Código de Normas de Conducta del Servidor
Público que someto a consideración de la Asamblea.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
CÓDIGO DE NORMAS DE CONDUCTA DEL SERVIDOR PÚBLICO
Capítulo I
Principios Generales
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ARTÍCULO 1.- Ámbito de aplicación
Las disposiciones de esta ley son aplicables a todos los servidores públicos, sin perjuicio de las
normas especiales que otras leyes establezcan en situaciones semejantes para algunas categorías de ellos en
particular, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 de esta ley.
Para estos efectos se entiende por servidor público toda persona que preste sus servicios en los
órganos y entes de la Administración Pública, estatal o no estatal, a nombre y por cuenta de esta, como parte
de su organización, en virtud de un acto de investidura. Los términos funcionario, servidor y empleado
público, se consideran equivalentes para los efectos de esta ley.
ARTÍCULO 2.- Valor patrimonial del servicio público
El servicio público constituye un valor patrimonial para los administrados, quienes están legitimados
para exigirlo de los servidores públicos con el grado óptimo de eficiencia e imparcialidad.
ARTÍCULO 3.- Principios éticos de la función pública y del servicio público
La función pública debe orientarse por los siguientes principios:
1.- La satisfacción del bien común, como fin primario y fundamental de la función pública,
entendido como la máxima justicia distributiva de los recursos públicos que sea posible conforme
a las reglas de la sana administración y de la equidad.
2.- La lealtad, la eficiencia, la probidad, la responsabilidad, la integridad, la veracidad, la
imparcialidad y la iniciativa en el desempeño de las funciones.
Capítulo II
Deberes éticos del servidor público
ARTÍCULO 4.- Deber de respetar los principios éticos del servicio
El servidor público debe ser fiel a los principios éticos del servicio público, y cumplir de
conformidad con ellos sus deberes para con la patria, la institución a la que sirve, sus superiores y los
administrados. Cuando se presente conflicto entre estos principios, prevalecerán el interés de la patria y de
los administrados.
ARTÍCULO 5.- Deber de eficiencia
El servidor público debe cumplir personal y eficientemente la función que le corresponde en
la entidad a la que sirve, en las condiciones de tiempo, forma y lugar que determinen las normas
correspondientes, y de acuerdo con las siguientes reglas:

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1.- Usar el tiempo laboral realizando siempre su mejor esfuerzo, en la forma más productiva
posible, y emplearlo en el desarrollo de las tareas que corresponden al cargo con el esmero, la
intensidad y el cuidado apropiados.
2.- Esforzarse por encontrar y utilizar las formas más eficientes y económicas de realizar sus
tareas, así como para mejorar los sistemas administrativos y de atención de usuarios en los que
participa, haciendo llegar sus sugerencias e iniciativas a sus superiores.
3.- Velar por la conservación de los útiles, objetos y demás bienes que integran el patrimonio
del Estado y de los de terceros, que se pongan bajo su custodia, y entregarlos cuando corresponda.
4.- Hacer uso razonable de los útiles y materiales que se le proporcionen para realizar sus
tareas, procurando darle a cada uno el máximo de rendimiento y evitar el desperdicio.
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ARTÍCULO 6.- Deber de probidad
El servidor público debe actuar con honradez, en especial cuando haga uso de recursos públicos que
le son confiados para el cumplimiento de los fines estatales, o cuando participe en actividades o negocios de
la administración que comprometen esos recursos.
ARTÍCULO 7.- Deber de responsabilidad
El servidor público debe actuar con claro sentido del deber que le corresponde para el cumplimiento
del fin público que compete a la institución en la que labora y de las consecuencias que acarrea el
cumplimiento o incumplimiento de ese deber.
Capítulo III
Deberes formales del servidor
ARTÍCULO 8.- Deber de conducirse apropiadamente tanto en el ámbito público como en el privado
El servidor público debe conducirse con honestidad y respeto, de modo que su conducta sea acorde
con la dignidad del cargo que ostenta y pueda ser objeto del examen público más minucioso. Evitará
cualquier comportamiento que pueda lesionar la confianza de los administrados en su integridad de servidor
o la de la institución a la que sirve.
ARTÍCULO 9.- Deber de imparcialidad
El servidor público debe ejercer el cargo sin discriminación alguna contraria a la dignidad humana o
a los principios del servicio público.
ARTÍCULO 10.- Deber de transparencia
El servidor público debe facilitar las condiciones para que su actuación y los efectos de esta sean del
dominio de aquellos que con justa causa deban conocerlos. Este conocimiento tiene como límites el deber de
confidencialidad, el de guardar el secreto profesional y el secreto de Estado, de acuerdo con las leyes
especiales que los regulen.
