Los generales de la Secretaría de la Defensa Nacional solicitaron una reunión con legisladores del PRI para presionar por cambios a la Ley de Seguridad Nacional que amplíen las facultades del ejército. Sin embargo, los diputados del PRI están renuentes a aprobar dichas reformas sin respetar los derechos humanos y las competencias de las autoridades locales. Existen divergencias sobre el alcance de las facultades de inteligencia militar y sobre la "gradualidad" de las medidas extraordinarias. Debido a estas diferencias, la iniciativa de reforma

1. NC-2011-03-27-1
Domingo 27 de marzo de 2011
De la revista Proceso, misma fecha
1. ...Los generales tras una ley a modo...
2. La república de Televisa
3. Y los medios se amordazan
4. El acuerdo, al gusto del presidente
1. ...Los generales tras una ley a modo...
Jesusa Cervantes
Todo indica que las reformas a la Ley de Seguridad Nacional seguirán congeladas
en los laberintos de San Lázaro... hasta la próxima Legislatura. La iniciativa de
cambios pasó por el Senado pero se atoró en la Cámara de Diputados, donde los
legisladores no se dejan convencer por los uniformados, que quieren libertad para
tomar “medidas extraordinarias” en su lucha contra el narcotráfico.
“Entonces… ¿hay que definir el protocolo para que ustedes no sean juzgados por
los que vengan (a gobernar) en dos o tres años?”, soltó el priista Jorge Carlos
Ramírez Marín luego de escuchar a los militares que, preocupados por la inacción
de los legisladores, fueron a la Cámara de Diputados a tratar de convencerlos de
la urgencia de aprobar los cambios a la Ley de Seguridad Nacional.
“No. Se trata de establecer cómo deben operar las Fuerzas Armadas en la lucha
contra el narcotráfico y el crimen organizado; cómo serán los protocolos para
investigar, detener y combatir el crimen organizado”, aclaró uno de los cinco
generales que, en un hecho inédito, fueron a San Lázaro.
A las cinco de la tarde del martes 1, sin cámaras ni medios que dieran cuenta de
su llegada al Palacio Legislativo, los uniformados encabezados por el general de
división Luis Arturo Oliver Cen, jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) –segundo en importancia después del secretario
Guillermo Galván Galván–, llegaron al estacionamiento de San Lázaro en el
vehículo verde olivo número 0500124.
Proceso corroboró que esperaron una hora en alguna de las oficinas del Palacio
Legislativo y a las seis de la tarde Oliver Cen junto con el general brigadier
Ezequiel Hernández Mendoza, subjefe de Doctrina Militar; el general José
Francisco Terán Valle, encargado de las relaciones con el Poder Legislativo; y
otros dos cuyos nombres se desconocen, fueron al segundo piso del edificio A, a
la oficina del presidente de la Cámara, Ramírez Marín, quien ya los esperaba.
El encuentro fue solicitado por la Sedena, donde hay intranquilidad pues los
diputados “congelaron” los cambios a la Ley de Seguridad Nacional aprobados por

2. el Senado en abril del año pasado; los militares querían precisar además que al
Legislativo le toca establecer las directrices con las que deben actuar las Fuerzas
Armadas y definir lo que “no” deben hacer en su lucha contra el narcotráfico y el
crimen organizado.
Los uniformados habían pedido que a la reunión acudiera Francisco Rojas,
coordinador de la bancada priista, pero no asistió. Además de los cinco militares y
Ramírez Marín estuvo ahí el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, el
también priista Rogelio Cerda.
La conversación
Proceso recogió versiones sobre lo que ocurrió en esa oficina y reconstruye
fragmentos de lo que se conversó, aunque sin precisar quiénes intervenían, por
parte de la milicia, en cada ocasión.
–¿La Sedena tiene alguna duda de lo que nosotros queremos? –inició la
conversación Ramírez Marín.
–Queremos saber si se va a aprobar la ley –respondió un militar.
–¿Cómo quieren la ley?
–No se trata de una ley a modo, esa es una decisión soberana de la Cámara. Esto
es cuestión de cómo debemos operar en la lucha al narcotráfico y contra el crimen
organizado, pues por lo que se refiere a las policías, se manejan dentro de una ley
establecida con claridad.
–Entonces… ¿hay que definir el protocolo para que ustedes no sean juzgados por
los que vengan en dos o tres años?
–No. Se trata de establecer cómo deben operar las Fuerzas Armadas en la lucha
contra el narcotráfico y el crimen organizado; cómo serán los protocolos para
investigar, detener y combatir el crimen organizado.
Luego uno de los generales se centró en la “gradualidad” de las leyes y cómo
deben ser. Destacó la importancia “del fortalecimiento jurídico del accionar de las
Fuerzas Armadas”, es decir, con qué reglas deben actuar, qué se les debe permitir
y qué no.
Los generales le dieron a los dos diputados priistas una cátedra sobre las
diferencias entre seguridad nacional, seguridad exterior, seguridad interior y
seguridad pública. También detallaron la importancia de la “gradualidad” de lo que
las fuerzas militares llaman “antagonismo u obstáculo” –es decir hechos o
acciones que ponen en riesgo la seguridad nacional– y qué acciones se deben
evitar en aras de “la conservación y estabilidad del Estado”.

