Jesús Romero Colín fue abusado sexualmente a los 11 años por el cura Carlos López Valdés. La iglesia católica y las autoridades protegieron a López Valdés durante 9 años hasta que finalmente fue detenido. A pesar del tiempo transcurrido, Romero Colín continuará exigiendo justicia y una reparación completa del daño.
Jerarquía católica y autoridades de la CDMX protegieron a cura pederasta
1. Miércoles 7 de septiembre de 2016
Jerarquía católica y autoridades de la Ciudad de México protegieron
a cura pederasta durante 9 años
Carlos López Valdés fue detenido el pasado 27 de agosto y
formalmente sujeto a proceso penal el día 30 del mismo mes
A pesar del tiempo transcurrido, Jesús Romero Colín seguirá
exigiendo justicia y demandando la reparación integral del daño
Jesús Romero Colín tiene 33 años, y es estudiante de psicología en la UAM, él
fue abusado sexualmente hace 22 años, cuando tenía sólo 11, su agresor, el ex
sacerdote Carlos López Valdés, quien fue protegido por la iglesia católica y por
las autoridades del Distrito Federal durante más de 9 años, hasta ser detenido
el pasado 27 de agosto.
Después de 9 años de haber sido denunciado, López Valdés fue aprehendido en
Jiutepec, Morelos, e ingresado la semana pasada al Reclusorio Preventivo
Varonil Oriente, como consta en el acta penal 244/08, por el delito de violación,
cometido entre 1994 y 1998.
“Desde hace casi una década, la iglesia católica ha protegido a Carlos López
Valdés, primero negando los hechos, luego moviéndolo de parroquia, después
mandándolo a una ‘casa para curarlo’; aunque se abrió un proceso en el
tribunal eclesiástico y lo expulsó de la iglesia, la jerarquía católica siempre lo
ha protegido y evitado que responda ante las autoridades judiciales”, dijo Jesús
Romero Colín.
De estos hechos tuvieron conocimiento el arzobispo Norberto Rivera y los
obispos Jonás Guerrero y Marcelino Hernández, quienes de manera sistemática
negaron su responsabilidad y minimizaron los hechos calificándolos como
“producto de un depravado”, pero nunca ayudaron a Jesús ni a sus abogados a
detener y procesar al responsable.
La recomendación 1/2015 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal (CDHDF) indica que la Procuraduría General de Justicia local (PGJDF)
incurrió en diversas violaciones a la ley, al no investigar adecuadamente el caso
2. de Romero Colín, por ello se evidenció en el documento que Jesús también fue
víctima de la propia PGJDF quien actuó de manera omisa y negligente en la
investigación, propiciando que la impunidad se prolongara durante 9 años.
El abogado Luis Ángel Salas, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y
la Justicia Social, advirtió que aún está incumplida la Recomendación de la
CDHDF ya que “queda pendiente la disculpa pública hacia Jesús por parte de
las autoridades capitalinas, la reparación integral del daño por las violaciones a
sus derechos humanos que se acreditaron, así como la atención psicológica en
una instancia especializada que elija la víctima; si no se cubren estos aspectos
a cabalidad, la Procuraduría seguirá incumpliendo esta Recomendación”.
Por su lado, la maestra Karla Micheel Salas reconoció que “en los últimos 6
meses la actitud, el trabajo y la diligencia con la que actuó la PGJDF en este
caso fue muy distinta a la que venía presentando durante los 8 años anteriores,
hemos de reconocer que hubo un cambio en la actitud y en la forma en que
esta Procuraduría actuó en este último semestre”, lo “permitió que se librara la
orden de aprehensión, se ejecutara y se encarcelara al cura pederasta en
menos de 1 semana, tras haber exigido esto durante años”.
Sin embargo, enfatizó la abogada defensora de los derechos humanos, “no
podemos dejar de señalar que el hecho de que hoy Carlos López enfrente a la
justicia es un logro de Jesús y de su incansable lucha por la justicia; las
autoridades respondieron tarde a este llamado de justicia y tendrán que
responder por ello reparando el daño a Jesús y asegurando que en este caso se
haga justicia”.
Finalmente, el abogado David Peña, del Grupo de Acción por los Derechos
Humanos y la Justicia Social, denunció “la “responsabilidad estructural” de la
iglesia católica, pues durante años distintos integrantes conocieron el caso y no
hicieron nada.
Incluso cuando se les pidió su colaboración para acusar y detener al cura
pederasta, la respuesta fue que “ellos no eran autoridades” y que esa labor le
tocaba a la PGJDF” y refirió una reunión sostenida con el arzobispo primado
Norberto Rivera hace más de 2 años cuando él personalmente le pidió disculpas
a Jesús y le dijo que no podían hacer más, sin dejar de minimizar el caso
señalando que era un “caso aislado”.
Tanto Jesús como la organización defensora de los derechos humamos que le
acompaña, estudian la posibilidad de presentar sendas demandas de
reparación del daño en contra de la iglesia católica como asociación religiosa
inscrita ante la Secretaría de Gobernación así como solicitar una reunión con la
secretaria de Gobierno de la Ciudad para exigir el cumplimiento total de la
Recomendación 1/2015 de la CDHDF que sigue pendiente.