ARTÍCULO 11.- Deber de conocer prohibiciones y regímenes especiales que puedan serle
aplicables
El servidor público debe asegurarse de cumplir con las acciones necesarias para determinar si está o
no comprendido en algunas de las prohibiciones establecidas en las leyes y reglamentos sobre
incompatibilidad, acumulación de cargos, prohibiciones por razón de parentesco, y cualquier otro régimen
especial que le sea aplicable.

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ARTÍCULO 12.- Deber de confidencialidad
El servidor debe guardar discreción con respecto a todos los hechos e informaciones de los cuales
tenga conocimiento en el ejercicio o con motivo del ejercicio de sus funciones, sin perjuicio del derecho de
información del administrado ejercido conforme al ordenamiento jurídico vigente.
ARTÍCULO 13.- Deber de comportarse con decoro y respeto
El servidor público debe ser justo, cuidadoso, respetuoso y cortés en el trato con los usuarios del
servicio, sus jefes, subalternos y compañeros.
ARTÍCULO 14.- Deber de excusarse de participar en actos que ocasionen un conflicto de
intereses
El servidor público debe abstenerse de participar en cualquier proceso decisorio, incluso en su fase
previa de consultas e informes, en el que su vinculación con actividades externas -tales como profesión,
negocio particular, consejos financieros, sindicatos, asociaciones, cámaras, consultorías pagadas, entre otras-pueda
comprometer su criterio o dar ocasión de duda sobre su imparcialidad por causa de los eventuales
beneficios o perjuicios que pudieran derivar del referido proceso para él mismo o sus familiares.
Deberá también abstenerse de participar en el proceso decisorio, cuando su cónyuge, compañero o
compañera, su socio o socia, los parientes hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad del servidor o los
de su socio o socia, tengan una vinculación con actividades externas que pueda ocasionar duda sobre la
imparcialidad del servidor.
Esta obligación opera también cuando participe en la formulación de disposiciones de carácter
general que de modo directo y evidente beneficien sus actividades privadas o las de su socio o socia, sus
parientes o los del socio o socia hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad.
Cuando estime que hay motivo para inhibirse del conocimiento de un asunto, el servidor lo hará
saber por escrito y con la mayor brevedad al superior, quien en definitiva resolverá si procede la separación,
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes. Si se tratare del jefe de la oficina el asunto lo someterá a
conocimiento de la Comisión de Ética de la institución. Si se tratare de los miembros de concejos
municipales o de los máximos jerarcas de los órganos o entes públicos, el órgano ante el que se elevará la
consulta será:
1.- Si se trata de un ministro de Gobierno, se presentará ante el presidente de la República.
2.- Si se trata del máximo jerarca de una institución pública estatal, se presentará ante el
Consejo de Gobierno o ante el ministro rector del área, según corresponda por la condición
jerárquica. Si se trata de una institución pública no estatal, se presentará ante el Contralor General
de la República.
3.- Si se trata del alcalde municipal, se presentará ante el Concejo Municipal.
4.- Cuando se trate de miembros del Concejo Municipal o de otros cuerpos colegiados, el
interesado lo presentará ante el mismo órgano.
De resultar procedente la excusa planteada, el órgano que emita la resolución respectiva,
establecerá a quién se le asigna el conocimiento del asunto objeto de excusa.
Capítulo IV
Prohibiciones
ARTÍCULO 15.- En el ejercicio del cargo

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Queda prohibido al servidor público en el ejercicio del cargo:
1.- Usar el poder oficial o la influencia que surja de él, para conferir o procurar servicios
especiales, nombramientos, o cualquier otro beneficio personal, a sus familiares, amigos o
cualquier otra persona, medie o no remuneración.
2.- Emitir normas en su propio beneficio.
3.- Usar el título oficial, los distintivos, la papelería o la influencia de la oficina pública para
asuntos de carácter privado.
4.- Poner a su servicio el personal subalterno, o aprovecharse de los servicios que presta la
institución a la que sirve, en beneficio propio, de familiares o amigos.
5.- Participar directa o indirectamente en transacciones financieras aprovechándose de
información confidencial de la cual tenga conocimiento en razón de su cargo de forma tal que ello
le confiera una situación de privilegio de cualquier carácter para sí o para terceros.
6.- Llevar a cabo trabajos o actividades, remuneradas o no, fuera de su empleo que estén en
conflicto con sus deberes y responsabilidades gubernamentales o cuyo ejercicio pueda dar, motivo
de duda sobre la imparcialidad en la toma de decisiones que competen al empleado.