3. Ramírez Marín dijo, con aparente sorpresa: “Por lo que comentan, la aprobación
de la ley está mucho más compleja de lo que imaginaba”.
Uno de los asistentes soltó: “Hay muchos priistas renuentes” a aprobar tal cual la
minuta enviada por el Senado. Otro agregó: “La Comisión de Seguridad no tiene
para cuándo discutir la minuta”.
Los priistas comentaron que diputados de su partido (Alfonso Navarrete Prida y
Claudia Ruiz Massieu) elaboran “otro” documento para contrastarlo con la
iniciativa aprobada por el Senado.
Los cinco generales se retiraron de la Cámara de Diputados luego de una hora de
intercambio de opiniones con los dos legisladores priistas. Y tres días después, el
viernes 4, la respuesta de los legisladores fue que intentarían dejar todo preparado
para la próxima Legislatura.
Otros cabildeos
Esa misma semana otro militar se reunía con el presidente de la Comisión de
Derechos Humanos, el priista Alfonso Navarrete Prida.
Navarrete se encontró con el subsecretario de la Defensa, general Carlos
Demetrio Gaytán Ochoa, con el entonces subsecretario de Enlace Legislativo de la
Secretaría de Gobernación Julián Hernández Santillán (removido de ese puesto el
lunes 14) y con representantes de la Secretaría de Marina (Semar).
Compararon tres documentos: la iniciativa aprobada por el Senado, el que el
pasado diciembre elaboró la Comisión de Defensa Nacional y un tercer texto en
cuya factura participaron diputados y senadores del PRI, el PRD y el PAN y
representantes de la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría
de Seguridad Pública (SSP), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional
(Cisen), la Sedena y la Semar.
El consenso fue que es necesario elaborar un nuevo documento que redefina las
facultades del Ejecutivo, los límites de participación de las Fuerzas Armadas, de
las autoridades locales, quién debe hacer la declaración de afectación (momento
en que debe participar la milicia en temas de narcotráfico y lucha contra el crimen
organizado), el fuero militar, la pretensión de que el sector castrense haga labores
de inteligencia y el tema de la “gradualidad”.
Ha habido otras cuatro reuniones en las que han participado asesores del
presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Rogelio Cerda, de Navarrete
Prida y del senador Jesús Murillo Karam. El PAN pidió al diputado Alberto Pérez
Cuevas que atendiera esas reuniones, pero éste comenta a Proceso: “No he sido
convocado”.

4. Según algunos participantes, “todavía no terminamos de analizar definiciones y la
gente de Gobernación, por el cambio del subsecretario –a Julián Hernández lo
sustituyó Rubén Fernández Aceves– ha cancelado dos veces”.
Una razón más por la que no se ha avanzado es que “muchos priistas están
renuentes a dar manga ancha a los militares en temas de derechos humanos,
garantías individuales y de la competencia de las autoridades locales”.
“Lo cierto es que la propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Nacional es
compleja y traemos varias visiones: la del Senado, la de la Cámara, la del Ejército
y otras”, comentan participantes de las reuniones.
Y citan un caso hipotético: “Si en la región de La Laguna las acciones del
narcotráfico hacen imposible el trabajo y un presidente municipal o el gobernador
de Coahuila quiere la presencia de las fuerzas castrenses y la autoridad de
Durango no, ¿a quién se le hace caso? Esos temas nos tienen atorados”.
Diferencias
A pesar de los cabildeos de la Sedena, la presión que ejerció con su visita a la
Cámara de Diputados y la reciente suma de Gobernación a las discusiones, la
realidad es que la minuta del Senado está “atorada” en San Lázaro y lo más que
han podido avanzar es en un asunto de forma: que el documento sea dictaminado
por una sola comisión y no por las cinco en las que se encuentra ahora.
Las diferencias de fondo tienen que ver con dos temas: inteligencia militar y
gradualidad. Hay cuatro posiciones: dos de sectores del PRI, una de la Sedena y
una de Gobernación.
Un documento de la Sedena –Confidencial reporte, del que Proceso tiene copia–
establece que los uniformados piden los instrumentos legales para realizar labores
de inteligencia, como “intervención de comunicaciones privadas previa
autorización judicial” a solicitud de los titulares de la Sedena o la Semar “o por los
jefes del Estado Mayor de las mismas”.
Dentro del aspecto de inteligencia, según el Confidencial reporte, la milicia
propone que se les dé fundamento legal para “recabar, compilar, procesar y
diseminar información (que llaman „generar inteligencia‟) con fines de seguridad
nacional”. El PRI observa que se limita “a unas pocas instituciones y deja fuera a
otras y a las entidades federativas”.
Las Fuerzas Armadas piden además que se les permita realizar ciertas acciones,
como “operaciones encubiertas”, “dictar y ejecutar medidas necesarias en los
casos de flagrancia”, “recabar información en lugares públicos” y “realizar cateos”;
mientras que el gobierno demanda que las Fuerzas Armadas puedan “entrevistar
a personas” sin presencia del Ministerio Público federal. Todos estos actos los
podrían realizar los mandos de la Sedena, la Marina o “los mandos territoriales”.

