El documento resume las salvaguardas sociales requeridas para proyectos de inversión pública, incluyendo la protección del patrimonio cultural, el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, y el manejo justo del reasentamiento involuntario de población. Detalla los procedimientos para identificar y proteger el patrimonio cultural, consultar y hacer participar a los pueblos indígenas, y compensar e indemnizar adecuadamente a las personas desplazadas por un proyecto.