Corrupción en los organismos internacionales de cooperación en salud

1. ORGANISMOS INTERNACIONALES DE COOPERACIÓN EN SALUD:
¿MARIONETAS DEL SECTOR PRIVADO?
¿Por qué se podría afirmar que la financiación por parte del sector privado afecta la
autonomía de los organismos internacionales de cooperación en salud (OICS)? Desde la
Segunda Guerra Mundial y hasta el día de hoy, el papel de los OICS ha sido de indiscutible
importancia en lo que respecta a educar a la población en general, liderar asuntos sanitarios
mundiales y crear políticas públicas saludables. Sin embargo, dichos organismos dependen
de contribuciones externas y no existe ningún ente que se encargue de canalizar las ayudas
económicas y garantizar un apoyo financiero constante a todas las organizaciones, esto hace
que entidades no estatales sean de gran importancia para la mencionada labor; intervención
que por la misma naturaleza de los OICS, no es regulada ni vigilada (Schieber, Fleisher,
Gottret, 2006).
El objetivo de este ensayo es entonces argumentar y divulgar situaciones de impacto mundial
que demuestran que la influencia del sector privado sobre los OICS limita la autonomía de
los mismos a la hora de tomar decisiones e implementar estrategias para la promoción de la
salud y el tratamiento de enfermedades, ya que éstas se orientan más a la satisfacción de
intereses particulares y al beneficio de élites, que al bienestar de la comunidad internacional.
En los últimos años, los OICS han enfatizado sus acciones en el tratamiento de enfermedades
y descuidado sus esfuerzos en materia de promoción de la salud. Según el Presupuesto por
programas entregado por la OMS (Organización Mundial de la Salud) para el 2014-2015
(OMS, 2013) sólo el 9,8% de todo el presupuesto sería destinado a la “Promoción de la salud
a lo largo del ciclo de vida”. Ante ello, Alison Katz-ex miembro de la sede central de la OMS
en Ginebra- declaró: “Los fondos de la OMS se destinan al tratamiento de enfermedades con
productos farmacéuticos y equipos médicos en lugar de a medidas de prevención”,
explicando que “las medidas de prevención no aportan ningún beneficio económico a las
empresas” (Zumach/ Nuria, 2012). Disminuir el presupuesto para la promoción de la salud
significa minimizar los factores de protección y de prevención de la misma, lo que conlleva,
necesariamente al deterioro en la calidad de vida (Restrepo, Málaga, 2001).
Por otro lado, tanto la OMS como la OPS (Organización Panamericana de Salud) reciben
anualmente donaciones de grandes empresas como Coca-Cola, Nestle y Unilever, cuyos
productos contienen sustancias químicas nocivas para la salud, entre las que encontramos
aspartame, transgénicos y azúcares en cantidades exageradas (Koestner, 1984; Batalion,
2000; Griffiths, Vernotica, 2000). Según la OMS la mayoría de las enfermedades crónicas
(principal causa de muerte en el mundo) se deben a malos hábitos nutricionales (WHO/FAO,
2003); sin embargo, es contradictorio reconocer esta afirmación como una realidad y al
mismo tiempo permitir que su organización sea financiada por las transnacionales que ponen

2. en el mercado dichas mercancías. Si bien es cierto que las entidades no gubernamentales
deben ser financiadas de alguna manera y podría parecer “justo” que esto lo hicieran las
industrias que afectan la salud de las personas para devolver algo a la sociedad, parece que
el financiar económicamente a los OICS les diera inmunidad e impunidad a las
multinacionales en cuanto a –mínimamente- ser blanco de críticas por parte de estas
“autoridades” de la salud, cuya labor debe ser orientar nutricionalmente a la sociedad y
exponer los productos a la venta que puedan ser nocivos para la salud; prueba de ello podría
ser que hasta el momento de realizar éste ensayo, no se encontró ningún documento de rigor
científico en lengua española que criticase el valor nutricional de por ejemplo, una bebida
como la Coca-cola.
Así como el 77% del presupuesto anual de la OMS es producto de la financiación de
donaciones voluntarias (OMS, 2013), buena parte de los ingresos que reciben los demás
OICS provienen del sector privado y la industria farmacéutica convierte esto en todo un
negocio; así se evidenció en diciembre del 2009 cuando se revelaron una serie de documentos
en los que la Federación Internacional de la Industria del Medicamento (IFPMA, por sus
siglas en Inglés), conformada por los principales proveedores de la industria farmacéutica -
entre ellos Pfizer, Novartis y GlaxoSmithKline-
impartía instrucciones/opiniones al grupo de
trabajo encargado del financiamiento, la investigación y el desarrollo de la OMS sobre
proyectos –aparentemente secretos-, que se pretendían implantar en países “en vía de
desarrollo” (Mullard, 2006). Dichas instrucciones consistían en propuestas por parte del
sector farmacéutico de políticas “más justas con su industria” como implementar la propiedad
intelectual (uso de patentes), cobro de impuestos a los medicamentos y pagos de regalías a
los dueños de los fármacos (Wikileaks, 2009). Otro ejemplo, es la investigación del BMJ
(British Medical Journal), en la que se denunció que los expertos en gripe A que participaron
en el comité de la OMS contra el virus H1N1 en el 2009 y lo declararon pandemia, eran
accionistas de las farmacéuticas Roche y Glaxo. Entre las recomendaciones impartidas por
la ONU a los gobiernos, se encontraba apilar reservas de antivirales contra la H1N1 (Fiore,
Fry, Shay, Bresee, 2011), cabe resaltar que los únicos antivirales para la fecha era Tamiflú y
Relenza, fabricados claro, por Roche y Glaxo, transacción que superaba el monto de US$
6.000 millones (Cohnen, 2010).
En resumen, la intervención del sector privado en la financiación de los OICS, hace que las
decisiones de dichos organismos de autoridad y repercusión mundial se vean afectadas por
los intereses personales y de élite, orientados no al servicio de la comunidad, el mejoramiento
de la salud y la promoción y prevención de enfermedades, sino al incremento de ganancias
individuales, la rentabilidad de un “negocio” y el mantenimiento del statu quo de las
mencionadas élites. Ésta, es una forma de mercantilizar y corromper la salud, que podría
evitarse si dichas organizaciones fuesen objeto de control social.

3. Melany Ayala Sánchez
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