5. Sobre los puntos del párrafo anterior, los diputados del PRI advierten que “se
pierde el principio de verticalidad en la delegación de esa facultad que se pretende
dar a los mandos militares en los subordinados”. Existe el “peligro de ejecutar
acciones de carácter unilateral”, señalan, y advierte de la “alta politización” del
tema.
En el mismo documento, el sector militar dice que el Ejecutivo podría tomar
“medidas extraordinarias” para hacer frente a amenazas contra la seguridad
interior. “Esta facultad del Ejecutivo le permitirá hacer frente rápida y fácilmente a
un acontecimiento que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto en grado
de amenaza”. En este punto, el PRI advierte que en los hechos se autoriza el
estado de excepción, es decir que se suspendan las garantías constitucionales.
La posición de la bancada priista en San Lázaro, de acuerdo con algunos
negociadores, es que las Fuerzas Armadas tengan las facultades que demandan
“pero dentro del marco constitucional y con pleno respeto a los derechos
humanos”.
En cuanto a la “gradualidad” –la clasificación de lo que atenta contra la seguridad
nacional–, documentos de la Defensa definen los cuatro aspectos en los que se
divide: presión, presión dominante, amenaza y factor adverso.
El primero es un “obstáculo producto del enfrentamiento de aspiraciones, intereses
u objetivos nacionales generados por el poder de otro Estado contra el nuestro o
proveniente de sujetos organizados transgresores de la ley”. El segundo es un
“obstáculo con patrocinio definido y carácter intencional”.
La amenaza es un “acto que atenta directamente contra la existencia del Estado
mismo. En el ámbito externo es la guerra y en el interno, la agresión violenta de
grupos transgresores de la ley contra las instituciones nacionales”. Y el factor
adverso son los desastres naturales.
En el caso de presión y presión dominante, los militares proponen ser
“coadyuvantes” con otras fuerzas para hacer frente a esos “obstáculos”, pero que
en el caso de la “amenaza” sean sólo las Fuerzas Armadas (la Sedena y la
Marina) las que estén a la cabeza de las operaciones.
Además de estas divergencias hay un aspecto que parece de mayor peso, según
algunos priistas consultados, y es que una parte del PRI “trata de negociar con la
Sedena una salida casi imposible: que se admitan las jurisdicciones locales en las
acciones de apoyo al Ejército”.
Este punto fue impuesto por el entonces secretario de Gobernación, Fernando
Gómez Mont, en el Senado, lo que generó gran malestar entre los militares. Hoy el
tema es defendido por los priistas que desean que las autoridades locales –
gobernadores y alcaldes– participen.

6. Todo indica que las reformas a la Ley de Seguridad Nacional seguirán congeladas
en los laberintos de San Lázaro... hasta la próxima Legislatura. La iniciativa de
cambios pasó por el Senado pero se atoró en la Cámara de Diputados, donde los
legisladores no se dejan convencer por los uniformados, que quieren libertad para
tomar “medidas extraordinarias” en su lucha contra el narcotráfico.
El Consejo Nacional de Educación Indígena e Intercultural estima que la
evaluación es 'discriminatoria' al no considerar la lengua materna y el contexto de
esos pueblos.
2. La república de Televisa
Miguel Ángel Granados Chapa
Aunque faltan 15 meses para la elección constitucional, Televisa parece haber
consumado su proyecto de construir la figura del presidente de la República.
Ahora pretende algo más ambicioso. Quiere edificar la república misma. Quiere
diseñar la clase de sociedad que Peña Nieto gobierne, el género de medios de
comunicación que lo arropen, los criterios editoriales con que se transmita la
información sobre la política de seguridad pública y las acciones del crimen
organizado. No se propone trazar una raya, sino erigir un muro que divida a los
participantes de los excluidos. Como si se tratara de un club gigantesco, Televisa
se reserva el derecho de admisión a los territorios donde habitan los elegidos, el
tipo de personas que protagonicen la vida pública y sean capaces de generar
confianza. Nadie que no figure en el elenco preparado por Televisa tendrá
existencia real. Quedará al margen, en la cuneta de la supercarretera.
Tal desmesurado propósito es el objetivo de Iniciativa México, un proyecto de
propaganda que ya tuvo su primera edición el año pasado. Con enorme aparato
se convocó a la presentación de ideas y tareas que dieran cuenta de las
verdaderas capacidades de los mexicanos. Se presentaron miles de esos
proyectos, en distintos rubros, algunos de los cuales fueron premiados para
denotar que hay una porción de la sociedad que no pierde su tiempo ni espera
auxilio gubernamental para su realización personal o de grupo.
Ahora se ha lanzado la segunda edición de Iniciativa México. Se alzó el telón el
jueves 24, con una magna reunión ya no en un recinto privado (el exconvento de
San Hipólito), sino en un auditorio público, el Museo Nacional de Antropología. El
contenido de esta nueva edición es más claramente político que el primero.
Televisa lo adopta más temprano que el año pasado, cuando comenzó en junio.
Ahora se lanza en marzo, en plenos procesos electorales. Se refiere a la
comunicación social relacionada con la violencia que genera la delincuencia
organizada. Ya desde allí, desde la definición del tema, se adopta un punto de