7.- Recoger o solicitar, directa o indirectamente, contribuciones o cotizaciones de otros
servidores públicos con cualquier fin.
8.- Solicitar o recibir de personas privadas, colaboraciones para viajes, aportes en dinero u otras
liberalidades semejantes, directa o indirectamente para su propio beneficio o para otro funcionario.
No opera esta disposición cuando las colaboraciones se otorguen para actividades de
beneficencia, promoción del país en el exterior o programas de capacitación de personal.
9.- Aceptar honorario por discurso, conferencia o actividad similar, a la que haya sido invitado
a participar durante horas laborales.
ARTÍCULO 16.- En su relación con terceros co-contratantes o con los clientes o usuarios de
la Administración
Queda prohibido al servidor público en su relación con estados, terceros, co-contratantes o con los
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clientes o usuarios de la Administración:
1.- Efectuar o patrocinar para terceros, trámites o gestiones administrativas -se encuentren o no
directamente a su cargo- fuera de los cauces normales de la prestación del servicio o actividad.
2.- Dirigir, administrar, patrocinar, representar o prestar servicios, remunerados o no, a
personas físicas o jurídicas que gestionen o exploten concesiones o privilegios de la
Administración, o que fueren sus proveedores o contratistas.
3.- Recibir, directa o indirectamente, beneficios originados en contratos, concesiones o
franquicias que celebre u otorgue la Administración.
4.- Solicitar o aceptar directamente o por persona interpuesta, regalos, donaciones, favores,
propinas o beneficios de cualquier tipo.
Los regalos presentados como símbolo de la amistad de un país amigo al presidente
de la República, miembros de los Supremos Poderes o demás funcionarios públicos,

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deberán ser entregados al patrimonio nacional. Los de valor artístico y cultural deberán
ser puestos en custodia del Museo Nacional.
5.- Solicitar servicios o recursos especiales para la institución, cuando dicha aportación
comprometa o condicione en alguna medida la toma de decisiones.
6.- Mantener relaciones que le signifiquen beneficios u obligaciones con personas físicas o
jurídicas directamente fiscalizadas por la entidad oficial en que presta servicios, salvo que se trate
de actividades docentes.
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ARTÍCULO 17.- Durante la jornada laboral
1.- Ocupar su tiempo para realizar trabajos personales u otros ajenos a sus
responsabilidades.
2.- Interrumpir las labores de sus compañeros con conductas o acciones inoportunas que
perturben las labores de los otros.
3.- Atender visitas o llamadas personales o hacerlas en horas de trabajo para asuntos personales,
salvo situaciones de urgencia y en el tiempo prudencial que se requiera.
4.- Participar en actividades político partidistas en horas laborales.
ARTÍCULO 18.- Al usar los bienes, materiales y útiles de la oficina pública
Queda prohibido al servidor público usar los bienes, materiales y útiles de la oficina pública:
1.- Usar las instalaciones físicas, el equipo de oficina y demás bienes públicos a que tengan
acceso, para propósitos opuestos al fin público para el que fue creada la institución o para
actividades contrarias a la moral y a las buenas costumbres.
2.- Excederse en el uso de vehículos de la Administración asignados al servidor conforme a
reglas específicas de discrecionalidad, así como utilizar indebidamente los combustibles,
herramientas y repuestos del vehículo.
Capítulo V
Disposiciones especiales para funcionarios de
elección popular y otros funcionarios
ARTÍCULO 19.- Prohibiciones especiales
Además de lo establecido en el capítulo anterior, y sin perjuicio de las facultades
constitucionales otorgadas al presidente de la República en materia de nombramientos, está
prohibido a los funcionarios de elección popular y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia
y del Tribunal Supremo de Elecciones, así como a los ministros, viceministros, directores de
entidades autónomas, y jerarcas de los demás entes públicos:
1.- Discriminar en la formulación de políticas, en la prestación de servicios o en la selección del
personal de la Administración Pública, a persona alguna, por razón de su afiliación política.
2.- Nombrar o proponer familiares, incluidos el cónyuge, conviviente, hermanos, ascendientes y
descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad inclusive, en puestos del
servicio público.

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3.- Utilizar recursos públicos para promoción personal o del partido político a que pertenece,
por medios tales como: campañas publicitarias, tarjetas, anuncios y espacios pagados en medios
de comunicación social, placas conmemorativas, transferencias de partidas del presupuesto de la
República, compra de obsequios, atenciones e invitaciones, para beneficio de personas o grupos
específicos.
4.- Aceptar o emitir cartas de recomendación en beneficio de personas o grupos específicos
para procurar nombramientos, ascensos, otorgamiento de créditos bancarios u otros beneficios,
excluyendo lo relativo a becas y asuntos académicos.
