La Constitución regula las fuentes del derecho en España y es la fuente suprema. Otras fuentes como las leyes y reglamentos deben estar de acuerdo con la Constitución. Aunque la Constitución tiene eficacia directa, los tribunales aplican sus principios de manera moderada a través de la interpretación conforme a la Constitución y el control de inconstitucionalidad de las leyes.