7. vista afín al del gobierno, que requiere alejar de sí la responsabilidad en la génesis
de la violencia: ésta surge sólo por la actividad criminal, no porque la practica
también el Estado.
La pieza ostensible de la Iniciativa México II es el Acuerdo para la Cobertura
Informativa de la Violencia. Televisa y sus aliados y dependientes prepararon una
suerte de código de ética que parte del supuesto (que no se presenta como tal,
pero es explícito) de que el manejo de la información colectiva “es esencial para la
efectiva contención de la violencia que genera la delincuencia organizada”. Esto
es, que una política informativa homogénea, uniforme, puede hacer que disminuya
la violencia, como si difundirla fuera su causa. De ese razonamiento se
desprendería fácilmente el corolario de que para suprimir la violencia no hay más
que dejar de hablar de ella, de negarle a la sociedad la información que le hace
falta para regular su vida.
Hay otros supuestos, algunos tácitos, en la formulación de los objetivos del
Acuerdo. Se presume que la cobertura informativa de la violencia puede servir
“para propagar terror entre la población”. Padecer los efectos directos de la
violencia sin duda genera miedo, pero es difícil probar que la difusión de la
violencia lo cause también. Un indicio de que no hay relación de causa-efecto
entre difundir violencia y provocar miedo acaba de ser observado: hay gran
violencia en Acapulco, de la que se sabe fuera del puerto, y sin embargo esa
información no inhibió al turismo nacional para llegar en los puentes recientes. El
del fin de semana pasado permitió que hubiera más del 90% de ocupación
hotelera.
El Acuerdo enumera 10 criterios editoriales que deben aplicarse “sin demérito de
la independencia editorial de cada medio”. En general, tales criterios son
adecuados y compatibles aun para medios que no suscriben el Acuerdo. Algunos
de ellos son, sin embargo, francamente ridículos. Los dos primeros están en ese
caso. El inicial ordena “tomar postura en contra”. Instruye a (porque usa el verbo
debemos) “condenar y rechazar la violencia motivada por la delincuencia
organizada”, algo por completo innecesario, pues está “en la naturaleza de las
cosas”, como se diría en el lenguaje de los autores del decálogo. El segundo es
francamente chistoso. Cualquier medio debe evitar “convertirse en vocero
involuntario de la delincuencia organizada”: ¿Cómo evitar un acto involuntario,
puesto que es eso precisamente, algo que se comete sin querer hacerlo?
En realidad, lo que ese precepto pide a los medios es un sesgo deliberado que
altere el sentido de la información. Ordena “omitir y desechar la información que
provenga de las organizaciones delictivas”. Se refiere sin duda a los
narcomensajes, que en mantas y cartulinas anuncian acciones o sentencian a
personajes. Si se procede como ese mandamiento prescribe, se corre el riesgo de
hacer incomprensible la información, carente de uno de sus elementos, que puede
darle sentido.