5.- Colocar placas con el nombre de funcionarios públicos en las obras públicas con motivo de
su inauguración.
6.- Confeccionar e imprimir con fondos públicos el retrato del presidente de la República y
cónyuge.
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ARTÍCULO 20.- Deberes especiales
Además de lo señalado en los capítulos II y III, todo funcionario público de elección popular debe
presentar, antes de asumir el cargo, declaración jurada sobre inexistencia de incompatibilidades legales y
constitucionales, según corresponda.
La declaración se hará ante la Contraloría General de la República cuando la incompatibilidad afecte
el uso de recursos públicos; y ante el Tribunal Supremo de Elecciones si la incompatibilidad afecta a un
funcionario de elección popular por razones de otra naturaleza.
Capítulo VI
Sanciones
ARTÍCULO 21.- De las distintas clases de sanciones
El incumplimiento de los deberes, así como la violación de las prohibiciones previstas en este
Código, dará lugar, de acuerdo con lo que se indica en los artículos siguientes, y sin perjuicio de las
sanciones penales que pudieren ser procedentes si los hechos constituyeren delito, a cualquiera de las
siguientes sanciones:
1.- Amonestación escrita
2.- Suspensión
3.- Despido sin responsabilidad patronal
ARTÍCULO 22.- Amonestación escrita
Se sancionará con amonestación escrita al servidor público que falte a los deberes señalados en los
artículos 8, 10, 11, 12 y 13.
ARTÍCULO 23.- Suspensión
Se sancionará con suspensión de ocho a treinta días:
1.- Al servidor público que incumpla lo dispuesto en el artículo 14.
2.- Al servidor público que incurra en las conductas previstas en los incisos 6), 8) y 9) del
artículo 15, incisos 1) y 5) del artículo 16, y cualquiera de los incisos del artículo 18.
3.- Al servidor que, después de haber sido apercibido tres veces por el superior, incurra en las
conductas previstas en el artículo 17.

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ARTÍCULO 24.- Despido sin responsabilidad patronal
Se sancionará con despido sin responsabilidad patronal:
1.- Al servidor público que incurra en las conductas previstas en los incisos 1), 3), 4), 5) y 7)
del artículo 15; y 2), 3) y 6), del artículo 16.
2.- Al servidor que incumpla los deberes señalados en los artículos 12 y 14, cuando como
consecuencia de ello se produzca daño grave al interés público o de la institución a la que sirve.
3.- Al servidor público que, durante un año, llegue a sumar más de tres amonestaciones escritas
por infracciones a este Código.
4.- Al servidor que incurra nuevamente en una falta por la que ha sido suspendido
anteriormente.
Capítulo VII
De la Comisión de Ética
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ARTÍCULO 25.- Ámbito de funcionamiento
En cada ministerio de Gobierno, institución autónoma, empresa pública y demás órganos o entes
públicos, funcionará una Comisión de Ética, que se nombrará en el mes de enero de cada año y tendrá las
funciones que se señalan en el artículo siguiente.
ARTÍCULO 26.- Funciones de la Comisión
Son funciones de la Comisión de Ética en cada órgano o ente público:
1.- Divulgar y promover los principios éticos del servicio público entre los funcionarios de la
institución.
2.- Asesorar a los funcionarios públicos de la institución en todo lo relativo a la aplicación de
esta ley, resolviendo las consultas que los empleados le formulen por escrito cuando tengan duda
sobre los alcances de un deber o prohibición en un caso concreto. Esas consultas deberán
resolverse en un plazo máximo de quince días hábiles después de su presentación.
3.- Recibir las denuncias que se formulen contra los funcionarios por incumplimiento de los
deberes y prohibiciones de esta ley, tramitarlas y rendir un informe al jerarca respectivo para que
se tomen las acciones administrativas, laborales o penales que procedan de acuerdo con las normas
generales o especiales aplicables en cada institución. Cuando la falta no esté sancionada por una
sanción mayor, la Comisión amonestará por escrito al funcionario, haciéndole las advertencias del
caso para que no vuelva a incurrir en ella.
El jerarca podrá desestimar las recomendaciones de la Comisión de Ética mediante
resolución fundada, pero no más de una vez respecto de un mismo empleado.
Cuando la denuncia sea contra el jerarca de la institución o contra un funcionario de elección
popular la Comisión procederá en la forma dispuesta en el artículo 14.
De previo a rendir su informe, la Comisión oirá siempre al empleado que se hubiere
denunciado por una falta ética y recibirá las pruebas que él presente en su descargo. Toda
denuncia deberá ser tramitada en un plazo máximo de dos meses después de su presentación.