8. Los criterios restantes son en general admisibles, compartibles. Algunos proceden
de manuales elementales de periodismo, como “dimensionar adecuadamente la
información”, o de ordenamientos legales, como “no prejuzgar culpables” y “cuidar
a las víctimas y a los menores de edad”. Hasta creería que resultaron de un
ejercicio de autocrítica de las televisoras, que presenta como culpables a recién
detenidos al hacerse mera extensión de los interesados e ilegales mensajes de las
autoridades de procuración de justicia o de seguridad pública, las cuales los
condenan aunque tiempo más tarde, ya sin la difusión adecuada, los jueces los
exoneren porque son inocentes o porque sus responsabilidades no fueron
probadas.
El código periodístico de la Iniciativa México, es decir, de Televisa, manda
“proteger a los periodistas” y “solidarizarse ante cualquier amenaza o acción
contra reporteros y medios”. Son palabras huecas en boca de periodistas que se
pusieron con soberbia por encima de la solidaridad que el gremio quiso mostrarles
durante y después de la crisis de julio pasado, cuando reporteros y camarógrafos
de televisión fueron secuestrados. A la marcha de protesta contra esa acción no
acudieron los involucrados, y hasta rechazaron el gesto de aquellos a los que no
consideran dignos de ser llamados sus compañeros. En casos más recientes, en
vez de solidarizarse con reporteros y medios puestos en entredicho, las
televisoras fueron las autoras del entredicho, al formular arteras acusaciones que
no se sustentan de ninguna manera. Ese fue el caso de Ricardo Ravelo, el
reportero de Proceso, y la revista misma, así como el del diario Reforma, todos
ellos señalados como perpetradores de delitos, cuando sólo habían cometido el de
desnudar acciones políticas, no informativas, de Televisa.
Independientemente del decálogo, la porción objetable de este Acuerdo es el
aviso de que se creará un “órgano ciudadano de observación” que examine el
apego de los medios a esos criterios editoriales. Se trata de un amago de
exclusión. Los medios suscriptores del Acuerdo formarán el catálogo de la “buena
prensa”, como antaño lo hicieron corporaciones religiosas. Quedará fulminado
todo aquel medio que falte a alguno de esos mandamientos, a juicio de los
ciudadanos observadores. Y no se diga la situación marginal en que han quedado
los medios no invitados o que no aceptaron participar en este Acuerdo. Se les
coloca con esa omisión en calidad de sospechosos, como quiere hacer el gobierno
con este semanario, al que ya dos veces ofendió colocando ejemplares de la
revista con arsenales decomisados a bandas delictivas. La primera gran reacción
de condena de este sistema inquisitorial ocurrirá, téngalo usted por seguro,
cuando Ismael Zambada, El Mayo, o Joaquín Guzmán Loera, El Chapo,
respondan a los cuestionarios que les presentó Julio Scherer García, según relata
en su libro Historias de muerte y corrupción, en la parte que en cierto sentido
continúa la publicación de su encuentro con Zambada. En vez de considerar el
valor periodístico, la utilidad social de conocer los móviles de quienes tienen en
jaque al país, los falsos profesores de periodismo, inocuos e inicuos propagadores
de una ética que no conocen ni por los forros, tendrían, quieren tener, piezas de
ese calibre en las cuales cebarse.

9. Ese es el tipo de periodismo de personas que no tendrán lugar en la república de
Televisa.
3. ...Y los medios se amordazan
José Gil Olmos
Promovido por dueños de medios electrónicos e impresos –pero sobre todo por el
duopolio televisivo–, el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia,
firmado el jueves 24 en el Museo de Antropología, plantea una serie de medidas
para encarar la labor periodística en tiempos de guerra (al narco). Pero muchos
comunicólogos y periodistas, algunos de los cuales rechazaron la invitación,
consideran que la iniciativa “no es tan ciudadana”, pretende uniformar la
información y alcanzan a vislumbrar detrás de todo una mano que viene de Los
Pinos.
Todo empezó con una petición presidencial. La mañana del 5 de agosto de 2010,
Felipe Calderón se reunió en Los Pinos con los dueños de las principales cadenas
de radio y televisión y de periódicos y revistas. El presidente les pidió “ser parte de
su estrategia” de guerra contra el narcotráfico, “autorregular” sus contenidos,
impulsar la idea de que el gobierno iba ganando la batalla y “evitar” entrevistar
“criminales” para no convertirlos en héroes.
Siete meses después llegó el resultado. El jueves 24 se dio a conocer el Acuerdo
para la Cobertura Informativa de la Violencia signado oficialmente por 715 medios
–aunque a la firma asistió apenas media centena– en un acto encabezado por las
dos principales cadenas de televisión, Televisa y Televisión Azteca
Pedro Torres Estrada, subdirector editorial de El Diario, de Ciudad Juárez –uno de
los más afectados por la violencia del crimen organizado–, afirma en entrevista
telefónica: “Sospechamos que detrás de todo esto están las manos del gobierno”.
Comenta a Proceso que, hace unas semanas, Claudio X. González, en nombre de
la Fundación Televisa, los invitó a firmar el documento. Rechazaron la invitación.
“Nos dijeron que el presidente Calderón estaba interesado en tener una reunión
previa el martes en Los Pinos o en algún otro lugar, y que le daría mucho gusto
que estuviéramos presentes. Dijimos que muchas gracias, pero no”.
–¿Ven una posibilidad de censura?
–Sospechamos que esto no es tan ciudadano. Si nos vamos hacia atrás y
revisamos las expresiones de los gobiernos en relación con la cobertura de la
violencia, muchas de esas están implícitas en el acuerdo. Nos acusan de ser
apologistas de la violencia, de que estamos creando héroes de delincuentes.

10. Creemos que, en determinado momento, detrás de esto pudiera estar la mano del
gobierno.
El comunicólogo Raúl Trejo Delarbre aporta un punto de vista distinto, pero
complementario: el acuerdo, dice, responde claramente a los intereses
empresariales de Televisa y TV Azteca, que necesitan “legitimación” en momentos
en que se enfrentan con el gigante de las telecomunicaciones: el Grupo Carso.
“Puedo decir con toda responsabilidad, pero sin citar mi fuente, que directores de
varios medios me confirmaron que fue de las oficinas corporativas de Televisa de
donde los llamaron para invitarlos a sumarse a este documento”, afirma Trejo,
presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información.
Agrega en entrevista con Proceso que para Televisa y TV Azteca el acuerdo es en
realidad “un acto de propaganda” y que por eso fue presentado en un “escenario
lamentable” y “espectacularizado”: el Museo de Antropología convertido en un set
de televisión.
Regulación
Regular la cobertura informativa sobre el narco ha sido un propósito de Calderón
desde hace años. En noviembre de 2009 se realizó en Boca del Río, Veracruz, el
congreso Ciudadanía y Medios. Acción Conjunta, organizado por el gobierno de la
entidad y la Procuraduría General de la República. Participó Margarita Zavala,
esposa del presidente. Uno de sus principales resolutivos fue que los medios “no
otorgarían espacios a los mensajes de los grupos delictivos ni a sus
representantes”.
El 5 de agosto de 2010, en aquella reunión en Los Pinos, Calderón insistió en el
tema al pedirle a los dueños de medios que se sumaran al Diálogo por la
Seguridad. Hacia una Política de Estado.
La reunión fue privada. Entre los asistentes estaban directivos de Televisa, TV
Azteca, Radio Mil, Organización Editorial Mexicana, El Universal, MVS, Radio
Fórmula, Grupo ACIR, de la Cámara Nacional de la Industria de
Telecomunicaciones por Cable, de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio
y Televisión (CIRT), del Grupo Milenio, Radiorama, Radio Centro y de los
periódicos Unomásuno, La Crónica, La Jornada, La Razón y Rumbo de México.
El 9 de noviembre de ese año, al inaugurar la sexagésima sexta asamblea de la
Sociedad Interamericana de Prensa, Calderón nuevamente habló del tema. Tras
señalar que el crimen organizado se ha convertido en “el mayor riesgo al ejercicio
del periodismo y se levanta como la principal fuente de restricción, intimidación y
represión a la labor informativa”, pidió la regulación de los contenidos.
“Es necesario informar sin hacer apología del crimen, evitar hacer el juego a la
agenda mediática de las organizaciones criminales; no se trata de ninguna manera

11. de ocultar los problemas, sino de reflejar la realidad y poner en perspectiva los
grandes esfuerzos que hacemos para solucionar nuestros problemas; balancear la
información, tomar en cuenta, sí, si es indispensable por el hecho mismo,
noticioso, la voz intimidatoria de los criminales.”
El jueves 17 de marzo insistió, al borde del chiste: “Si yo no hubiera sido político, a
lo mejor me hubiera dedicado al periodismo, que también me gusta; es una
profesión que respeto”, afirmó al intervenir en el foro México: Puerta de América
organizado por el Grupo BBVA-Bancomer y el diario español El País.
“Hubiera hecho un periódico que se llamara Balance y en la primera plana pondría
de un lado todas las noticias malas, las más importantes, y del otro lado todas las
más importantes buenas noticias. Y en medio las buenas o malas sin clasificarlas
ahí”.
Tras asegurar que las únicas que “asientan hechos totalmente objetivos e
inocultables” son las notas deportivas, Calderón afirmó que “se debe equilibrar y
poner en perspectiva lo que es México, no ocultar ni ignorar los problemas que
hay en el país”.
De acuerdo con el acuerdo
Con la firma del Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, Felipe
Calderón parece haber logrado uno de sus objetivos: aliarse con un sector de la
prensa mexicana en su lucha contra el narcotráfico.
Horas después de la transmisión nacional del acto envió un mensaje desde
Apodaca, Nuevo León: “Pienso que este acuerdo es una muestra muy clara de
que la responsabilidad, cuando se ejerce plenamente por todos y en particular por
los medios de comunicación, permite enfrentar de mejor manera el fenómeno de la
violencia delictiva, de la violencia causada por los grupos y las organizaciones
criminales que afectan a los mexicanos”.
Calderón necesitaba este acuerdo sobre todo porque encuestas publicadas el mes
pasado indicaban que su popularidad ha bajado a 52%, lo que no se veía desde
2008, y se incrementó la percepción ciudadana en cuanto a criminalidad y
violencia.
“Calderón ha estado incómodo desde hace años con la cobertura mediática de la
violencia”, dice Raúl Trejo. “Cada vez que puede reitera su anhelo para que en
México haya medios que vean tanto los asuntos buenos como los malos, pero a
veces no hay muchos momentos buenos que cubrir. No sé si él auspició, pero sí
aplaudió este acuerdo”, señala.
Medidas huecas