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4.- Resolver las excusas que formulen el jerarca y los jefes de oficina en el trámite de un
asunto, en atención al deber de separarse de su conocimiento por un eventual conflicto de intereses
establecido en el artículo 14. Las excusas deberán resolverse en un plazo máximo de quince días
hábiles.
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ARTÍCULO 27.- Integración de la Comisión
La Comisión de Ética estará formada de la siguiente forma:
a) Dos representantes de los trabajadores del órgano o ente.
b) Un funcionario designado por el jerarca del órgano o ente, que lo representará.
c) Un funcionario de la sección o Departamento Legal del ente u órgano.
Para seleccionar los candidatos, los trabajadores se reunirán en asamblea en el mes de diciembre del
año que corresponda. El jerarca velará por que dicha asamblea se convoque debidamente y se desarrolle de
acuerdo con procedimientos democráticos fiscalizados por la administración.
En la asamblea se propondrán los nombres de los candidatos. No se permitirá ninguna actividad
proselitista a favor de un candidato antes de la elección.
ARTÍCULO 28.- Requisitos para ser miembro de la Comisión
b) Haber destacado en el servicio por méritos de responsabilidad, eficiencia y buen manejo de
las relaciones humanas.
d) No haber sido condenado por delito doloso o culposo contra los deberes de la función
pública u otro delito de carácter doloso.
ARTÍCULO 29.- Duración del cargo
El período de ejercicio en la Comisión de Ética será de dos años. Los miembros no podrán ser
reelectos sucesivamente, pero podrán ser electos nuevamente después de transcurridos dos años del cese en el
cargo.
ARTÍCULO 30.- Gratuidad del cargo
El cargo de miembro del Comité de Ética Institucional será ad-honórem. No obstante, la
Administración podrá autorizar la separación del funcionario de sus labores habituales durante el tiempo
necesario para que pueda cumplir con los deberes inherentes al cargo ad-honórem.
La Administración aportará además los recursos materiales y humanos que requiera la Comisión
para el cumplimiento de sus funciones.
Capítulo VIII
La participación ciudadana en el control del
ejercicio de la función pública
ARTÍCULO 31.- Derechos de los ciudadanos

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Cualquier persona, sea o no servidor público, por sí o a través de representante, tiene el deber de
denunciar todo acto que a su juicio constituya una ilegalidad, infracción u omisión de deber, cometido por un
servidor público en el desempeño de las funciones inherentes a su puesto.
ARTÍCULO 32.- La denuncia en la acción ciudadana
La denuncia podrá plantearse por escrito o verbalmente y contendrá una relación clara de los hechos
y la identificación de los infractores y medios de prueba, cuando fuere posible. Se dirigirá a la Comisión de
Ética Institucional.
ARTÍCULO 33.- Órgano competente para resolver la denuncia
El órgano competente para resolver la denuncia es:
1.- La Asamblea Legislativa será competente para conocer las denuncias contra los miembros
de los Supremos Poderes.
2.- El jerarca de la institución, salvo en los casos establecidos en el siguiente inciso.
3.- Cuando el denunciado sea el jerarca de la institución, se procede de la siguiente forma:
a) Si la denuncia es contra un ministro, el órgano competente es el presidente de la
República.
b) Si la denuncia es contra un inferior no jerárquico individual o colegiado del Estado
o de cualquier otro ente descentralizado, el órgano competente es el Poder Ejecutivo, dentro
del ramo respectivo. Cuando se trate de directores de instituciones autónomas, el órgano
competente es el Consejo de Gobierno.
c) Si la denuncia es contra el jerarca de una institución adscrita a algún ministerio, el
órgano competente es el ministro respectivo.
d) El Concejo Municipal cuando la denuncia se presente contra el alcalde municipal.
1.- El Tribunal Supremo de Elecciones cuando la denuncia se presente contra
los miembros de un Concejo Municipal.
2.- Si la denuncia es contra el jerarca de un ente público no estatal se
presentará ante la Contraloría General de la República.
En el caso de los órganos colegiados se requerirá la mayoría calificada de
sus miembros para resolver e imponer sanciones.
Las disposiciones de este artículo se aplicarán sin perjuicio de las facultades
de investigación de la Contraloría General de la República en materias propias de su
competencia.
ARTÍCULO 28.- Responsabilidad del denunciante
El denunciante no contrae obligación que le ligue al proceso de investigación ni incurre en
responsabilidad penal alguna, salvo la denuncia calumniosa. El denunciante puede ser parte en el
proceso si él lo solicita expresamente. En todo caso se le notificará la resolución final y hasta
entonces se mantendrá confidencialidad sobre su identidad.