12. Durante la elaboración del acuerdo hubo miembros de la CIRT que plantearon la
necesidad de darles a los reporteros seguros de vida, cursos de capacitación,
protocolos de protección y mejores salarios. La mayoría de los que trabajan para
los medios que suscribieron el acuerdo carecen de esas prestaciones. Algunos no
tienen ni Seguro Social.
Pero las propuestas no prosperaron; se quedaron en el enunciado de “establecer
mecanismos para la protección de los periodistas en situaciones de riesgo”.
Los anteproyectos del acuerdo, que Proceso pudo consultar, son sustancialmente
distintos al documento final.
Por ejemplo, en el segundo punto se proponía rechazar entrevistas “a miembros
de las organizaciones del crimen organizado (sic) cuando exista sentencia
condenatoria en su contra”. En la versión definitiva sólo se habla de “impedir que
los delincuentes o presuntos delincuentes se conviertan en víctimas o héroes
públicos” y “omitir y desechar información que provenga de los grupos criminales
con propósitos propagandísticos”.
Los ausentes
Se dijo que el acuerdo estaba firmado por los principales medios de comunicación
del país. Pero hubo ausencias. Algunos fueron invitados pero no quisieron
participar, como El Diario de Ciudad Juárez, y otros de plano no fueron invitados,
como La Jornada, Reforma, Proceso, Multivisión, TV Cable y muchos medios
locales.
De hecho aparecen pocos medios de las entidades en las que el crimen
organizado es más violento, como Chihuahua, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán,
Sinaloa y Nuevo León.
Pedro Torres precisa que aunque el medio en el que trabaja fue invitado se
decidió no firmar el acuerdo porque, desde su perspectiva, no se puede normar de
manera tan general los criterios editoriales: la realidad de Juárez no es la misma
que la de otras ciudades.
“No podemos trabajar en las mismas condiciones que los enviados que tienen más
libertad en el manejo de la información que nosotros que permanecemos aquí
cuando se publica la nota. Además hay cuestiones de seguridad que tenemos que
tener presentes cada vez que se publica algo, y para la gente que escribe a la
distancia es muy diferente la situación. Por eso no creemos que sea viable esta
generalización de los criterios y de los principios para la cobertura de la violencia.”
En su editorial del viernes 25, el diario La Jornada cuestionó las razones que, dijo,
“llevan a semejante ensayo por uniformar los criterios editoriales de la mayor parte
de los medios del país y a buscar una suerte de verdad única en torno a una
circunstancia nacional llena de ambigüedades, zonas grises, hechos que resultan

13. incomprensibles con base en las versiones oficiales y una legalidad vulnerada por
las organizaciones delictivas pero también por las dependencias públicas”.
Además critica que algunas empresas que encabezan el acuerdo, como TV
Azteca, hayan pasado por encima de las leyes, como en 2006, cuando
“recuperaron” las instalaciones de Canal 40.
El editorial del diario desglosa el decálogo y señala que cae en linchamientos
mediáticos, posibilidades de censura, peligro a la independencia editorial y “evoca
las ideas expresadas hace unos días por el titular del Ejecutivo federal, Felipe
Calderón, sobre lo que a su criterio debería ser la forma adecuada de hacer un
periódico”.
Y remata: “Flaco favor le harán unos medios alineados por decisión propia en
torno a una verdad única y uncidos de manera voluntaria a los triunfalismos,
omisiones y extravíos del discurso oficial”.
La periodista Carmen Aristegui, en su columna del viernes 25 en el diario
Reforma, asegura que algunos de los firmantes, en sus respectivas
colaboraciones, han acusado a los que no suscribieron el acuerdo como “los
mezquinos de siempre”.
La conductora del noticiario matutino de MVS señala que es imposible sacudir la
sospecha de que la pretensión final de todo esto es, parafraseando al especialista
Edgardo Buscaglia, “gerenciar el flujo de la información”. Esto es, uniformar la
información, y desde los medios, no desde la realidad, transformar la percepción
de lo que está pasando.
“El acuerdo se firma en el momento en el que todos los indicadores apuntan al
fracaso de la estrategia gubernamental”, asevera Aristegui.
4. El acuerdo, al gusto del presidente
Arturo Rodríguez García
Los reclamos del presidente Felipe Calderón contra quienes cuestionan su política
de seguridad encontraron eco en el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la
Violencia, impulsado por el duopolio Televisa-TV Azteca y firmado por
representantes de medios de todo el país el pasado jueves 24.
El documento, presentado dentro del programa Iniciativa México 2011, incluye un
apartado de criterios editoriales de 10 puntos.