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ARTÍCULO 29.- Acción del perjudicado

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Cuando el resultado de la investigación indique que la denuncia no tiene lugar el jerarca eximirá de
28
responsabilidad al funcionario.
ARTÍCULO 30.- Iniciativa ciudadana
Toda persona tiene el derecho de presentar sugerencias para mejorar el servicio ante la institución
pública que lo presta.
Capítulo VIII
Disposiciones finales y transitorias
ARTÍCULO 31.- Condición especial para el empleo público
Dentro del mes siguiente a su ingreso a una institución pública, el empleado deberá declarar ante la
Administración correspondiente, por escrito y bajo la fe del juramento, que ha leído y entendido los alcances
de esta ley y que, como condición para el empleo, acatará fielmente sus reglas. Las auditorías de los entes
públicos velarán por el cumplimiento de esta disposición.
Tratándose de funcionarios sometidos al Régimen del Servicio Civil, rendirán la declaración jurada
ante esa oficina como requisito previo al nombramiento.
La Dirección General de Servicio Civil podrá brindar capacitación previa sobre esta normativa a los
aspirantes a cargos públicos, y exigir la rendición de una prueba satisfactoria sobre su conocimiento, como
requisito adicional para ser considerado elegible a un cargo, lo cual sustituirá la declaración jurada del
funcionario.
ARTÍCULO 32.- Normas complementarias de esta ley
Las disposiciones de esta ley se aplicarán a los empleados públicos sin perjuicio de las normas
generales establecidas en la Ley General de la Administración Pública y de las normas especiales que rijan
para algunas categorías especiales de funcionarios, cuando resulten aplicables en forma complementaria sin
menoscabo de cualquiera de ellas. Las sanciones de carácter laboral, originadas en el incumplimiento de esta
ley, se impondrán sin perjuicio de responsabilidades administrativas o penales en que hubiere incurrido por
efecto de la misma falta el servidor.
ARTÍCULO 33.- Procedimiento
Sin perjuicio de los procedimientos especiales todas las normas de procedimiento de esta ley, se
regirán por lo establecido en el libro segundo de la Ley General de la Administración Pública.
Rige a partir de su publicación
Yolanda Acuña Castro
DIPUTADA
5 de mayo de 2014
NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de Gobierno y
Administración.

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ANEXO 6
Asesoría Legal-582-2014
Memorando
PARA: Licda. Bertalía Sánchez Salas, Secretaria Ejecutiva
DE: William Buckley Buckley, Coordinador
Comisión de Estatuto Orgánico
Master Grettel Ortíz Álvarez, Directora
Asesoría Legal
FECHA: 15 de octubre del 2014
Asunto: Criterio unificado entre Coordinador de la Comisión de Estatuto Orgánico, y Asesoría Legal,
relacionado con la emisión de criterio sobre el pronunciamiento del Proyecto de “Código de Normas
de Conducta del Servidor Público”. Expediente N. 19.092
I Antecedentes:
Con anterioridad tanto la Comisión de Estatuto Orgánico como la Asesoría Legal, habían emitido
criterio en forma separada relacionado con el Proyecto de Ley “Código de Normas de conducta del
Servidor Público”. Expediente N. 19.092. Con el fin de unificar los criterios externados se realizó un
análisis conjunto llegando a los siguientes puntos coincidentes:
II-Generalidades:
El proyecto de Ley “Código de Normas de conducta del Servidor Público” fue presentado por la
entonces diputada Yolanda Acuña Castro, el 28 de abril de 2014, se encuentra en estudio ante la
Comisión Legislativa Permanente de Gobierno y Administración.
III- Iniciativa:
De conformidad con la exposición de motivos, el presente Proyecto pretende ser un complemento
de los instrumentos ya existentes tendientes a combatir, la corrupción en la función pública, ello por
considerar que “hace falta una parte importante en esta política, y es el elemento formativo o
preventivo, es decir, el esfuerzo por educar, por crear una nueva cultura de la acción política, un
nueva conciencia ética en el funcionario y el político, para que conozca, comprenda y acoja como
propias, las reglas técnicas y éticas que rigen su función”. Es así como se considera la necesidad
de una legislación “que recoja, defina y sistematice las reglas de conducta para la correcta
escogencia de “lo bueno” en el ejercicio de la función
Licda. Bertalía Sánchez Salas, Secretaria Ejecutiva Consejo Institucional
Página dos
15 de octubre de 2014

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pública, teniendo como ideal ético para esos efectos la consecución del bien común, y como medio
para alcanzarlo, el correcto uso de los recursos públicos”
La Iniciativa consta de 33 artículos; el Capítulo I comprende los Principios Generales, Capítulo II:
Deberes éticos del servidor público, el Capítulo III: Deberes Formales del servidor, Capítulo IV:
Prohibiciones, Capítulo V: Disposiciones especiales para funcionarios de elección popular y otros
funcionarios., Capítulo VI: Sanciones, Capítulo VII: De la Comisión de Ética, Capítulo VIII: La
Participación ciudadana en el control del ejercicio de la función pública. Un Capítulo VIII:
Disposiciones Finales y Transitorias. Se nota un error material en la numeración de este último
Capítulo que correspondería; según secuencia al Capítulo IX.
IV-Consideraciones y Observaciones recomendativas:
1- Mantener la posición Institucional en el sentido que se comparte cualquier gestión, tendiente a
mejorar y dotar a la Administración Pública de instrumentos adecuados que permitan en la práctica
un mayor control , fortalecimiento del deber de probidad bajo los principios legalidad, transparencia,
imparcialidad, razonabilidad, rendición de cuentas. Lo anterior se reitera, porque una legislación
actualizada permite con mayor facilitad hacer frente a actos que van en perjuicio de la sociedad y
socaban nuestro Estado de Derecho.
2- La presente iniciativa según su mismo título lo indica comprende un “Código de Normas de
Conducta del Servidor Público”, y unir una diversidad de normas dispersas en diferentes leyes que
tienden a luchar contra la corrupción, acciones que perjudican el bien común, estableciendo una
serie de conductas “reprochables” y sancionables.
3- El Capítulo VII, sobre la conformación de una Comisión de Ética donde se establece el tiempo de
nombramiento, la conformación de la misma y sus funciones, comprende generalidades de la
conformación de la Comisión de ética, siendo este un marco de referencia, que no violenta la
autonomía universitaria otorgada por el artículo 84, de la Constitución Política debido a que ésta
libertad autónoma le permitirá al Instituto Tecnológico, adaptar internamente su administración y
organización, a los preceptos establecidas en la propuesta de ley de análisis, permitiendo que tanto
las normas éticas como las normas jurídicas, en su acatamiento cumplan un fin primordial; mantener
una armonía y equilibrio social, ello para el logro anhelado de una convivencia pacífica entre seres
humanos.
Que la ética en el servicio público, más que nunca, se ha visto cuestionada. Los actos de corrupción
que han sido denunciados son el ejemplo más evidente de la necesidad de un instrumento jurídico,
ético, que llegue a complementar una diversidad de leyes que han buscado este propósito, como lo
son La Ley General de la Administración Pública, Ley
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Contra la Corrupción y Enriquecimiento ilícito en la Función Púbica, sin dejar de lado el artículo 11
de la Constitución Política de la República, que señala: “Los funcionarios públicos son simples
depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no
pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir
esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es
pública.”
Ahora bien, el Instituto Tecnológico, como Centro de Enseñanza Superior Pública, busca no solo
la formación de sus estudiantes en el campo profesional, sino individuos que en su quehacer
profesional, individual, y como miembro de la sociedad, actúen bajo principio éticos, solidarios y
trasparentes, aspectos que indudablemente conlleva el apoyo de iniciativas como la presente.
30

Ext. 2716-2239
4- La búsqueda de una conducta ética debe complementarse. La obligatoriedad establecida en un
instrumento jurídico, con determinados principios, obligaciones y sanciones, se considera debe de
complementarse, bajo el concepto de la convicción, o sea que toda persona en su fuero interno,
este convencida que su conducta y sus actuaciones en general deben de cumplir ciertos cánones,
esto a diferencias de las normas jurídicas que son impositivas y sancionatorias. Si bien es cierto la
presente iniciativa, trata de establecer una conducta ética generalizada, con implicaciones
sancionatorias en caso de incumplimiento, también lo es, que para que se logre el objetivo práctico,
debe de existir un convencimiento interno que le permita ejercer una determinada conducta,
aceptable y aprobable no solo por la sociedad sino por la legislación. Ahora bien bajo esta línea de
pensamiento, se considera importante ante el planteamiento de un Código de Normas de Conducta
del Servidor Público, como el presente, que el mismo contemple un Capítulo exclusivo relacionado
con la educación y prevención de la ética, incluir por ejemplo en los programas de educación,
(preescolar, general básica, media, diversificada y técnica profesional o vocacional) como materia
específica; normas de conducta relacionadas con el servidor público. Igualmente establecer un
sistema de divulgación, por los diferentes medios de comunicación que permitan ir construyendo
una conceptualización, generalizada de actuaciones éticas, que permitirán, por estos medios el
convencimiento interno de un actuar apegado a la ética en los diferentes campos en que se
desarrolle la persona, ya sea en el laboral, familiar y personal.