14. En los tres primeros se abordan aspectos sobre el tratamiento que debe darse a la
información y coinciden casi por completo con los planteamientos que en torno al
tema ha señalado Calderón casi desde el inicio de su mandato:
1. Tomar postura contra la violencia generada por el crimen organizado; 2. No
convertirse en voceros involuntarios del crimen organizado; 3. Dimensionar
adecuadamente la información.
Además, en los puntos 7 y 10 se indica que los medios deben promover la
participación y la denuncia ciudadana y no interferir en el combate a la
delincuencia.
En varias ocasiones el presidente se ha referido a la información difundida por los
medios en relación con la violencia que azota al país.
El 25 de febrero de 2010, en una reunión con empresarios en Yucatán, el
presidente pronunció un discurso que coincide plenamente con el decálogo de
criterios editoriales del acuerdo:
“Claro que si uno ve la prensa nacional, desde luego que la manta que dejan,
además, en un pueblo, un recado de fulano para zutano... Lo que nos cuesta a
cualquiera de ustedes o al gobierno pagar una primera plana de varios millones de
pesos, eso sí aparece en primera plana y a todo color”, observó.
Más adelante dijo:
“A veces es como deporte; a veces se trata de ver qué tanto podemos exacerbar
nuestros problemas, qué tanto podemos amplificar los retos que tenemos. Y eso
(...) sí causa mucho daño, no estoy diciendo, conste, que el problema no exista,
sino que tenemos un problema real de inseguridad que tenemos que combatir, y si
alguien tiene una alternativa, que me diga „no lo combatas‟, que me lo diga”, retó
el mandatario a quienes lo critican por su “guerra”.
En un almuerzo con embajadores y cónsules mexicanos, el pasado 6 de enero, los
instruyó para que “hablaran bien de México” y mencionó datos de la violencia que
priva en países de Centro y Sudamérica, en los que las cifras de homicidios son
superiores a las de México. Insistió en que hay un “problema de percepción”
cuando se difunden materiales acerca de este tema.
Los primeros en tomarle la palabra fueron los directivos de la Cámara Nacional de
Comercio y Servicios Turísticos (Canaco-Servitur), cuyos dirigentes lanzaron la
campaña “Hablemos bien de México” desde mediados de 2010.
El pasado 25 de enero Calderón inauguró la Convención Nacional de Turismo
convocada por la Canaco-Servitur. Ahí se presentó la segunda etapa de la
campaña, titulada “Hablemos y actuemos bien por México”.

15. Al término de la reunión el mandatario firmó un decreto para declarar 2011 como
“Año del turismo en México”.
Intelectuales a modo
El presidente no sólo se ha valido de reuniones empresariales para enviar sus
mensajes a los medios de comunicación que no comulgan con sus políticas.
También se ha valido de intelectuales destacados Por ejemplo, el viernes 4 de
marzo, al otorgar la Orden del Águila Azteca en grado de insignia, la más
importante que concede el gobierno mexicano, al Premio Nobel Mario Vargas
Llosa, éste se deshizo en elogios hacia el régimen actual.
En su mensaje Calderón se dijo lector del hispano-peruano a quien describió como
un luchador por la libertad.
Atrás quedaron las expresiones críticas del escritor que acuñó la denominación de
“dictadura perfecta” para referirse al régimen priista. Emocionado, exaltó “la
libertad” que hay en México y se dijo emocionado por saber que Calderón es uno
de sus lectores.
La firma del acuerdo tuvo como testigos a destacados personajes, como José
Narro, rector de la UNAM; Yoloxóchitl Bustamante, directora general del IPN; Juan
Ramón de la Fuente, presidente de la Asociación Internacional de Universidades;
Federico Reyes Heroles, presidente del Consejo Rector de Transparencia
Mexicana; Héctor Aguilar Camín, director de la revista Nexos, y Homero Aridjis,
escritor y poeta, entre otros.
También lo signaron dirigentes de organismos como el Consejo Mexicano de
Hombres de Negocios, A Favor de lo Mejor en los Medios, el Consejo de la
Comunicación, y los ciudadanos María Elena Morera, de Causa Común, y la
señora Isabel Miranda de Wallace.
Hay, asimismo, algunos gobernadores que se han unido al apoyo. Por ejemplo el
de Durango, el priista Jorge Herrera Caldera, se deshizo en elogios para el
mandatario.
En una reunión realizada el martes 22 en esa entidad le dijo: “Desde aquí me
sumo también a los millones de mexicanos que reconocemos y apreciamos la
firmeza y valentía con que el presidente Calderón enfrenta los retos del país. En
Durango somos aliados del presidente de la República en la lucha a favor de la
seguridad pública y en contra de la delincuencia organizada”, exclamó.
Complacido, Calderón respondió:

16. “Necesitamos seguir trabajando fuerte en el tema de la seguridad para los
duranguenses, porque es un problema medular del estado. Sepa Durango que ha
contado y seguirá contando con el apoyo del gobierno federal para enfrentar y
resolver este problema.”