Al fin y al cabo a pesar de las diferencias que puedan darse entre lo ético y lo jurídico no se puede
negar que éste último para su validez, legitimidad, y creación se base en gran parte en
consideraciones éticas.
Ante la realidad nacional, y la necesidad de combatir actos contrarios al bien común, se considera
necesario crear los mecanismos jurídicos pero también aquellos que aún sin ser de naturaleza
estrictamente legal, vayan creando una cultura ética en el servicio público, lo cual permitirá, que no
solo se cumplan con estos principios por mandato imperativo sino por
Página cuatro
convicción, todo ello beneficiará y guiará el actuar de la población en general, en todos los campos
de desarrollo humano y sin duda será uno de los mejores instrumentos de lucha contra la
corrupción. De ésta forma se lograra un doble propósito, formar desde temprana edad, una cultura
de normas de conducta del Servidor Público, que serán interiorizadas y puestas en práctica en caso
que se llegue a ocupar un cargo público, y /o propiciar una participación ciudadana, vigilante del
cumplimiento del bien común.
5. Observaciones relacionadas con el ARTÍCULO 28. (Capítulo VII de la Comisión de Ética”-
“Requisitos para ser miembro de la Comisión”
b) Haber destacado en el servicio por méritos de responsabilidad, eficiencia y buen manejo de las
relaciones humanas.
d) No haber sido condenado por delito doloso o culposo contra los deberes de la función
pública u otro delito de carácter doloso. ( la negrilla es propia)
Sobre este artículo se considera recomendable, revisar el inciso a) en relación al tiempo de servicio,
esto bajo el entendido que la fijación del mismo- (años de servicio),- no necesariamente definirá el
buen desempeño, debe por su parte valorarse el conocimiento, la experiencia sobre este tema y
estar comprometido verdaderamente en la puesta en práctica sobre la Ética en la función Pública.
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En relación al inciso d), se da una limitante convirtiendo la misma en una doble pena, y lo que es
más gravoso el sometimiento a una sanción perpetua. Lo que iría contra los principios
constitucionales artículo 40 “Nadie será sometido a tratamientos crueles o degradantes ni a penas
perpetuas, ni a la pena de confiscación. Toda declaración obtenida por medio de violencia será
nula.”
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V- Recomendaciones:
1- Apoyar el proyecto como iniciativa de lucha contra la corrupción, debido a que el Instituto
Tecnológico de Costa Rica, se encuentra de acuerdo en la necesidad de contar con los instrumentos
necesarios para el logro de tal fin.
2- Se recomienda revisión del artículo 28 inciso d), ante posibles vicios de constitucionalidad en
relación con el artículo 40 de la Constitución Política, ya señalados.
3- Si bien la presente iniciativa, trata de establecer una conducta ética generalizada, con
implicaciones sancionatorias en caso de incumplimiento, también lo es que para que se logre
Página cinco
el objetivo práctico, debe de existir un convencimiento interno que le permita ejercer una
determinada conducta, aceptable y aprobable no solo por la sociedad sino por la legislación.
Como se indicó con anterioridad es importante ante el objetivo planteado por la presente iniciativa,
examinar la posibilidad que el mismo contemple un Capítulo exclusivo relacionado con la Educación
y prevención de la ética, estableciendo verbigracia, en los programas de educación (preescolar,
general básica, media, diversificada y técnica profesional o vocacional,) una materia específica
sobre la conducta del servidor público. Igualmente establecer un sistema de divulgación, por los
diferentes medios de comunicación que permitan ir construyendo una conceptualización
generalizada de actuaciones éticas, que permitirán, por estos medios el convencimiento interno de
un actuar apegado a la ética en los diferentes campos en que se desarrolle la persona, ya sea en el
campo laboral, familiar y personal. Con ello se logrará un doble propósito: la formación a temprana
edad de una cultura de respeto de las normas de conducta del Servidor Público, que serán
interiorizadas y puestas en práctica en caso que se llegue a ocupar un cargo público, y /o propiciar
una participación ciudadana, vigilante del cumplimiento del bien común.
Cordialmente.
GOA/sga
Elaborado por: Licda. Marielos Medaglia Gómez
C.c.: Miembros Consejo Institucional
Ref.: Criterio unificado entre Coordinador Comisión Estatuto Orgánico y Asesoría Legal
Apartado 159-7050 Cartago Costa Rica 

2890-6. Pronunciamiento del Consejo Institucional sobre el Proyecto de Ley “Código de Normas de Conducta del Servidor Público”, Expediente No. 19.092

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